El desprestigio del gobierno sigue en aumento. Sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con la burocracia (federal o en cualquier estado) genera la peor opinión de la gente; peor los diputados, por ejemplo. O la misma policia.
Nada más malo que una pésima imagen, y nada se pueda hacer. La naturaleza de nuestra clase gobernante está muy alejada de la intención de promover la libertad, la igualdad y la fraternidad desde el estado.
Se promueven, todos lo sabemos bien, los intereses más bajos, porque son los intereses de quienes ocupan los puestos realmente importantes. Llegar a un puesto no es un sinónimo de eficiencia las más de las veces: son pagos políticos, facturas adeudadas, compadrazgos a diestra y siniestra.
Y no me parece mala la idea. Lo terrible no es que llegue el compadre o el primo a un buen trabajo, si no que sean incapaces de realizarlo.
Por otro lado, existen mecanismos que el estado mismo ha promovido, para distribuir riqueza entre la población. Fue la fórmula mágica de Keynes en la gran depresión de 1929: poner al estado a movilizar la economía, con programas de trabajo temporal, inversión en obra pública, entre otros tantos.
El problema no es que el estado mexicano no pueda generar estas inversiones. De hecho, casi desde el principio del siglo pasado el aparato de gobierno ha tenido bajo su control la política económica, al igual que la designación de la obra pública y el buen gasto (nótese la ironía) de los recursos que se generan por la venta de nuestro petróleo.
El problema es que la riqueza que se ha generado no se reparte. Bueno, se reparte, pero casi nunca entre la población. Los intereses que genera el dinero que maneja el estado, la asignación de obra, los recursos excedentes; todo esos recursos no pasan por los filtros de la transparencia y no sabemos a ciencia cierta en manos de quiénes se queda ese dinero.
Mucho se ha defendido la gran trascendencia que implica la creación de los organismos autónomos del estado encargados de la transparencia: elefantes blancos que de muy poco sirven.
Para mal de todos los que a la transparencia se dedican, la designación de Alonso Lujambio en la Secretaría de Educación nos demuestra que son, a final de cuentas, servidores partidistas y no servidores públicos.
Nada más malo que una pésima imagen, y nada se pueda hacer. La naturaleza de nuestra clase gobernante está muy alejada de la intención de promover la libertad, la igualdad y la fraternidad desde el estado.
Se promueven, todos lo sabemos bien, los intereses más bajos, porque son los intereses de quienes ocupan los puestos realmente importantes. Llegar a un puesto no es un sinónimo de eficiencia las más de las veces: son pagos políticos, facturas adeudadas, compadrazgos a diestra y siniestra.
Y no me parece mala la idea. Lo terrible no es que llegue el compadre o el primo a un buen trabajo, si no que sean incapaces de realizarlo.
Por otro lado, existen mecanismos que el estado mismo ha promovido, para distribuir riqueza entre la población. Fue la fórmula mágica de Keynes en la gran depresión de 1929: poner al estado a movilizar la economía, con programas de trabajo temporal, inversión en obra pública, entre otros tantos.
El problema no es que el estado mexicano no pueda generar estas inversiones. De hecho, casi desde el principio del siglo pasado el aparato de gobierno ha tenido bajo su control la política económica, al igual que la designación de la obra pública y el buen gasto (nótese la ironía) de los recursos que se generan por la venta de nuestro petróleo.
El problema es que la riqueza que se ha generado no se reparte. Bueno, se reparte, pero casi nunca entre la población. Los intereses que genera el dinero que maneja el estado, la asignación de obra, los recursos excedentes; todo esos recursos no pasan por los filtros de la transparencia y no sabemos a ciencia cierta en manos de quiénes se queda ese dinero.
Mucho se ha defendido la gran trascendencia que implica la creación de los organismos autónomos del estado encargados de la transparencia: elefantes blancos que de muy poco sirven.
Para mal de todos los que a la transparencia se dedican, la designación de Alonso Lujambio en la Secretaría de Educación nos demuestra que son, a final de cuentas, servidores partidistas y no servidores públicos.
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