martes, 15 de septiembre de 2020

La corrupción en México: el caso Lozoya y el juicio a los expresidentes.


Mesa de análisis con integrantes del colectivo La digna voz.

En la última entrega de La Náusea TV, se lleva a cabo una reflexión sobre el sentido y las implicaciones del problema de la corrupción, partiendo de la problemática conceptual hacia dos casos concretos: el de Emilio Lozoya y la prouesta de juicio a los expresidentes. 

martes, 8 de septiembre de 2020

MORENA y el bonapartismo en México


Por: Rafael de la Garza Talavera

Los conflictos políticos  derivados del proceso para la elección de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) son una muestra clara de una organización que padece de un defecto estructural: la dependencia ideológica y política de su líder carismático y, para colmo, presidente de la república. Intervenga o no en la vida interna del partido, la sombra que proyecta su poder eclipsa cualquier posibilidad de que se convierta en el espacio de discusión y definición del rumbo del país que desean buena parte de sus integrantes.

Este hecho no es nuevo en la historia política nacional; más bien se podría decir que es la constante, derivada de la construcción  de un sistema político que desde su nacimiento estuvo definido por el poder de los caudillos. Así fue en 1929, cuando el general Plutarco Elías Calles convocó a las fuerzas políticas afines a los ideales de la revolución mexicana. Sólo el poder y prestigio del caudillo hicieron posible que innumerables grupos, sin una estructura nacional y mucho menos una ideología compartida, se sometieran a su liderazgo. Fue más que un  partido, un frente político nacional que incluyó a todo el que quisiera participar, siempre y cuando aceptara el poder del jefe máximo de la revolución. Fue así como nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR) origen del sistema político que colocó al presidente-caudillo por encima de todos.

Poco  después, el general Lázaro Cárdenas reforzó al partido y al sistema político integrando a los trabajadores y campesinos organizados del país gracias, otra vez, a su liderazgo carismático, derivado de su política de masas y una acto nacionalista como el que más: la expropiación  petrolera en 1938. Una vez más la organización política dependerá completamente del poder del caudillo, de su capacidad para colocarse por encima del conflicto de clases y darle vida al bonapartismo mexicano.  De acuerdo con Trotski,

 

“En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y las compañías petroleras[i]

    La debilidad de la burguesía nacional es un hecho estructural en la formación social mexicana y sigue tan vigente, o tal vez más, que en los años treinta. Tal vez la diferencia es que hoy no existe un proletariado organizado como el de aquellos años, aunque sí una mayoría de trabajadores pauperizados –sea en el sector formal o informal- por la dinámica del modelo neoliberal a lo largo de las últimas cuatro décadas. Son entonces las condiciones políticas y la correlación de fuerzas de las clases sociales las que determinan el carácter, que no la naturaleza, del bonapartismo. Esta se establece como una necesidad del régimen para mantener el dominio de la burguesía, aunque el estilo o el discurso político y ciertas políticas públicas puedan enfrentarse en apariencia a dicho dominio.

     A partir de los años del cardenismo y hasta el agotamiento del modelo económico en los años setenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -nieto del PNR e hijo desobediente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), creado por el cardenismo para reconfigurar el naciente presidencialismo mexicano- el sistema político mantuvo su estabilidad gracias a una relativa bonanza económica y una represión sistemática a todo aquel que se opusiera al caudillo en turno. Pero nada es para siempre y la adaptación a las nuevas recetas económicas impuestas por el imperio y las transnacionales acabaron con el viejo sistema para, poco a poco, imponer otro más acorde con los nuevos-viejos tiempos.

    Es entonces cuando el PRI se resquebrajó dando lugar al nacimiento de una  nueva fuerza política que, coincidentemente, adoptó la forma de un frente político, esta vez llamado Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), fundado en 1987 y que allanó el camino para la aparición de un nuevo partido en el espectro político mexicano: El Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, su fuerza política estaba localizada en el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas. Una vez más el poder del caudillo fue la clave para la construcción de un partido político que agrupó a expriístas, excomunistas y buena parte de las fuerzas políticas insatisfechas con el viejo partido de la revolución y con el viraje económico e ideológico del sistema. La apertura del modelo electoral y la transformación del sistema de partidos fue sin duda, en buena parte, obra del PRD y sus militantes. Empero, su vida interna estuvo siempre regulada por su fundador y luego por el caudillo emergente: Andrés  Manuel López Obrador. Una vez que ambos abandonaron al PRD, éste cayó en una grotesca decadencia, convirtiéndose en un minipartido que no tiene poder alguno o peor, en una rémora de sus antiguos adversarios políticos.

    La figura del líder carismático vuelve por sus fueros en el ámbito de los partidos políticos. El fraude electoral de 2006 dio lugar al surgimiento un nuevo frente político, concebido en el histórico plantón de miles de personas en el Paseo de la Reforma: El Movimiento de Regeneración Nacional. Y, si bien esta vez el liderazgo no estaba localizado en Palacio Nacional, la convergencia de diferentes sectores y grupos políticos está amparada en la figura del caudillo. La marca de nacimiento de MORENA es así la presencia de un liderazgo carismático que se colocó por encima de tirios y troyanos para darle un nuevo impulso al bonapartismo en México.

    Las consecuencias de lo anterior están a la vista: imposibilidad de generar un liderazgo al interior de la organización partidista; de contar con  un  programa construido desde el partido; de no tener el control de la selección de candidatos para las elecciones; y sobre todo, de no poder intervenir, aunque sea de manera simbólica, en la elección de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal. Desde su fundación, MORENA sólo contó con la presidencia fugaz del caudillo para no poder, hasta hoy, volver a tener una presidencia que no fuera provisional. Y el conflicto se mantiene y si bien no amenaza su existencia,      demuestra sin ambages su contradicción fundamental: aspirar a modificar de manera democrática el sistema político dependiendo de un caudillo que revitaliza la dinámica bonapartista en México.

    Resulta trágico que los millones de personas que impulsaron el surgimiento y desarrollo de MORENA se vean hoy en una situación en la que, a pesar de sus enormes esfuerzos y vitalidad, no puedan ni siquiera intervenir significativamente en el proceso de selección de su dirigencia, ya  no se diga aspirar a transformar este país. Gane quien gane el poder real vendrá de afuera del partido y quien se enfrente a él no tendrá ninguna futuro en la organización. El bonapartismo de hoy, al igual que el de ayer, no tiene otra misión que mantener el poder del capital y proporcionarle al estado mexicano la legitimidad perdida. Tal vez sería un  buen inicio, para lograr dicha aspiración, empezar por reconocer la esencia del liderazgo impuesto a todos, no sólo a los morenistas.



[i] Trotsky, León, “La industria nacionalizada y la administración obrera”, publicado sin firma en Fourth International, agosto 1946. Tomado de Trotsky León, Escritos Latinoamericanos, Buenos Aires-México, CEIP, 2013, p. 154 (https://www.laizquierdadiario.mx/El-marxismo-de-Trotsky-ante-Mexico-y-America-Latina#nb3) El subrayado es mío.


sábado, 5 de septiembre de 2020

El problema no es Lozoya.


Por: Héctor A. Hoz Morales


El problema no es Lozoya. Y mucho menos lo es la corrupción. Así hay que decirlo, con todas sus letras, o se corre el riesgo de pasar por alto el trasfondo estructural de la situación que ha cimbrado la política nacional en las últimas semanas. Los esquemas descritos en la denuncia interpuesta por el ahora flamante testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, así como en denuncias previas de casos similares a los que ahora se discuten, involucran a no pocos personajes: desde una periodista hasta tres expresidentes, pasando por legisladores y administradores de Pemex. De ahí que especialistas han insistido en que al caído Lozoya se le debe imputar por delincuencia organizada, y que el caso penal en su contra tendría que derivar en la instalación de un maxiproceso en el que todos los involucrados en los desfalcos señalados enfrenten a la justicia.

Existen distintos hechos que son inobjetables. En primer lugar, individuos en posiciones de poder hicieron uso de las mismas para obtener jugosos rendimientos en negocios turbios. Segundo, todos y cada uno de aquellos que violaron leyes deben ser sometidos a proceso y recibir las sanciones penales correspondientes. Tercero, menos obvio, y por tanto bastante más problemático: aun si hacemos un ejercicio imaginario de magnitudes formidables y suponemos a todos los involucrados tras las rejas (lo cual, convengamos, requiere altas dosis de optimismo -o alucinógenos, en su caso-), existe una realidad también incuestionable: el daño hecho está, es irreparable, y se seguirá pagando.

¿Es esto una exageración? Pongamos los argumentos en la mesa:

La propia Auditoría Superior de la Federación señalaba, en su revisión de la cuenta pública de 2017, que en el caso de la empresa de fertilizantes se habían adquirido equipos con 30 años de antigüedad y 18 fuera de operación (https://cutt.ly/6fcOjrA). El primer contrato de suministro de etano de PEMEX hacia lo que sería Etileno XXI se firmó en 2009, siete años antes de la entrada en funcionamiento de la planta, en condiciones nada favorables para la paraestatal desde ese momento. De estos hechos a suponer que había sobornos involucrados y enriquecimiento ilícito sólo había que dar un paso. En otras palabras, lo único que aporta la denuncia de Lozoya son los detalles anecdóticos: los montos de los sobornos, las cajas fuertes, los departamentos, las bolsas Louis Vuitton. El resto lo sabíamos todos.

¿Por qué el daño es irreparable? Pongamos tan solo un ejemplo: entre 2016 y 2018, PEMEX tuvo que pagar casi 3 mil millones de pesos en penalizaciones, al incumplir el contrato firmado con los dueños de Etileno XXI (https://cutt.ly/1fcOkxs). La FGR y su titular, por su parte, han declarado una y otra vez que el desfalco a la otrora paraestatal fue tan solo de 400 mdp (https://cutt.ly/TfcOki7). Nótese el contraste. Además, los daños indirectos o lo que los economistas eufemísticamente llamamos costos de oportunidad: lo que se dejó de hacer al pagar esas multas. Baste recordar las continuas denuncias de falta de medicamentos en los hospitales de Pemex, o el hecho de que la empresa mexicana abandonó sus propias instalaciones para enviar todo el gas a Etileno XXI.

Recordemos un agravante más, solo para dimensionar el absurdo: Agronitrogenados era, hasta 1992 y con el nombre de Fertimex, propiedad del Estado mexicano. Se privatizó, con acusaciones de corrupción de por medio, siendo el comprador, Rogelio Montemayor, priista señalado posteriormente por el Pemexgate. Y la trama no acaba ahí. Otra empresa privatizada, Altos Hornos de México (AHMSA), asocia su capital con Fertimex creando Agronitrogenados, que Pemex recompró en 2014.

Tras los hechos señalados, se vuelve imprescindible establecer una diferencia clave: lo que se ha descrito no son conductas anómicas de individuos ávidos de riqueza contra el Estado. Todo lo contrario: son acciones de individuos perfectamente racionales que actúan desde el Estado. 

Señalar esta cuestión resulta fundamental y pone en tela de juicio todo el discurso en torno a la corrupción. Permítaseme una digresión semántica: la palabra corrupción encuentra sus raíces etimológicas en el latín, específicamente en el verbo rumpere: quebrar, partir, hacer pedazos. En pocas palabras, romper. Los elementos descritos por Lozoya no sorprenden a nadie por una simple razón: en forma alguna rompen con la forma de operar del Estado, en este caso, del Estado mexicano. Al contrario, la vinculación cada vez más estrecha del poder público con el capital privado es el modus operandi por excelencia del Estado. Lo que vemos en todos los casos señalados no es sino la instrumentalización del Estado, la subsunción de este dentro de la lógica de acumulación cortoplacista característica del capitalismo, especialmente en su versión neoliberal. 

Por supuesto que hay individuos responsables de las instituciones, pero el caso aquí es que las mismas instituciones son las que reproducen estos esquemas. Si los señalados por Lozoya y él mismo terminan en la cárcel, si los expresidentes son enjuiciados, aún si se rescinden los contratos que se tienen actualmente producto de estos actos, las instituciones y las formas de operar seguirán siendo las mismas en tanto no se ponga a discusión el problema de fondo: la captación del Estado por el capital.

Aceptar la hipótesis que señala que el principal problema es la corrupción confunde así síntomas por causas: al hacer recaer la culpa en individuos que, sin atisbo alguno de ética cometen actos impronunciables, al personalizar la situación, se acepta un implícitamente un supuesto de que estos pudieron haber actuado de forma distinta, o que otros no lo hubieran hecho así.  El problema se convierte así en uno de índole moral y relacionado con cuestiones de voluntad antes que con problemas estructurales que han permitido la captura del Estado por parte de intereses económicos.

El problema de fondo, entonces, no es uno que vaya a resolver la Fiscalía con la ayuda de su testigo estrella, ni uno que se acabe por decreto desde Palacio Nacional. Es, sin duda, un problema de justicia, entendiendo esta en su sentido más amplio, justicia que no se puede obtener por medio de las instituciones existentes a menos que se lleve a cabo un debate público acerca de los límites y naturaleza del Estado y cuál debe ser su función frente a las lógicas del enriquecimiento privado. La 4T, hasta la fecha, no ha dado muestras de querer emprender ese debate en sociedad, y con el enfoque en combatir la corrupción ha dejado de lado la cuestión principal: la reivindicación de la política frente al afán lucrativo del capital.

martes, 1 de septiembre de 2020

AMLO y el fantasma del comunismo en la 4T


Mesa de análisis con integrantes del colectivo La digna voz.

A partir de las declaraciones de diversos personajes y medios respecto al supuesto comunismo de López Obrador y la Cuarta Transformación, se discute el concepto de comunismo desde una perspectiva teórico-histórica, las coordinadas político-ideológicas de la 4T, y el uso del término por parte de la oposición.

El desarrollo sostenible y el progresismo en México

 

Por: Rafael de la Garza Talavera


A nadie parece sorprender la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). A  menos de un mes de que se hiciera pública su oposición a la importación de glisofato -lo que originó la protesta del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el súper asesor de la presidencia Alfonso Romo, conspicuos representantes locales del agronegocio- la salida de un destacado estudioso del medio ambiente en México confirma, una vez más,  que la protección de la biodiversidad y la salud de la población no está por encima de la sed de ganancias de las transnacionales.

    Resulta muy útil para la afirmación que abre este texto, destacar la declaración del entonces secretario de la SEMARNAT, la cual detonó todo el sainete a principios de agosto: no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutales… [la defensa del ambiente] no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente.”  

    Ya desde la publicación del famoso Informe Bruntland en 1987, quedó claramente planteado el conflicto entre el modelo de desarrollo capitalista y las consecuencias negativas crecientes para el planeta. A partir de ese momento se definió la contradicción evidente que resulta de la codicia que vive siempre en el presente y la posibilidad de un futuro digno para las generaciones venideras: "Esta en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias"

    Sobra decir que la mayoría de los estados miembros de la ONU acató, de los dientes para afuera, las conclusiones del informe. En México, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y un año después debutó la Comisión Nacional del Agua; en 1994 surgió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, antecedente directo  de la SEMARNAT. El discurso político integró los conceptos básicos de la protección del medio ambiente e incluso cobró fuerza un partido familiar, el Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986.

    En el contexto internacional, las cumbres ambientales fueron ganando terreno. En 1992, la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro concentró a buena parte de las organizaciones ambientalistas del mundo y asistieron además las representaciones oficiales de 172 países con la intención de formular acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Al igual que la fábula del rey desnudo, todos los participantes oficiales omitieron señalar la  gran contradicción: las  buenas intenciones del discurso político frente al poder económico, financiero, mediático y político de las corporaciones internacionales dedicadas al agronegocio.

    Así las cosas, insisto, a nadie sorprende la salida de un servidor público que le puso cara al lobby conformado por empresas como Monsanto, Carhill, Tyson y muchas más, que a lo largo de las últimas décadas se han fortalecido gracias a las concesiones otorgadas por los gobiernos alrededor del mundo, sean de izquierda o de derecha. La llegada del AMLO  a la presidencia de la república mexicana suscitó esperanzas para algunos, pero a dos años de su gestión no cabe la menor duda de que el gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) no tiene la menor intención de modificar la tragedia ambiental ni sus efectos.

    Y es que el deterioro de la biodiversidad afecta directamente a millones de campesinos y pueblos originarios, no sólo por el deterioro de su calidad de vida a consecuencia del consumo de alimentos con alto contenido de sodio y potasio, derivados de organismos genéticamente modificados y rociados por toneladas de químicos, como el glisofato, para  aumentar la productividad. Habrá que sumar el despojo de tierras y semillas cultivadas y desarrolladas por miles de años así como el desprecio o apropiación  sistemática de saberes ancestrales, según convenga al capital; los asesinatos selectivos de defensores del medio ambiente, empleando a paramilitares y crimen organizado para atemorizar a la población e imponer los grandes proyectos de inversión del agronegocio.

    Los proyectos desarrollistas o progresistas como el mal llamado Tren Maya, el canal transítsmico e incluso el nuevo aeropuerto internacional son sólo la punta del iceberg de la dinámica económica del gobierno federal. Aunado a ellos están la minería a cielo abierto, la intensificación de las maquiladoras, los proyectos turísticos e hidrológicos. Al final lo que queda en evidencia es que, al igual que con la pandemia en la que estamos inmersos, el proyecto económico del gobierno en turno coloca claramente al capital y sus ganancias por encima de la vida de la población.

    Y si, al igual que con la renuncia de Víctor Toledo, el camino elegido para el desarrollo económico por la 4T… tampoco sorprende.


sábado, 7 de marzo de 2020

La opresión de la mujer: ¿conflicto privado o social?


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Por. Rafael de la Garza Talavera


En la discusión que se ha generado a raíz de las manifestaciones de las mujeres organizadas aparecen frecuentemente varios argumentos que pretenden trivializar el problema de la opresión de la mujer, negando la raíz estructural que le da vida. El primero, insiste en que los asesinatos de los hombres sobrepasan por mucho a los sufridos por las mujeres; minimiza la violencia hacia ellas ya que parece no comprender la diferencia entre un crimen provocado por la codicia y el provocado por el odio. El segundo argumento más complejo, pero igualmente frecuente, tiene que ver con que la idea de que la violencia hacia las mujeres es un problema moral, ubicado en la esfera privada, familiar, como una responsabilidad individual.
El argumento de carácter cuantitativo ignora la carga de odio, producto de la discriminación, que desconoce derechos universales a un grupo social y posee una esencia punitiva frente al comportamiento supuestamente desviado de los roles asignados tradicionalmente en este caso, a las mujeres. Los crímenes de odio son entonces consecuencia de prejuicios fuertemente arraigados que procuran mantener un orden social excluyente y desigual. No se puede negar que buena parte de los asesinatos hacia la población en general provienen de una dinámica de violencia social producida por una estructura económica claramente individualista y competitiva. Pero a pesar de que la mayor parte de los asesinados afectan en mayor medida a los sectores masculinos más pobres de la población no pueden ser, en estricto sentido, clasificarse como crímenes de odio. Por el contrario, la dinámica que anima a estos últimos está claramente impregnada de un tufo revanchista y punitivo, que se materializa en humillaciones, tortura, violación, asesinato, manipulación del cuerpo. Efectuado para servir de ejemplo, el crimen de odio muestra una negación de la humanidad de la víctima, una degradación que justifica la violencia exacerbada, brutal. En este sentido justifica la violencia como una reacción a la desviación del comportamiento esperado, erigiéndose así en un acto de justicia que puede ser visto incluso naturalizado en manifestaciones artísticas que, como en el video musical Fuiste mía se describe sin ambages.
A su vez el argumento moralista -que camina en paralelo al anterior pero parece más sofisticado toda vez que no niega la opresión y la brutalidad de los crímenes- resulta en muchos sentidos la base de las interpretaciones culturalistas manejadas desde sectores sociales para configurar el conflicto. Lo coloca en la esfera privada, familiar, como consecuencia natural de la degradación moral provocada por la pérdida de valores y debilitamiento de la estructura familiar. Niega así su carácter estructural, social y público, descargando la responsabilidad en el individuo confundido, ayuno de un esquema moral que modere su comportamiento. En consecuencia, la salida al problema debe partir desde el individuo, a partir del fortalecimiento de sus principios y valores. Al igual que la pobreza -responsabilidad de la persona y no del sistema económico- la violencia hacia las mujeres deviene una patología provocada por la ignorancia y la marginación, la degradación moral. Sobra decir que dicha interpretación descarga en buena medida de la responsabilidad pero también la urgencia de las acciones, al estado y los gobiernos; más allá de cartillas morales y promoción de la igualdad de género en puestos de la administración pública, la responsabilidad de las instituciones políticas estaría circunscrita a la vigilancia de la correcta aplicación de las leyes y campañas de promoción de valores como la diversidad y la tolerancia.
De que otro modo podría explicarse la relativa indiferencia hacia las protestas feministas e incluso a la banalización del gobierno de AMLO, quien insiste en que el humanismo es la respuesta. En la medida en que la gente tenga trabajo y acceso al consumo se contendrá la degradación moral (producto exclusivo de la pobreza y la marginación) y los índices de violencia descenderán puntualmente. La relación mecánica entre la crisis moral y la marginación pasa por alto el hecho de que la opresión de la mujer se extiende a lo largo y ancho del espectro social; se reproduce tanto en el barrio obrero como en los fraccionamientos de clase media alta y más allá. Y las conciencias están condicionadas por el sistema económico, son consecuencia y no causa del conflicto social. Pero al poner el énfasis en que el problema se localiza en las conciencias individuales y no en las prácticas sociales se niega que la discriminación y el racismo se encuentran en la base de la estructura económica. Aceptar lo anterior obligaría al estado a atacar el problema de raíz, rompiendo así con todo el entramado de alianzas políticas que sostiene a su gobierno para enfrentarse con el modelo económico y el fetiche del crecimiento.
Definir la causa de la opresión de la mujer a partir de factores estructurales, por encima de morales o privados, coloca entonces al movimiento feminista en la trinchera de la lucha directa contra el capitalismo. Los malabares de gobiernos e instituciones políticas y económicas responden a su incapacidad para aceptar semejante hecho. El carácter altamente corrosivo de las protestas de las mujeres enfrenta así el escarnio y la relativa indiferencia, a pesar del costo político que ello pueda provocar. Lo que está en juego es el fortalecimiento del sistema político y económico, contra viento y marea. Esa parece ser la misión histórica de la 4T; ni la legitimidad de las demandas de las mujeres ni la brutalidad y ascenso de su opresión serán suficientes para cambiar el rumbo.


sábado, 29 de febrero de 2020

AMLO y el feminismo en México: los límites del pragmatismo de la 4T


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Por: Rafael de la Garza Talavera
A estas alturas resulta imposible negar la fuerza y legitimidad del movimiento feminista en el mundo. De los movimientos antisistémicos, los feminismos han colocado contra las cuerdas a gobiernos, corporaciones e individuos en buena parte del mundo occidental; al mismo tiempo ha logrado concitar un apoyo generalizado a sus demandas, en el marco de la exacerbación de la violencia hacia las mujeres.
En México las acciones de las mujeres han provocado reacciones de todo tipo, poniendo sobre la mesa la hipocresía de gobiernos, partidos y grupos de interés y la debilidad de las acciones oficiales encaminadas a contener la epidemia de asesinatos y desapariciones de miles de mujeres. La igualdad de género decretada desde el poder para candidaturas y puestos gubernamentales no ha podido ocultar su superficialidad frente a un problema añejo y creciente. Ya desde finales de siglo las muertas de Juárez pusieron en el escenario político las consecuencias para las mujeres del incremento de la violencia, generada principalmente por el crecimiento de la pobreza y la marginación así como el fortalecimiento de las organizaciones criminales.
En este contexto no sorprende la postura de AMLO al respecto, más allá de su limitada percepción del conflicto; parece que se privilegia la idea de no enfrentarse con sus bases evangelistas o con los sectores medios adversos a temas como el aborto y la diversidad sexual. Su insistencia en quedar bien con todos los actores políticos relevantes, al menos en el discurso, demuestra sus límites y sus consecuencias. Si a esto se agrega sus malabares discursivos, el desencuentro es patente y promete una escalada que no conviene a nadie pero que, dada la rigidez del presidente en el tema, seguirá en ascenso.
Un factor clave en el análisis de la postura presidencial es su concepción del deber ser feminista: “Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe tener como guía el humanismo (...) y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más pobres (...) La justicia es darle más al que tiene menos, eso también es humanismo”. La declaración deja entrever que el apoyo que su gobierno ofrece a las mujeres va en el sentido de mitigar los estragos de la pobreza y no tanto en atacar el problema de la violencia hacia ellas, -que dicho sea de paso son dos caras de la misma moneda. De que otra manera podría explicarse que frente a la creciente agudización de los asesinatos pida que se evite hablar de ello para no opacar la rifa de un avión; o peor aún, achacar a la derecha la manipulación del movimiento para atacarlo. El hecho de la creciente violencia a la mujer es inocultable y banalizarlo resulta grotesco. Demuestra insensibilidad y rigidez para enfrenta un viejo problema con el que se solidarizó como candidato presidencial.
Cuando los colectivos feministas se plantaron frente a palacio nacional para reclamarle la infausta declaración en donde culpó al neoliberalismo de los problemas de las mujeres, dejó en claro que su política hacia las mujeres no se moverá: “No porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre, si por eso luchamos, luchamos por un cambio en lo material y en lo espiritual, y si tienen otra visión respetamos, pero vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie”.
Es evidente que sus ‘convicciones de siempre’ están fuera del contexto actual y que representan un pasivo en su política interna, pero además, que están dañando a la sociedad en su conjunto fortaleciendo las posturas machistas y el desprecio por las protestas y movilizaciones. Probablemente intuye que mantener una imagen veladamente machista –con un discurso incluyente y humanista- no le restará puntos en las encuestas de popularidad. Mantendrá así la fidelidad de buena parte de la sociedad mexicana que sigue pasmada frente a la necesidad de acabar con el patriarcalismo y la discriminación concomitante; que se niega a abordar el problema en todos los ámbitos de la realidad social a pesar de la valiente postura de una minoría de mujeres organizadas que han comprendido que sólo las acciones contundentes pueden obligar a la sociedad a discutir el problema y buscar una solución. Y si bien la igualdad de género en candidaturas y puestos en la administración pública, es plausible, no es ni remotamente suficiente para mostrar una política consecuente con la gravedad del problema. Ampliar la política de igualdad de género a órganos autónomos y universidades no representa más que una simulación que irrita aún más a las mujeres organizadas y que no toca el conflicto central: la sistemática violencia hacia mujeres de todas las edades.
La rigidez de un gobierno que se empeña en mantener una ruta prefijada es sintomática de sus prioridades. Poner por encima de todo lo demás el crecimiento económico y las alianzas a diestra y siniestra para mantener el poder ha probado ser nefasto para los gobiernos progresistas al sur del Rio Bravo. Lula y Dilma lo demostraron en Brasil y dieron paso a un gobierno de extrema derecha que cosechó el descontento provocado por el pragmatismo in extremis. La política del equilibrista o el bonapartismo de AMLO seguirá enfrentado el dilema de elegir un rumbo claro y comprometido con las mayorías para las que dice gobernar. Mientras no lo haga seguirá apuntalando el poder de los dueños del dinero, quienes si bien hoy comulgan con él, podrían modificar su posición en cuanto las condiciones políticas cambien.
El presidencialismo mexicano siempre descansó en la legitimidad de las decisiones tomadas por el jefe del ejecutivo, no tanto por su eficacia sino por su capacidad para imponerse por encima de los actores políticos. El presidencialismo de AMLO abreva de esas fuentes procurando ante todo restablecer, en la medida de lo posible, la legitimidad del estado mexicano. Mantener su desprecio por el movimiento feminista está poniendo a prueba semejante estrategia y si no hay un cambio palpable al respecto por parte del presidente, seguramente abrirá un boquete difícil de cerrar en la muralla de la 4T.
Es cierto también que la violencia hacia las mujeres es estructural en una sociedad capitalista y que AMLO no pretende desmantelar el sistema económico. Pero en la medida en que la violencia hacia las mujeres mantenga su tendencia ascendente y la sociedad y gobiernos no se comprometan, aunque sea de manera limitada a contener el conflicto dada su alianza con el capital, el costo político aumentará y comprometerá los limitados objetivos de la 4T.
Más allá de sus convicciones personales, y a pesar de que su pragmatismo ha sido exitoso hasta ahora, el presidente haría bien en recapacitar para evitar la descalificación y el escarnio hacia las mujeres organizadas. Si no por lo justo de sus demandas y los comprensible de sus acciones –que no es posible escatimar con argumentos válidos- si para impulsar el fortalecimiento de su poder político que, al decir del viejo Maquiavelo, es la misión principal de cualquier político.