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martes, 1 de septiembre de 2020

El desarrollo sostenible y el progresismo en México

 

Por: Rafael de la Garza Talavera


A nadie parece sorprender la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). A  menos de un mes de que se hiciera pública su oposición a la importación de glisofato -lo que originó la protesta del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el súper asesor de la presidencia Alfonso Romo, conspicuos representantes locales del agronegocio- la salida de un destacado estudioso del medio ambiente en México confirma, una vez más,  que la protección de la biodiversidad y la salud de la población no está por encima de la sed de ganancias de las transnacionales.

    Resulta muy útil para la afirmación que abre este texto, destacar la declaración del entonces secretario de la SEMARNAT, la cual detonó todo el sainete a principios de agosto: “no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutales… [la defensa del ambiente] no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente.”  

    Ya desde la publicación del famoso Informe Bruntland en 1987, quedó claramente planteado el conflicto entre el modelo de desarrollo capitalista y las consecuencias negativas crecientes para el planeta. A partir de ese momento se definió la contradicción evidente que resulta de la codicia que vive siempre en el presente y la posibilidad de un futuro digno para las generaciones venideras: "Esta en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias"

    Sobra decir que la mayoría de los estados miembros de la ONU acató, de los dientes para afuera, las conclusiones del informe. En México, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y un año después debutó la Comisión Nacional del Agua; en 1994 surgió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, antecedente directo  de la SEMARNAT. El discurso político integró los conceptos básicos de la protección del medio ambiente e incluso cobró fuerza un partido familiar, el Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986.

    En el contexto internacional, las cumbres ambientales fueron ganando terreno. En 1992, la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro concentró a buena parte de las organizaciones ambientalistas del mundo y asistieron además las representaciones oficiales de 172 países con la intención de formular acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Al igual que la fábula del rey desnudo, todos los participantes oficiales omitieron señalar la  gran contradicción: las  buenas intenciones del discurso político frente al poder económico, financiero, mediático y político de las corporaciones internacionales dedicadas al agronegocio.

    Así las cosas, insisto, a nadie sorprende la salida de un servidor público que le puso cara al lobby conformado por empresas como Monsanto, Carhill, Tyson y muchas más, que a lo largo de las últimas décadas se han fortalecido gracias a las concesiones otorgadas por los gobiernos alrededor del mundo, sean de izquierda o de derecha. La llegada del AMLO  a la presidencia de la república mexicana suscitó esperanzas para algunos, pero a dos años de su gestión no cabe la menor duda de que el gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) no tiene la menor intención de modificar la tragedia ambiental ni sus efectos.

    Y es que el deterioro de la biodiversidad afecta directamente a millones de campesinos y pueblos originarios, no sólo por el deterioro de su calidad de vida a consecuencia del consumo de alimentos con alto contenido de sodio y potasio, derivados de organismos genéticamente modificados y rociados por toneladas de químicos, como el glisofato, para  aumentar la productividad. Habrá que sumar el despojo de tierras y semillas cultivadas y desarrolladas por miles de años así como el desprecio o apropiación  sistemática de saberes ancestrales, según convenga al capital; los asesinatos selectivos de defensores del medio ambiente, empleando a paramilitares y crimen organizado para atemorizar a la población e imponer los grandes proyectos de inversión del agronegocio.

    Los proyectos desarrollistas o progresistas como el mal llamado Tren Maya, el canal transítsmico e incluso el nuevo aeropuerto internacional son sólo la punta del iceberg de la dinámica económica del gobierno federal. Aunado a ellos están la minería a cielo abierto, la intensificación de las maquiladoras, los proyectos turísticos e hidrológicos. Al final lo que queda en evidencia es que, al igual que con la pandemia en la que estamos inmersos, el proyecto económico del gobierno en turno coloca claramente al capital y sus ganancias por encima de la vida de la población.

    Y si, al igual que con la renuncia de Víctor Toledo, el camino elegido para el desarrollo económico por la 4T… tampoco sorprende.


sábado, 7 de marzo de 2020

La opresión de la mujer: ¿conflicto privado o social?


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Por. Rafael de la Garza Talavera


En la discusión que se ha generado a raíz de las manifestaciones de las mujeres organizadas aparecen frecuentemente varios argumentos que pretenden trivializar el problema de la opresión de la mujer, negando la raíz estructural que le da vida. El primero, insiste en que los asesinatos de los hombres sobrepasan por mucho a los sufridos por las mujeres; minimiza la violencia hacia ellas ya que parece no comprender la diferencia entre un crimen provocado por la codicia y el provocado por el odio. El segundo argumento más complejo, pero igualmente frecuente, tiene que ver con que la idea de que la violencia hacia las mujeres es un problema moral, ubicado en la esfera privada, familiar, como una responsabilidad individual.
El argumento de carácter cuantitativo ignora la carga de odio, producto de la discriminación, que desconoce derechos universales a un grupo social y posee una esencia punitiva frente al comportamiento supuestamente desviado de los roles asignados tradicionalmente en este caso, a las mujeres. Los crímenes de odio son entonces consecuencia de prejuicios fuertemente arraigados que procuran mantener un orden social excluyente y desigual. No se puede negar que buena parte de los asesinatos hacia la población en general provienen de una dinámica de violencia social producida por una estructura económica claramente individualista y competitiva. Pero a pesar de que la mayor parte de los asesinados afectan en mayor medida a los sectores masculinos más pobres de la población no pueden ser, en estricto sentido, clasificarse como crímenes de odio. Por el contrario, la dinámica que anima a estos últimos está claramente impregnada de un tufo revanchista y punitivo, que se materializa en humillaciones, tortura, violación, asesinato, manipulación del cuerpo. Efectuado para servir de ejemplo, el crimen de odio muestra una negación de la humanidad de la víctima, una degradación que justifica la violencia exacerbada, brutal. En este sentido justifica la violencia como una reacción a la desviación del comportamiento esperado, erigiéndose así en un acto de justicia que puede ser visto incluso naturalizado en manifestaciones artísticas que, como en el video musical Fuiste mía se describe sin ambages.
A su vez el argumento moralista -que camina en paralelo al anterior pero parece más sofisticado toda vez que no niega la opresión y la brutalidad de los crímenes- resulta en muchos sentidos la base de las interpretaciones culturalistas manejadas desde sectores sociales para configurar el conflicto. Lo coloca en la esfera privada, familiar, como consecuencia natural de la degradación moral provocada por la pérdida de valores y debilitamiento de la estructura familiar. Niega así su carácter estructural, social y público, descargando la responsabilidad en el individuo confundido, ayuno de un esquema moral que modere su comportamiento. En consecuencia, la salida al problema debe partir desde el individuo, a partir del fortalecimiento de sus principios y valores. Al igual que la pobreza -responsabilidad de la persona y no del sistema económico- la violencia hacia las mujeres deviene una patología provocada por la ignorancia y la marginación, la degradación moral. Sobra decir que dicha interpretación descarga en buena medida de la responsabilidad pero también la urgencia de las acciones, al estado y los gobiernos; más allá de cartillas morales y promoción de la igualdad de género en puestos de la administración pública, la responsabilidad de las instituciones políticas estaría circunscrita a la vigilancia de la correcta aplicación de las leyes y campañas de promoción de valores como la diversidad y la tolerancia.
De que otro modo podría explicarse la relativa indiferencia hacia las protestas feministas e incluso a la banalización del gobierno de AMLO, quien insiste en que el humanismo es la respuesta. En la medida en que la gente tenga trabajo y acceso al consumo se contendrá la degradación moral (producto exclusivo de la pobreza y la marginación) y los índices de violencia descenderán puntualmente. La relación mecánica entre la crisis moral y la marginación pasa por alto el hecho de que la opresión de la mujer se extiende a lo largo y ancho del espectro social; se reproduce tanto en el barrio obrero como en los fraccionamientos de clase media alta y más allá. Y las conciencias están condicionadas por el sistema económico, son consecuencia y no causa del conflicto social. Pero al poner el énfasis en que el problema se localiza en las conciencias individuales y no en las prácticas sociales se niega que la discriminación y el racismo se encuentran en la base de la estructura económica. Aceptar lo anterior obligaría al estado a atacar el problema de raíz, rompiendo así con todo el entramado de alianzas políticas que sostiene a su gobierno para enfrentarse con el modelo económico y el fetiche del crecimiento.
Definir la causa de la opresión de la mujer a partir de factores estructurales, por encima de morales o privados, coloca entonces al movimiento feminista en la trinchera de la lucha directa contra el capitalismo. Los malabares de gobiernos e instituciones políticas y económicas responden a su incapacidad para aceptar semejante hecho. El carácter altamente corrosivo de las protestas de las mujeres enfrenta así el escarnio y la relativa indiferencia, a pesar del costo político que ello pueda provocar. Lo que está en juego es el fortalecimiento del sistema político y económico, contra viento y marea. Esa parece ser la misión histórica de la 4T; ni la legitimidad de las demandas de las mujeres ni la brutalidad y ascenso de su opresión serán suficientes para cambiar el rumbo.


sábado, 29 de febrero de 2020

AMLO y el feminismo en México: los límites del pragmatismo de la 4T


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Por: Rafael de la Garza Talavera
A estas alturas resulta imposible negar la fuerza y legitimidad del movimiento feminista en el mundo. De los movimientos antisistémicos, los feminismos han colocado contra las cuerdas a gobiernos, corporaciones e individuos en buena parte del mundo occidental; al mismo tiempo ha logrado concitar un apoyo generalizado a sus demandas, en el marco de la exacerbación de la violencia hacia las mujeres.
En México las acciones de las mujeres han provocado reacciones de todo tipo, poniendo sobre la mesa la hipocresía de gobiernos, partidos y grupos de interés y la debilidad de las acciones oficiales encaminadas a contener la epidemia de asesinatos y desapariciones de miles de mujeres. La igualdad de género decretada desde el poder para candidaturas y puestos gubernamentales no ha podido ocultar su superficialidad frente a un problema añejo y creciente. Ya desde finales de siglo las muertas de Juárez pusieron en el escenario político las consecuencias para las mujeres del incremento de la violencia, generada principalmente por el crecimiento de la pobreza y la marginación así como el fortalecimiento de las organizaciones criminales.
En este contexto no sorprende la postura de AMLO al respecto, más allá de su limitada percepción del conflicto; parece que se privilegia la idea de no enfrentarse con sus bases evangelistas o con los sectores medios adversos a temas como el aborto y la diversidad sexual. Su insistencia en quedar bien con todos los actores políticos relevantes, al menos en el discurso, demuestra sus límites y sus consecuencias. Si a esto se agrega sus malabares discursivos, el desencuentro es patente y promete una escalada que no conviene a nadie pero que, dada la rigidez del presidente en el tema, seguirá en ascenso.
Un factor clave en el análisis de la postura presidencial es su concepción del deber ser feminista: “Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe tener como guía el humanismo (...) y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más pobres (...) La justicia es darle más al que tiene menos, eso también es humanismo”. La declaración deja entrever que el apoyo que su gobierno ofrece a las mujeres va en el sentido de mitigar los estragos de la pobreza y no tanto en atacar el problema de la violencia hacia ellas, -que dicho sea de paso son dos caras de la misma moneda. De que otra manera podría explicarse que frente a la creciente agudización de los asesinatos pida que se evite hablar de ello para no opacar la rifa de un avión; o peor aún, achacar a la derecha la manipulación del movimiento para atacarlo. El hecho de la creciente violencia a la mujer es inocultable y banalizarlo resulta grotesco. Demuestra insensibilidad y rigidez para enfrenta un viejo problema con el que se solidarizó como candidato presidencial.
Cuando los colectivos feministas se plantaron frente a palacio nacional para reclamarle la infausta declaración en donde culpó al neoliberalismo de los problemas de las mujeres, dejó en claro que su política hacia las mujeres no se moverá: “No porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre, si por eso luchamos, luchamos por un cambio en lo material y en lo espiritual, y si tienen otra visión respetamos, pero vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie”.
Es evidente que sus ‘convicciones de siempre’ están fuera del contexto actual y que representan un pasivo en su política interna, pero además, que están dañando a la sociedad en su conjunto fortaleciendo las posturas machistas y el desprecio por las protestas y movilizaciones. Probablemente intuye que mantener una imagen veladamente machista –con un discurso incluyente y humanista- no le restará puntos en las encuestas de popularidad. Mantendrá así la fidelidad de buena parte de la sociedad mexicana que sigue pasmada frente a la necesidad de acabar con el patriarcalismo y la discriminación concomitante; que se niega a abordar el problema en todos los ámbitos de la realidad social a pesar de la valiente postura de una minoría de mujeres organizadas que han comprendido que sólo las acciones contundentes pueden obligar a la sociedad a discutir el problema y buscar una solución. Y si bien la igualdad de género en candidaturas y puestos en la administración pública, es plausible, no es ni remotamente suficiente para mostrar una política consecuente con la gravedad del problema. Ampliar la política de igualdad de género a órganos autónomos y universidades no representa más que una simulación que irrita aún más a las mujeres organizadas y que no toca el conflicto central: la sistemática violencia hacia mujeres de todas las edades.
La rigidez de un gobierno que se empeña en mantener una ruta prefijada es sintomática de sus prioridades. Poner por encima de todo lo demás el crecimiento económico y las alianzas a diestra y siniestra para mantener el poder ha probado ser nefasto para los gobiernos progresistas al sur del Rio Bravo. Lula y Dilma lo demostraron en Brasil y dieron paso a un gobierno de extrema derecha que cosechó el descontento provocado por el pragmatismo in extremis. La política del equilibrista o el bonapartismo de AMLO seguirá enfrentado el dilema de elegir un rumbo claro y comprometido con las mayorías para las que dice gobernar. Mientras no lo haga seguirá apuntalando el poder de los dueños del dinero, quienes si bien hoy comulgan con él, podrían modificar su posición en cuanto las condiciones políticas cambien.
El presidencialismo mexicano siempre descansó en la legitimidad de las decisiones tomadas por el jefe del ejecutivo, no tanto por su eficacia sino por su capacidad para imponerse por encima de los actores políticos. El presidencialismo de AMLO abreva de esas fuentes procurando ante todo restablecer, en la medida de lo posible, la legitimidad del estado mexicano. Mantener su desprecio por el movimiento feminista está poniendo a prueba semejante estrategia y si no hay un cambio palpable al respecto por parte del presidente, seguramente abrirá un boquete difícil de cerrar en la muralla de la 4T.
Es cierto también que la violencia hacia las mujeres es estructural en una sociedad capitalista y que AMLO no pretende desmantelar el sistema económico. Pero en la medida en que la violencia hacia las mujeres mantenga su tendencia ascendente y la sociedad y gobiernos no se comprometan, aunque sea de manera limitada a contener el conflicto dada su alianza con el capital, el costo político aumentará y comprometerá los limitados objetivos de la 4T.
Más allá de sus convicciones personales, y a pesar de que su pragmatismo ha sido exitoso hasta ahora, el presidente haría bien en recapacitar para evitar la descalificación y el escarnio hacia las mujeres organizadas. Si no por lo justo de sus demandas y los comprensible de sus acciones –que no es posible escatimar con argumentos válidos- si para impulsar el fortalecimiento de su poder político que, al decir del viejo Maquiavelo, es la misión principal de cualquier político.




sábado, 30 de diciembre de 2017

Un sol dado en cada hijo, alternativas a una guerra contra el narco.

Luis Emilio Gomagú 

Documentar la violencia en el México de hoy día parece tan inocuo como autodestructivo. La vida cotidiana de lo que alguna vez fue conocido como El cuerno de la abundancia, colecciona violencias como las playas guardan un poco del mar. Frente a la ausencia del Estado, relatar los sucesos parece un ejercicio ocioso, una desalmada pérdida de tiempo, el descubrimiento macabro de una verdad que se desvanece a la vista de todos. 

En un artículo publicado por El País, Juan Villoro dice sin mayor tapujo que “En México las palabras son más peligrosas que los hechos”, declaración que sobrepasa todo límite de coherencia. Quizás debido al contexto del artículo –en el que las élites de la cultura internacional pretenden establecer una pelea inexistente– esas palabras puedan pasar desapercibidas. Pero la realidad –o los hechos para sostener literalidad– del México de hoy trascienden casi todas las barreras del simbolismo. 

A diez años y monedas de que Felipe Calderón declarara una guerra abierta contra el narcotráfico, México se despierta cada día para reconocerse en Tezcatlipoca, rostro humeante de obsidiana, espejo de aquel que enfrenta la muerte. 

La bravuconería del pequeño Hinojosa desencadenó una escalada de violencia que supera en sus detalles las brutales relaciones bélicas internacionales recientes. Al mismo tiempo, la falta de claridad –que habilite un ejercicio de memoria–, el reconocimiento de las múltiples infamias –su correspondiente búsqueda de justicia– y la persecución infatigable de la verdad, son joyas que todavía brillan por su ausencia. 

La descomposición que ha padecido en estos años el entramado social mexicano, agujereado a balazos –de plomo, de impunidad– y desaparecidos, es uno de los grandes fracasos de la guerra contra el narco, brazo armado de la política en materia de drogas encarada por intereses internacionales y obedecida por la alta burocracia mexicana. 

De la crisis social a la crisis humanitaria. 

Hablar de crisis en México es hablar de mucho más que de un desastre económico, aún cuando las cifras de pobreza son alarmantes incluso para quien las ignora. Las últimas mediciones publicadas en julio de 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hablan de 55.3 millones de personas en condiciones de pobreza, poco menos de la mitad del total de mexicanos en suelo patrio y poco más que la población total de la República Argentina. 


Sumado a este desastre de consecuencias apenas imaginables, México cuenta con una desigualdad tan grande como el cañón del sumidero, una concentración económica entre las más altas de América Latina y casi tan escandalosa como contar con el sexto hombre más rico del mundo. Al mismo tiempo y como si no bastara lo descrito, los niveles de corrupción e impunidad que imperan en los ámbitos de la justicia son inhumanos; los que se encuentran del lado de la política lideran el robometro internacional, que no es poco decir, y cuentan con representantes con causas abiertas o prófugos de la justica. 

En la última publicación de los Estudios Económicos de la OCDE –un aliado condicional de los países alineados a las políticas internacionales–, luego de un intento por solapar las “reformas estructurales” de Peña Nieto, declararon que “el potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos importantes como los altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, exclusión financiera, una norma de derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia”. En resumen, una crisis de larga data en todos los ámbitos e instituciones que la ‘mafiocracia’ –como llama Edgardo Buscaglia al sistema político mexicano– no quiere reconocer. 

Las crisis muchas veces están asociadas a ruptura, a discontinuidad súbita, lo que suele darles un carácter de explosivas, violentas. Pero cuando hablamos de crisis sociales, encontramos signos de su expresión, entre otros, en un deterioro acelerado de las instituciones del sistema, la caducidad de normas y valores, la desorganización de las representaciones del mundo y por lo tanto, de la representación de sí y de los otros, lo que se podría traducir en la pérdida masiva de referentes. 

Es en este contexto crítico que se desata una guerra en México. Liderada por el presidente de turno –hasta la fecha Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, quienes no con desilusión han recibido presupuestos millonarios venidos del norte para fortalecer las fuerzas armadas, dotar al ejército con armas, tanques, balas: instrumentos de muerte extranjeros para cuerpos y muertos locales. 

Los soldados pasaron de su entrenamiento en los cuarteles a patrullar las calles para participar en operaciones de seguridad pública y enfrentar al “crimen organizado”. Desde entonces la institución castrense registra miles de enfrentamientos entre el ejército y lo que éste considera “grupos criminales”. Además de los así llamados enfrentamientos, el país colecciona macabras experiencias en las que ambos bandos han cometido crueles asesinatos, incruentas desapariciones. 

Por si fuera poco, la persecución, silenciamiento y asesinato de periodistas ha convertido a México y algunos de sus estados en los lugares más peligroso para ejercer el oficio a nivel mundial. Hace apenas unos meses y bajo el sol del medio día de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Javier Valdés Cárdenas, periodista y narrador extraordinario que vio la muerte antes que las balas. Cuando asesinaron a su colega Miroslava Breach dijo, con absoluta certeza del sentido de sus palabras: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.” La cúpula política del país, anquilosada en la forma y putrefacta en el fondo, manteniendo su rigor inoperante, sólo atinó a guardar un minuto de silencio. 

Además, como si no sobraran las desgracias, la metódica eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y clérigos de pequeñas comunidades –por su influencia social en la localidad–, así como activistas y estudiantes, es moneda corriente. El gobierno de México ha establecido una persecución perpetua de la libertad, la igualdad y la justicia sólo para aniquilarla. 

Las cifras de este desastre humanitario son tan alarmantes como inestables. Algunos números oficiales oscilan alrededor de las 300 mil muertes a causa de esta guerra absurda, valga la redundancia. La violencia desatada en México en los últimos años ha cobrado más vidas que las guerras de Afganistan e Irak juntas, cualquier cosa que eso signifique. A estas cifras escandalosas, fuera de toda lógica en una Nación “democrática”, se suma el dolor inagotable de familiares y amigos que todavía buscan a sus seres queridos. Las desapariciones forzadas con y sin implicación directa del Estado, han convertido el suelo mexicano en una fosa inagotable que arroja cadáveres con empacho. 

En Retratos de una búsqueda, un documental de Alicia Calderón, se entrecruzan las historias de tres mujeres –entre las miles– que buscan a sus hijos/as. Una de ellas visita en la cárcel a dos sujetos acusados de pertenecer al “crimen organizado”, sospechados de haber participado en la desaparición de su hija. Ellos describen a una madre –sin saberlo– los abusos sexuales que perpetraron a su hija, los detalles violentos de su muerte, lo macabro de jugar a besar su cabeza sin cuerpo y lo infame de subrayar que “ella no había hecho nada malo”. La crueldad es a veces un sol que no alumbra y sólo quema. 

La búsqueda de los más de 30mil desaparecidos –por mencionar las oscuras cifras oficiales– ha significado un derrotero infernal para familiares y amigos. Las instituciones del Estado –y la burocracia encarnada en su personal– sólo han reportado negativas y desdén, como si de buscar perros se tratara. Sin embargo, otra vez las madres con su amor y esperanza para combatir la ignominia, el horror; y una luz de esperanza con la flamante Ley general en materia de desaparición forzada. 

Estos personajes y cifras recuerdan una historia de otro tiempo, espejan dos naciones que emiten un reflejo diferente. El diez de mayo pasado, las madres y abuelas de plaza de mayo convocaron una masiva movilización para impedir la reducción de las condenas a los genocidas de la última dictadura en Argentina. El mismo día en México, donde además se celebra el día de la madre, las movilizaciones a lo largo y ancho del país –acalladas por los medios de comunicación– exigieron la aparición con vida de sus seres queridos y castigo a los culpables. 

Frente a las respuestas inhumanas del Estado, de las que podría escribirse un gran libro de la infamia, familiares y amigos han desplegado estrategias comunitarias de búsqueda a lo largo, ancho y hondo del territorio nacional. Sin abandonar los expedientes han recurrido al pico y la pala, a desmalezar montes, a recolectar huesos, a desenterrar cadáveres por montones deseando que sean ellos, pero, ¡por piedad que no lo sean! 

Para colmo de males, tanto la guerra contra el narco como la silenciosa guerra económica, han generado una masiva migración interna, desplazamientos forzados por miedo, ocupación de tierras y la búsqueda de una vida medianamente digna en un país plagado de “pueblos mágicos” y ahora también de pueblos fantasmas. La postura del flamante presidente de los Estados Unidos le suma fuego al incendio, pretendiendo devolver a constructores y sostenes de buena parte de la economía del vecino país: las y los migrantes mexicanos y centroamericanos. 

La realidad que atraviesa México por estos días supera con creces datos, cifras y detalles mencionados. Es difícil imaginar un futuro posible, en donde se promueva la memoria, la verdad, la justicia. Pero esto también es parte de una estrategia que, sabiéndolo o no, se promueve desde los comandos económicos internacionales y sobre lo que volveré más adelante. 

Tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos. 

Mientras que la lista de provincias que han regulado el uso recreativo y medicinal de la mariguana se incrementa en los Estados Unidos, su política de lucha contra las drogas se extiende de su frontera sur –próxima a recomenzar la construcción del muro de la ignominia– hasta el fin del mundo. Si bien hablar de la mota y su periplo regulatorio no es representativo de todas las drogas –legales e ilegales–, los movimientos de despenalización y legalización que se desarrollan con fuerza en varias partes del mundo abren la posibilidad de repensar términos, concepciones y estrategias. 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), determinó en 2010 una Estrategia Hemisférica sobre Drogas que, desde una perspectiva estructural, tiene dos pilares fundamentales: Reducción de la demanda y Reducción de la oferta. La primera obedece a programas de reducción de riesgos y daños, entendiendo la problemática como un problema social y de salud que requeire un abordaje multidisciplinario. La segunda es la trinchera donde se guarece la guerra contra las drogas, desde donde algunos paises protegen sus fronteras de los muertos mientras liberan el paso a las ganancias y algunas sustancias ilegales. 

La hoy tambaleante Iniciativa Mérida –puntapié de la guerra que está desangrando a México por boca de Felipe Calderón Hinojosa– pretende, con un fondo de 2.3 millones de dólares asignados por el congreso de los Estados Unidos, “contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”. No por casualidad, desde entonces y hasta la fecha, la violencia se ha incrementado exponencialmente y lo que consideran amenaza fagocita las vidas de aquellos que están sólo de éste lado de la frontera. 

De la misma manera, la ley contra el Tráfico de Droga Trasnacional, aprobada en el ocaso de la administración de Obama, persigue la producción y tráfico de droga que tiene lugar fuera del país cuando esta tiene como probable destino EE.UU. “Esta ley le da a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para reducir el volumen de droga que cruza nuestras fronteras. Autoriza la persecución del crimen trasnacional para reducir el flujo de drogas ilegales que llegan a EEUU desde terceros países”, dijo en su momento la legisladora demócrata que presentó la ley, Dianne Feinstein. Otra muestra de los intentos por mantener las ganancias de un negocio internacional dentro de las fronteras y la violencia de su ilegalidad fuera del territorio. 

En la misma tesitura de cooperación internacional, los gobiernos de Colombia y México, a traves de la Procuraduría General de la República –PGR, siglas que se asocian en el imaginario local a torutura y persecución nacional– y la Fiscalía General de Colombia, firmaron recientemente un acuerdo de fortalecimiento en la cooperación para “luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, la corrupción y delitos conexos”. Basicamente un intercambio de información y experiencias que les permitan establecer estrategias de control en ambos países. 

Argentina parece querer entrar al juego de la guerra; vía endeudamiento –al parecer la herramienta favorita del actual gobierno–, el ex embajador argentino en Estados Unidos solicitó un armamento presupuestado en 2500 millones de dolares para apuntalar una fuerza de paz. En una nota relacionada al tema, A. Rolandelli dice que “tratar de reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas por fuera de la órbita que actualmente tiene por ley es hacer malabares con granadas”. Y tiene razón; sin embargo, a pesar de la polémica desatada por la persistencia bélica, en días pasados se acordó la compra de aviones cazabombarderos a Francia. 

Los resultados de estas estrategias en la reducción de la oferta todavía brillan por su ausencia. La diversificación de las actividades de los grupos criminales, en México y el mundo, les ha permitido incidir en las políticas locales, emprendimientos económicos –mejor conocidos como lavado de dinero–, así como ser fuentes de crédito para sectores privados y del Estado. Las crisis económicas de los países se convierten en tierra fértil para la propagación del poder de estos grupos, además de una fuente inagotable de mano de obra, carne de cañón, vidas desechables. 

El mercado oferta y demanda. 

La Reducción de la demanda, por otra parte, conlleva estrategias en el campo de la prevención de los consumos de sustancias, tratamiento de las adicciones, la incorporación social de las personas que padecen algún tipo de adicción y reducción de riesgos y daños; estrategias que se han visto opacadas por el despliegue ‘joligudense’ de la fallida guerra contra el narco. Pero es precisamente este campo un lugar de posibilidad y, sobre todo, en el que cabemos todos. 

Inmersos en una sociedad que se rige bajo una lógica de consumo, que fomenta hábitos, prioriza valores, propone maneras de vincularse, impone ritmos y tiempos a la vez que promueve modos de tramitar los afectos, nos encontramos todos frente a un mismo reflejo: el del consumidor/a. El consumo es hoy una manera de pertenecer; consumir –productos del mercado, sustancias, servicios, etc.– es existir como miembros de esta sociedad que, a su vez, ha dejado de ofrecer productos simples y promueve en cambio experiencias de realización inmediata –de felicidad, plenitud, éxito, etc.– a través de esos consumos. 

Al mismo tiempo, el mercado va regulando aquello que considera necesario para su reproducción, para no detener el movimiento de la rueda que mueve al mundo, mientras que rechaza y excluye a aquellos que no cumplen con sus expectativas de consumo. Los excluye pero ofrece, bajo los mismos principios, un mercado ilegal con ganancias extras para sí, ya que ese dinero no se evapora sino que entra a girar y girar. 

Hablamos entonces de consumos, en esa amplitud, y de consumos que pueden volverse problemáticos. En México y el mundo se han desarrollado estrategias que apuntan a salvaguardar la salud de los consumidores, atendiendo el consumo problemático desde una perspectiva social, de salud y analizando su multicausalidad. Algunas de ellas funcionan con carencias en las estructuras estatales y otras en organizaciones no gubernamentales –a veces financiadas por el mismo Estado. 

Pero también en lo cotidiano hay modificaciones pertinentes, que nos permitirán sacudirnos la parálisis, implicarnos en la problemática –en la que de hecho estamos hundidos– y accionar un cambio; asumir algunas maniobras de prevención en los espacios de los que de por sí participamos. 

Federico Vite, un extraordinario escritor mexicano que no encontrarás en ninguna lista propagnadeada, comenta sobre el calvario mexicano: “Lo peor que podría pasar es que nos acostumbremos. Alguna lógica debe de tener que la literatura sirva para sensibilizar, quiero decir para ser partícipe de un dolor ajeno. En la medida en la que no sólo tienes el hambre y el plomo y descubres que puedes soñar de otra forma; con música, cine, teatro, el mundo se hace más grande”. 

Hablar de drogas con temor, como si la palabra abarcara el infierno, es confundir el todo con la parte. La percepción de riesgo desmedido con el que se asocia, relacionando sustancias con crimen organizado –discurso abonado por los medios de comunicación–, promueve en las personas una sensación de amenaza paralizante, justificando cualquier medida para combatirla y dejando a la población como espectadora de un desastre del que es protagonista. 

Sucede lo mismo al plantear la problemática en términos de “guerra contra las drogas”, “el flagelo de la droga”, “la violencia ocasionada por las drogas”, etc.. Esta nominación agrupa una diversidad de sustancias bajo una sola, al mismo tiempo que se la personifica, se le da una entidad física de la que carece, nubla el panorama. La Organización Mundial de la Salud –OMS– define droga como “toda y cualquier sustancia que al ser introducida a un organismo modifica su metabolismo, estado de ánimo o funciones internas”. Dentro de esta denominación pueden distinguirse una variedad de categorías entre las que se encuentran legalidad, ilegalidad, efectos, afinidad molecular, origen, usos, etc. Para el caso quizás es importante darse un paseo por el Universo de las drogas. 

Siguiendo la definición de la OMS, tanto el alcohol, el cigarrillo, los medicamentos de venta libre, productos con altos niveles de azúcar –por mencionar sólo algunos– forman parte de “las drogas” y su consecuente combate militar. Sin embargo, el tratamiento recibido y la mirada sobre los consumidores de estos productos es absolutamente dispar, ya que forman parte de lo necesario para la reproducción del mercado. En el orden de lo dañinio, es el alcohol el número uno en la asociación de consumo y muerte, por encima de otras sustancias ilegales. 

En este sentido, plantear un mundo “libre de drogas” es una falacia que se ríe de sí misma. Cuando en Argentina se propuso la campaña “Sol sin drogas”, protagonizada por Diego Armando Maradona, Charly García retrucó el slogan con un “Drogas sin sol”, demostrando por otra parte que la persecusión del consumidor es también –y sobre todo– una persecusión de clase social. 

Disparar sólo las balas del sonido. 

No pretendo minimizar la problemática que tiene a México sumido en la desgracia, ni mucho menos pasar por alto que las estrategias preventivas necesarias en este contexto estén abocadas a salvaguardar la vida. Pero más de sesenta años de prohibicionismo no ha hecho más que fracasar, profundizar crisis y regar de muertos la tierra donde se ha instalado como la única política en la materia. 

Javier Valdez Cárdenas, con su voz desde el más allá y dándole vigencia a Rulfo en este país regado de muertos, supo decir: “con el narco no vas a acabar; hay que invertir mucho dinero en recuperar el tejido social, en atender a niños y a jóvenes, quitarle a los narcotraficantes el mercado laboral que tienen cautivo. No se trata de detenerlos sino de ganarles el espacio social que ya tienen, que nosotros recuperemos la calle. Creo que conjuntando todo eso podemos tener otro periodismo, otra sociedad y otro país. Parece una quimera, pero yo creo que vale la pena”. Yo también. 

Es en este sentido en el que podemos sumar otra manera de pensar el problema y sus posibles soluciones. Generar espacios de cuidado colectivo en nuestros lugares de pertenencia –instituciones, organizaciones, lugares de trabajo–, volver a fortalecer esa trama social tan vapuleada por discursos y miedos, que nos permita andar cuidándonos –entre todos– y no andar con cuidado, como solía decir mi tía Anita. Mirar en el otro a un compañero, vecino o alguien que necesita ayuda y no a un delincuente peligroso que busca lastimarnos. Contraponer a esa lógica de consumo, una lógica de cuidado. 

Octavio Paz, en su laberinto de la soledad, decía que la historia tiene la realidad atroz de una pesadilla, y que “la grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo, transfigurara la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la creación”, que debe ser por sobre todas las cosas colectiva y horizontal.

viernes, 8 de diciembre de 2017

10 tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera es un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano. 

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria. 

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar. 

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada. Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío. 

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo. 

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo”, que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

viernes, 13 de octubre de 2017

México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

El mundo está atento al acontecer político de México. Las elecciones presidenciales de 2018 presentan elementos inéditos. En el renglón cultural, México está en una situación de desgarramiento sin parangón: por un lado, una antimexicanidad inoculada desde la vecindad del norte (el gobierno en turno de Estados Unidos), y por otro, una resignificación de la mexicanidad impulsada desde el sur nacional (las comunidades indígenas nucleadas en Chiapas). En el renglón político, la rasgadura no es menos insondable: por un lado, el priísmo colonial, y por otro, el zapatismo decolonial, llegan a la elección de 2018 en su estado más maduro. Estas contradicciones agravadas hacen necesario redoblar los esfuerzos de análisis y participación. 

En otros países, los analistas de la política acostumbran decir que la situación de México es singular; que, si bien es cierto que las estadísticas en materia de derechos humanos reportan una crisis humanitaria, la singularidad del caso (notoriamente en contraste con las dictaduras militares en otras regiones de Latinoamérica), radica en que este orden de terror discurre en “democracia”. En este espacio, no obstante, hemos insistido que la trillada distinción entre democracia y dictadura es una pura formalidad; que las “democracias realmente existentes” encierran altos contenidos de totalitarismo; y que, en México, la singularidad –a menudo obviada– es que el narcotráfico es clase gobernante, que es una modalidad de gobierno que emula fórmulas “no convencionales” –tributarias de las juntas militares– en el ejercicio del poder público (militarismo; terrorismo de Estado; organización criminal de la política etc.). México es una dictadura delincuencial. Y ningún observador decente puede objetar seriamente este hecho. 

La comandancia en jefe de este orden político es el Partido Revolucionario Institucional. Y el PRI comprende a la partidocracia en su conjunto, incluido el ejército de aspirantes presidenciales (hasta ahora suman más de 30) que han solicitado registro como candidatos “independientes” (agréguesele una treintena de comillas) ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En la oferta que perfilan las elecciones de 2018, figuran dos excepciones a la dictadura delincuencial: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que es una propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

El eje toral de la estrategia del PRI, en las vísperas de la elección federal de 2018, es la atomización del voto opositor. Y, para el PRI, la oposición es básicamente Morena. En relación con el CIG, representado por María de Jesús Patricio Martínez, el PRI no tiene una estrategia de “contención” electoral de gran calado, acaso porque no cuenta con instrumentos efectivos para escamotear esa candidatura y porque, en el frío cálculo de la política llanamente electoralista, el CIG no representa un adversario serio. 

El principal temor del PRI es el ascenso de Morena –que acá hemos dicho que se trata un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista–. Y tiene miedo de Morena por una cuestión de factibilidad: en los conciliábulos del PRI están conscientes de la capacidad de arrastre de Andrés Manuel López Obrador. La maquinaria electoral del PRI ya perdió dos elecciones presidenciales frente a AMLO, y tuvo que acudir al fraude y la compra masiva de votos. 

La fórmula electoral del PRI para 2018 tiene tres pasos: uno, la fragmentación del voto con base en las candidaturas independientes; dos, la compra de voluntades –ciudadanos, políticos, árbitros electorales– con base en la inyección de altísimos volúmenes de dinero ilícito a la campaña; y tres; la desautorización del principal adversario político (Morena) con base en el socorrido estribillo del “populismo”. 

Y, por abajo y a la izquierda de esta grotesca escenificación de la “alternancia democrática”, irrumpe con una fuerza moral incorruptible, la única opción política firmemente alternativa e independiente: el Concejo Indígena de Gobierno, que, por cierto, anunció recientemente que no aceptará financiamiento público del INE, y cuya historia registra fehacientemente la construcción de una opción política por fuera de ese “sistema de partidos” y el “sistema del dinero” que prohíjan las castas que gobiernan el país. 

La candidatura indígena es el “caballo negro” de la elección 2018. Pero en el “deep state” mexicano (PRI) ni siquiera los sospechan.

2. El suicidio de los partidos políticos o el agotamiento de un paradigma político. Reflexión acerca de las contingencias electorales de 2018

viernes, 6 de octubre de 2017

La receta electoral en 2018: fragmentación, financiamiento y fraude

A punto de expirar el plazo para el registro de aspirantes a candidatos independientes para la presidencia de la república, no queda mas que realizar un breve ejercicio de prospectiva sobre los escenarios que configurarán el proceso electoral en 2018. Claramente se pueden observar tres tendencias que sin duda  influirán en los resultados del próximo año  y también en el aceleramiento de la descomposición del sistema político. 

Precisamente con el registro de los suspirantes a las candidaturas independientes se inicia la carrera presidencial. Colocadas en el  tapete electoral desde hace más de una  década por el conocido especialista en enchiladas  fallidas, Jorge  Castañeda y presentadas a la  ciudadanía como la  solución para acabar con el monopolio partidista de las  candidaturas, hoy juegan un  papel inverso al sugerido por  las  buenas conciencias de la política nacional. Mas allá de la pobre oferta política que pueden ofrecer individuos como Pedro Ferriz de Con, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter o el damnificado Miguel Mancera, sus posibilidades de triunfo son  nulas; esto, claro, si logran las firmas necesarias, así como  los recursos necesarios para pagar la campaña. 

Hay que subrayar que la figura de independiente trasciende a las candidaturas fuera de los partidos; estos últimos, en su afán por combatir su enorme desprestigio, también están buscando utilizar dicha figura para presentarse con un nuevo disfraz que los haga potables a los votantes. Véase  por ejemplo al Frente Ciudadano por México, que integra por el momento al PAN, PRD y MC, el cual pretende utilizar la etiqueta para presentar un candidato sin aparente filiación  partidista.  Por su parte, el PRI ha desactivado  los candados que lo  obligaban a seleccionar a un militante probado para la candidatura presidencial, dejando la puerta abierta para la llegada de José Antonio Meade o Aurelio Nuño -comodines con supuesta independencia del partido del presidente pero no de los poderes fácticos y las corporaciones internacionales- lo que los colocaría en una mejor posición para ganar la elección o al menos engañar a los incautos. Sobra decir que las cacareadas candidaturas independientes, ya sean dentro o fuera de los partidos están atadas a los intereses del dinero y mas bien son independientes de la ciudadanía. Su finalidad parece más bien apuntar a la fragmentación del voto opositor al PRI. La reciente elección en el Estado de México, con el esquirol Juan Zepeda en acción, es una clara muestra de lo anterior.

La fragmentación del voto surge así como otra táctica electoral adecuada para hacer ganar a un  partido que a lo largo de las tres últimas décadas ha perdido votos sistemáticamente en en todas las regiones del país. Junto con las alianzas con la chiquillada partidista, como el PVEM, PANAL y demás engendros caciquiles, el  PRI ha podido mantener su presencia electoral y contrarrestar relativamente su debilidad frente al electorado. En este sentido contar con  nueve o  diez candidatos a la presidencia, sean ‘independientes’ o partidistas puede darle el triunfo  al PRI en un escenario en donde la diferencia entre el primero y el segundo sea de menos de tres puntos porcentuales. La fragmentación del voto es en buena medida el motor de las candidaturas independientes, lo que además las coloca en  inmejorable posición para celebrar alianzas de facto con quien les ofrezca puestos y canonjías. Asimismo, la gritería de una decena de candidatos dirigida contra el opositor moreno puede ser muy útil para  distraer al elector y manipularlo a discreción con la ayuda de los medios de comunicación, siempre dispuestos a mentir y difamar sin rubor alguno.

Y si todo lo anterior no fuese suficiente para coronar al candidato de la continuidad, siempre estará a la mano la joya de la corona del sistema político mexicano en su fase electoral: el fraude. Porque al final todo cuenta pero es el fraude la táctica preferida, la que genera  más confianza entre la fauna partidista, la que prácticamente garantiza el triunfo de un partido decrépito y corrupto hasta la médula. El triunfo del PRI en el Estado de  México  demostró sin tapujos que las elecciones se ganan con dinero, limpio  o sucio, lo que trae a cuento la intención del PRI de acabar con el financiamiento público que le daría una ventaja clave al ser el que cuenta con el presupuesto federal y el de los estados que gobierna, así como de cárteles de empresarios, legales e ilegales. Esto sin mencionar su tradición mapacheril, ganada a pulso a los largo de muchos años,  sostenida con cuadros políticos expertos, especializados y probados por generaciones en las no tan sutiles artes de comprar y manipular al elector. El ensayo general realizado en el  estado de México es solo una muestra de lo que seguramente caracterizará al proceso electoral de 2018: la compra de votos, la manipulación de las actas electorales, la quema de urnas o las balaceras intimidatorias. Todo lo anterior con la colaboración, velada o no, de los órganos electorales quienes una y otra vez han demostrado que por encima de su misión de promover los valores democráticos está la de ser el sostén de la impunidad y la simulación en aras de proteger  al régimen y sus beneficiarios, cueste lo que cueste.

En pocas palabras, la escenario electoral se moverá en un contexto de polarización política (Todos contra MORENA) utilizando la fragmentación del voto, los oscuros caminos del financiamiento y el omnipresente y todopoderoso fraude electoral. Lo de menos será la discusión de proyectos e ideas para acabar con la realidad que nos oprime, el diálogo entre   sectores sociales y el sistema político, confirmando así que la solución está en otro lado y no una contienda perversa, costosa y manipuladora. 

viernes, 11 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar. 

Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis. 

Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos. 

Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco). 

Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento. 

Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc. 

En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999). 

Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato. 

En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza (ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado. 

Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad. 

En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala. 

La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.


1. ¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

2. ¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

3. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

4. Acerca de la guerra en México: apuntes teóricos

5.¿Qué es un narcoestado?

jueves, 8 de diciembre de 2016

Fidel, revolución y riesgos existenciales

John Saxe-Fernández 
La Jornada

"Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando es casi tarde para impedirlo". Así se inició el histórico discurso de Fidel Castro Ruz en la Cumbre de la ONU Sobre Desarrollo y Medio ambiente, Río de Janeiro 1992 (disponible en YouTube: discurso Fidel Castro en Río 1992) para advertir sobre las amenazas existenciales que enfrenta la humanidad por los impactos ecológicos de un sistema económico de explotación signado por la injusticia, la desigualdad, la depredación, los desequilibrios y las guerras. Lo dicho hace 24 años es actual. Su pertinencia es aún mayor hoy que Donald Trump, un "negacionista" de la ciencia climática, asumirá la presidencia imperial el 20 de enero de 2017. Cabe recordar, en momentos solemnes que viven Cuba y el mundo, lo que es parte nodal del pensamiento y acción de esa "inmensidad histórica", como Juan Bosch calificó a Fidel, ante cuya ausencia se oye el grito de "yo soy Fidel", que significa, como decía Morrie Schwartz, mentor en la Universidad Brandeis, que "la muerte acaba con una vida, no con una relación". 

Fidel sigue en interlocución con generaciones de Cuba, América Latina y el mundo. Lo hace desde 1959 y se proyecta en el Siglo XXI frente a los crecientes riesgos de extinción de las especies, la nuestra incluida, sea por una guerra nuclear, sea por la catástrofe ecológica en curso. La acción revolucionaria realizada a favor del pueblo ante la pobreza, la promoción de salud, educación a todo nivel, alimentación, expectativa de vida, investigación científica, promoción de la medicina, el deporte, las artes, etcétera, es de un orden cualitativo y cuantitativo equiparable, y en rubros clave como la mortalidad infantil, igual o superior, al de los centros del capitalismo. Así avalan informes técnicos de UNESCO, FAO y hasta del Banco Mundial que junto al FMI y BID, es parte y parcela de la diplomacia de fuerza que articula el imperialismo. Que esta gesta se realice en medio del sabotaje, de operaciones clandestinas, de terrorismo de Estado, guerra económica, sicológica, social y política, es asunto de atención especial: ni la Revolución Francesa o la Revolución Rusa enfrentaron desde sus inicios ¡y por 57 años sin un día de descanso! un acoso multifacético en medio de una asimetría de esta magnitud, con tal barbarie y persistencia, por parte de una potencia en acentuada crisis hegemónica, a sólo 145 kilómetros. 

Así se ilustra en la sentencia, documentos y testimonios del Tribunal Internacional Benito Juárez (antecesor del Tribunal Permanente de los Pueblos) "Resolutivo del Juicio Agresión de Estados Unidos contra Cuba" disponible en ceiich.unam.com. Esa gesta revolucionaria adquiere un peso todavía mayor ante los grandes retos que se perfilan en las dos primeras décadas del Siglo XXI: la experiencia histórica de construcción social alternativa liderada por Fidel Castro adquiere una importancia y significación del más alto nivel ante la actual devastación humana, ecológica y económica del llamado neoliberalismo, que no es otra cosa que una guerra global de clase desatada por el alto capital en centro y periferia capitalista, ante una crisis de acumulación sin precedentes, ofensiva que se agudizó desde principios de los 80. 

De igual valía es el planteo y la acción de Castro ante los mencionados riesgos existenciales del siglo XXI: una guerra nuclear (Ver la valiosa interlocución de Fidel con Michel Chossudovsky en el libro Globalización de la guerra, Club de Periodistas de México, 2016) y el del calentamiento global antropogénico (CGA). En medio de un apagón informativo se supo que recién electo Trump (quien se dice opuesto a la guerra contra Damasco y Moscú) la Cámara de Diputados de Estados Unidos aprobó la Resolución H.R.5732 para instalar una "zona de exclusión aérea en Siria", cuya aplicación, según advirtió al Senado el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto (ver JSF, La Jornada, 27/10/16) conlleva guerra con Siria y Rusia, la otra potencia que comparte con Estados Unidos 95 por ciento del arsenal nuclear. 

En lo relacionado al CGA, en Río 1992 Fidel habló de las responsabilidades de las sociedades de consumo. Dijo que "son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo 20 por ciento de la población mundial, consumen dos terceras partes de los metales y tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, contaminado el aire, debilitado y perforado la capa de ozono, saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer" (ibid).

lunes, 14 de noviembre de 2016

Gatopardismo a la veracruzana


En medio del caos y la manipulación de la información en el estado de Veracruz, no sorprende que la presidenta de la Mesa Directiva del congreso del estado, María Elisa Manterola, haya confirmado que se recibió un escrito donde supuestamente el otrora dirigente de la cleptocracia veracruzana, Javier Duarte, manifieste su intención de regresar para terminar su infame sexenio. Lo que sorprende es que la diputada Manterola lo crea, o al menos de que se haya tomado el trabajo de informarlo a los medios, y que además declare que no existe impedimento legal para semejante ocurrencia. Lo que en todo caso aparece como una realidad evidente es que la política en Veracruz seguirá los caminos de la impunidad, la corrupción y el cinismo que para muchos fue la marca de la casa.

Y digo fue porque por ahora hay muchos que por ignorancia o conveniencia tienen la esperanza o la certeza (dependiendo de si formarán parte del gabinete o no) de que vienen nuevos tiempos para los veracruzanos. Que los tiempos aciagos de la simulación y el robo sistemático modernizados por Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y su heredero, Javier Duarte, han quedado atrás; que con la participación de la ciudadanía se abrirán nuevas perspectivas para los habitantes del estado. Sin embargo los hechos parecen confirmar lo contrario: la continuidad será la marca del nuevo gobierno.

Véase por ejemplo el tema de la conformación del congreso y las claras muestras de simpatía entre diputados del PRI y el PAN para repartirse el pastel. El que reconocidos duartistas presidan comisiones o se pongan de acuerdo con otros partidos para conformar bancadas artificiales pero susceptibles de recibir recursos y ejercer el chantaje político, es sólo un botón de muestra. Lo que se pretende en el fondo es el control del congreso por parte del ejecutivo a pesar de su relativa diversidad. Y para ello sería necesario formar un bloque que presentara un frente común contra la bancada incómoda de Morena, vista como una amenaza a los designios de los ‘ganadores’, negando el sentido del voto que castigó al PRI en las pasadas elecciones. Aquí lo que importa es la voluntad de los dueños del dinero y no de los votantes. ¿Dónde se ha visto eso?

En el tema económico, por lo poco que se ha dejado entrever -a pesar de planes de gobierno elaborados por un reducido comité de especialistas pero, eso si, con la amplia participación de la ciudadanía como los propios especialistas se empeñan en divulgar- las cosas tampoco parecen apuntar a un cambio profundo en las tendencias actuales. El modelo extractivista está más vivo que nunca lo que asegura la continuidad de la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas en construcción, la agricultura extensiva y la profundización de la industria turística que ahora contará con el apoyo de uno de sus principales representantes, el propio gobernador electo Miguel A. Yunes. Por encima de todo, el proyecto económico está sometido a la idea de que lo más importante es atraer la inversión extranjera y por ende someterse a sus intereses, aunque sean contrarios a los de la mayoría de la población.

El tema de seguridad o de inseguridad, como sea que se le llame, dada la vocación autoritaria y policiaca del futuro gobernador se profundizará. Al mando único, la impunidad de fuerzas armadas y policías, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, se sumará la indolencia del poder judicial en su conjunto para frenarlas; la negación sistemática por parte de la autoridad de que ese tipo de crímenes existan en Veracruz o de que incluso se amenace y persiga a personas que buscan a sus familiares seguirá siendo moneda corriente. Ojalá que los hechos futuros lo desmientan pero hasta el momento no hay señales claras de que eso pueda suceder.

En lo referente a la quiebra de las finanzas públicas del estado las señales han sido tímidas y sobre todo encaminadas a subrayar el sentido justiciero (por ejemplo, dejando correr la especie de la supuesta confiscación de bienes de la familia Duarte para venderlas y recuperar dinero) muy útil para ocultar el hecho de que el quebranto financiero viene desde los gobiernos de Alemán y Herrera y que se hizo más visible por la falta de pagos de servidores públicos al final del gobierno de Duarte. Pero sobre todo, que la crisis financiera será la constante en la próxima década, cuando menos. La capacidad del gobierno para impulsar el crecimiento económico está seriamente dañada y, a falta de milagros, lo pondrá de rodillas frente a la federación y las corporaciones internacionales, obligándolo a contratar mas deuda y someterse a los designios de los grandes inversionistas y del presidente en turno.

Si se acepta la idea de que el retroceso político, económico y financiero del estado tuvo como objetivo mantener inalterable el control del estado por la oligarquía veracruzana, a pesar de la llegada de la globalización/neoliberalismo, entonces no que queda mas que aceptar que la continuidad será la esencia del gobierno panista. Porque ésa es la clave para comprender la dinámica por venir: cambiar (de colores cuando menos) para que todo permanezca igual: gatopardismo a la veracruzana.