Colombia: el “sí” a la guerra es responsabilidad histórica de las élites

Resumen Latinoamericano

Otra vez el estribillo de la “guerrilla terrorista” y el epíteto antediluviano del “castro-chavismo” sofocaron la posibilidad de triunfo de un valor: la paz. Y otra vez la opinión pública, que no es pública y sí un opinionismo rústico, endosa la factura de la derrota a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). “El ‘no’ es un rechazo de los colombianos a la actitud de las FARC”, dicen los ignaros e incautos. Persiste el relato de la realidad colombiana en clave terrorista. Flagrante error de la dirigencia política en turno, que decidió someter intempestivamente a sufragio un proceso de paz, pero que no preguntó en otra época si los colombianos querían la guerra. El mundo al revés: deciden unilateralmente la guerra (que es un antivalor), y consultan a la población para la refrendación de la paz (que es un valor). El yerro consistió en “partidizar” apresuradamente los acuerdos. La apuesta de Juan Manuel Santos era refrendar ipso facto las negociaciones de paz con la impronta plebiscitaria, a fin de capitalizar electoralmente esa inercia, y condenar al uribismo a un ostracismo político. Irresponsabilidad inexcusable. Más cuando todos los medios de comunicación están atados programática e ideológicamente a la agenda del impresentable Álvaro Uribe. Es cierto que sólo votó el 37 por ciento del padrón. Pero también la abstención es responsabilidad de la élite política, que durante décadas se dedicó a sembrar odio, desinformación e indolencia entre la población. Triunfó el “sí” a la guerra porque es el humor social que han cultivado históricamente las élites colombianas. El uribismo es fruto de la guerra y de la convergencia de intereses oligárquicos en esa guerra. Las razones de la reciente disposición comicial (el “sí” a la guerra) no están en el liderazgo uribista –al menos no primeramente–, sino en las especificidades del conflicto colombiano, y en el predominio de ciertas clases sociales que se apoyan fuertemente en una lógica rígida de guerra para dirimir el conflicto político y neutralizar a la sociedad. 

La guerra es un componente primario de la política colombiana. En esa suerte de “omnivariable” se alojan las explicaciones de eso que la prensa llama “El ‘no’ a la paz”. 

En este sentido, la pregunta que todos formulan es por qué se impuso el “sí” a la guerra. Este artículo acude a cuatro claves explicatorias para responder esa pregunta. 

Las circunstancias de conflicto armado en Colombia justificaron tener un gasto militar elevado e ininterrumpido. Sólo por concepto del Plan Colombia, se estima que el gobierno colombiano aportó 4 mil millones de dólares. Por cierto, que, de ese monto, un porcentaje mayoritario correspondió a las erogaciones del primer turno presidencial de Álvaro Uribe. Cabe hacer notar que el gasto militar tiene un efecto anti-democrático, porque es un gasto que no es susceptible de fiscalización ciudadana. El gasto militar, por definición, está fuera del alcance del escrutinio público, y desplaza a la población de la arena pública. Por añadidura, el indiscreto encanto del militarismo infecta de autoritarismo a una sociedad. En la administración de Álvaro Uribe ese gasto aumentó extraordinariamente. Y Juan Manuel Santos prohijó ese dispendio como ministro de defensa de Uribe. Esa es una primera clave explicatoria. 

Una segunda clave explicatoria es que, a esa ponderación del gasto militar anti-democrático, se sumó una campaña de criminalización de la protesta social. En la administración de Uribe, esa satanización-criminalización se hizo extensiva a la totalidad de la oposición política, incluidos los actores formales e institucionales. Fue una intensa operación propagandística que tenía como propósito desautorizar a cualquier agrupación de la izquierda. Eso derechizó profundamente a la sociedad colombiana. 

Por añadidura, en el marco de la gestión uribista, el gobierno propuso la Ley 975 de “Justicia y Paz”, aprobada en 2005. En la práctica, esa ley proporcionó un instrumento jurídico de amnistía y reducción de penas para los grupos paramilitares, y puso en evidencia el doble rasero de las negociaciones de paz: firmeza contra la guerrilla, indulgencia con los ejércitos paraestatales. El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibió el uribismo contra la insurgencia popular, y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, mostró en relación con los grupos paramilitares, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones de las élites gobernantes se entiende por “Justicia y Paz”. La impunidad que envolvió a la acción paramilitar es una tercera clave explicatoria. Gina Paola Rodríguez, politóloga colombiana, advierte: 

“Las condiciones obtenidas por los paramiltares en el proceso de desmovilización abierto por la Ley de Justicia y Paz dieron una muestra fehaciente del tratamiento preferencial del que eran objeto en tiempos de Uribe. La negociación de su gobierno con los paramilitares arrojó más déficit que ganancias por convertirse, con intención o no, en un proceso proclive a la asimilación y convalidación de las redes mafiosas, sus economías y zonas de influencia política antes que a la verdad, justicia y reparación de las víctimas” (Rodríguez, 2014). 

La cuarta clave explicatoria es la formación de un imaginario ciudadano contrainsurgente, que está entretejido con los procesos antes referidos, pero que ha seguido su propio decurso a través de los medios de comunicación y los discursos esgrimidos en la arena púbica. Carlo Nasi, profesor de la Universidad de los Andes, describe esa percepción social: 

“Para muchos ciudadanos del común, frente a una guerrilla que no ha hecho más que engañar en las negociaciones, causar un daño creciente… sólo existe una respuesta apropiada: derrotarlos completa e incondicionalmente. En esto, Uribe ha sido hábil en interpretar (y potenciar) un deseo colectivo” (Nasi, 2007). 

Es cierto. Pero lo que no dice Nasi es que ese “deseo colectivo” no es natural: es una fabricación en cuyas fibras reposan los contenidos de la política de guerra, tan largamente alimentada por las élites en Colombia. El modelo de publicidad política en ese país se alimenta de ese longevo escenario bélico, cuya conflictividad real ha sido ficcionalizada en desmedro de la guerrilla y de los actores políticos de oposición. Y el resultado de esa gigantesca campaña propagandística es una derechización recalcitrante de ciertos sectores de la sociedad. La política de “seguridad ciudadana” de Álvaro Uribe es el epifenómeno de ese continuum. Antonio Navarro Wolff, exmilitante del grupo armado insurgente M-19, escribe: 

“La política de seguridad centra sus esfuerzos en el terreno militar y policial. Su objetivo principal es el fortalecimiento de la fuerza pública, continuando lo que había empezado cuatro años antes, en términos de aumentar el pie de fuerza de las instituciones militares y policiales, incrementar el total de soldados profesionales, desplegar unidades policiales a todos los municipios del país, y metas similares. Si bien en ella se menciona la necesidad de participación ciudadana, el énfasis está puesto en la cooperación ciudadana para conseguir información que sirva para labores de inteligencia y la realización de operaciones contrainsurgentes. O sea, se trata de una cooperación ciudadana como elemento de guerra con una visión de corto plazo” (Navarro, 2005).

Max Yuri Gil, del centro de investigación Corporación Región, ilustra con precisión ese imaginario ciudadano tan hondamente naturalizado en Colombia: 

“Con el cuento de que tenemos un enemigo, esta sociedad ha sido diezmada, intimidada, se ha vuelto una sociedad muy autoritaria, muy favorable a la eliminación de todo lo que consideran una amenaza, así sea un niño de la calle, un desplazado, un habitante de calle, un drogadicto. Aquí hay una acción de asesinato, y la gente dice ‘ah, mejor’. Eso es limpieza. Es terrible lo que eso significa. Esto ha jugado un papel crucial en la construcción de lo que uno puede llamar una ‘sociedad contrainsurgente’ y una sociedad autoritaria. Una sociedad contrainsurgente porque todo lo que le suene a guerrilla hay que eliminarlo: sindicatos, partidos políticos de izquierda, asociaciones estudiantiles. Todo lo que le suene a izquierda hay que exterminarlo. Y todo lo que les parezca que afea a la sociedad. Pero es un discurso hipócrita, porque esos que justifican matar al niño de la calle, ante los grandes ladrones del capital financiero jamás alzan la voz, ni dicen vamos a matar a los empresarios corruptos. Nada de eso. Eso les parece que es ser muy listos. En cambio, ese otro, ese marginal, esa es la carne de moler del sistema penal colombiano”. 

A la pregunta que todos hacen (¿por qué triunfó el “sí” a la guerra?), cabe responder, apartados de las ficciones liberales o politológicas instrumentales, que las determinantes esenciales de la realidad política colombiana, incluido el reciente revés plebiscitario, descansan en la guerra y su correlato social: la “sociedad contrainsurgente”. 

La condición de posibilidad de una paz auténtica en Colombia estriba en la desactivación de las fibras contrainsurgentes que impregnan la política y la sociedad colombianas. El “no” a la paz es una oportunidad para profundizar esa lucha y desmontar ese dispositivo.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161006_093057_448

Violencia, conflicto y paz en clave colombo-mexicana

México y Colombia tienen muchas cosas en común. Es casi una observación trillada reconocer las semejanzas entre los dos países. Estas similitudes o hermandades refieren tanto a aspectos culturales como a cuestiones de orden político e histórico. No es la intención acá hacer inventario de esos paralelismos o afinidades. Sólo interésanos destacar una en particular que cobra más presencia: la avasalladora primacía de la “seguridad” en el campo político-académico. Este concepto de “seguridad”, cuyo ADN es básicamente el mismo en ambos países, se sostiene en una triada de conceptos: violencia, conflicto y paz. En este tridente conceptual se incuba la justificación de la preponderancia de ese seudoproblema teórico. Esta preeminencia de la “seguridad” no responde únicamente a las preocupaciones específicas que surgen de las respectivas realidades nacionales: tiene un fondo político, y por consiguiente se puede argüir que se trata de una “preocupación” teórica artificialmente creada. Nadie puede objetar que la inseguridad es un flagelo de primer orden en México, Colombia y América Latina. No se trata de menospreciar un asunto que tiene una importancia vital, y un carácter urgente en su tratamiento o erradicación. Pero justamente la tesis mayúscula es que el “asalto” de la “seguridad” en el ámbito político-académico, particularmente en México y Colombia, no es políticamente neutral, y tiene como fin recluir el fenómeno en una suerte de celda metodológica, aislando el tema-objeto de las causalidades sistémicas que explican los problemas vinculatorios con la seguridad.  La “seguridad” es un discurso; y es un discurso altamente lesivo para la comprensión de los escenarios bélicos que enfrentan México y Colombia. 

Acerca de la seguridad se ha escrito un volumen ingente de estudios, artículos, investigaciones. Este artículo trata más bien de las premisas y enredos conceptuales que nutren ese discurso.

Acerca del concepto de violencia

La explicación instrumental de la violencia en México y Colombia a menudo acude al fenómeno delincuencial, el bandolerismo, el terrorismo o el militantismo político. La violencia proviene o bien de grupos e individuos inadaptados o bien de conductas o psicologías anómalas. Incluso el concepto de “violencia estructural” se usa tan abstracta e irresponsablemente que con frecuencia carece de valor teórico, y se esgrime para referir a una suerte de violencia piramidal que abarca todas las relaciones interpersonales: familiares, raciales, de género, generacionales, políticas etc.  Inscrita en la tradición posmoderna, la noción de “violencia estructural” no alude más a esa violencia que proviene de los centros de poder o autoridad (salvo en casos excepcionales), y por lo tanto se extravía en esa ambición por entender el fenómeno sin distingo de las disparidades y jerarquías que inexorablemente intervienen en el ejercicio de la violencia. El concepto de violencia, en este sentido, sigue recluido en la perspectiva de la violencia-manifestación. Esta perspectiva conduce a un error teórico flagrante, que se traduce en soluciones que sólo apuestan a mitigar esa manifestación, pero sin tratar el fondo del asunto: a saber, la correlación poder-violencia. Por eso se observa que en México y Colombia las políticas públicas, cuando logran tener cierta materialidad, únicamente consiguen atenuar ciertas modalidades de violencia (el homicidio señaladamente), pero engendran o agravan otras expresiones de la misma (barriales, familiares, laborales etc). 

El discurso que se urde alrededor de la violencia en la prensa colombiana es francamente grotesco. En estas narraciones la violencia está siempre seguida de referencias como la de “grupos terroristas” o “narcoterroristas” o “criminales desquiciados” o “guerrilleros asesinos” o “gente enferma, vil e infrahumana”. El imaginario colectivo en Colombia concibe la violencia como un rasgo privativo de grupos irregulares que no persiguen ningún fin concreto, salvo el de “atormentar” a la población. Pero el éxito de esta campaña propagandística radica justamente en un ejercicio extraordinario de violencia que a menudo pasa inadvertido: la de la mentira mediáticamente concertada. El volumen de violencia simbólica al que está expuesto un ciudadano común en Colombia es sencillamente indecente. Esa violencia nadie la fiscaliza, y pocos la condenan. 

Pero esos medios de comunicación, ceñidos sin rubor a un léxico confrontacionista,  al menos ponen al descubierto un hecho: que la guerra y la violencia son los instrumentos del poder. 

Esa visible urgencia de escalar el reclamo de violencia contra la población terminará por voltearse contra estos panegiristas de la fuerza. 

Acerca de la noción de conflicto 

Con el concepto de “conflicto” ocurre una situación similar. La noción dominante de “conflicto” en México y Colombia (dominante en la academia y en las narrativas políticas) insiste en las imperfecciones, irregularidades o inconsistencias como fuerzas originarias de la conflictividad humana. El conflicto está en otro lado, o acá pero proveniente de otro lado. Es un traumatismo externo; llámese narcotráfico, delincuencia organizada, guerrilla, milicia popular, insurgencia indígena o campesina. En esta interpretación, el conflicto es algo que se debe regular o superar. Es un estadio susceptible de superación. Por eso en Colombia hablan de post-conflicto, en referencia al “proceso de paz” (nótese el entrecomillado) que tiene lugar en La Habana. Es la añeja añoranza de la tradición filosófico-política occidental: la de un retorno a un cuerpo pre-político donde el conflicto humano no exista más o esté totalmente regulado. Pero esas son quimeras. El conflicto es algo constitutivo a las asociaciones humanas. El conflicto sólo muda de fisonomía y/o alcance. Las imperfecciones no son imperfecciones: son las propiedades particulares de un cierto orden institucional. Y las causas del conflicto están justamente en ese orden (sistema democrático representativo, sistema económico neoliberal), no en el presunto desorden exterior que altera un hipotético orden armonioso natural. Las reformas en México y las negociaciones de armisticio en Colombia tan sólo constituyen una reformulación de los contenidos de dominación y resistencia, nunca la capitulación de los grupos en conflagración, ni mucho menos la disipación del conflicto. Un análisis serio debe tomar nota de los factores de persistencia del conflicto. En este sentido, es preciso tomar el orden social vigente como punto de partida para la explicación del conflicto. La violencia y el conflicto son la arcilla del edificio estatal. 

Acerca del concepto de paz

La paz que pregonan los mandatarios en México y Colombia es la paz de la miseria, el hambre y el sepulcro sin contestación. Este discurso se sostiene gracias a una distorsión fundamental del concepto de “paz”. Especialmente en Colombia, la paz se interpreta como un estado de cosas. Es decir, se trata de un estadio social al cual se puede arribar más o menos integralmente. La paz, en esta perspectiva, es la ausencia de conflicto. Y la ausencia de conflicto es ese estado de cosas presuntamente libre de antagonismos. Es la misma confusión que envuelve al concepto de “democracia”. Casi universalmente se admite la tesis de que vivimos en un orden democrático, aún cuando la democracia no sea un estado de cosas, sino un valor, como la libertad o la justicia. Lo mismo se puede aplicar para la paz. La paz es un valor, y es un valor que por cierto cultivan ciertos agentes sociales con frecuencia extrainstitucionales. La “paz” de los discursos oficialistas es una palabra despolitizada, al servicio de las narrativas que alimentan la ilusión de un poder legítimo, eficaz. Algunos hablan de “paz imperfecta”, que es un refrito de la idea de “democracia imperfecta”. Es políticamente rentable definir la paz como un estado de cosas, porque permite prometer la llegada a ese “reino” e ignorar la fuente del conflicto. 

El propósito de esta adulteración  es político. La guerra con frecuencia es la cifra de la paz, pero en formato silencioso. Y el discurso de la “seguridad” es la negación del diferendo humano fundamental, y una tentativa por abolir la verdad material. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/violencia-conflicto-y-paz-en-clave-colombo-mexicana/