En las dos últimas semanas hemos sido testigos de dos eventos a nivel nacional cuya legalidad es cuestionable. Los xalapeños podemos considerarnos privilegiados al haber tenido la dicha de presenciar de una tercera situación de manera más cercana.
Enumerando: Miguel Ángel Beltrán Villegas es deportado por el gobierno mexicano a su país de origen, Colombia, por supuestos nexos con las FARC. La acusación colombiana, cuestionable. Afirman que Beltrán Villegas utilizaba el alias Jaime Cienfuegos para comunicarse con el segundo hombre más importante de la guerrilla. Pero más allá de la acusación y de la veracidad o no de ésta, el proceso de deportación, o más bien la falta de este constituyen una violación incuestionable a los derechos del colombiano.
El tratado de extradición entre ambas repúblicas en su artículo 3º señala explícitamente que “no se concederá extradición por delitos de culpa, de imprenta, o de orden militar, ni por delitos políticos o por hechos que le sean conexos.”
Las garantías individuales y los derechos políticos de Beltrán Villegas han sido sacrificados en virtud de la cooperación de ambas naciones frente a una guerra “contra el terrorismo” que no ha dejado más que decenas de miles de muertos en ambos países, sin que los problemas del narcotráfico o de la violencia tanto estatal como por parte de las FARC sea resuelta.
En segundo lugar, la Procuraduría General de la República interviene en el estado no tan libre ni soberano de Michoacán para detener a 30 funcionarios públicos, estatales y municipales. De nuevo, más allá de la inocencia o no de estos, el proceso es violado por completo, no existen órdenes de aprehensión, no se ha iniciado acción penal y sin embargo los detenidos estarán arraigados hasta el 9 de julio. No se si todavía haya quien crea que las detenciones no tuvieron ningún tinte electoral, me gustaría pensar que no.
Y por último, el H. Ayuntamiento de Xalapa realiza la concesión de los servicios de arrastre y confinamiento de vehículos mal estacionados a una compañía privada (creada ex profeso para recibir la concesión). El problema es que se les confiere también la facultad de aplicar el reglamento de tránsito: las 4 grúas de la compañía levantaron coches a diestra y siniestra sin que mediase ninguna autoridad institucional.
En fin, lo anteriormente mencionado simplemente reafirma lo que ya sabemos: los sistemas judiciales y los entramados legales están al servicio de aquellos que detentan el poder político y económico. Nada nuevo, lo interesante es que en menos de 10 días las autoridades mexicanas hayan logrado mostrar esa cara: la que deporta a aquellos que se atreven a pensar diferente, la que sacrifica garantías individuales por votos, la que pasa por encima de la ley por ganar dinero.
Pero es preferible pelear guerras perdidas contra enemigos como el terrorismo o el narcotráfico, que tan redituables son políticamente hablando, que discutir un sistema judicial que mantiene a miles de presos en la cárcel simplemente por no poder pagar una defensa, en el que cientos de presos políticos no han tenido ni siquiera la oportunidad de un juicio que respete sus derechos más humanos.
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