El desarrollo sostenible y el progresismo en México

 

Por: Rafael de la Garza Talavera

A nadie parece sorprender la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). A  menos de un mes de que se hiciera pública su oposición a la importación de glisofato -lo que originó la protesta del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el súper asesor de la presidencia Alfonso Romo, conspicuos representantes locales del agronegocio- la salida de un destacado estudioso del medio ambiente en México confirma, una vez más,  que la protección de la biodiversidad y la salud de la población no está por encima de la sed de ganancias de las transnacionales.

    Resulta muy útil para la afirmación que abre este texto, destacar la declaración del entonces secretario de la SEMARNAT, la cual detonó todo el sainete a principios de agosto: “no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutales… [la defensa del ambiente] no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente.”  

    Ya desde la publicación del famoso Informe Bruntland en 1987, quedó claramente planteado el conflicto entre el modelo de desarrollo capitalista y las consecuencias negativas crecientes para el planeta. A partir de ese momento se definió la contradicción evidente que resulta de la codicia que vive siempre en el presente y la posibilidad de un futuro digno para las generaciones venideras: "Esta en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias"

    Sobra decir que la mayoría de los estados miembros de la ONU acató, de los dientes para afuera, las conclusiones del informe. En México, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y un año después debutó la Comisión Nacional del Agua; en 1994 surgió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, antecedente directo  de la SEMARNAT. El discurso político integró los conceptos básicos de la protección del medio ambiente e incluso cobró fuerza un partido familiar, el Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986.

    En el contexto internacional, las cumbres ambientales fueron ganando terreno. En 1992, la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro concentró a buena parte de las organizaciones ambientalistas del mundo y asistieron además las representaciones oficiales de 172 países con la intención de formular acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Al igual que la fábula del rey desnudo, todos los participantes oficiales omitieron señalar la  gran contradicción: las  buenas intenciones del discurso político frente al poder económico, financiero, mediático y político de las corporaciones internacionales dedicadas al agronegocio.

    Así las cosas, insisto, a nadie sorprende la salida de un servidor público que le puso cara al lobby conformado por empresas como Monsanto, Carhill, Tyson y muchas más, que a lo largo de las últimas décadas se han fortalecido gracias a las concesiones otorgadas por los gobiernos alrededor del mundo, sean de izquierda o de derecha. La llegada del AMLO  a la presidencia de la república mexicana suscitó esperanzas para algunos, pero a dos años de su gestión no cabe la menor duda de que el gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) no tiene la menor intención de modificar la tragedia ambiental ni sus efectos.

    Y es que el deterioro de la biodiversidad afecta directamente a millones de campesinos y pueblos originarios, no sólo por el deterioro de su calidad de vida a consecuencia del consumo de alimentos con alto contenido de sodio y potasio, derivados de organismos genéticamente modificados y rociados por toneladas de químicos, como el glisofato, para  aumentar la productividad. Habrá que sumar el despojo de tierras y semillas cultivadas y desarrolladas por miles de años así como el desprecio o apropiación  sistemática de saberes ancestrales, según convenga al capital; los asesinatos selectivos de defensores del medio ambiente, empleando a paramilitares y crimen organizado para atemorizar a la población e imponer los grandes proyectos de inversión del agronegocio.

    Los proyectos desarrollistas o progresistas como el mal llamado Tren Maya, el canal transítsmico e incluso el nuevo aeropuerto internacional son sólo la punta del iceberg de la dinámica económica del gobierno federal. Aunado a ellos están la minería a cielo abierto, la intensificación de las maquiladoras, los proyectos turísticos e hidrológicos. Al final lo que queda en evidencia es que, al igual que con la pandemia en la que estamos inmersos, el proyecto económico del gobierno en turno coloca claramente al capital y sus ganancias por encima de la vida de la población.

    Y si, al igual que con la renuncia de Víctor Toledo, el camino elegido para el desarrollo económico por la 4T… tampoco sorprende.

La modernización del TLCAN y la guerra civil en México

De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para el mantener,principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como del lugar.

No se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE. UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE. UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del status quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.

La era de los muros: la otra cara de la globalización neoliberal.

¿Cómo olvidar el enorme revuelo que causó la caída del Muro de Berlín? El fin de la guerra fría fue para muchos el anuncio de una época dorada, sin conflictos (fin de la historia), dominada por la democracia y los valores liberales. Sintetizada en la frase “There is no alternative” el capitalismo neoliberal se regodeaba en su aparente victoria, gracias a la caída de un muro que simbolizaba todo lo negativo de la posguerra y de un mundo dividido en dos grandes bloques que se sostenían mutuamente. Que simbolizaba la separación de dos naciones que en realidad eran una, pero sobre todo la ausencia de la libertad de tránsito para los seres humanos, que no de las mercancías claro, el aislamiento forzado impuesto por el mundo comunista atentando contra los derechos humanos.

Pues bien, a partir de 1989, los muros no han desaparecido sino todo lo contrario. En un reciente artículo, se afirma que en 1989 existían una decena de muros y que actualmente se cuentan alrededor de setenta alrededor del mundo. Y al igual que el de Berlín, los muros del siglo XXI se han construido para reforzar la seguridad interna y, obviamente, para detener los flujos migratorios. Ambos objetivos están íntimamente relacionados pues la dinámica neoliberal ha generado, en las últimas cuatro décadas, enormes disparidades económicas y guerras fratricidas a lo largo y ancho del globo, lo que ha desencadenado flujos migratorios no sólo de países pobres hacia los ricos sino también entre países pobres, como sería el caso de los habitantes de los países centroamericanos y caribeños, que han llegado a México por tierra y por mar a pesar de la existencia de un muro virtual compuesto de policías, paramilitares, narcotraficantes y el ejército mexicano, y que está en vías de reforzarse gracias a la cooperación del gobierno mexicano con el Pentágono; o el muro de arena fortificado de casi tres mil kilómetros entre Marruecos y el Sáhara  Occidental. 

Pero además existen muros entre países europeos. Es así como nos encontramos con muros entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten de Francia a Inglaterra, y que fue financiado por el gobierno británico. Otros ejemplos en Europa son el construido por Hungría en 2015 –con 175 Km. de longitud- para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para  detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria; o el que existe entre Austria y Eslovenia, o Macedonia y Grecia. 

El medio oriente también tiene lo suyo: está el construido por Israel en su frontera con Cisjordania que una vez concluido se extenderá a lo largo de 712 Km. y hasta nueve metros de alto. Y no es el único que ha construido, ya que también existen muros en sus fronteras con Jordania, Siria, Egipto y por supuesto, la franja de Gaza. Tal vez el ejemplo israelí demuestre mejor que otros, dada la naturaleza del conflicto con el mundo árabe, la vocación racista y militarista que caracteriza la construcción de muros, los cuales con argumentos relacionados con la seguridad interna, en realidad evidencian una vocación marcadamente discriminatoria y opuesta a los principios liberales que presumen y promueven alrededor del mundo.

El plan de Trump para construir un muro a lo largo de la frontera con México, de alrededor de tres mil kilómetros, tiene sus equivalente en la frontera entre la India y Bangladesh , el cual mide 2,700 Km. y su construcción  se justificó con los mismos argumentos con los que la amenaza naranja pretende levantar el suyo: inmigración y contrabando. Resulta por demás curioso, o mejor dicho hipócrita, que países que poseen muros se muestren ‘solidarios’ con México, criticando la intención del gobierno yanqui. Porque la dinámica neoliberal ha mantenido las condiciones básicas que provocan los flujos migratorios, pues el modelo está beneficiándose ampliamente de la mano de obra barata migrante que explotan pero al mismo tiempo le ofrecen a sus gobernados la tranquilidad ficticia que ofrece una barrera física o virtual para mantener la pureza de la nación. 

El propio gobierno mexicano mantiene un doble discurso al respecto. Al mismo tiempo que se rasga las vestiduras e implementa sobre las rodillas acciones de emergencia para ‘atender’ a los migrantes deportados -con empleo que no puede garantizar a la mayoría de la población que permanece en el país- o espacios en las universidades mexicanas para los eventuales ‘dreamers’ deportados -cuando no pueden darle acceso a la gran mayoría de egresados del nivel medio superior que quieren estudiar una carrera universitaria- conversa oficialmente con representantes de los EE. UU. para definir una estrategia conjunta que cierre el paso a los inmigrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe que quieren llegar al norte pasando por México.

Al final, lo que queda claro es que el modelo neoliberal globalizador, fortalecido con la caída del muro de Berlín, reniega sin tapujos de la posibilidad de un mundo sin fronteras como inicialmente promovió. La existencia creciente de los muros confirma su vocación racista y discriminatoria, negando en la realidad lo que prometió en el papel. Sin embargo, es también la era de los muros la que confirma su impotencia para detener a millones de personas que buscan una vida digna, renunciando a la marginación y la pobreza. Es por ello que coincidimos con aquellos analistas que no se dejan engañar por la idea de que el gobierno de  Trump prefigura el fin de la globalización neoliberal, reconociendo más bien en su retórica e intenciones su recrudecimiento. La era de los muros lo confirma.

¡Pégame pero no me dejes! Del neoliberalismo al neocolonialismo reciclado en México.

Frente a la ofensiva del recién llegado a la Casa Blanca (la de allá, no la de aquí) las reacciones de gobernantes y sus amos van desde la histeria hasta el masoquismo. Renuentes a perder sus privilegios, los poderosos en México no están dispuestos ni por un segundo a considerar un golpe de timón para responder a las intenciones neocolonialistas de la amenaza naranja. Por el contrario, están dispuestos a sacrificar lo que queda del país para que las cosas sigan como están, profundizando la dependencia económica, política y cultural concomitante con el recrudecimiento de la pobreza y la marginación para millones de mexicanos.

En el ya lejano año de 1938, cuando Lázaro Cárdenas ordenó la nacionalización del petróleo, se abrió un ciclo histórico que con la reciente reforma energética ha llegado a su fin. Iniciado el desmantelamiento del estado de bienestar a principios de la década de los ochenta,y reforzado con la firma del TLCAN, el país se encuentra hoy en el inicio de un nuevo ciclo en el que la profundización de la globalización neoliberal ha colocado al país en una dinámica neocolonial en pleno siglo XXI.

La llegada de los tecnócratas al poder significó el inicio de un proyecto económico que prefiguró claramente la debacle que hoy nos envuelve y condiciona. Lo que en aquellos años despertó la esperanza de buena parte de la población -a pesar de los múltiples indicios que vaticinaban- fue en realidad el arranque de un ciclo histórico que no sólo desmanteló al estado posrevolucionario sino desgarró a la sociedad en su conjunto para convertir a la nación en rehén de las grandes transnacionales.

El aumento del precio de la gasolina no es más que la consecuencia directa del proyecto neoliberal impulsado por Salinas y la oligarquía mexicana. Y si bien muchos no alcanzaron a imaginar hasta donde llegaría el proceso hoy resulta imposible de ignorar. La ofensiva en contra de Pemex, iniciada con la venta de la petroquímica, ha llegado a su culminación y las consecuencias están a la vista de todos. Y sin embargo el paraíso prometido está hoy más lejos que nunca y aunque para muchos resulta exagerado aceptar la idea de que hemos vuelto a los tiempos de la dictadura porfirista y el neocolonialismo del siglo XIX, es innegable el estado de postración y sumisión en el que se encuentra la economía mexicana.

El neoliberalismo como receta económica impulsó la venta de las empresas estatales, la flotación permanente del peso y la apertura indiscriminada de las fronteras al comercio internacional. Pero además consolidó al modelo maquilador, basado en el brutal descenso de los salarios reales, nulos controles ambientales y estímulos fiscales muchas veces concedidos en medio de un sistemático tráfico de influencias, lo  que debilitó sistemáticamente la planta productiva del país, tanto en el incipiente sector industrial como sobre todo en el agropecuario. Y el milagro nunca llegó. 

A lo largo de los últimos treinta años, el fortalecimiento de la receta neoliberal fue abriendo nuevas heridas que han llevado a políticos y empresarios a considerar que no hay otra alternativa que mantener a cualquier costo el modelo económico. Llama la atención como frente a las amenazas de Trump, la inmensa mayoría de los privilegiados del régimen se muestran aterrorizados no sólo por las consecuencias que tendría el regreso de millones de migrantes al país sino sobre todo por la posibilidad de que el TLCAN desaparezca. De hecho, están en la mejor disposición de que se mantenga, aun si eso significa n mayor sometimiento económico. Para nadie es un secreto que el infame tratado fue y es sustancialmente funcional para la economía estadounidense pero no tanto para la mexicana. El aumento consistente del desempleo, la disminución de cerca del 70% del valor de los salarios reales, la crisis ambiental y humana y sobre todo el fortalecimiento del crimen organizado son, junto con las terribles consecuencias en la salud de millones por el incremento en el consumo de comida chatarra, las consecuencias reales del TLCAN. El sobado argumento de que la balanza comercial es favorable  para la economía mexicana y que es resultado directo del TLCAN paso por alto el hecho de que lo que se exporta principalmente por la maquila de productos de las transnacionales. Es el caso, por ejemplo, de la joya de la corona, la industria automotriz, que exporta miles y miles de autos ensamblados en México… pero con refacciones importadas.

La quimera que Trump le ha vendido a sus votantes -en el sentido de que los empleos de dichas industrias volverán a los EE. UU.- sería un duro golpe para la economía mexicana pero también lo sería para las ganancias y el futuro de la industria automotriz yanqui que sólo ha podido seguir compitiendo gracias a los bajos salarios pagados a los trabajadores mexicanos. No por ello la economía yanqui dejará de utilizar la mano de obra mexicana pero ahora endurecerá las condiciones renegociando el TLCAN, con la complacencia de Peña y su grupo.

Por lo anterior es posible sugerir que la profundización de la dependencia de México y la visible cooperación del gobierno federal para hacerlo posible cierra el ciclo histórico neoliberal para abrir la puerta a un neocolonialismo que, al igual que el del siglo XIX no echará mano de la ocupación militar sino acelerará la dependencia poniendo de rodillas a la mayoría de la población -depredando sus recursos naturales y empobreciéndolos más de lo que ya están- con la entusiasta cooperación sumisa de gobernantes y empresarios. Estos últimos simplemente no conciben la posibilidad de configurar un país ajeno a la dinámica neocolonial, a pesar de las posibilidades que ofrece un mundo multipolar, sino todo lo contrario. Así lo sugieren intelectuales del régimen como Jorge Castañeda, quien se pregunta en un reciente artículo “¿Cómo deberíamos responder los mexicanos a la inminente toma de posesión de Donald Trump? No existe opción seria de diversificación: ni hoy ni desde el Porfiriato (…) y desde entonces —ya 120 años— eso no ha cambiado y no va a cambiar, debido a la inercia geográfica y cultural. La respuesta es más integración, no menos.” Semejante reconocimiento de la necesidad histórica del neocolonialismo en México podría ser traducida en clave masoquista como: ¡Pégame pero no me dejes¡

Y en esas andamos. Recordando la crisis de 1973 para entender la crisis actual

El liberalismo de la segunda posguerra –que alcanzó altas tasas de crecimiento en las economías industriales avanzadas– entró en una fase de crisis a finales de los 60’s principios de los 70’s. En este contexto se consignaron ciertos fenómenos sintomáticos de una crisis de gran envergadura: los desequilibrios fiscales en las economías occidentales (Gran Bretaña, por ejemplo, tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional en 1975), la descontinuación del patrón oro como base universal de las unidades monetarias, el aumento meteórico de las tasas de inflación y desempleo (cerca del 13 y el 9 por ciento respectivamente), el colapso del valor de los activos (acciones, bienes, ahorros), y en general un hundimiento estrepitoso de las tasas de crecimiento y acumulación. 

La pregunta urgente en ese contexto era básicamente cómo reanudar el proceso de acumulación de capital. 

Cabe recordar que la acumulación no es un capricho de una clase o grupo social: es un imperativo categórico del capitalismo. Sin acumulación de capital las bases del modo de producción capitalista se deterioran irremediablemente. Pero, ¿qué es exactamente un patrón de acumulación? José Valenzuela Feijóo explica: 

“Un patrón de acumulación constituye una unidad o totalidad orgánica, es decir, real. Por lo tanto no se puede explicar por la simple suma de sus partes. No es menos cierto que en cuanto totalidad real, debe responder a cierta estructuración objetiva jerárquica. Y esto es lo que nos debe permitir el hallazgo de su matriz o determinante esencial. En este sentido podríamos ensayar una definición breve que vaya un poquito más allá (o más acá) que la de entenderlo ‘como una modalidad de acumulación, históricamente determinada’. Podríamos por ejemplo, decir que un patrón de acumulación constituye una unidad específica entre formas específicas de acumulación, producción y realización de la plusvalía” (Feijóo, 1990). 

Atendamos entonces “la matriz o determinante esencial”, y la forma específica de “acumulación, producción y realización de la plusvalía” dominante en la presente era. 

El capitalismo (forma general de producción de plusvalía) puede continuar sus ciclos de reproducción con poco o nulo crecimiento, pero no sin acumulación (forma específica de producción de plusvalía). De hecho, el neoliberalismo (unidad específica de acumulación) es un ejemplo paradigmático de este horizonte. Si bien las políticas neoliberales solucionaron parcialmente el problema de la acumulación (sólo parcialmente, pues nunca consiguieron evitar las crisis económicas constantes), en materia de crecimiento estas políticas sufrieron un revés palmario. E incluso allí donde las potencias económicas registraron un crecimiento relativamente alto, la característica dominante de estos casos extraordinarios fue el empobrecimiento. Es un fenómeno económico que se conoce como “crecimiento empobrecedor”, y que refiere a procesos de crecimiento-acumulación marcados por el signo de la centralización de la renta, en claro detrimento de la redistribución. 

El dilema era cómo reactivar el proceso de acumulación en un contexto de escaso o nulo crecimiento, y agotamiento o crisis terminal de un patrón de acumulación otrora exitoso (fordista o pacto corporativo o alianza capital-trabajo). Basta decir que la solución que se alzó victoriosa fue el neoliberalismo: es decir, la solución de ciertas élites económicas. En este sentido, se trató de una respuesta de las clases altas a la crisis. En atención a la esterilidad de la solución corporativista se acudió a la solución neoliberal. Pero naturalmente en beneficio de ciertas élites añejas y otras en ascenso. En efecto, “en cuanto totalidad real” el patrón neoliberal de acumulación es inseparable de una “cierta estructuración objetiva jerárquica”. 

 Si el patrón de acumulación fordista se basó en un acuerdo entre la clase obrera organizada (sindicatos) y el capital, el patrón neoliberal de acumulación se basa, por el contrario, en una radical fractura de esa alianza. La naturaleza de las políticas correspondientes a este patrón revela palmariamente ese divorcio. La flexibilización laboral apunta en esta dirección cismática, al igual que todo el recetario de políticas macroeconómicas consustanciales al ideario neoliberal: políticas monetarias restrictivas, disposiciones fiscales orientadas a gravar el consumo básico, desregulación de los capitales, liberalización de las economías nacionales, privatización de las empresas e instituciones estatales etc. 

Se tiene que insistir: la primacía y triunfo indiscutido del patrón neoliberal de acumulación no fue el resultado de una probabilidad social o científicamente certificada. Fue una decisión cupular, vinculatoria con una “cierta estructuración objetiva jerárquica”, que consistió en la sustitución de las fórmulas aliancistas de la acumulación fordista en franca crisis terminal (producción en masa, estandarización, contratación colectiva, regulación estatal, socialización del bienestar), por otra estrategia en provecho irrestricto de la gran industria, el comercio oligopólico, y especialmente la alta finanza. A decir de Pierre Bourdieu: 

“La globalización económica [o neoliberalización]… es el producto de una política elaborada por un conjunto de agentes y de instituciones y el resultado de la aplicación de reglas deliberadamente creadas para determinados fines, a saber la liberalización del comercio (trade liberalization), es decir la eliminación de todas las regulaciones nacionales que frenan a las empresas y sus inversiones. Dicho de otra forma, el mercado mundial es una creación política (como lo había sido el mercado nacional), el producto de una política más o menos conscientemente concertada” (Bourdieu, 2001). 

El neoliberalismo se distingue de otras “formas específicas de acumulación” por una estratégica disposición estructural: a saber, la transferencia de los costos de la crisis al trabajo y a los segmentos poblacionales mayoritarios. 

Y en esas andamos, en las vísperas de un 2016 poco alentador.

Las bases materiales de la narcopolítica

Luis Hernández Navarro

Rompeviento Tv

México es un país productor de drogas. En sus montañas se siembra y procesa amapola y mariguana. De hecho, es ya el segundo fabricante mundial de heroína. También se elaboran metanfetaminas, con precursores químicos que llegan de Oriente a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Nuestro país es también zona de paso de cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y, sobre todo, a partir de que los cárteles colombianos comenzaron a pagar a sus socios mexicanos en especie y no sólo con dinero o armas, un creciente consumidor de estupefacientes.

La economía mexicana está entre las 15 más grandes del mundo. Su Producto Interno Bruto (PIB) es de 1.5 billones de dólares al año, 300 mil millones provenientes de exportaciones. De acuerdo con un estudio del Congreso Mexicano, las actividades económicas del crimen organizado representan el 10% del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares.

De esta cantidad, 40 o 45% proviene del tráfico de drogas, alrededor de 30 o 32% se obtiene del tráfico de personas, alrededor del 20% de la piratería y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares del tráfico de drogas. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, la principal empresa del país. Al no haber empleo, el gran empleador es el narcotráfico.

La implicaciones de este flujo de dinero son múltiples: en el terreno económico-financiero, en la política y en la procuración de justicia.

Las empresas que manejan comercio clandestino de drogas se rigen por las mismas leyes que gobiernan la evolución de las empresas capitalistas en cualquier rama de la industria o de los servicios. Por ejemplo, la realización de dos actividades simultáneamente les reduce los costos unitarios, de tal manera que es más barato producir esos dos productos simultáneamente que producirlos por separado. Por ejemplo, trasladar droga y migrantes. Las rutas, las redes de protección y la logística son las mismas.

Para algunos grupos de narcotraficantes el tráfico de drogas no es su principal ingreso. Hasta 2007 teníamos un patrón en donde los narcotraficantes eran narcotraficantes y los contrabandistas eran contrabandistas. Pero, a partir de 2007, los Zetas encuentran en esto otra área de oportunidad y empiezan a controlar de manera simultánea contrabando, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de blancas.

Esquemáticamente, podemos decir que en México existen dos economías que marchan a velocidades distintas. Por un lado, tenemos una economía clandestina, con grandes cantidades de flujos de capital; por otro lado, una economía estándar, la economía legal, digamos estancada, que está en el piso, que no puede crecer.

La economía criminal necesita blanquear sus ganancias, es decir, introducir el capital líquido a los canales legales de la economía. Para ello se establecen empresas que empiezan a hundir sus raíces en la economía, en el tejido económico, de manera muy profunda.

Uno de los mecanismos usuales de lavado de dinero es el turismo, con los hoteles, antros, compañías que alquilan coches, etcétera. Es muy importante también la compra de bienes raíces, de autos, de joyas y de arte. Pero, sin duda alguna, el principal canal para el lavado de dinero es el sistema financiero, a través de casas de empeño, de centros cambiarios, de empresas que se dedican a transferir las remesas. Y, por supuesto, de los grandes bancos.

El mejor ejemplo de cómo el dinero sucio del crimen organizado se blanquea en los circuitos financieros legales es el caso del banco HSBC. Este banco reconoció públicamente que había movilizado entre 7 mil y 9 mil millones de dólares. Aquí en México fue multado por una cantidad que más o menos equivale como al 10% de sus ganancias en un trimestre. Pero no hay un solo preso.

Sobre el lavado de dinero hay mucha impunidad. Lavar dinero, introducir dinero sucio al sistema financiero no es delito si estás en posibilidad de pagar una multa.

Sin embargo, la asociación entre empresarios de cuello blanco y narcotraficantes va más allá del negocio de lavado. Asolados por la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad, muchos empresarios pactaron acuerdos con el crimen organizado para conseguirla. Los narcos ofrecen el servicio del transporte, ofrecen la protección, ofrecen la comercialización, ofrecen las custodias.

De allí la relación pasó a niveles de otra naturaleza. Por ejemplo, pedir otro tipo de favores, como cobrarle a un proveedor que no paga o sacar a un competidor del mercado. Dos casos de esta alianza son el robo y venta de combustibles y la minería.

Tanto dinero líquido proveniente del narco ha alterado la política mexicana. Los viejos vicios han crecido y se han ensanchado. Bajo su influjo, el viejo cáncer ha hecho metástasis. Como ha señalado Edgardo Buscaglia, México es un país de muy bajo costo para los grupos criminales internacionales. Y cuando llegan tratan de capturar a políticos a bajo costo también. Es muy fácil hacerlo. De la mano entra en escena la violencia. La ecuación es sencilla. La violencia ya existía. Ahora se ha multiplicado gracias a la corrupción política.

¿Que pasaría si quitamos del circuito financiero los 65 mil millones de dólares que entran por concepto de tráfico de estupefacientes? Mientras va droga, regresa dinero. Por un lado, ese dinero representa -seguramente de una forma indeseada- capacidad de una familia para consumir, para comprar, para mover los pequeños negocios de esa comunidad. Por el otro, es una dependencia insana como todas las dependencias. Hay dependencia de las drogas y hay dependencia de ese dinero de las drogas.

Lo que la tragedia de Ayotzinapa ha puesto en claro es hasta dónde el país está invadido por este mal, hasta dónde nuestras instituciones de representación política y de procuración de justicia están capturadas por el crimen organizado.

De la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico

Con frecuencia los analistas omiten la conexión entre las transformaciones del Estado y el escenario de guerra en México. Un hecho es insoslayable: la guerra y la militarización de la vida pública avanzan a la par de otro proceso no menos sustantivo: a saber, el ciclo de reformas neoliberales que arranca en la década de los 80’s, y que sigue su curso en el presente. La globalización, que no es otra cosa que la sombra obscena de la neoliberalización, coincidentemente está atravesada por dos fenómenos particularmente notorios: la desnacionalización de la economía y la militarización de los Estados.  La politóloga Pilar Calveiro especula acerca de esta correlación: “El poder militar ‘abre’ las condiciones para una nueva hegemonía; por eso guerra y globalización han sido, hasta el presente, procesos inseparables”. 

Bien podría argüirse, basándonos en firmes asideros empíricos, que la guerra contra el narcotráfico es un anexo del proceso de neoliberalización. Si se admite la tesis de Calveiro, la guerra respondería a la necesidad de un recurso contra la cerrazón de ciertas áreas económicas estratégicas, especialmente en países cuyas políticas restringen el usufructo privado, principalmente foráneo. El régimen posrevolucionario en México se caracterizó por altos contenidos nacionales-estatistas, claramente adversos para las inversiones extranjeras. 

También cercana a esta lectura, la periodista Dawn Paley observa que la guerra contra las drogas es una tecnología del poder para abrir “grietas en realidades y territorios sociales alguna vez inaccesibles para el capitalismo global”. En “La doctrina del shock”, Naomi Klein defiende una idea sugerentemente similar acerca de las guerras y otros conflictos en el siglo XX:

“Algunas de las violaciones a los derechos humanos más despreciables de este siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las ‘reformas’ radicales (neoliberales) que habrían de traer ese ansiado libre mercado”.

De hecho la guerra contra el narcotráfico contribuye a alimentar el predominio de una clase: la alta finanza –clase dominante e impulsora entusiasta de la neoliberalización–, a través del lavado de caudales dinerarios provenientes de los circuitos ilícitos de la economía: 

“En esta guerra [contra el narcotráfico], lo que no se quiere ver y tampoco se investiga es la ruta del dinero sucio… Las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año sólo por ventas de narcóticos ilegales en Estados Unidos… La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares durante cuatro años y seis meses de esta ‘guerra’. En el segundo caso, el dinero lavado ascendería a 175 500 millones de dólares” (Nancy Flores 2012)

Una característica del período neoliberal es el encumbramiento de un poder anónimo sin freno e incontestado; eso que Calveiro define como un “dispositivo económico-financiero que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Es precisamente esa desregulación o incapacidad de regulación lo que permite que los grandes beneficiarios de los circuitos de “dinero sucio” conserven un relativo anonimato y una impunidad a prueba de “fuego”. 

Algunos bancos como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos. Pero ningún banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. El Estado no tiene el poder ni la voluntad política para frenar esos dineros ilícitos. En dos de los casos más controvertidos mediáticamente, en los que están envueltos el Banco Wachovia y HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares, respectivamente, que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de esas casas bancarias. Este es sólo un ejemplo del alcance de ese dispositivo financiero “que ninguna instancia internacional está en posición de regular”. Para esa actividad onerosa y criminal la guerra contra el narcotráfico no tiene estrategia.

Neoliberalización es financiarización de la economía, que consiste básicamente en la desregulación ex profeso de las transacciones dinerarias. En este sentido, la neoliberalización de los Estados implica la omisión concertada de las operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La guerra contra el narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales o criminales sin atacar la totalidad de esa economía a la que debe su existencia: la extractiva neoliberal.  

Lo que está en juego en Grecia el 5 de julio

Cuesta trabajo creer que en nuestros días se siga enseñando en las escuelas de derecho y ciencias sociales que el elemento central del estado liberal descansa en la soberanía nacional. Este puntal de los estados modernos se presenta como la consecuencia de la  revolución francesa y el surgimiento del la nación y por ende de la ciudadanía. Y digo cuesta creer que así sea porque en los últimos treinta años -en el marco de la reconfiguración del capitalismo vulgarmente llamada globalización, eufemismo indispensable para legitimar la explotación- los estados nacionales se han enfrentado a una acelerada pérdida de su relativa capacidad para controlar de manera autónoma su política económica. Hoy por hoy, el caso griego lo confirma claramente.

Todo la construcción teórica producida alrededor del estado liberal demuestra que la independencia, la autonomía y la democracia sólo sirvieron y sirven para ocultar el hecho de que las naciones forman parte de un sistema interesestatal en el que las reglas del juego no dependen de la voluntad general y las elecciones libres de representantes sino en el poder de las corporaciones internacionales, del capital financiero y en última instancia de la fuerza de las armas. 

Todo el discurso democrático no deja de ser mas que una excusa para imponer la voluntad del capital pero a veces las cosas se salen de control, como en la llamada crisis griega. Un gobierno legítimamente electo, que llega al poder utilizando los mecanismos consagrados de la democracia liberal, enfrenta hoy una enorme presión por parte de los banqueros internacionales para ignorar el mandato de las urnas y someterse sin restricciones a la voluntad particular, a los intereses de unos cuantos. Para nada importa que el pasar por alto el mandato popular implique la reducción dramática de los niveles de vida, las incontables tragedias familiares o personales producto de la desaparición de un futuro digno. Primero está el dinero, el respeto irrestricto a la autoridad de las instituciones financieras, y luego que venga lo que sea.

Para los latinoamericanos este no es ninguna novedad. Desde Guatemala hasta Chile y en nuestros días en Venezuela o Bolivia, la región ha experimentado de primera mano la falacia de la soberanía nacional y la democracia liberal. Sabemos mejor que muchos que los límites de la representación, articulada desde el voto universal, los partidos políticos y las elecciones, están claramente delimitados en función de los intereses de unos cuantos. Por eso, la postura de Alexis Tsipras y su equipo no deja de asombrarnos. Para los mexicanos, la postura de Siryza nos recuerda la oportunidad perdida en 1982 y luego en 1994, cuando estuvimos en una posición similar a la de Grecia hoy, navegando en el centro del huracán. En aquellos coyunturas se impusieron las políticas del Fondo Monetario Internacional que quebraron al país para salvar a los bancos. ¿Cuál hubiera sido el resultado de un referéndum en 1982, por ejemplo, para aceptar o rechazar las recetas neoliberales para México? En todo caso seguimos pagando las consecuencias de la receta que se nos impuso entonces... y nuestros hijos y nietos seguirán pagando. 

También en aquéllos años nos preguntábamos: ¿Quien debería estar más preocupado por la crisis financiera, los deudores o los acreedores? Era evidente entonces, como lo es en estos días con respecto a Grecia y la troika, que los acreedores tenían mucho más que perder. Y no sólo porque no podrían cobrar las deudas sino porque, al mismo tiempo, la suspensión de pagos ponía en cuestión todas las prácticas de los bancos para controlar y aplastar las decadentes soberanías nacionales, o sea a todo el entramado ideológica de la democracia liberal. Al mismo tiempo, ponía en tela de juicio la autoridad de los países centrales para definir las dinámicas económicas de la mayoría de la población del mundo, pero sobre todo la posibilidad de mantener funcionando el sistema financiero funcionando, al capitalismo pues.

En la coyuntura actual, la presión está concentrada una vez más en el sistema financiero internacional pues resulta imposible calcular el costo político, económico y social del derrumbe de la Unión Europea, que gira alrededor del poder financiero de los bancos europeos, particularmente el alemán que es al mismo tiempo el banco de Europa. Se ha dicho hasta el cansancio que la salida de Gracia de la zona euro significa al principio del fin del 'sueño europeo', el cual promovido en el mundo como el fin de los seculares conflictos bélicos en la región en realidad significó el reacomodo de las oligarquías europeas frente al fin de la guerra fría y un mundo multipolar. Detrás del discurso integrador que giraba alrededor de una cultura común y los ideales de la civilización occidental estuvo siempre la sed de ganancias. Después de todo el capitalismo nació en Europa.

Si la soberanía nacional fuera una realidad y la democracia hiciera posible la existencia en los hechos de sus principios básicos, las presentes reflexiones no tendrían razón de ser. Empero, lo que se observa es una lucha descarnada entre un pueblo que desde el 2010 se encuentra sujeto a medidas draconianas para mantener al sistema financiero funcionando en Europa, y un grupo de instituciones internacionales que se dedican a imponer 'rescates financieros' para salvarse a sí mismas. La batalla es en muchos sentidos la madre de todas las batallas. 

La actitud de Tsipras en las negociaciones no puede ser más que una luz de esperanza para millones de seres humanos alrededor del mundo para reconfigurar el sistema social en el que sobrevivimos. Un Si Se Puede hace temblar a los poderosos y a todos los que, encandilados con la doxa financiera del capital y la simulación de la soberanía nacional, son incapaces de tomar al toro por los cuernos abriendo los ojos a lo que tenemos enfrente. 

La resistencia griega y de su mandatario demuestra que a pesar del inmenso poder de los dueños del dinero los ciudadanos de a pie pueden desafiarlos y con buenas posibilidades de éxito. Por eso, lo que está en juego en el referéndum griego del próximo cinco de julio es, ni más ni menos, la posibilidad de concebir un mundo diferente, incluyente y centrado en el ser humano. Y claro, la desaparición en los cursos de teoría política de la interpretación acrítica de la soberanía nacional, la democracia y el estado liberal.