En tiempos de pandemia, la educación es privada.

      Por: Héctor A. Hoz Morales

En el argot deportivo, cuando uno de los dos equipos que disputan un encuentro no se presenta al mismo, se dice que perdió por default. En un sentido distinto, pero con connotaciones similares, el término se emplea para referirse a aquél deudor que, por determinada razón, no puede ya hacerse cargo de sus responsabilidades frente a sus acreedores, trátese de personas, empresas o gobiernos.

Y es así que, ante la irrupción de la pandemia en la aparente normalidad en la que vivíamos, gran parte de los Estados en el mundo han dado pasos agigantados en la consecución de un proyecto cuyos orígenes se encuentran en el corazón mismo de lo que se ha venido a conocer como neoliberalismo: la privatización de la educación. El caso mexicano no es la excepción.

Para la consecución de este objetivo, diversas han sido las estrategias puestas en marcha desde hace cuatro décadas en la región. En algunos casos, se requirió de un golpe de Estado para dar inicio a la trayectoria que permitió la creación de uno de los sistemas de educación superior más excluyentes en América Latina. Es tal el caso de Chile, pionero mundial en la adopción del sistema de vouchers1. En Brasil y México, los grandes procesos de descentralización administrativa en los noventas indujeron en efecto el deslinde de las autoridades federales de buena parte de sus responsabilidades en la materia, incrementando como consecuencia la participación del sector privado, subsidiado en buena medida por autoridades subestatales. Amén de grandes reformas estructurales con un repudio casi universal que intentaron allanar el camino para una mayor intrusión del capital en el sector. Pienso, de nuevo, en México, a finales del 2013.

En esta ocasión, sin embargo, no hicieron falta grandes estrategias políticas, ni denostables intervenciones militares, ni fuertes presiones desde la academia u organismos internacionales, ni construir en el imaginario público la idea de docentes flojos, corruptos e incapaces. Todo ello quedó en el pasado. En el 2020, la privatización de la educación ocurrió por default. Y así como la pandemia, barrió con las fronteras nacionales.

Ante la nueva enfermedad, y en ausencia de vacunas o tratamientos, la poco sofisticada estrategia de aislamiento social implicó la salida de, al menos, 1.5 mil millones de estudiantes y 60 millones de docentes de las escuelas en 165 países del mundo (https://cutt.ly/0f3MOBg). Los juicios respecto a la necesidad y efectividad de tal medida me escapan. Pero el hecho es este: el repentino golpe a los a deteriorados sistemas de salud públicos absorbió las pocas energías restantes en Estados con capacidades ya disminuidas desde hace décadas. Disminución de capacidades técnicas, administrativas y financieras, que fue de todo menos casual.

Y ante una falta absoluta de estrategia, ocurrió la privatización de facto de los sistemas educativos. Y como en toda privatización, ante el mito de la eficiencia del capital privado se impone la realidad: estas no son sino la transferencia directa de riqueza pública a manos privadas. Y eso es lo que ocurre hoy. De la noche a la mañana, la quinta parte de la población mundial cambió el aula por la casa. Con ello, al centro del proceso educativo están ahora grandes corporaciones con millones de nuevos consumidores, forzados por el virus, cierto, pero más bien por el abandono de los Estados, a participar en el caos de la educación a distancia. El ejemplo perfecto de un mercado cautivo y de las condiciones monopólicas ideales para cualquier empresa.

En vez del aula: Google, Microsoft, Zoom. Lápiz y papel, fuera. Computadora, celular, o tablet, indispensables. De ser posible, con el logo de Apple. Acceso a Internet, forzoso. Fibra óptica, deseable. Si por alguna de esas casualidades de la vida el servicio lo provee alguna empresa que fue pública alguna vez y que hoy es de uno de los hombres más ricos del mundo, pues círculo cerrado.

Para todos términos prácticos, el día de hoy la educación es privada. Pensemos, por ejemplo, en el caso mexicano. Cierto, los salarios docentes los sigue pagando el Estado. Salarios de por suyo precarios que se transfieren, ahora en mayor medida y con mayor velocidad, al pago de aquellas herramientas digitales que supuestamente posibilitan la enseñanza. Que la educación, al menos en el sector básico, sigue siendo formalmente gratuita, también es cierto. Pero si en la realidad nunca lo ha sido completamente, ahora lo es menos. A los gastos en los que incurre toda familia en condiciones normales, agréguele ahora todos los que conlleva la educación en casa.

Y todo esto, evidentemente, aplica solo para aquellos en posibilidades materiales de cumplir con los nuevos requerimientos. Según la Secretaría de Educación Pública, organismo federal, más de 3 millones de estudiantes han desertado la educación básica (https://cutt.ly/Lf8egjJ). El lamentable uso del término oculta otra realidad: no se trata de deserción escolar, sino de simple y llana exclusión, como en cualquier otro proceso de privatización. Mas allá del delirante discurso tecnócrata economicista que presupone que esa entelequia llamada mercado es capaz de asignar los recursos de la mejor manera, lo cierto es que una vez que por la puerta de enfrente entra capital privado, por la ventana salen personas, y por los millones.

La ONU estima para el país la exclusión de 1.5 millones de estudiantes de nivel medio superior y otro tanto de sus estudios universitarios (https://cutt.ly/jf8wMIg). Si ya de por sí el sistema educativo mexicano era profundamente desigual, en particular en lo que toca a la educación superior, la situación se vuelve infinitamente más complicada.

Y ante todo lo anterior, la completa inacción del Estado. No hubo, ni hay, la capacidad institucional de formular una política coherente que no implique por un lado una mayor precarización del trabajo docente y por el otro la expulsión de los estudiantes que, nada paradójicamente, más necesitan de la educación pública. La educación en tiempos de pandemia, disfrazada de modernidad digital, no es sino la consecuencia ineludible de décadas de captura del aparato estatal por parte de las lógicas y motivaciones del capital privado. No extrañe entonces que la respuesta en México haya sido voltear hacia las televisoras de mayor difusión (privadas, para sorpresa de nadie) para que impartan contenidos educativos. Con 450 millones de pesos de por medio2. Y dándoles las gracias en cadena nacional y en horario estelar, cómo no.

Así, por default, de facto y sin necesidad de reforma alguna, el acceso a la educación depende hoy más que nunca del privilegio. Y no nos engañemos. A pesar de lo que dicta aquel lugar común, la educación no es ninguna inversión. No puede ni debe seguir una lógica mercantilista. La educación es, para empezar, derecho inalienable donde los haya. Alternativas al camino andado las hay, y seguramente están puestas en práctica ya mismo, si bien en escalas invisibles al gran capital. No se trata de satanizar la tecnología ni los medios digitales, sino la irrupción sin miramientos de estos en un proceso que implica mucho más que un equipo de cómputo y una conexión a internet medianamente decentes. Más bien, se trata de reflexionar acerca del carácter mismo del Estado, su instrumentalización actual como medio de acumulación privado, y las posibles alternativas a construir.

Crónica de una reelección anunciada en la UV

Con el proceso para elegir -privilegio de unos cuantos- al nuevo rector de la Universidad Veracruzana en su fase final, convendría recordar algunos acontecimientos que en la presente coyuntura podrían inclinar la balanza en favor de la reelección de Sara Ladrón de Guevara. Además de la tendencia a la reelección presente desde los años de Víctor Arredondo hay que considerar también la labor de la rectora para facilitar la llegada de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz quien, pesar de las promesas no cumplidas, parece seguir gozando del apoyo de la burocracia universitaria... a cambio de la reelección claro.

Porque lo que está en juego es el mantenimiento de la alta burocracia universitaria y no solamente de la rectora; la continuidad de un proyecto que sólo sirve a los mandarines y que se mantendrá para favorecer a unos cuantos en la dinámica de convertir lo que queda de la universidad de masas en universidad-empresa. Hay que recordar que dicho estamento universitario es producto de la corrupción y el sometimiento sin rubores al proyecto neoliberal y al gobierno estatal en turno para legalizar el despojo a través del manejo patrimonial del presupuesto, epicentro de los altos sueldos, privilegios de sátrapas pero sobre todo del control político de la comunidad universitaria para su beneficio. Sin éste último el despojo se vería comprometido.

Pero en realidad el capital político de la rectora es producto sobre todo de aquéllas manifestaciones convocadas primero por un grupo de universitarios y luego por la propia rectora, en pleno proceso electoral de 2016. En su momento se denunció en este espacio la manipulación descarada de la comunidad universitaria por parte de la rectora, en pleno proceso electoral y con un protagonismo rayano en el culto a la personalidad. Baste recordar sus amañados discursos en medio de las marchas, ocultando su verdadero objetivo: favorecer la campaña de Yunes Linares y su ataque al gobierno de Javier Duarte para fortalecer su capital político y eventualmente reelegirse, arropada en la supuesta defensa de la universidad. 

 

En primera instancia podría parecer lógico que frente al adeudo a la UV por parte del ejecutivo estatal, la rectora se distanciara de éste para apoyar a la oposición conservadora. El problema es que al hacerlo, su principal objetivo fue fortalecer su imagen política en detrimento de la autonomía universitaria y la defensa de la educación pública. Someter a la universidad a una alianza política bajo la mesa con la oposición de derecha sólo la favoreció a ella y su grupo; la promesa de pago del adeudo a la universidad se quedó en eso, en promesa hasta hoy. Era lógico suponer que ese dinero se había esfumado en los pasillos de la corrupción y el tráfico de influencias, aunque hoy las buenas conciencias se sorprendan; fue evidente que el quebranto financiero de la UV fue producto de una política de estado, desde los años de Alemán y Herrera para continuar con Duarte y Yunes Linares. La burocracia universitaria no fue víctima de semejante política sino cómplice, el saqueo de las finanzas universitarias fue la muestra clara del sometimiento de los mandarines al gobierno en turno. Luego, cuando las circunstancias cambiaron, decidieron dar el chaquetazo ante la eventual derrota del PRI en el estado.

Al ganar Yunes Linares la contienda por el gobierno del estado en 2016, empezaron a surgir otros hechos que fueron descubriendo el juego de la rectora y su grupo. Incluso antes de que terminara formalmente el sexenio duartista, Clementina Guerrero pasó, de dirigir las finanzas universitarias a las del estado de Veracruz. Días antes de la toma de posesión de Yunes, Clementina se convirtió en la mandona en la Secretaría de Finanzas. Asimismo, un grupo de mandarines encabezado por Francisco Monfort Guillén se encargaron de organizar foros para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y luego formar parte del gabinete yunista, como jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. No fue el único mandarín que se incorporó al gabinete; a Hilario Barcelata, integrante del grupo de académicos en Defensa de la Universidad, le concedieron la jefatura del Instituto de Pensiones, según algunos por ser un experto en dichos temas aunque más bien aparece como parte de los beneficios de la alianza entre la rectora y el candidato panista. Además, no podemos olvidar el escándalo por la expedición fast track del título universitario al secretario de gobierno, el perredista Rogelio Franco, para evitar la vergüenza de ser un alto funcionario estatal sin contar con un título profesional. En comparación con la llegada de Clementina Guerrero al gabinete yunista parece poca cosa pero sin duda refleja claramente la disposición de la rectoría para colaborar sin condiciones con el gobierno del estado, absorbiendo el costo político sin rubor alguno. 

 

Así las cosas, la rectora y sus sátrapas mantienen viva la farsa de que la alianza con el gobierno del estado será útil para la propia universidad, cuando los únicos beneficiados hasta ahora han sido ellos. La matrícula seguirá estancada, con o sin el pago del adeudo; el patrimonialismo de la academia hiper burocratizada seguirá controlando las facultades y escuelas de la UV para mantener sus privilegios y además el proyecto educativo neoliberal; el enorme gasto corriente seguirá creciendo en detrimento de las labores sustanciales de la universidad; la opacidad de facto y la corrupción seguirán siendo la marca de la casa. 

 

La mal llamada ‘autonomía financiera’ lograda en el congreso estatal sólo es una promesa más de un gobierno que no ha cumplido ni una sola de las que ofreció en la campaña: ni pago a proveedores, ni pago del adeudo a la UV, ni combate eficaz a la inseguridad que campea en el estado y un larguísimo etcétera que por cuestiones de espacio no podemos incluir aquí. El gobierno de Yunes Linares es la continuación de una política de estado que, entre otras cosas, seguirá promoviendo el fin de la universidad de masas para favorecer el proyecto de la universidad-empresa, siempre subordinada al cálculo político del ejecutivo estatal. Y para eso no cabe duda que cuenta con el apoyo incondicional de la rectora y su grupo, por lo que es bastante probable que la reelección se consume. Pero habrá que recordarle a Sarita que así como Yunes Linares no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña probablemente tampoco le cumpla a ella.

Las buenas intenciones del nuevo modelo educativo en México.

Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Baste recordar la militarización de las labores de seguridad pública ejecutada por Felipe Calderón en 2006 para tener una idea clara de lo anterior. Las buenas intenciones en la formulación y desempeño de las políticas públicas no son suficientes para resolver problemas complejos; es necesario tener una visión amplia, horizontal y sujeta a evaluaciones permanentes por parte de actores e instituciones independientes y autónomas del poder gubernamental, para evitar que sólo sirvan a los fines provados de sus impulsores. Es el caso del nuevo modelo educativo, lanzado con bombo y platillo la semana pasada por Aurelio Nuño, secretario de educación del gabinete de Enrique Peña.

Las buenas intenciones del modelo en cuestión se pueden resumir en los cinco ejes que pretenden reorganizar la educación básica en México. Es innegable que dichos ejes tienen sentido pero también lo que se oculta detrás de las buenas intenciones. La reforma educativa tuvo un fondo laboral y político, alimentado por la obsesión de los poderosos de eliminar a sus adversarios -particularmente a los maestros agrupados en la CNTE- y a los que desde el propio sindicato oficial han denunciado la verdad oculta bajo el velo de la reforma.

En este sentido, el primer eje del modelo, los cambios en la currícula, tiene lógica ya que se pretende dotar de mayor autonomía a las escuelas para adaptar los contenidos educativos a las problemáticas del contexto que las rodean. Empero, el 80% de los contenidos seguirán siendo dictados por la alta burocracia educativa y los grupos de presión como Mexicanos Primero u organismos internacionales como la OCDE. El 20% restante se deja, en teoría, a los docentes y autoridades del plantel. El problema aquí es que el nuevo modelo asume una autonomía inexistente en los hechos por parte de los maestros; y no solo de las autoridades de la SEP sino del entorno social y las presiones de dirigentes sindicales o de padres de familia con poder. Asimismo, las materias propuestas se verán limitadas por la ausencia de recursos materiales e infraestructura adecuada para impartirlas. 

En el mismo tenor, el segundo eje no tiene desperdicio por la dinámica simuladora de la burocracia educativa: resulta que ahora la escuela será el centro del Sistema Educativo, con una dinámica horizontal que acabe con el verticalismo tradicional. Quien puede creer semejante afirmación cuando la propia reforma que ampara al nuevo modelo fue un ejemplo del autoritarismo ejercido desde las altas esferas del poder, amenazando, encarcelando e incluso asesinando a todo aquel que osara oponerse sus designios. Para colmo se promoverá una mayor participación de padres de familia, que bien puede interpretarse como un mayor control educativo por parte de la infame Unión Nacional de Padres de Familia, opaca y corrupta, que ocupa posiciones clave en buna parte de los planteles, cobrando cuotas contrarias a la gratuidad de la educación consagrada en el texto constitucional y promoviendo su propia agenda, que reconoce que está al servicio de la educación pública sino de la familia, concebida ésta de acuerdo a las ideas de grupos reaccionarios y fanáticos.

En el tercer eje, dedicado a la formación y desarrollo docente, no queda más que recordar los procesos de profesionalización llevados a cabo por la SEP desde el año pasado, los cuales han demostrado su ineficiencia y violación flagrante de los derechos básicos de los profesores. Pero además, la evidente intención de acabar con las normales al abrir la puerta a cualquier persona que ostente un título profesional para incorporarse a  las labores educativas, siempre y cuando apruebe las capacitaciones y evaluaciones sistemáticas diseñadas por la alta burocracia con fines de control y amedrentamiento de los maestros. El Servicio Profesional Docente es la punta de lanza parta reconfigurar el sistema educativo en aras de un mayor control político y laboral que no necesariamente redundaría en mayor calidad.

La inclusión y la equidad representan el cuarto eje  del modelo educativ y, como los anteriores, resulta imposible negar la necesidad de una escuela que abra sus puertas a todos independientemente de su nivel económico o capacidades. Pero en un país en donde la discriminación y el racismo son la clave de la dominación, difícilmente un oasis de tolerancia y diversidad como lo sería la escuela pública podría tener impacto real en medio de la desigualdad y la violencia que priva en el contexto que la rodea. De hecho, lo que los acontecimientos recientes confirman, en términos de violencia al interior de las escuelas, apuntan a confirmar que están condicionadas por la tragedia humanitaria que caracteriza al país. Mientras la violencia social no disminuya serán vanos los esfuerzos por educar para la paz y la cooperación. Bastará salir de la escuela para integrarse a una dinámica opuesta a lo que se pretende lograr en ella. Pero además cabe la pregunta con respecto a la equidad ¿Le darán más recursos a las escuelas de zonas más pobres y marginadas para compensar su marginación? La tendencia parece ser lo opuesto: más recursos para lo que más tienen,

Por último, el quinto eje denominado la gobernanza del sistema educativo, insiste en la buena intención de incorporar a todos los sectores involucrados en la educación a su regulación y administración. Si, a esos a los que no se les consultó para discutir el sentido y objetivos de la reforma educativa. En medio de un autoritarismo rampante montado en un congreso y un poder judicial complaciente con los dueños del dinero ¿Quién puede creer que ahora si se va a tomar en cuenta a la sociedad en su conjunto? 

No cabe duda de que las buenas intenciones de la reforma educativa no son más que simple propaganda para imponer una visión restringida y autoritaria de la educación pública por parte de un gobierno debilitado y corrupto. Porque claro, para colmo, los resultados se verán en una década, o dos o tres… como los de la reforma energética. Y mientras tanto el infierno prevalece y las buenas intenciones también.

Narcoestado y movilización magisterial en México

Por convención, un narcoestado es definido como una territorialidad política donde el narcotráfico es un agente que disputa al Estado el control de las instituciones con cierto éxito. Pero esa es una definición estéril, a todas luces tributaria de ciertas prenociones funcionalistas que ignoran o desnaturalizan el curso de los hechos. Un narcoestado es una construcción histórica, que en algunos países como México, Colombia o Italia llegó a alcanzar un estadio acabado. Su presencia en la historia es transitoria. Es básicamente una forma de Estado cuya característica fundamental es la de habilitar escenarios de excepcionalidad con altos volúmenes de represión, con el propósito de anular procesos de resistencia organizada en beneficio de negocios que por definición concurren fuera de la ley, señaladamente el narcotráfico e industrias criminales adyacentes. En este sentido, el narcoestado está cruzado por dos procesos torales: uno, la configuración de un orden de contrainsurgencia total; y dos, la organización delincuencial de la política y la economía. La reforma educacional está marcada por este par de procesos: represión a gran escala y despojo criminal de derechos laborales y sociales. 

Rafael de la Garza acierta cuando observa que la acción represiva del Estado mexicano contra la protesta magisterial no responde solamente a la premura de impulsar la reforma educativa, que como bien se ha señalado tiene escasos o nulos contenidos pedagógicos. El propósito es acabar con un actor político –la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– que resiste organizadamente a las reformas estructurales. Por eso el Estado mexicano acude a la violencia y represión como un primer recurso para “dirimir” el conflicto sin agotar otras instancias institucionales. El narcoestado facilita la neutralización de la sociedad organizada, criminalizando a la totalidad de la población (el magisterio, para el caso que nos ocupa) con base en ciertas políticas recogidas de la noción de “seguridad nacional”, señaladamente la trillada guerra contra un enemigo que no es enemigo sino un actor neurálgico en las estructuras económico-políticas del país: el narco. 

En México, un capo de la droga tiene fuero para delinquir, y cuando llega a ir preso recibe trato preferencial en la cárcel. En cambio, un opositor político es perseguido a sangre y fuego, y cuando es aprehendido recibe un trato barbárico, desde una desaparición forzada hasta una tortura humanamente inenarrable. Ya hubiera querido Julio Cesar Mondragón, uno de los chicos asesinados en la trágica noche de Iguala cuyo rostro fue desollado, gozar de esas “garantías individuales que establece la ley” que tanto preocupa al gobierno en relación con ciertas figuras como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Y mientras, por un lado, la “justicia” nacional concede el beneficio de “cárcel domiciliaria” a Ernesto Carrillo Fonseca, Don Neto, o a Rafael Caro Quintero, antiguos líderes del cártel de Guadalajara, alegando falta de pruebas o irregularidades administrativas en el proceso de enjuiciamiento, por el otro, persigue a dirigentes estudiantiles como Omar García, ex vocero de los normalistas de Ayotzinapa, fabricando delitos que no tienen ningún asidero probatorio. El narcoestado exonera los delitos de narcotraficantes y fabrica delitos a opositores políticos. 

El narcoestado es un modo específico de organización de la violencia en provecho de los intereses dominantes. Estos intereses están estructuralmente acoplados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado. En el narcoestado las bandas criminales son actores de reparto. La delincuencia organizada, lo que se dice “organizada”, está en la política y la economía. La contrainsurgencia no sigue un tenor selectivo, como en la época de la guerra sucia, sino que alcanza un estadio omnicomprensivo. La criminalización se traduce en exterminio. Los crímenes de lesa humanidad tienen rango de normalidad. Y la gestión de la población se basa en el terror. En 2014, la organización civil italiana Libera y el semanario Zeta divulgaron un reporte cuyas cifras dan cuenta de ese terror cotidiano: “La guerra iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado el 8 de diciembre de 2006 provocó, desde esa fecha hasta el último día de su gobierno… ‘la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra contra el narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común’… Por lo menos desde diciembre de 2006, un millón 600 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus estados de origen… Durante los primeros catorce meses del sexenio de Peña Nieto… se registraron alrededor de 23 mil 640 muertes relacionadas con la violencia en México. Mil 700 ejecutados cada mes. Guerrero ocupó el primer lugar con 2 mil 457; el segundo sitio fue para el Estado de México (lugar de nacimiento del actual presidente), con 2 mil 367 muertes violentas” (La Jornada Semanal 5-X-2014). 

Cabe hacer notar que, en este contexto de terror rampante, la movilización magisterial es uno de esos escasos actores políticos, acaso junto con los zapatistas, que el gobierno no puede reducir a añicos con base en la fórmula rutinaria del narcoestado: la represión y el exterminio. Pero la evidencia sugiere que sí lo intentó. En Iguala, desapareció estudiantes (que se oponían a la reforma educacional) para proteger el negocio criminal de las drogas. En Nochixtlán asesinó a maestros y civiles, también opositores a la reforma, para proteger el negocio criminal de los empresarios de la educación. 

Que el narcoestado no pueda sofocar con represión a la movilización magisterial es un indicador de la relevancia de esa lucha. En esa protesta radica la posibilidad de frenar parcialmente el avance del narcoestado. Tienen razón los zapatistas cuando previenen que en el México actual “el capital manda, el gobierno obedece y el pueblo se rebela”. Y más razón tiene esos que señalan que “este movimiento ya no es magisterial, es popular”.

De Atenco a Nochixtlán: la represión es el camino.

En la histérica carrera por desaparecer a un actor político incómodo, el gobierno federal demostró una vez mas que no se detendrá para imponer a sangre y fuego los mandatos de la burguesía internacional (FMI, Banco Mundial y OCDE) y nacional (Mexicanos Primero, ITAM y un largo etcétera). Una vez concluido el ritual electoral, Peña, Osorio y Nuño atizaron la confrontación escalando el conflicto con los maestros opuestos a la reforma laboral de la educación. Y para ello contaron con la ayuda de Gabino Cué, quien hizo el llamado indispensable para que las fuerzas federales invadieran el estado para lidiar con las consecuencias de su pésima actuación al frente del gobierno de Oaxaca.

Al observar los videos de la batalla de Nochixtlán se vienen a la mente las imágenes de la represión en Atenco: enfrentamientos, disparos, invasión de hogares, detenciones y golpizas , todo ello cobijado con la infame campaña mediática que desde hace ya varios meses se ha desatado en contra de la CNTE y todo aquél que se atreva a apoyarlos públicamente. Empero, la campaña mediática no ha logrado convencer a los miles de padres de familia y a la mayoría de la población de la ilegitimidad de la reforma laboral de la educación. Una vez más el desprecio por el diálogo, el racismo y la discriminación, la descalificación sarcástica, el ninguneo... en horario estelar.

 

El fondo del problema no radica -como insisten los pregoneros del gobierno y de los medios- en impulsar la calidad de la educación pública sino acabar con un actor político que junto con los zapatistas en Chiapas, son los únicos que se oponen de manera organizada a las reformas estructurales. Ya en el sexenio de Calderón se desmanteló la compañía de Luz y Fuerza del Centro para desaparecer de la escena política a su sindicato, que también se distinguió por oponerse a las políticas de despojo del gobierno federal. La operación de limpieza fue continuada por Peña y los partidos políticos que, al firmar el Pacto por México, se unieron para desaparecer cualquier oposición política que pusiera en duda los designios de los poderosos.

Las recientes elecciones en Oaxaca fueron ganadas por el PRI y los Murat que regresaron al poder de la mano de Gabino Cué -otro simpatizante del pacto infame- a pesar de que arribó a la gubernatura gracias a la resistencia de la APPO, surgida a partir del conflicto magisterial y la brutal represión de Ulises Ruiz. Ahora es su turno y se ha comportado acorde con los intereses de la clase a la que pertenece, demostrando que las alternancias no van más allá de las buenas intenciones o el cambio de colores y que el voto de castigo tiene sus limitaciones. Al final lo que está en juego es la dominación y la continuación del despojo para obtener buenas calificaciones y jugosas comisiones por parte de los dueños del dinero y no la pregonada calidad de la educación.

Sin embargo, y a pesar de que las elecciones cumplieron su papel manteniendo a la misma clase política en el poder, los maestros y habitantes de Oaxaca siguieron luchando a sabiendas de que la represión aumentaría una vez consumado el sainete electoral. Los maestros disidentes cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, lo que demuestra su alto grado de solidaridad pero sobre todo su hartazgo por pésimos gobiernos, impunidad y corrupción generalizadas y violencia rampante. Y este hecho no es privativo de la tierra de Juárez; los maestros en Chiapas, Guerrero y Michoacán también han logrado sumar simpatías entre la población, al grado de que incluso autoridades municipales y las parroquias locales han apoyado y realizado llamados a la negociación y el diálogo.

En este sentido, lo que está en juego en esta coyuntura no es simplemente la continuidad de las reformas. El nivel de respuesta del gobierno federal al desafío de los pobladores de Nochixtlán, como en su momento de los de Atenco, evidencia que lo que está en juego es la viabilidad misma del régimen -la continuación del Pacto por México por otros medios- para mantener la política de alineamiento a los intereses de las corporaciones internacionales. La resistencia magisterial así como la zapatista ponen en duda la capacidad de la clase política para imponer sus objetivos, desnudando así su debilidad y su incapacidad para administrar el conflicto social.

Esta debilidad e incapacidad se traducen entonces en la represión como único camino para que la clase política cumpla con su misión. Conforme el régimen pierde capacidad para legitimarse y gobernar no tiene más remedio que acudir al garrote, fortaleciendo a las fuerzas armadas y a las policías militarizadas que cada vez más apuntan a configurarse como el actor central en el mantenimiento del régimen. Es aquí en donde la simulación de la guerra contra el narcotŕafico -pretexto base para aumentar el gasto militar- queda al descubierto porque la guerra es contra actores políticos disidentes y a la población que los apoye o simplemente no comulgue con los designios del régimen. Desde Atenco hasta Nochixtlán la estrategia es evidente y el camino está trazado: la represión simple y llana. Lo demás es propaganda.

El magisterio: intereses especiales; la delincuencia: el interés nacional

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), algunos analistas arguyeron, no sin bases empíricas y documentales, que convenía rebautizar el acuerdo comercial con base en los resultados previsibles, e informalmente denominarlo “Tratado de Libre Cocaína”, presagiando que solamente la droga conseguiría la trillada “libertad” de “laissez faire, laissez passer”, que significa “dejar hacer, dejar pasar”. Todos los demás renglones de la economía regional quedarían fuertemente subordinados a un comando centralizado con sede en Estados Unidos. Y claro, con el resultado obligado: ganancias abundantes para la matriz en Estados Unidos, y puras pérdidas para México, entre las que destaca la quiebra industrial, la ruina del campo, la agudización de la desigualdad, la persecución de los trabajadores, y la violencia e inseguridad en volúmenes extraordinarios. 

La estimación resultó parcialmente cierta. Y digo “parcialmente” porque hasta la droga es un asunto que controlan a su antojo y capricho los estadunidenses. De hecho, los narcos mexicanos tienen un adagio que no concede margen para la especulación: a saber, “Estados Unidos te hace; Estados Unidos te deshace”. La conversión de México en un narcoestado estaba prevista en las estimaciones “librecambistas” (nótese el entrecomillado): de México a Estados Unidos ingresarían manufacturas estadunidenses producidas con trabajo humano mexicano, en unidades de transporte preñadas de mucha droga. Porosidad no es libre comercio. Al mismo tiempo, el estribillo del “combate al narcotráfico” proveyó un andamiaje de discursos catastrofistas para facilitar la intervención de Estados Unidos con la excusa de la seguridad regional. El recorrido del TLCAN al ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) es una trayectoria natural en ese orden de cosas, que por cierto es un orden anti-constitucional porque ese intervencionismo lesiona gravemente el principio de la soberanía. La destrucción de la industria energética y aeronáutica, la bancarrota del campo (en los primeros diez años del tratado, cerca de 2 millones 300 mil trabajadores rurales emigraron a las principales ciudades del país o a Estados Unidos), y la apropiación de casi la totalidad de la banca nacional (92% de las instituciones bancarias en México están en manos foráneas), es sintomática de esa injerencia monopolista revestida de librecambismo e “interés nacional” 

Cabe hacer notar que el TLCAN es cualquier cosa menos un tratado de libre comercio. Hasta el propio Adama Smith, que es el padre de la economía liberal, advertía que una auténtica libertad comercial es aquella donde el trabajo tiene libre movilidad. Y acá no sólo se desatiende ese precepto: se atropella violentamente. Inmediatamente después de la firma del tratado, Estados Unidos puso en marcha el programa “Gatekeeper” (operación “portero”) con el propósito de extender el cerco del muro fronterizo, militarizar la frontera y perseguir migrantes mexicanos a sangre y fuego. (Por cierto que a nadie debe escandalizar que un candidato aduzca la urgencia de profundizar esa política; todas las administraciones en Estados Unidos siguen fielmente esa agenda, sólo que no lo dicen). Y mientras los norteamericanos blindaron su país de los “unwanted aliens”, en México los gobiernos protegían los recursos que Estados Unidos aspiraba a confiscar, señaladamente el petróleo. Después de los atentados terroristas del 9-11 del 2001, las fuerzas armadas mexicanas pusieron en marcha la Operación Centinela, con el objeto de proteger las instalaciones petroleras en el Golfo de México, que ya entonces ocupaban parcialmente empresas oriundas de Estados Unidos, y que 15 años más tarde confiscarían irrestrictamente con la venia reformistas del gobierno mexicano. 

La coyuntura actual pone de manifiesto nítidamente estas distorsiones. El liberalismo político urde su discurso alrededor de una antinomia, que si se observa detenidamente no tiene ninguna base empírica, pero que por lo menos contribuye a revelar la deslealtad de los discursos y la realidad. El ideario liberal establece la distinción entre intereses especiales e intereses nacionales (o generales). Los intereses especiales son esos que persiguen ciertos grupos o facciones en detrimento de un interés presuntamente público. Y los intereses nacionales son aquellos que condensan eso que la teoría llama la “voluntad general”. En realidad, se trata de otra de esas falsas antinomias de la modernidad, que por cierto es visiblemente favorable para producir discursos de odio e intolerancia susceptibles de lucro político. Por ejemplo, el relato de desprestigio mediático que desde el gobierno federal se impulsa contra la educación pública, en general, y los maestros, en particular. 

Sólo es cuestión de atender las noticias y la evidencia empírica para descubrir qué es eso que el gobierno entiende por interés especial e interés nacional. 

Cuando los padres de los 43 demandaron al gobierno que abriera la puerta de los cuarteles militares para buscar allí a sus hijos desaparecidos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, adujo que no podía permitir que unos padres de familia (interés especial) decidieran sobre un asunto que sólo les corresponde a las autoridades ministeriales de la nación (interés nacional). Dijo: “Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?”. Así, con esa clarividencia y profundidad que distingue a nuestras autoridades. Y mientras los padres de los 43 siguen buscando a sus hijos, en Iguala, Guerrero, el tráfico de heroína sigue boyante. 

Tan sólo el fin de semana pasado, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, capital de la droga y sede residencial-operativa de connotados capos del narcotráfico, tuvieron lugar múltiples episodios de violencia, que dejaron un saldo de tres muertos y alrededor de 250 familias desplazadas. Nunca aparecieron los elementos de las fuerzas armadas o la policía. Naturalmente que no hubo ningún detenido. Pero sí, en cambio, cientos de efectivos policiales “escoltaban”, en esos mismos momentos, la caravana de autobuses de maestros que se trasladaban desde diversos estados con dirección a la capital del país, para sumarse a la manifestación programada el viernes 17 de junio. Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño –el sicario en turno de los empresarios– condenaron unánimemente al magisterio, con el eco unívoco de los partidos políticos, y adujeron que la reforma (el interés nacional) no cedería ante los “chantajes intimidatorios” de “intereses particulares o gremiales” (léase intereses especiales). 

El viernes 17 por la mañana, comandos armados tomaron por asalto la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y cerraron por lo menos cinco cruces vehiculares de la zona conurbada, presuntamente con el propósito de evitar la incursión de las fuerzas estatales. No hubo ningún enfrentamiento. Pero porque por allí no se apareció ningún policía o agente del estado. El alcalde priísta de Reynosa (otro representante del interés nacional), José Elías Leal, que sólo movió un dedo para publicar un Twitter, dirimió el problema con una cibernética recomendación a la población: “hay una contingencia (sic) con situaciones de riesgo en diversos puntos… Recomiendo a los conductores no circular en automóvil por la ciudad”. Acerca de los delincuentes enseñoreados no emitió ninguna opinión. 

En contraste, ese mismo día por la tarde, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, más de 4 mil 500 policías (¡!) de distintas corporaciones fueron dispuestos para custodiar e impedir el paso del contingente de maestros que marchaban hacia el Zócalo de la ciudad, que ya desde hace algún tiempo se convirtió en un espacio privado. 

Y mientras los criminales siguen operando a sus anchas en toda la geografía nacional (como estaba previsto que ocurriera con la firma del TLCAN), el secretario de Educación Nuño Mayer, representante de ese “interés nacional” alojado en los acuerdos comerciales internacionales, anunció que se auditarían las escuelas del país para proceder con el despido de los maestros que se ausentaron por más de tres días durante las protestas contra la reforma educacional. A los dos líderes magisteriales hasta ahora detenidos, se suma una lista de 24 dirigentes sobre cuya cabeza recaen órdenes de aprehensión. 

El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibe el gobierno federal contra la movilización magisterial; y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, muestra en relación con la delincuencia organizada, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones del poder constituido se entiende por “interés nacional” e “interés especial”. Para Estados Unidos y el crimen, todo. Para México nada, salvo plomo y represión. 

Al momento de escribir este artículo, fuentes oficiales confirman la muerte de seis personas y 51 heridos en Oaxaca, en los enfrentamientos ocurridos el domingo por la tarde entre la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La UV y la autonomía sin adjetivos

El conflicto entre la UV y el gobierno del estado por el secuestro de recursos financieros no se reduce a un problema de autonomía financiera. El problema es complejo y por lo tanto se impone la necesidad de señalar la variedad de factores que intervienen, tanto históricos como coyunturales para acercarnos a la comprensión de la situación en la que se encuentra el sistema de educación superior en Veracruz y sus posibles soluciones. Lo que está en riesgo en la coyuntura actual no es sólo la viabilidad de la UV sino de todo el sistema de universidades públicas en el país.

El contexto internacional resulta bastante desfavorable para el futuro de la educación pública. Baste señalar que actualmente existen conflictos alrededor del mundo que enfrentan los embates de las recetas neoliberales relativas a la educación superior. En Europa el Plan Bolonia sigue su marcha con la finalidad de acabar con el modelo de universidad pública surgida en el seno del estado benefactor y transformar la educación en simple mercancía. En el plano nacional las cosas no están mejor pues a la dinámica anterior habría que agregar las consecuencias de la venta de los principales activos del país, como PEMEX, lo que ya está provocando recortes al presupuesto nacional. Varias universidades públicas están enfrentando una situación similar a la de la UV por la falta de recursos, manipulados por los gobiernos estatales para cubrir las abultadas deudas contraídas para financiar campañas electorales y enriquecer al grupo gobernante. Tanto el contexto internacional como el nacional operan en contra de la viabilidad de las universidades públicas, las cuales han venido enfrentando desde los años ochenta reformas encaminadas a reconfigurarlas de acuerdo al modelo neoliberal. La disminución del presupuesto y de la matrícula de las universidades públicas ha pavimentado el camino para el surgimiento de universidades privadas, las cuales se han visto favorecidas por la política educativa del gobierno federal, convirtiéndolas en actores privilegiados en el campo educativo nacional.

El contexto veracruzano, por su parte, está enmarcado por el debilitamiento del gobernador del estado, el proceso electoral para gubernatura y congreso local, la sucesión de la rectora en turno en 2017 y por supuesto, la crisis humanitaria en el estado, lo que ha provocado que los actores sociales reduzcan al mínimo sus protestas y movilizaciones. En el caso del movimiento estudiantil, después del ataque del cinco de junio del año pasado y los asesinatos de Nadia y Rubén, ha tomado una postura defensiva y de franco reflujo lo que ha facilitado que las autoridades administren el conflicto para inhibir manifestaciones masivas que podrían complicar el momento electoral, a menos que estén convenientemente controladas y coordinadas desde arriba.

Los actores involucrados en la crisis universitaria pueden clasificarse en externos e internos. Entre los primeros destacan el gobierno del estado, los partidos políticos y las organizaciones que agrupan a las universidades públicas del país, como la ANUIES. Ésta última ha respaldado a la rectora de la UV en su exigencia de que el gobierno del estado cumpla sus obligaciones constitucionales pero la respuesta del Javier Duarte se ha movido entre la negación y la promesa de negociación, entre la burla y la mentira. Los candidatos para sucederlo han coincidido en defender a la universidad pero sin precisar de qué manera lo harían una vez que llegaran a gobernar; más bien procuran sacar algún beneficio defendiendo una causa justa. En todo caso, el gobierno del estado ha mantenido por décadas una actitud distante de la UV y no se ve que eso vaya a cambiar en el futuro cercano. Fieles a las posturas neoliberales y ahora con la disminución de recursos federales, los políticos locales mantendrán su distancia de la UV, profundizando así la crisis por la que atraviesa, y fortaleciendo el modelo privatizador.

Al interior de la UV la diversidad de intereses no es menor. Pensar en la unidad como punto de partida para defenderla pasa por alto la enorme brecha que existe entre la alta burocracia, encabezada por la rectora, y el resto de la comunidad. Al grupo en el poder habría que agregar a los académicos de tiempo completo y a los contratados por horas, a los investigadores, a los estudiantes y al FESAPAUV. Éste último se ha mantenido al margen del conflicto, en medio de la negociación para el aumento salarial, dividido entre su lealtad al gobierno y sus obligaciones con los profesores. No parece que su postura vaya a cambiar, a pesar de que la incertidumbre con respecto al pago de los maestros es pan de cada quincena. Por su parte, el sector académico será el más afectado en el corto plazo y es probable que ante la falta de pagos salga a las calles pero en cuanto reciba su cheque no dará un paso más. Ésa es tal vez la razón por la cual el sector más dinámico de la universidad, el estudiantado, no ha tomado acciones: percibe el conflicto como gremial y por tanto no ve con claridad cómo les afectaría. Sin embargo, propia rectora ha deslizado la posibilidad -ante la falta del pago del adeudo- de cobrar a los estudiantes una cuota para cubrir los huecos financieros y mantener en funciones la universidad.

De lo anterior se desprende que el problema sobre el que se desarrolla la crisis actual es un problema complejo y que resolver una parte, la financiera, no resolvería la crisis en su totalidad. Aún en el caso, poco probable, de que el gobierno del estado cubra el adeudo con la UV la crisis prevalecerá. La situación en la que se encuentra la UV en nuestros días viene de lejos y está estrechamente relacionada con su dependencia histórica del gobierno del estado. A pesar de ser autónoma por ley, la UV ha marchado casi siempre detrás de los gobiernos, ha sido la caja de resonancia de la línea oficial. Gracias a ésta dependencia, la universidad pública ha sido devaluada, saqueada y privatizada sin que se haya conformado una resistencia eficaz para evitarlo. Sus autoridades han convenido con los gobiernos las transformaciones privatizadoras y sólo en raras ocasiones han aparecido públicamente las protestas. Estamos ahora frente a las consecuencias del sometimiento. En esta coyuntura sería necesario preguntarse si es viable una universidad con una autonomía sin adjetivos, una autonomía real del gobierno del estado. Porque si no es posible entonces la UV está condenada a existir en el papel, enroscada sobre sí misma, destinada a vivir en coma permanente, gracias a los oficios de la receta neoliberal y del sometimiento de sus autoridades.