domingo, 18 de octubre de 2020

Cienfuegos, y el incendio de la militarización



Por: Héctor A. Hoz Morales

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”. Se trata de la primera reacción pública del presidente López Obrador ante el anuncio de la detención, el 15 de octubre por la tarde, de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por autoridades y en un aeropuerto de Estados Unidos.

Ejemplos de la degradación del régimen político neoliberal a la que se refiere el presidente sobran, de tal forma que pocos podrían argumentar que le falte razón. Allí donde se vislumbrase la posibilidad de negocios millonarios, había – y sigue habiendo- casi inexorablemente algún elemento del poder político inmiscuido. Pero el juicio del presidente es insuficiente, al tratar de explicar todo lo que ha pasado en el país recurriendo a la arenga moralina de la corrupción.

No se malinterprete: individuos específicos juegan un papel fundamental en cada uno de los casos señalados. Pero el problema de fondo no radica en que lo que decida una persona, sino en las estructuras institucionales detrás de él que no solo permiten, sino atizan la posibilidad de tales actos. Y en eso consistió precisamente el periodo neoliberal. Más allá de seguir a pie juntillas las disposiciones de organismos financieros internacionales respecto a qué debía hacerse en términos de política económica, más allá de privatizaciones, reformas estructurales y tratados de libre comercio, el neoliberalismo es la captura de las estructuras de la administración estatal por parte de una lógica de acumulación cortoplacista. El neoliberalismo no es sino hacer del Estado un instrumento para el enriquecimiento inmediato de unos cuantos. Todo lo demás son racionalizaciones academicistas, producidas en su mayoría a posteriori, que tratan de explicar un fenómeno de captura del Estado haciéndolo pasar por una cuestión de modernización y eficiencia económica.

La detención de Cienfuegos da cuenta precisamente de este proceso: la colusión de altos mandos de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado debe ser leída, más allá de la cuestión moral, bajo esta lógica. De no hacerlo así, caemos una vez más en la apócrifa conclusión de que la corrupción es un problema que se soluciona con sangre nueva. Y ahí viene el quid de la cuestión: los esquemas de militarización que permitieron que instituciones como las Fuerzas Armadas llegaran a ocupar espacios que en principio no le correspondían se siguen repitiendo.

Aclaro: a todas luces el caso Cienfuegos, así como el de García Luna, no están acotados únicamente a la cuestión de la corrupción dada la naturaleza de sus funciones. Si bien, en última instancia, el narcotráfico es un negocio más, es evidente que tiene circunstancias agravantes, por decir lo menos. Más aún, cuando sabemos de la sistemática violación a derechos humanos y del uso que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en particular desde que Calderón decreto su “guerra frontal contra el narco”. No hay punto de comparación entre el genocidio voluntariosamente puesto en marcha en el 2006 y el uso de las Fuerzas Armadas en el sexenio actual. La estrategia en aquél entonces, reconocida por los mismos partícipes de la misma, fue básicamente sacar al Ejército a las calles, a dar golpes mediáticamente redituables a ciertos líderes de la delincuencia organizada, y dejar que corriera la sangre después. Y vaya que corrió.

Lo que pongo a discusión no es el análisis de la política de seguridad, sino la espuria insistencia en pretender que todos los problemas en el país se resuelven con una ética intachable por parte de los servidores públicos. Permítaseme una breve mirada hacia atrás. La militarización del país no comenzó en aquel diciembre del 2006 cuando Calderón tuvo a bien lanzar su declaración de guerra. Habría que remontarnos, al menos, una década más, al sexenio al que menos se hace referencia cuando al neoliberalismo se denuncia y que ha sido probablemente el que deja peores herencias. Si Carlos Salinas es el padre del neoliberalismo nacional, con Ernesto Zedillo se hizo mayor de edad. En 1996, la Suprema Corte por la que ahora se rasga las vestiduras la oposición a la 4T, ese “último contrapeso al autoritarismo absoluto del presidente”, declaró constitucional el uso de las Fuerzas Armadas para labores civiles. Y desde entonces, ese uso no ha parado.

Mientras medios nacionales e internacionales calificaban de “histórico” lo acontecido con Cienfuegos, pasaba casi desapercibida la confirmación de que, desde el 6 de octubre pasado, el control operativo de la Guardia Nacional es ejercido por la SEDENA. Al mismo tiempo, marinos mercantes protestaban en el Senado la iniciativa de reforma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que entrega a la Secretaría de Marina “la administración total de los asuntos marítimos en México, incluyendo el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Educación Náutica”. Durante la actual administración, las Fuerzas Armadas han cobrado relevancia como actores de primera línea en casi todas las políticas de la 4T: la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, de sucursales del Banco de Bienestar y de hospitales ante la pandemia, la operación de puertos y aduanas, los operativos de combate contra el huachicol, además de las labores policiacas que siguen realizando.

La lógica con la que ha trabajado la 4T en sus primeros dos años ha sido una lógica de sustitución: que sean las Fuerzas Armadas las que lleven a cabo las tareas que se hacían, en sexenios anteriores, siguiendo las directrices neoliberales, esto es, la búsqueda de rentabilidad inmediata al amparo del Estado. Esta política de sustitución, sin embargo, tiene tres graves problemas. En primer lugar, no puede continuar ad infinitum, por simple imposibilidad material. Segundo, si algo demuestra el caso Cienfuegos es que las estructuras militares no están exentas de participar en los esquemas de captura institucional que se han descrito para casos similares. Valga señalar que entre 2003 y 2019, del Ejército se desviaron más de 2 mil millones de pesos a empresas fantasma (https://cutt.ly/tgjtnKz). Y si el caso mexicano no basta, indiquemos solamente la relación entre ese viejo conocido nuestro, Odebrecht, y las fuerzas militares brasileñas durante otro gobierno progresista, el de Lula (https://cutt.ly/Fgjt9X0). El tercer problema es el más obvio, y quizá el más preocupante: dada la naturaleza de las instituciones militares, siempre estará latente la posibilidad de un uso indebido del poder de las armas.

Hace casi diez años escribí un breve texto, titulado “Estrategia equivocada” (https://cutt.ly/SgjyYQ4). Hoy, solo podría decir que la solución al problema es igualmente equívoca. Y lo es, principalmente, por que el diagnóstico hecho desde Palacio Nacional resulta, por decir lo menos, insuficiente. ¿Por dónde empezar entonces, si asumimos que el neoliberalismo dejó tras de sí instituciones cuya razón de ser era facilitar el enriquecimiento de determinados agentes? Resolver la herencia de décadas de subsunción de los intereses privados en la esfera pública no es cuestión sencilla, seguro. Pero mientras se insista en que el problema es uno de carácter moral, y se apele solamente a la fuerza incorruptible de las Fuerzas Armadas y sus dirigentes, solo quedará esperar al nuevo escándalo, si no ocurre algo peor antes.


martes, 13 de octubre de 2020

12 de octubre: ni descubrimiento, ni mestizaje, ni encuentro: resistencia y rebeldía

 


Por: Rafael de la Garza Talavera

En aquél ya lejano 12 de octubre de 1992, la sensación de manifestarse en el zócalo de la ciudad de México resultaba a todas luces contradictoria. Por un lado ya estaba presente la idea de que la fecha no podía ser ni celebración ni mucho menos exaltación de una supuesta fusión de culturas, que sólo procuró suavizar su contenido eminentemente colonialista y por ende racista. Por el otro, a cientos de kilómetros de allí, en San Cristóbal de las Casas, se estaba llevando a cabo una manifestación que cambiaría el escenario político del país y del mundo para siempre. Se enfrentaron así dos interpretaciones que marcaron la decadencia de la primera y el progresivo fortalecimiento de la segunda.
    Ya  desde en 1892 el ideario del hispanoamericanismo se colocó en la agenda de España, que frente a la pérdida de sus colonias pretendió restablecer la relación a través de la tradición cultural y religiosa impuesta por el desaparecido imperio, estableciendo que la grandeza de los pueblos americanos se debía a dicho legado. Dicha operación ideológica tuvo una doble finalidad: legitimar la alicaída monarquía española frente a sus súbditos y refuncionalizar la relación con sus antiguos dominios en Latinoamérica.
    A partir de 1913 el hispanoamericanismo eligió el 12 de octubre como el Día de la Raza, por iniciativa de Faustino Rodríguez-San Pedro, abogado y político español que sirvió a Alfonso XIII en diversos ministerios y que en ese año presidía la Unión Iberoamericana. Sobra decir que los gobiernos liberales en la región impulsaron la propuesta con entusiasmo, dada su interpretación negativa de la herencia cultural de los pueblos originarios para el logro del Orden y el Progreso.
    En México surgió así oficialmente el “Día de las Américas”, que sería sustituido después de la revolución como el “Día de la Raza”, colocando al mestizaje en el centro de las celebraciones para apartarse del contenido racista del hispanoamericanismo. Tanto José Vasconcelos como los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco jugarían un papel fundamental para cimentar el nuevo contenido de la fecha, reivindicando lo que posteriormente sería reciclado por los impulsores de la idea del encuentro de dos mundos pero ocultando el evidente conflicto. Vasconcelos escribiría La Raza Cósmica y los muralistas lo reproducirían de manera destacada en el mural de Palacio Nacional y en la Preparatoria Nacional respectivamente.
    Por su parte, en el reino español se modificó la celebración, cambiando el Día de la Raza por el de la Hispanidad en 1958 y luego por el de Fiesta Nacional de España en 1987, dejando claro que, a pesar de la intención inicial de ser una celebración que incluyera a los latinoamericanos, su esencia era y es la celebración de la monarquía, la iglesia católica y el ejército de España por encabezar una gesta supuestamente civilizatoria.
    La celebración del quinto centenario en 1992 modificó ligeramente el sentido pero no el objetivo de las celebraciones. La propuesta de la delegación mexicana en la reunión celebrada en Santo Domingo en 1984 para la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América fue el origen de la idea del Encuentro de Dos Mundos. Y si bien enfrentó críticas tanto de los defensores de la idea tradicional como de la que no veía nada que celebrar, dado el genocidio que siguió a la llegada de Colón, la Unesco apoyó la propuesta mexicana.
    En todo caso el contexto del quinto centenario estuvo marcado por el inicio del neoliberalismo y la globalización como puntas de lanza para la apertura de los mercados latinoamericanos a los capitales españoles. La refuncionalización obedeció así a una lógica económica que hoy resulta evidente con la aparición de las inversiones depredadoras del ambiente y de los territorios de los pueblos originarios con empresas como Iberdrola o Repsol, al grado que dicho proceso parece más una reconquista que una etapa de colaboración y respeto mutuo.
    Pero además, la fallida operación ideológica -que no económica-  que  marcó la celebración del supuesto encuentro de dos mundos hace 28 años fue confrontada directamente desde su nacimiento por buena parte de los pueblos originarios al sur del Rio Bravo, sin mencionar que en EE. UU han sido derrumbadas varias estatuas de Colón en los últimos meses. Las manifestaciones y acciones  llevadas a cabo ayer en México no dejan lugar a dudas que el significado del 12 de octubre se ha modificado radicalmente gracias a su lucha por más de cinco siglos.
    El EZLN, en su comunicado del 5 de octubre, entre otras cosas anuncia su viaje alrededor del mundo, empezando por Europa, y declara: “… después de recorrer varios rincones de Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto de 2021 -500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México-. … Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: Uno: que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: que no tiene por qué pedir que les perdonemos nada”
    Con esta declaración se cierra finalmente un ciclo que inició en el siglo XIX y que procuró ocultar lo que debemos celebrar el 12 de octubre. Los pueblos originarios de América han logrado romper el cerco ideológico, una vez más, para recordarnos que siguen aquí, que resisten y se rebelan. No queda más que acompañarlos, no solo para ser testigos de su emancipación y el reconocimiento de su existencia, sino para crear un mundo donde quepan muchos mundos.

domingo, 4 de octubre de 2020

En tiempos de pandemia, la educación es privada.

      Por: Héctor A. Hoz Morales

En el argot deportivo, cuando uno de los dos equipos que disputan un encuentro no se presenta al mismo, se dice que perdió por default. En un sentido distinto, pero con connotaciones similares, el término se emplea para referirse a aquél deudor que, por determinada razón, no puede ya hacerse cargo de sus responsabilidades frente a sus acreedores, trátese de personas, empresas o gobiernos.

Y es así que, ante la irrupción de la pandemia en la aparente normalidad en la que vivíamos, gran parte de los Estados en el mundo han dado pasos agigantados en la consecución de un proyecto cuyos orígenes se encuentran en el corazón mismo de lo que se ha venido a conocer como neoliberalismo: la privatización de la educación. El caso mexicano no es la excepción.

Para la consecución de este objetivo, diversas han sido las estrategias puestas en marcha desde hace cuatro décadas en la región. En algunos casos, se requirió de un golpe de Estado para dar inicio a la trayectoria que permitió la creación de uno de los sistemas de educación superior más excluyentes en América Latina. Es tal el caso de Chile, pionero mundial en la adopción del sistema de vouchers1. En Brasil y México, los grandes procesos de descentralización administrativa en los noventas indujeron en efecto el deslinde de las autoridades federales de buena parte de sus responsabilidades en la materia, incrementando como consecuencia la participación del sector privado, subsidiado en buena medida por autoridades subestatales. Amén de grandes reformas estructurales con un repudio casi universal que intentaron allanar el camino para una mayor intrusión del capital en el sector. Pienso, de nuevo, en México, a finales del 2013.

En esta ocasión, sin embargo, no hicieron falta grandes estrategias políticas, ni denostables intervenciones militares, ni fuertes presiones desde la academia u organismos internacionales, ni construir en el imaginario público la idea de docentes flojos, corruptos e incapaces. Todo ello quedó en el pasado. En el 2020, la privatización de la educación ocurrió por default. Y así como la pandemia, barrió con las fronteras nacionales.

Ante la nueva enfermedad, y en ausencia de vacunas o tratamientos, la poco sofisticada estrategia de aislamiento social implicó la salida de, al menos, 1.5 mil millones de estudiantes y 60 millones de docentes de las escuelas en 165 países del mundo (https://cutt.ly/0f3MOBg). Los juicios respecto a la necesidad y efectividad de tal medida me escapan. Pero el hecho es este: el repentino golpe a los a deteriorados sistemas de salud públicos absorbió las pocas energías restantes en Estados con capacidades ya disminuidas desde hace décadas. Disminución de capacidades técnicas, administrativas y financieras, que fue de todo menos casual.

Y ante una falta absoluta de estrategia, ocurrió la privatización de facto de los sistemas educativos. Y como en toda privatización, ante el mito de la eficiencia del capital privado se impone la realidad: estas no son sino la transferencia directa de riqueza pública a manos privadas. Y eso es lo que ocurre hoy. De la noche a la mañana, la quinta parte de la población mundial cambió el aula por la casa. Con ello, al centro del proceso educativo están ahora grandes corporaciones con millones de nuevos consumidores, forzados por el virus, cierto, pero más bien por el abandono de los Estados, a participar en el caos de la educación a distancia. El ejemplo perfecto de un mercado cautivo y de las condiciones monopólicas ideales para cualquier empresa.

En vez del aula: Google, Microsoft, Zoom. Lápiz y papel, fuera. Computadora, celular, o tablet, indispensables. De ser posible, con el logo de Apple. Acceso a Internet, forzoso. Fibra óptica, deseable. Si por alguna de esas casualidades de la vida el servicio lo provee alguna empresa que fue pública alguna vez y que hoy es de uno de los hombres más ricos del mundo, pues círculo cerrado.

Para todos términos prácticos, el día de hoy la educación es privada. Pensemos, por ejemplo, en el caso mexicano. Cierto, los salarios docentes los sigue pagando el Estado. Salarios de por suyo precarios que se transfieren, ahora en mayor medida y con mayor velocidad, al pago de aquellas herramientas digitales que supuestamente posibilitan la enseñanza. Que la educación, al menos en el sector básico, sigue siendo formalmente gratuita, también es cierto. Pero si en la realidad nunca lo ha sido completamente, ahora lo es menos. A los gastos en los que incurre toda familia en condiciones normales, agréguele ahora todos los que conlleva la educación en casa.

Y todo esto, evidentemente, aplica solo para aquellos en posibilidades materiales de cumplir con los nuevos requerimientos. Según la Secretaría de Educación Pública, organismo federal, más de 3 millones de estudiantes han desertado la educación básica (https://cutt.ly/Lf8egjJ). El lamentable uso del término oculta otra realidad: no se trata de deserción escolar, sino de simple y llana exclusión, como en cualquier otro proceso de privatización. Mas allá del delirante discurso tecnócrata economicista que presupone que esa entelequia llamada mercado es capaz de asignar los recursos de la mejor manera, lo cierto es que una vez que por la puerta de enfrente entra capital privado, por la ventana salen personas, y por los millones.

La ONU estima para el país la exclusión de 1.5 millones de estudiantes de nivel medio superior y otro tanto de sus estudios universitarios (https://cutt.ly/jf8wMIg). Si ya de por sí el sistema educativo mexicano era profundamente desigual, en particular en lo que toca a la educación superior, la situación se vuelve infinitamente más complicada.

Y ante todo lo anterior, la completa inacción del Estado. No hubo, ni hay, la capacidad institucional de formular una política coherente que no implique por un lado una mayor precarización del trabajo docente y por el otro la expulsión de los estudiantes que, nada paradójicamente, más necesitan de la educación pública. La educación en tiempos de pandemia, disfrazada de modernidad digital, no es sino la consecuencia ineludible de décadas de captura del aparato estatal por parte de las lógicas y motivaciones del capital privado. No extrañe entonces que la respuesta en México haya sido voltear hacia las televisoras de mayor difusión (privadas, para sorpresa de nadie) para que impartan contenidos educativos. Con 450 millones de pesos de por medio2. Y dándoles las gracias en cadena nacional y en horario estelar, cómo no.

Así, por default, de facto y sin necesidad de reforma alguna, el acceso a la educación depende hoy más que nunca del privilegio. Y no nos engañemos. A pesar de lo que dicta aquel lugar común, la educación no es ninguna inversión. No puede ni debe seguir una lógica mercantilista. La educación es, para empezar, derecho inalienable donde los haya. Alternativas al camino andado las hay, y seguramente están puestas en práctica ya mismo, si bien en escalas invisibles al gran capital. No se trata de satanizar la tecnología ni los medios digitales, sino la irrupción sin miramientos de estos en un proceso que implica mucho más que un equipo de cómputo y una conexión a internet medianamente decentes. Más bien, se trata de reflexionar acerca del carácter mismo del Estado, su instrumentalización actual como medio de acumulación privado, y las posibles alternativas a construir.

jueves, 1 de octubre de 2020

La violencia endémica en México: La coerción como mecanismo transexenal.

 

Por: Jesús Medina Gutiérrez

La violencia institucional ha sido históricamente utilizada como un mecanismo de control social transexenal, puesto que se desarrolla de forma constante y continua independientemente de los colores del partido en el poder.
    En ese sentido, podemos observar la relevancia de lo que Gramsci (1968) denomina el componente coercitivo al interior de la superestructura del sistema, componente que descansa en la sociedad política, es decir, el entramado institucional-gubernamental de la superestructura. La coerción es el mecanismo por el cual el sistema y la clase que representa controlan a las clases subalternas, no obstante, este componente no puede ser el único, ni siquiera el principal, puesto que la mejor forma del mantenimiento del proyecto de clase se da por medio de la sociedad civil, constructo de relaciones sociales que, de forma aparentemente independiente, construyen el sentido común[1] por medio del cual el sistema legitima su dominación por medio de la hegemonía.
    Esta relación entre coerción y consenso es parte central del análisis de correlación de fuerzas en determinado bloque histórico[2], por lo que se vuelve imperante para dar cuenta de los procesos políticos.
    En ese sentido, a fin de dar cuenta del entorno político actual, es menester entender el proceso histórico que nos lleva hasta el momento actual, por lo que revisaremos comparativamente las cifras en torno a la violencia en tres momentos: La guerra sucia de los 70, la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” del periodo de Calderón y el sexenio de la impunidad de Enrique Peña Nieto.

Cifras
Inmersa en la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor implementados en Latinoamérica, la guerra sucia en México implicó la represión brutal a los movimientos sociales de la época, tanto pacíficos y civiles como clandestinos, así como a las bases populares y comunidades que los apoyaban. Esta estrategia contrainsurgente se dio como respuesta al surgimiento y ampliación de dichos movimientos, ya fueran de carácter legal, como los de los obreros y los estudiantiles, que venían emergiendo desde los años 50, o de carácter “ilegal”, como las guerrillas rurales y urbanas que se gestaron desde los años 60. El movimiento contrainsurgente dejó, según cifras de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos de México (AFADEM-FEDEFAM), mil 350 personas víctimas de desaparición en el país, mientras que el Centro de Investigaciones Históricas del Movimiento Armado (CIHMA) contabilizó 3 mil muertos entre 1965 y 1975 (Díaz, 2015). Así mismo, según el Informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (2014), tan sólo en dicho estado se registraron 19 casos de ejecuciones sumarias, 239 personas víctimas de desaparición forzada y 209 víctimas de desaparición forzada transitoria.
    La mal llamada guerra contra el narcotráfico es la muestra contemporánea del mismo proceso de control social (pese a las obvias diferencias de la naturaleza del proceso), y ofreció al gobierno de Felipe Calderón la oportunidad de militarizar el territorio y ampliar el control social, enmascarando la violencia cotidiana del Estado contra los sectores movilizados y la población en general. Bajo el argumento del combate al enemigo interno se hacen pasar los asesinatos de ciudadanos o luchadores sociales como daño colateral o resultado de un vínculo de los asesinados con sectores del narcotráfico (Illiades y Santiago, 2014).
    La guerra contra el narcotráfico generalizó la violencia, alcanzando cifras alarmantes. En el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron 121 mil 613 homicidios, cifras que fueron en aumento desde 2007 y alcanzaron un pico en 2011, con 27 mil 213 homicidios, según INEGI (26 de julio 2017).
    Este entorno no sólo continúa durante el mandato de EPN, sino que crece exponencialmente. En la primera mitad de su sexenio se registraron 87 mil 788 homicidios, con pico en 2016 con 23 mil 953 muertes (INEGI, 26 de julio 2017).
    Pese a que en este entorno la violencia se generalizó, es decir, impactó a grueso de la población, debemos abordar los actores que se vieron particularmente afectados, teniendo en cuenta el carácter político de estos fenómenos de violencia.
    Al respecto, durante el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron 999 detenciones arbitrarias por motivos políticos,67 ejecuciones extrajudiciales y 55 desapariciones forzadas (Comité Cerezo, 2013; 2014). Cifras que, aun siendo muy altas, quedan opacadas ante las que se obtienen para el sexenio de EPN: 2,968 detenciones arbitrarias, 184 ejecuciones y 110 desapariciones forzadas. (Comité Cerezo, 2018).

¿Hacia dónde va la violencia como mecanismo de control?
Como podemos ver, la violencia ha sido una constante histórica para el control social y todo parece apuntar que sus formas y dinámicas se han visto perfeccionadas y ampliadas.               Pasamos del control de poblaciones específicas, particularmente en Guerrero y Oaxaca y el uso de la tortura para desarticular a las guerrillas, a la violencia general orquestada ya no solo por actores gubernamentales (ejército y policía) sino por paramilitares y grupos de narcotraficantes que enmascaran la estrategia como fenómenos resultado de vacíos de poder.
    Si bien en el sexenio actual no se han documentado casos como Iguala (26 de septiembre de 2014), Tlatlaya (30 de junio de 2014), Villa Purificación (1 de mayo de 2015), Tanhuato ( 22 de mayo de 2015), , Apatzingán ( 6 de enero de 2015), Cuitzeo (30 de julio de 2016), Nochixtlán (19 de junio de 2016) y Arantepacua (5 de abril de 2017)[3], es menester analizar igualmente sus cifras para poder ahondar en las siguientes preguntas ¿existe un cambio significativo en la dinámica de control social?, ¿qué implicaciones tiene la revitalización del factor de consenso articulado actualmente, ¿cuál es el estatus en cuanto a la represión dirigida a actores específicos y organizaciones sociales? Preguntas que nos proporcionarán claves para entender el contexto actual y el estatus de la relación consenso-coerción.
                                                              

Referencias:

Comité Cerezo. (2013). Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad junio de 2012 a mayo de 2013. México: Rosa Luxemburgo Stiftung. Recuperado de https://www.comitecerezo.org/spip.php?article1541

_____ (2014). La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad junio de 2013 a mayo de 2014. México: Rosa Luxemburgo Stiftung. Recuperado de https://www.comitecerezo.org/spip.php?article1851

_____ (2018) El Sexenio de la Impunidad junio de 2017 a mayo de 2018. México: Rosa Luxemburgo Stifftung. Recuperado de: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3322

Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. (2014). Informe final de actividades. Recuperado de http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf

Díaz, A. (2015). Prácticas de conmemoración de la Guerra Sucia en México. Athenea digital, 4(15), 197-221. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/303290/392940

Gramsci, A. (1968). Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. Argentina: Editorial Lautaro.

_____ (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires, Argentina: Nueva visión.

Illiades, C. y Santiago, T. (2014). Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra. México: Era.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (26 de julio 2017). Datos preliminares revelan que en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios. Comunicado de prensa N° 298/17. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017_07.pdf



[1] “…concepción (incluso en cada cerebro) disgregada, incoherente, incongruente, conforme a la posición social y cultural de las multitudes, cuya filosofía es.” (Gramsci, 1971, pp. 125-126), 

[2] Situación histórica que refleja la unión dialéctica entre naturaleza y espíritu que permite la dominación de las clases hegemónicas sobre las subalternas y que se ve trastocada en un periodo de crisis orgánica. (Gramsci, 1968).

[3] Estos casos de desaparición forzada, represión o ejecución extrajudicial serán tratados en un siguiente trabajo.


martes, 29 de septiembre de 2020

¿Está en riesgo la libertad de expresión en México?


Mesa de análisis con integrantes del colectivo La digna voz.


La última discusión en La Náusea TV versa sobre la libertad de expresión, en particular a partir del comunicado publicado por 650 "intelectuales" que acusan al gobierno encabezado por López Obrador de poner en riesgo las libertades democráticas. 


Se analiza la cuestión de la libertad de expresión desde una perspectiva teórico-histórica, para a partir de ello reflexionar sobre el contexto mexicano actual, así como el papel de los canales de difusión sociodigitales que han rebasado ya a los medios tradicionales. 

Les invitamos a acompañarnos en el programa, comentar y difundir el contenido. 


- Colectivo La Digna Voz

martes, 15 de septiembre de 2020

La corrupción en México: el caso Lozoya y el juicio a los expresidentes.


Mesa de análisis con integrantes del colectivo La digna voz.

En la última entrega de La Náusea TV, se lleva a cabo una reflexión sobre el sentido y las implicaciones del problema de la corrupción, partiendo de la problemática conceptual hacia dos casos concretos: el de Emilio Lozoya y la prouesta de juicio a los expresidentes. 

martes, 8 de septiembre de 2020

MORENA y el bonapartismo en México


Por: Rafael de la Garza Talavera

Los conflictos políticos  derivados del proceso para la elección de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) son una muestra clara de una organización que padece de un defecto estructural: la dependencia ideológica y política de su líder carismático y, para colmo, presidente de la república. Intervenga o no en la vida interna del partido, la sombra que proyecta su poder eclipsa cualquier posibilidad de que se convierta en el espacio de discusión y definición del rumbo del país que desean buena parte de sus integrantes.

Este hecho no es nuevo en la historia política nacional; más bien se podría decir que es la constante, derivada de la construcción  de un sistema político que desde su nacimiento estuvo definido por el poder de los caudillos. Así fue en 1929, cuando el general Plutarco Elías Calles convocó a las fuerzas políticas afines a los ideales de la revolución mexicana. Sólo el poder y prestigio del caudillo hicieron posible que innumerables grupos, sin una estructura nacional y mucho menos una ideología compartida, se sometieran a su liderazgo. Fue más que un  partido, un frente político nacional que incluyó a todo el que quisiera participar, siempre y cuando aceptara el poder del jefe máximo de la revolución. Fue así como nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR) origen del sistema político que colocó al presidente-caudillo por encima de todos.

Poco  después, el general Lázaro Cárdenas reforzó al partido y al sistema político integrando a los trabajadores y campesinos organizados del país gracias, otra vez, a su liderazgo carismático, derivado de su política de masas y una acto nacionalista como el que más: la expropiación  petrolera en 1938. Una vez más la organización política dependerá completamente del poder del caudillo, de su capacidad para colocarse por encima del conflicto de clases y darle vida al bonapartismo mexicano.  De acuerdo con Trotski,

 

“En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y las compañías petroleras[i]

    La debilidad de la burguesía nacional es un hecho estructural en la formación social mexicana y sigue tan vigente, o tal vez más, que en los años treinta. Tal vez la diferencia es que hoy no existe un proletariado organizado como el de aquellos años, aunque sí una mayoría de trabajadores pauperizados –sea en el sector formal o informal- por la dinámica del modelo neoliberal a lo largo de las últimas cuatro décadas. Son entonces las condiciones políticas y la correlación de fuerzas de las clases sociales las que determinan el carácter, que no la naturaleza, del bonapartismo. Esta se establece como una necesidad del régimen para mantener el dominio de la burguesía, aunque el estilo o el discurso político y ciertas políticas públicas puedan enfrentarse en apariencia a dicho dominio.

     A partir de los años del cardenismo y hasta el agotamiento del modelo económico en los años setenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -nieto del PNR e hijo desobediente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), creado por el cardenismo para reconfigurar el naciente presidencialismo mexicano- el sistema político mantuvo su estabilidad gracias a una relativa bonanza económica y una represión sistemática a todo aquel que se opusiera al caudillo en turno. Pero nada es para siempre y la adaptación a las nuevas recetas económicas impuestas por el imperio y las transnacionales acabaron con el viejo sistema para, poco a poco, imponer otro más acorde con los nuevos-viejos tiempos.

    Es entonces cuando el PRI se resquebrajó dando lugar al nacimiento de una  nueva fuerza política que, coincidentemente, adoptó la forma de un frente político, esta vez llamado Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), fundado en 1987 y que allanó el camino para la aparición de un nuevo partido en el espectro político mexicano: El Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, su fuerza política estaba localizada en el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas. Una vez más el poder del caudillo fue la clave para la construcción de un partido político que agrupó a expriístas, excomunistas y buena parte de las fuerzas políticas insatisfechas con el viejo partido de la revolución y con el viraje económico e ideológico del sistema. La apertura del modelo electoral y la transformación del sistema de partidos fue sin duda, en buena parte, obra del PRD y sus militantes. Empero, su vida interna estuvo siempre regulada por su fundador y luego por el caudillo emergente: Andrés  Manuel López Obrador. Una vez que ambos abandonaron al PRD, éste cayó en una grotesca decadencia, convirtiéndose en un minipartido que no tiene poder alguno o peor, en una rémora de sus antiguos adversarios políticos.

    La figura del líder carismático vuelve por sus fueros en el ámbito de los partidos políticos. El fraude electoral de 2006 dio lugar al surgimiento un nuevo frente político, concebido en el histórico plantón de miles de personas en el Paseo de la Reforma: El Movimiento de Regeneración Nacional. Y, si bien esta vez el liderazgo no estaba localizado en Palacio Nacional, la convergencia de diferentes sectores y grupos políticos está amparada en la figura del caudillo. La marca de nacimiento de MORENA es así la presencia de un liderazgo carismático que se colocó por encima de tirios y troyanos para darle un nuevo impulso al bonapartismo en México.

    Las consecuencias de lo anterior están a la vista: imposibilidad de generar un liderazgo al interior de la organización partidista; de contar con  un  programa construido desde el partido; de no tener el control de la selección de candidatos para las elecciones; y sobre todo, de no poder intervenir, aunque sea de manera simbólica, en la elección de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal. Desde su fundación, MORENA sólo contó con la presidencia fugaz del caudillo para no poder, hasta hoy, volver a tener una presidencia que no fuera provisional. Y el conflicto se mantiene y si bien no amenaza su existencia,      demuestra sin ambages su contradicción fundamental: aspirar a modificar de manera democrática el sistema político dependiendo de un caudillo que revitaliza la dinámica bonapartista en México.

    Resulta trágico que los millones de personas que impulsaron el surgimiento y desarrollo de MORENA se vean hoy en una situación en la que, a pesar de sus enormes esfuerzos y vitalidad, no puedan ni siquiera intervenir significativamente en el proceso de selección de su dirigencia, ya  no se diga aspirar a transformar este país. Gane quien gane el poder real vendrá de afuera del partido y quien se enfrente a él no tendrá ninguna futuro en la organización. El bonapartismo de hoy, al igual que el de ayer, no tiene otra misión que mantener el poder del capital y proporcionarle al estado mexicano la legitimidad perdida. Tal vez sería un  buen inicio, para lograr dicha aspiración, empezar por reconocer la esencia del liderazgo impuesto a todos, no sólo a los morenistas.



[i] Trotsky, León, “La industria nacionalizada y la administración obrera”, publicado sin firma en Fourth International, agosto 1946. Tomado de Trotsky León, Escritos Latinoamericanos, Buenos Aires-México, CEIP, 2013, p. 154 (https://www.laizquierdadiario.mx/El-marxismo-de-Trotsky-ante-Mexico-y-America-Latina#nb3) El subrayado es mío.