A dos años de gobierno, ¿qué es la Cuarta Transformación?

Por: Héctor A. Hoz Morales

A dos años de la toma de posesión de López Obrador, caracterizar a la 4T sigue siendo un asunto complejo. Y no tanto por sus políticas concretas, sino por el discurso que rodea todo lo que sale de Palacio Nacional. Por un lado, detractores trasnochados que insisten en que estamos a un paso del comunismo y la quema de iglesias. Por el otro, aplaudidores que no conciben posibilidad alguna de crítica hacia la política presidencial y gritan traición a la patria. El resultado: una discusión pública empantanada, en buena medida, en nimiedades intrascendentes y con pocos argumentos de peso.

Pero ojo: no es López Obrador quien desde su trinchera polariza al país cada mañana, como acusan los más sesudos analistas a diestra y siniestra. Esbozar tal acusación equivale, simple y sencillamente, a admitir que no se tiene la menor idea del país en el que vivimos: un país, efectivamente, polarizado, pero no por un discurso, sino por una realidad económica y social cada vez más precaria para muchos.

Baste con recordar que en 2006 López Obrador obtuvo cerca de 15 millones de votos. Apenas doce años después, el número se duplicó. En esos dos sexenios, la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó por 7 millones, aún bajo los estándares arbitrarios de las mediciones oficiales [https://cutt.ly/shlRvoI]. Sin olvidar, por supuesto, las muertes, desapariciones, desplazamientos forzados y demás violaciones a derechos humanos, producto de la supuesta guerra contra el narco. No es López Obrador quien polariza al país: son cuatro décadas de políticas excluyentes.

De ahí, sin embargo, el carácter contradictorio y ambiguo de la 4T: se trata, evidentemente, de la respuesta inmediata a la crisis del modelo neoliberal, que valga decir, no es una cuestión meramente nacional. Pero al mismo tiempo, no es una respuesta antitética a esa crisis: es su producto directo, y como tal, está obligada a operar con las pocas o muchas herramientas con las que cuenta un Estado neoliberal. Perdonará usted la tautología, pero la 4T no es sino lo que puede ser.

Pensar que el neoliberalismo es meramente un conjunto de políticas económicas que puedan deshacerse de la noche a la mañana es un error. El neoliberalismo es, más bien, una transformación radical de la naturaleza misma de la política y su relación con la economía. Supone la imposición de una forma específica de racionalidad sobre las lógicas de organización del propio Estado: una racionalidad enfocada a la acumulación cortoplacista de capital. Y hago énfasis en el carácter cortoplacista: a diferencia del régimen histórico previo, en el que podíamos suponer la existencia al menos de una política de industrialización, durante el neoliberalismo básicamente se han creado las instituciones y los mecanismos legales que permiten que el interés privado prime sobre el público, y que la extracción de rentas sea el motor de la dinámica económica. Ejemplo claro de ello es la reprimarización de las economías latinoamericanas y la proliferación de la maquila en el sur global.

Dicho lo anterior, las contradicciones y claroscuros de la 4T se revelan precisamente como lo que son: un intento, apenas, de recuperar cierta rectoría estatal sobre el desarrollo nacional, abandonado en las últimas décadas a las voluntades del capital, en detrimento no solo de la mayoría de la población, sino de las capacidades del propio Estado. Ese intento, sin embargo, no puede sino discurrir por los mismos canales creados durante los últimos años por un sinnúmero de razones, entre ellas, la fragilidad fiscal del aparato estatal.

En ese sentido, el análisis de las políticas emprendidas en los dos primeros años de gobierno de López Obrador debe tomar en cuenta las limitaciones estructurales que el proceso de cambio debe enfrentar. No hay aciertos rotundos en la política de la 4T como tampoco hay errores catastróficos: toda política debe entenderse dentro del marco de referencia en el cual está formulada. Pongamos, tan solo, tres ejemplos:

- El gobierno de López Obrador, evidentemente, reproduce muchas de las lógicas de la explotación capitalista. Pensemos, por ejemplo, en las continuidades que existen en lo que toca a megaproyectos, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o el Proyecto Integral Morelos, y en la condena presidencial a toda forma de oposición a estos como conservadora y reaccionaria. Al mismo tiempo, esos megaproyectos representan precisamente la vuelta a la vida del Estado desarrollista en el cuál López Obrador cree fervientemente.

- Igualmente, hay que admitir que las políticas de transferencias de recursos a adultos mayores o a jóvenes excluidos de la vida laboral por las políticas neoliberales constituyen un respiro, al menos, para una buena parte de la población. Descalificarlos de entrada por su carácter paliatorio e insuficiente, el cual es innegable, resultaría de una ceguera absoluta ante la realidad económica del país.

- Sigue estando en marcha un proceso de militarización. Las políticas de la 4T descansan en buena medida en las Fuerzas Armadas, no ya sólo como instrumento de combate al crimen organizado sino con funciones que van mas allá de los aspectos puramente militares. Lo cierto es, sin embargo, que en términos pragmáticos el Ejército y la Marina son de las pocas instituciones nacionales que no vieron mermada su estructura y mantuvieron su solidez (tanto financiera como de personal) durante el periodo neoliberal. Recurrir a ellas se vuelve un asunto de necesidad.

Aunado a lo anterior, resulta prácticamente imposible hacer un corte de caja medianamente objetivo cuando una tercera parte de la actual administración ha estado atravesada por la peor crisis sanitaria mundial en lo que va de un siglo, con la consecuente crisis económica. ¿Qué esperar, entonces, de la 4T? Y, sobre todo, ¿desde dónde analizar sus políticas concretas? Las contradicciones en el proyecto encabezado por López Obrador no van a desaparecer, y es esperable que se profundicen a medida que avance el sexenio. Por lo pronto, la respuesta debe caer en el terreno de la reflexión. Toca, desde este lado y a quienes asumimos una postura crítica, seguir sacando a la luz esos claroscuros y ponerlos a debate. Es imprescindible salir de esa vieja dicotomía impuesta por la izquierda tradicional y pensar en la política desde sus posibilidades reales. La crítica es ineludible, pero también debe serlo el anclaje a la materialidad de los procesos y a las limitantes estructurales de los mismos.

Cienfuegos, y el incendio de la militarización

Por: Héctor A. Hoz Morales

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”. Se trata de la primera reacción pública del presidente López Obrador ante el anuncio de la detención, el 15 de octubre por la tarde, de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por autoridades y en un aeropuerto de Estados Unidos.

Ejemplos de la degradación del régimen político neoliberal a la que se refiere el presidente sobran, de tal forma que pocos podrían argumentar que le falte razón. Allí donde se vislumbrase la posibilidad de negocios millonarios, había – y sigue habiendo- casi inexorablemente algún elemento del poder político inmiscuido. Pero el juicio del presidente es insuficiente, al tratar de explicar todo lo que ha pasado en el país recurriendo a la arenga moralina de la corrupción.

No se malinterprete: individuos específicos juegan un papel fundamental en cada uno de los casos señalados. Pero el problema de fondo no radica en que lo que decida una persona, sino en las estructuras institucionales detrás de él que no solo permiten, sino atizan la posibilidad de tales actos. Y en eso consistió precisamente el periodo neoliberal. Más allá de seguir a pie juntillas las disposiciones de organismos financieros internacionales respecto a qué debía hacerse en términos de política económica, más allá de privatizaciones, reformas estructurales y tratados de libre comercio, el neoliberalismo es la captura de las estructuras de la administración estatal por parte de una lógica de acumulación cortoplacista. El neoliberalismo no es sino hacer del Estado un instrumento para el enriquecimiento inmediato de unos cuantos. Todo lo demás son racionalizaciones academicistas, producidas en su mayoría a posteriori, que tratan de explicar un fenómeno de captura del Estado haciéndolo pasar por una cuestión de modernización y eficiencia económica.

La detención de Cienfuegos da cuenta precisamente de este proceso: la colusión de altos mandos de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado debe ser leída, más allá de la cuestión moral, bajo esta lógica. De no hacerlo así, caemos una vez más en la apócrifa conclusión de que la corrupción es un problema que se soluciona con sangre nueva. Y ahí viene el quid de la cuestión: los esquemas de militarización que permitieron que instituciones como las Fuerzas Armadas llegaran a ocupar espacios que en principio no le correspondían se siguen repitiendo.

Aclaro: a todas luces el caso Cienfuegos, así como el de García Luna, no están acotados únicamente a la cuestión de la corrupción dada la naturaleza de sus funciones. Si bien, en última instancia, el narcotráfico es un negocio más, es evidente que tiene circunstancias agravantes, por decir lo menos. Más aún, cuando sabemos de la sistemática violación a derechos humanos y del uso que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en particular desde que Calderón decreto su “guerra frontal contra el narco”. No hay punto de comparación entre el genocidio voluntariosamente puesto en marcha en el 2006 y el uso de las Fuerzas Armadas en el sexenio actual. La estrategia en aquél entonces, reconocida por los mismos partícipes de la misma, fue básicamente sacar al Ejército a las calles, a dar golpes mediáticamente redituables a ciertos líderes de la delincuencia organizada, y dejar que corriera la sangre después. Y vaya que corrió.

Lo que pongo a discusión no es el análisis de la política de seguridad, sino la espuria insistencia en pretender que todos los problemas en el país se resuelven con una ética intachable por parte de los servidores públicos. Permítaseme una breve mirada hacia atrás. La militarización del país no comenzó en aquel diciembre del 2006 cuando Calderón tuvo a bien lanzar su declaración de guerra. Habría que remontarnos, al menos, una década más, al sexenio al que menos se hace referencia cuando al neoliberalismo se denuncia y que ha sido probablemente el que deja peores herencias. Si Carlos Salinas es el padre del neoliberalismo nacional, con Ernesto Zedillo se hizo mayor de edad. En 1996, la Suprema Corte por la que ahora se rasga las vestiduras la oposición a la 4T, ese “último contrapeso al autoritarismo absoluto del presidente”, declaró constitucional el uso de las Fuerzas Armadas para labores civiles. Y desde entonces, ese uso no ha parado.

Mientras medios nacionales e internacionales calificaban de “histórico” lo acontecido con Cienfuegos, pasaba casi desapercibida la confirmación de que, desde el 6 de octubre pasado, el control operativo de la Guardia Nacional es ejercido por la SEDENA. Al mismo tiempo, marinos mercantes protestaban en el Senado la iniciativa de reforma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que entrega a la Secretaría de Marina “la administración total de los asuntos marítimos en México, incluyendo el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Educación Náutica”. Durante la actual administración, las Fuerzas Armadas han cobrado relevancia como actores de primera línea en casi todas las políticas de la 4T: la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, de sucursales del Banco de Bienestar y de hospitales ante la pandemia, la operación de puertos y aduanas, los operativos de combate contra el huachicol, además de las labores policiacas que siguen realizando.

La lógica con la que ha trabajado la 4T en sus primeros dos años ha sido una lógica de sustitución: que sean las Fuerzas Armadas las que lleven a cabo las tareas que se hacían, en sexenios anteriores, siguiendo las directrices neoliberales, esto es, la búsqueda de rentabilidad inmediata al amparo del Estado. Esta política de sustitución, sin embargo, tiene tres graves problemas. En primer lugar, no puede continuar ad infinitum, por simple imposibilidad material. Segundo, si algo demuestra el caso Cienfuegos es que las estructuras militares no están exentas de participar en los esquemas de captura institucional que se han descrito para casos similares. Valga señalar que entre 2003 y 2019, del Ejército se desviaron más de 2 mil millones de pesos a empresas fantasma (https://cutt.ly/tgjtnKz). Y si el caso mexicano no basta, indiquemos solamente la relación entre ese viejo conocido nuestro, Odebrecht, y las fuerzas militares brasileñas durante otro gobierno progresista, el de Lula (https://cutt.ly/Fgjt9X0). El tercer problema es el más obvio, y quizá el más preocupante: dada la naturaleza de las instituciones militares, siempre estará latente la posibilidad de un uso indebido del poder de las armas.

Hace casi diez años escribí un breve texto, titulado “Estrategia equivocada” (https://cutt.ly/SgjyYQ4). Hoy, solo podría decir que la solución al problema es igualmente equívoca. Y lo es, principalmente, por que el diagnóstico hecho desde Palacio Nacional resulta, por decir lo menos, insuficiente. ¿Por dónde empezar entonces, si asumimos que el neoliberalismo dejó tras de sí instituciones cuya razón de ser era facilitar el enriquecimiento de determinados agentes? Resolver la herencia de décadas de subsunción de los intereses privados en la esfera pública no es cuestión sencilla, seguro. Pero mientras se insista en que el problema es uno de carácter moral, y se apele solamente a la fuerza incorruptible de las Fuerzas Armadas y sus dirigentes, solo quedará esperar al nuevo escándalo, si no ocurre algo peor antes.

MORENA y la sombra del caudillo

Por: Rafael de la Garza Talavera

Los conflictos políticos  derivados del proceso para la elección de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) son una muestra clara de una organización (y de un sistema político) que padece de un defecto estructural: la dependencia ideológica y política de su líder carismático y, para colmo, presidente de la república. Intervenga o no en la vida interna del partido, la sombra que proyecta su poder eclipsa cualquier posibilidad de que se convierta en el espacio de discusión y definición del rumbo del país que desean buena parte de sus integrantes.

    Este hecho no es nuevo en la historia política nacional; más bien se podría decir que es la constante, derivada de la construcción  de un sistema político que desde su nacimiento estuvo definido por el poder de los caudillos. Así fue en 1929, cuando el general Plutarco Elías Calles convocó a las fuerzas políticas afines a los ideales de la revolución mexicana. Sólo el poder y prestigio del caudillo hicieron posible que innumerables grupos -sin una estructura nacional y mucho menos una ideología compartida- se sometieran a su liderazgo. En este sentido, más que un  partido fue un frente político nacional que incluyó a todo el que quisiera participar, siempre y cuando aceptara el poder del jefe máximo de la revolución. Así nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR), pieza clave del sistema político que colocó al presidente-caudillo por encima de todos.

    Poco  después, el general Lázaro Cárdenas reforzó al partido y al sistema político integrando a los trabajadores y campesinos organizados del país gracias, otra vez, a su liderazgo carismático, derivado de su política de masas y una acto nacionalista como el que más: la expropiación  petrolera en 1938. Una vez más la organización política dependerá completamente del poder del caudillo, de su capacidad para colocarse por encima del conflicto de clases y darle vida al bonapartismo mexicano.  Un privilegiado testigo de la época, Leon Trotsky , escribió al respecto:

 

“En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y las compañías petroleras”[i]

 

    La debilidad de la burguesía nacional es un hecho estructural en la formación social mexicana y sigue tan vigente, o incluso más, que en los años treinta. Tal vez la diferencia es que hoy no existe un proletariado organizado como el de aquellos años, aunque sí una mayoría de trabajadores pauperizados –sea en el sector formal o informal- por la dinámica del modelo neoliberal a lo largo de las últimas cuatro décadas. Son entonces las condiciones políticas y la correlación de fuerzas de las clases sociales las que determinan el carácter, que no la naturaleza, del bonapartismo. Esta se configura como una necesidad del régimen para mantener el dominio de la burguesía, aunque el estilo o el discurso político y ciertas políticas públicas puedan enfrentarse en apariencia a dicho dominio.

    A partir de los años del cardenismo y hasta el agotamiento del modelo económico en los años setenta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -nieto del PNR e hijo desobediente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), creado por el cardenismo para reconfigurar el naciente presidencialismo mexicano- el sistema político mantuvo su estabilidad gracias a una relativa bonanza económica y una represión sistemática a todo aquel que se opusiera al caudillo en turno. Pero nada es para siempre y la adaptación a las nuevas recetas económicas impuestas por el imperio y las transnacionales obligaron a la modificación de los equilibrios del viejo sistema para, poco a poco, imponer otro más acorde con los nuevos tiempos.

    Fue entonces cuando el PRI se resquebrajó, dando lugar al nacimiento de una  nueva fuerza política que, coincidentemente adoptó la forma de un frente político, esta vez llamado Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN). Fundado en 1987, allanó el camino para la aparición de un nuevo partido en el espectro político mexicano: El Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, su fuerza política estaba localizada en el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas. Una vez más el poder del nuevo caudillo fue la clave para la construcción de un partido político que agrupó a expriístas, excomunistas y buena parte de las fuerzas políticas insatisfechas con el viejo partido de la revolución y con el viraje económico e ideológico del sistema. La apertura del modelo electoral y la transformación del sistema de partidos fue sin duda, en buena parte, obra del trabajo político del PRD y sus militantes. Empero, su vida interna estuvo siempre regulada por su fundador y luego por el caudillo emergente: Andrés  Manuel López Obrador. Una vez que ambos abandonaron al PRD, éste cayó en una grotesca decadencia, convirtiéndose en un minipartido que no tiene poder alguno o peor, en una rémora de sus antiguos adversarios políticos.

    Es así como la figura del líder carismático vuelve por sus fueros en el ámbito de los partidos políticos. El fraude electoral de 2006 dio lugar al surgimiento un nuevo frente político, concebido en el histórico plantón de miles de personas en el Paseo de la Reforma: El Movimiento de Regeneración Nacional. Y, si bien esta vez el liderazgo no estaba localizado en Palacio Nacional, la convergencia de diferentes sectores y grupos políticos está amparada en la figura del caudillo. La marca de nacimiento de MORENA es así la presencia de un liderazgo carismático que se colocó por encima de tirios y troyanos para darle un nuevo impulso al caudillismo en México.

    Las consecuencias de lo anterior están a la vista: imposibilidad de generar un liderazgo al interior de la organización partidista; de contar con  un  programa construido desde el partido; de no tener el control de la selección de candidatos para las elecciones; y sobre todo, de no poder intervenir, aunque sea de manera simbólica, en la elección de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal. Desde su fundación, MORENA sólo contó con la presidencia fugaz del caudillo para no poder, hasta hoy, volver a tener una presidencia que no fuera provisional. Y el conflicto se mantiene y si bien no amenaza su existencia,      demuestra sin ambages su contradicción fundamental: aspirar a modificar de manera democrática el sistema político dependiendo de un caudillo que revitaliza la dinámica bonapartista en México.

   Resulta trágico que los millones de personas que impulsaron el surgimiento y desarrollo de MORENA se vean hoy en una situación en la que, a pesar de sus enormes esfuerzos y vitalidad, no puedan ni siquiera intervenir significativamente en el proceso de selección de su dirigencia, ya  no se diga aspirar a transformar este país. Hasta el momento, los conflictos internos del partido han impedido el nombramiento de un nuevo presidente que coordine los esfuerzos para enfrentar las elecciones intermedias del próximo año. En todo caso, gane quien gane el poder real vendrá de afuera del partido y quien se enfrente a él no tendrá ninguna futuro en la organización. Y esto a pesar de que el caudillo pretenda hacernos creer que él no está dispuesto a intervenir en su vida interna, que el ya no es jefe del partido sino jefe de Estado. La sombra del caudillo se proyecta en MORENA, y  las consecuencias están a la vista de todos.

    Su liderazgo, en la dinámica bonapartista de hoy, al igual que la de ayer, no tiene otra misión que mantener el poder del capital y proporcionarle al estado mexicano la legitimidad perdida. Lo demás, como decía Daniel Cosío Villegas, es sólo el estilo personal de gobernar.

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[i] Trotsky, León, “La industria nacionalizada y la administración obrera”, publicado sin firma en Fourth International, agosto 1946. Tomado de Trotsky León, Escritos Latinoamericanos, Buenos Aires-México, CEIP, 2013, p. 154 (https://www.laizquierdadiario.mx/El-marxismo-de-Trotsky-ante-Mexico-y-America-Latina#nb3) El subrayado es mío.

El problema no es Lozoya.

Por: Héctor A. Hoz Morales

El problema no es Lozoya. Y mucho menos lo es la corrupción. Así hay que decirlo, con todas sus letras, o se corre el riesgo de pasar por alto el trasfondo estructural de la situación que ha cimbrado la política nacional en las últimas semanas. Los esquemas descritos en la denuncia interpuesta por el ahora flamante testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, así como en denuncias previas de casos similares a los que ahora se discuten, involucran a no pocos personajes: desde una periodista hasta tres expresidentes, pasando por legisladores y administradores de Pemex. De ahí que especialistas han insistido en que al caído Lozoya se le debe imputar por delincuencia organizada, y que el caso penal en su contra tendría que derivar en la instalación de un maxiproceso en el que todos los involucrados en los desfalcos señalados enfrenten a la justicia.

Existen distintos hechos que son inobjetables. En primer lugar, individuos en posiciones de poder hicieron uso de las mismas para obtener jugosos rendimientos en negocios turbios. Segundo, todos y cada uno de aquellos que violaron leyes deben ser sometidos a proceso y recibir las sanciones penales correspondientes. Tercero, menos obvio, y por tanto bastante más problemático: aun si hacemos un ejercicio imaginario de magnitudes formidables y suponemos a todos los involucrados tras las rejas (lo cual, convengamos, requiere altas dosis de optimismo -o alucinógenos, en su caso-), existe una realidad también incuestionable: el daño hecho está, es irreparable, y se seguirá pagando.

¿Es esto una exageración? Pongamos los argumentos en la mesa:

La propia Auditoría Superior de la Federación señalaba, en su revisión de la cuenta pública de 2017, que en el caso de la empresa de fertilizantes se habían adquirido equipos con 30 años de antigüedad y 18 fuera de operación (https://cutt.ly/6fcOjrA). El primer contrato de suministro de etano de PEMEX hacia lo que sería Etileno XXI se firmó en 2009, siete años antes de la entrada en funcionamiento de la planta, en condiciones nada favorables para la paraestatal desde ese momento. De estos hechos a suponer que había sobornos involucrados y enriquecimiento ilícito sólo había que dar un paso. En otras palabras, lo único que aporta la denuncia de Lozoya son los detalles anecdóticos: los montos de los sobornos, las cajas fuertes, los departamentos, las bolsas Louis Vuitton. El resto lo sabíamos todos.

¿Por qué el daño es irreparable? Pongamos tan solo un ejemplo: entre 2016 y 2018, PEMEX tuvo que pagar casi 3 mil millones de pesos en penalizaciones, al incumplir el contrato firmado con los dueños de Etileno XXI (https://cutt.ly/1fcOkxs). La FGR y su titular, por su parte, han declarado una y otra vez que el desfalco a la otrora paraestatal fue tan solo de 400 mdp (https://cutt.ly/TfcOki7). Nótese el contraste. Además, los daños indirectos o lo que los economistas eufemísticamente llamamos costos de oportunidad: lo que se dejó de hacer al pagar esas multas. Baste recordar las continuas denuncias de falta de medicamentos en los hospitales de Pemex, o el hecho de que la empresa mexicana abandonó sus propias instalaciones para enviar todo el gas a Etileno XXI.

Recordemos un agravante más, solo para dimensionar el absurdo: Agronitrogenados era, hasta 1992 y con el nombre de Fertimex, propiedad del Estado mexicano. Se privatizó, con acusaciones de corrupción de por medio, siendo el comprador, Rogelio Montemayor, priista señalado posteriormente por el Pemexgate. Y la trama no acaba ahí. Otra empresa privatizada, Altos Hornos de México (AHMSA), asocia su capital con Fertimex creando Agronitrogenados, que Pemex recompró en 2014.

Tras los hechos señalados, se vuelve imprescindible establecer una diferencia clave: lo que se ha descrito no son conductas anómicas de individuos ávidos de riqueza contra el Estado. Todo lo contrario: son acciones de individuos perfectamente racionales que actúan desde el Estado. 

Señalar esta cuestión resulta fundamental y pone en tela de juicio todo el discurso en torno a la corrupción. Permítaseme una digresión semántica: la palabra corrupción encuentra sus raíces etimológicas en el latín, específicamente en el verbo rumpere: quebrar, partir, hacer pedazos. En pocas palabras, romper. Los elementos descritos por Lozoya no sorprenden a nadie por una simple razón: en forma alguna rompen con la forma de operar del Estado, en este caso, del Estado mexicano. Al contrario, la vinculación cada vez más estrecha del poder público con el capital privado es el modus operandi por excelencia del Estado. Lo que vemos en todos los casos señalados no es sino la instrumentalización del Estado, la subsunción de este dentro de la lógica de acumulación cortoplacista característica del capitalismo, especialmente en su versión neoliberal. 

Por supuesto que hay individuos responsables de las instituciones, pero el caso aquí es que las mismas instituciones son las que reproducen estos esquemas. Si los señalados por Lozoya y él mismo terminan en la cárcel, si los expresidentes son enjuiciados, aún si se rescinden los contratos que se tienen actualmente producto de estos actos, las instituciones y las formas de operar seguirán siendo las mismas en tanto no se ponga a discusión el problema de fondo: la captación del Estado por el capital.

Aceptar la hipótesis que señala que el principal problema es la corrupción confunde así síntomas por causas: al hacer recaer la culpa en individuos que, sin atisbo alguno de ética cometen actos impronunciables, al personalizar la situación, se acepta un implícitamente un supuesto de que estos pudieron haber actuado de forma distinta, o que otros no lo hubieran hecho así.  El problema se convierte así en uno de índole moral y relacionado con cuestiones de voluntad antes que con problemas estructurales que han permitido la captura del Estado por parte de intereses económicos.

El problema de fondo, entonces, no es uno que vaya a resolver la Fiscalía con la ayuda de su testigo estrella, ni uno que se acabe por decreto desde Palacio Nacional. Es, sin duda, un problema de justicia, entendiendo esta en su sentido más amplio, justicia que no se puede obtener por medio de las instituciones existentes a menos que se lleve a cabo un debate público acerca de los límites y naturaleza del Estado y cuál debe ser su función frente a las lógicas del enriquecimiento privado. La 4T, hasta la fecha, no ha dado muestras de querer emprender ese debate en sociedad, y con el enfoque en combatir la corrupción ha dejado de lado la cuestión principal: la reivindicación de la política frente al afán lucrativo del capital.

El desarrollo sostenible y el progresismo en México

 

Por: Rafael de la Garza Talavera

A nadie parece sorprender la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). A  menos de un mes de que se hiciera pública su oposición a la importación de glisofato -lo que originó la protesta del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos y el súper asesor de la presidencia Alfonso Romo, conspicuos representantes locales del agronegocio- la salida de un destacado estudioso del medio ambiente en México confirma, una vez más,  que la protección de la biodiversidad y la salud de la población no está por encima de la sed de ganancias de las transnacionales.

    Resulta muy útil para la afirmación que abre este texto, destacar la declaración del entonces secretario de la SEMARNAT, la cual detonó todo el sainete a principios de agosto: “no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutales… [la defensa del ambiente] no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente.”  

    Ya desde la publicación del famoso Informe Bruntland en 1987, quedó claramente planteado el conflicto entre el modelo de desarrollo capitalista y las consecuencias negativas crecientes para el planeta. A partir de ese momento se definió la contradicción evidente que resulta de la codicia que vive siempre en el presente y la posibilidad de un futuro digno para las generaciones venideras: "Esta en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias"

    Sobra decir que la mayoría de los estados miembros de la ONU acató, de los dientes para afuera, las conclusiones del informe. En México, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y un año después debutó la Comisión Nacional del Agua; en 1994 surgió la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, antecedente directo  de la SEMARNAT. El discurso político integró los conceptos básicos de la protección del medio ambiente e incluso cobró fuerza un partido familiar, el Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986.

    En el contexto internacional, las cumbres ambientales fueron ganando terreno. En 1992, la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro concentró a buena parte de las organizaciones ambientalistas del mundo y asistieron además las representaciones oficiales de 172 países con la intención de formular acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Al igual que la fábula del rey desnudo, todos los participantes oficiales omitieron señalar la  gran contradicción: las  buenas intenciones del discurso político frente al poder económico, financiero, mediático y político de las corporaciones internacionales dedicadas al agronegocio.

    Así las cosas, insisto, a nadie sorprende la salida de un servidor público que le puso cara al lobby conformado por empresas como Monsanto, Carhill, Tyson y muchas más, que a lo largo de las últimas décadas se han fortalecido gracias a las concesiones otorgadas por los gobiernos alrededor del mundo, sean de izquierda o de derecha. La llegada del AMLO  a la presidencia de la república mexicana suscitó esperanzas para algunos, pero a dos años de su gestión no cabe la menor duda de que el gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) no tiene la menor intención de modificar la tragedia ambiental ni sus efectos.

    Y es que el deterioro de la biodiversidad afecta directamente a millones de campesinos y pueblos originarios, no sólo por el deterioro de su calidad de vida a consecuencia del consumo de alimentos con alto contenido de sodio y potasio, derivados de organismos genéticamente modificados y rociados por toneladas de químicos, como el glisofato, para  aumentar la productividad. Habrá que sumar el despojo de tierras y semillas cultivadas y desarrolladas por miles de años así como el desprecio o apropiación  sistemática de saberes ancestrales, según convenga al capital; los asesinatos selectivos de defensores del medio ambiente, empleando a paramilitares y crimen organizado para atemorizar a la población e imponer los grandes proyectos de inversión del agronegocio.

    Los proyectos desarrollistas o progresistas como el mal llamado Tren Maya, el canal transítsmico e incluso el nuevo aeropuerto internacional son sólo la punta del iceberg de la dinámica económica del gobierno federal. Aunado a ellos están la minería a cielo abierto, la intensificación de las maquiladoras, los proyectos turísticos e hidrológicos. Al final lo que queda en evidencia es que, al igual que con la pandemia en la que estamos inmersos, el proyecto económico del gobierno en turno coloca claramente al capital y sus ganancias por encima de la vida de la población.

    Y si, al igual que con la renuncia de Víctor Toledo, el camino elegido para el desarrollo económico por la 4T… tampoco sorprende.

La opresión de la mujer: ¿conflicto privado o social?

Por. Rafael de la Garza Talavera

En la discusión que se ha generado a raíz de las manifestaciones de las mujeres organizadas aparecen frecuentemente varios argumentos que pretenden trivializar el problema de la opresión de la mujer, negando la raíz estructural que le da vida. El primero, insiste en que los asesinatos de los hombres sobrepasan por mucho a los sufridos por las mujeres; minimiza la violencia hacia ellas ya que parece no comprender la diferencia entre un crimen provocado por la codicia y el provocado por el odio. El segundo argumento más complejo, pero igualmente frecuente, tiene que ver con que la idea de que la violencia hacia las mujeres es un problema moral, ubicado en la esfera privada, familiar, como una responsabilidad individual.

El argumento de carácter cuantitativo ignora la carga de odio, producto de la discriminación, que desconoce derechos universales a un grupo social y posee una esencia punitiva frente al comportamiento supuestamente desviado de los roles asignados tradicionalmente en este caso, a las mujeres. Los crímenes de odio son entonces consecuencia de prejuicios fuertemente arraigados que procuran mantener un orden social excluyente y desigual. No se puede negar que buena parte de los asesinatos hacia la población en general provienen de una dinámica de violencia social producida por una estructura económica claramente individualista y competitiva. Pero a pesar de que la mayor parte de los asesinados afectan en mayor medida a los sectores masculinos más pobres de la población no pueden ser, en estricto sentido, clasificarse como crímenes de odio. Por el contrario, la dinámica que anima a estos últimos está claramente impregnada de un tufo revanchista y punitivo, que se materializa en humillaciones, tortura, violación, asesinato, manipulación del cuerpo. Efectuado para servir de ejemplo, el crimen de odio muestra una negación de la humanidad de la víctima, una degradación que justifica la violencia exacerbada, brutal. En este sentido justifica la violencia como una reacción a la desviación del comportamiento esperado, erigiéndose así en un acto de justicia que puede ser visto incluso naturalizado en manifestaciones artísticas que, como en el video musical Fuiste mía se describe sin ambages.

A su vez el argumento moralista -que camina en paralelo al anterior pero parece más sofisticado toda vez que no niega la opresión y la brutalidad de los crímenes- resulta en muchos sentidos la base de las interpretaciones culturalistas manejadas desde sectores sociales para configurar el conflicto. Lo coloca en la esfera privada, familiar, como consecuencia natural de la degradación moral provocada por la pérdida de valores y debilitamiento de la estructura familiar. Niega así su carácter estructural, social y público, descargando la responsabilidad en el individuo confundido, ayuno de un esquema moral que modere su comportamiento. En consecuencia, la salida al problema debe partir desde el individuo, a partir del fortalecimiento de sus principios y valores. Al igual que la pobreza -responsabilidad de la persona y no del sistema económico- la violencia hacia las mujeres deviene una patología provocada por la ignorancia y la marginación, la degradación moral. Sobra decir que dicha interpretación descarga en buena medida de la responsabilidad pero también la urgencia de las acciones, al estado y los gobiernos; más allá de cartillas morales y promoción de la igualdad de género en puestos de la administración pública, la responsabilidad de las instituciones políticas estaría circunscrita a la vigilancia de la correcta aplicación de las leyes y campañas de promoción de valores como la diversidad y la tolerancia.

De que otro modo podría explicarse la relativa indiferencia hacia las protestas feministas e incluso a la banalización del gobierno de AMLO, quien insiste en que el humanismo es la respuesta. En la medida en que la gente tenga trabajo y acceso al consumo se contendrá la degradación moral (producto exclusivo de la pobreza y la marginación) y los índices de violencia descenderán puntualmente. La relación mecánica entre la crisis moral y la marginación pasa por alto el hecho de que la opresión de la mujer se extiende a lo largo y ancho del espectro social; se reproduce tanto en el barrio obrero como en los fraccionamientos de clase media alta y más allá. Y las conciencias están condicionadas por el sistema económico, son consecuencia y no causa del conflicto social. Pero al poner el énfasis en que el problema se localiza en las conciencias individuales y no en las prácticas sociales se niega que la discriminación y el racismo se encuentran en la base de la estructura económica. Aceptar lo anterior obligaría al estado a atacar el problema de raíz, rompiendo así con todo el entramado de alianzas políticas que sostiene a su gobierno para enfrentarse con el modelo económico y el fetiche del crecimiento.

Definir la causa de la opresión de la mujer a partir de factores estructurales, por encima de morales o privados, coloca entonces al movimiento feminista en la trinchera de la lucha directa contra el capitalismo. Los malabares de gobiernos e instituciones políticas y económicas responden a su incapacidad para aceptar semejante hecho. El carácter altamente corrosivo de las protestas de las mujeres enfrenta así el escarnio y la relativa indiferencia, a pesar del costo político que ello pueda provocar. Lo que está en juego es el fortalecimiento del sistema político y económico, contra viento y marea. Esa parece ser la misión histórica de la 4T; ni la legitimidad de las demandas de las mujeres ni la brutalidad y ascenso de su opresión serán suficientes para cambiar el rumbo.

AMLO y el feminismo en México: los límites del pragmatismo de la 4T

Por: Rafael de la Garza Talavera

A estas alturas resulta imposible negar la fuerza y legitimidad del movimiento feminista en el mundo. De los movimientos antisistémicos, los feminismos han colocado contra las cuerdas a gobiernos, corporaciones e individuos en buena parte del mundo occidental; al mismo tiempo ha logrado concitar un apoyo generalizado a sus demandas, en el marco de la exacerbación de la violencia hacia las mujeres.

En México las acciones de las mujeres han provocado reacciones de todo tipo, poniendo sobre la mesa la hipocresía de gobiernos, partidos y grupos de interés y la debilidad de las acciones oficiales encaminadas a contener la epidemia de asesinatos y desapariciones de miles de mujeres. La igualdad de género decretada desde el poder para candidaturas y puestos gubernamentales no ha podido ocultar su superficialidad frente a un problema añejo y creciente. Ya desde finales de siglo las muertas de Juárez pusieron en el escenario político las consecuencias para las mujeres del incremento de la violencia, generada principalmente por el crecimiento de la pobreza y la marginación así como el fortalecimiento de las organizaciones criminales.

En este contexto no sorprende la postura de AMLO al respecto, más allá de su limitada percepción del conflicto; parece que se privilegia la idea de no enfrentarse con sus bases evangelistas o con los sectores medios adversos a temas como el aborto y la diversidad sexual. Su insistencia en quedar bien con todos los actores políticos relevantes, al menos en el discurso, demuestra sus límites y sus consecuencias. Si a esto se agrega sus malabares discursivos, el desencuentro es patente y promete una escalada que no conviene a nadie pero que, dada la rigidez del presidente en el tema, seguirá en ascenso.

Un factor clave en el análisis de la postura presidencial es su concepción del deber ser feminista: “Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe tener como guía el humanismo (...) y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más pobres (...) La justicia es darle más al que tiene menos, eso también es humanismo”. La declaración deja entrever que el apoyo que su gobierno ofrece a las mujeres va en el sentido de mitigar los estragos de la pobreza y no tanto en atacar el problema de la violencia hacia ellas, -que dicho sea de paso son dos caras de la misma moneda. De que otra manera podría explicarse que frente a la creciente agudización de los asesinatos pida que se evite hablar de ello para no opacar la rifa de un avión; o peor aún, achacar a la derecha la manipulación del movimiento para atacarlo. El hecho de la creciente violencia a la mujer es inocultable y banalizarlo resulta grotesco. Demuestra insensibilidad y rigidez para enfrenta un viejo problema con el que se solidarizó como candidato presidencial.

Cuando los colectivos feministas se plantaron frente a palacio nacional para reclamarle la infausta declaración en donde culpó al neoliberalismo de los problemas de las mujeres, dejó en claro que su política hacia las mujeres no se moverá: “No porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre, si por eso luchamos, luchamos por un cambio en lo material y en lo espiritual, y si tienen otra visión respetamos, pero vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie”.

Es evidente que sus ‘convicciones de siempre’ están fuera del contexto actual y que representan un pasivo en su política interna, pero además, que están dañando a la sociedad en su conjunto fortaleciendo las posturas machistas y el desprecio por las protestas y movilizaciones. Probablemente intuye que mantener una imagen veladamente machista –con un discurso incluyente y humanista- no le restará puntos en las encuestas de popularidad. Mantendrá así la fidelidad de buena parte de la sociedad mexicana que sigue pasmada frente a la necesidad de acabar con el patriarcalismo y la discriminación concomitante; que se niega a abordar el problema en todos los ámbitos de la realidad social a pesar de la valiente postura de una minoría de mujeres organizadas que han comprendido que sólo las acciones contundentes pueden obligar a la sociedad a discutir el problema y buscar una solución. Y si bien la igualdad de género en candidaturas y puestos en la administración pública, es plausible, no es ni remotamente suficiente para mostrar una política consecuente con la gravedad del problema. Ampliar la política de igualdad de género a órganos autónomos y universidades no representa más que una simulación que irrita aún más a las mujeres organizadas y que no toca el conflicto central: la sistemática violencia hacia mujeres de todas las edades.

La rigidez de un gobierno que se empeña en mantener una ruta prefijada es sintomática de sus prioridades. Poner por encima de todo lo demás el crecimiento económico y las alianzas a diestra y siniestra para mantener el poder ha probado ser nefasto para los gobiernos progresistas al sur del Rio Bravo. Lula y Dilma lo demostraron en Brasil y dieron paso a un gobierno de extrema derecha que cosechó el descontento provocado por el pragmatismo in extremis. La política del equilibrista o el bonapartismo de AMLO seguirá enfrentado el dilema de elegir un rumbo claro y comprometido con las mayorías para las que dice gobernar. Mientras no lo haga seguirá apuntalando el poder de los dueños del dinero, quienes si bien hoy comulgan con él, podrían modificar su posición en cuanto las condiciones políticas cambien.

El presidencialismo mexicano siempre descansó en la legitimidad de las decisiones tomadas por el jefe del ejecutivo, no tanto por su eficacia sino por su capacidad para imponerse por encima de los actores políticos. El presidencialismo de AMLO abreva de esas fuentes procurando ante todo restablecer, en la medida de lo posible, la legitimidad del estado mexicano. Mantener su desprecio por el movimiento feminista está poniendo a prueba semejante estrategia y si no hay un cambio palpable al respecto por parte del presidente, seguramente abrirá un boquete difícil de cerrar en la muralla de la 4T.

Es cierto también que la violencia hacia las mujeres es estructural en una sociedad capitalista y que AMLO no pretende desmantelar el sistema económico. Pero en la medida en que la violencia hacia las mujeres mantenga su tendencia ascendente y la sociedad y gobiernos no se comprometan, aunque sea de manera limitada a contener el conflicto dada su alianza con el capital, el costo político aumentará y comprometerá los limitados objetivos de la 4T.

Más allá de sus convicciones personales, y a pesar de que su pragmatismo ha sido exitoso hasta ahora, el presidente haría bien en recapacitar para evitar la descalificación y el escarnio hacia las mujeres organizadas. Si no por lo justo de sus demandas y los comprensible de sus acciones –que no es posible escatimar con argumentos válidos- si para impulsar el fortalecimiento de su poder político que, al decir del viejo Maquiavelo, es la misión principal de cualquier político.

5 razones para apoyar a Venezuela y Nicolás Maduro

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Todavía ni comienzo a escribir el artículo y ya escucho las rabiosas objeciones e iracundas descalificaciones, los aullidos de hipócrita irritación, la lágrima de cocodrilo derramada a pulmón batiente, el insulto llano. Por tratar de discutir racionalmente el caso venezolano he perdido amistades, parientes, confianzas y decenas de seguidores en Twitter –que en la escala de valores millennial es mucho más oneroso que la merma del pariente–. Confieso que mientras más escucho la retahíla de prejuicios que sobre Venezuela circulan, la extraordinaria semejanza que guardan tales opiniones con las de la prensa ultraconservadora, chapada al gusto de los fascistas Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro, mayor simpatía acumulo por el “temible régimen tiránico y de vocación autoritaria” (nótese la ironía) de Nicolás Maduro. Advierto que incluso por defender el derecho a la vida del presidente venezolano me han llamado monstruo. Los conservadores del mundo lo quieren muerto, como a Muamar Gadafi en Libia o a Bashar al-Assad en Siria. Esta agravante intolerancia me obliga a tomar un posicionamiento más firme, alejado del confort de la neutralidad (aunque admito que en este contexto de asfixia anti-madurista la neutralidad ya es resistencia), y declarar abiertamente mi respaldo al gobierno –que no régimen– del presidente legítimo de Venezuela. La prensa fifí mexicana canturrea hasta la náusea el estribillo de que “estar contra Maduro no es estar con Trump”. Pregúntoles: ¿y dónde se supone que radica la tercera opción? A esta pregunta, la narrativa golpista ya improvisó una respuesta: “en el pueblo venezolano”. ¡Sí, la derecha evocando al pueblo! Y cuando uno les recuerda que el presidente Maduro ganó las elecciones de 2018 con el 67 por ciento de los votos escrutados (incluso superior al porcentaje que respaldó a Andrés Manuel López Obrador), ellos responden que tales comicios discurrieron fraudulentamente por la inhabilitación de los partidos de oposición. (Glosa marginal: ¿la prensa fifí mexicana ruborizada por elecciones fraudulentas?). Tal aseveración es falsa e hipócrita. Falsa porque nadie inhabilitó a los opositores: ellos decidieron no concurrir a la elección. E hipócrita porque nunca escuché al ejército de comentócratas decir nada sobre la inhabilitación electoral de Lula da Silva –que acá sí es Fraude con F mayúscula– en la reciente elección de Brasil. Por cierto, el juez que persiguió a sangre y fuego al líder brasileño –injustamente preso–, actualmente es el superministro de dos Ministerios neurálgicos, Seguridad Pública y Justicia, y designado por el peor político de todos los tiempos en América Latina: Jair Messias Bolsonaro. (El juicio de valor es discutible, porque infelizmente la historia política de nuestra América está repleta de gobernantes lunáticos e incompetentes). 

Aprovechando la evocación de Brasil, recuérdoles a los golpistas, y a sus virales y virulentos opinadores, la consigna que los auténticos “defensores de la libertad” blandieron contra la dictadura de aquel país: “No pasarán". 

Van 5 razones para apoyar a Nicolás Maduro y una Venezuela soberana. 

1. Estar contra Maduro sí es estar a favor de Trump y todo lo que representa el trumpismo-bolsonarismo. No se engañen, camaradas. Y no es maniqueísmo ni disyuntiva espuria: es una realidad objetiva que inoculó el propio Washington a nivel diplomático. A México ya lo comenzaron a castigar por declarar neutralidad en el conflicto y reconocer lo que cualquier razón diplomática prescribe reconocer: la legitimidad de un gobierno constituido. Estados Unidos está acudiendo, sin rubores ni ropajes ideológicos, a la lógica del bully de la cuadra: si te solidarizas con el débil te apaleo o excomulgo. ¿Acaso es ésta la ética que debe adherir México en la arena internacional? 

2. Lo que está en curso en Venezuela es un golpe de Estado militar orquestado desde Estados Unidos. Lo curioso es que ya ni siquiera la opinión pública disimula esta realidad. En otros países de Sudamérica prosperaron los golpes judiciales, casualmente todos ellos contra gobiernos de signo republicano socialdemócrata. En Venezuela ya intentaron todas las modalidades de golpismo soft. El crónico fracaso los obligó a abandonar la “civilidad golpista”. Estados Unidos regresa al manual de cabecera: la intervención militar. Si el gobierno de Maduro es derrocado por la fuerza exitosamente, Estados Unidos repetirá la fórmula en México. Donald Trump insiste en equiparar a nuestro país con Afganistán. Y no es accidental: perfila una ocupación militar, como lo ha propuesto en otras oportunidades. A la guerra interna que ya asola al país, ¿queremos los mexicanos otra guerra, esta vez con tropas extranjeras profanando el suelo nacional? 

3. Creo que el mundo ni se enteró, porque la política doméstica del vecino del norte nunca es noticia internacional, pero avísoles que Donald Trump decretó, en diciembre del año pasado, el cierre total del gobierno federal en Estados Unidos por 35 días (22 de diciembre al 25 de enero), el más largo en la historia del país. Nadie dijo nada ni se desgarró las vestiduras ni lo acusaron de dictador o tirano. ¡Imaginen si a Maduro se le hubiera ocurrido tal maniobra! ¡Se desata la guerra nuclear! Lo cierto es que Trump tropezó aparatosamente en su país, y fracasó en su tentativa de extorsión a la cámara de representantes. El Sr. Donald exigía al congreso la aprobación de 5.7 billones de dólares para costear la construcción del muro fronterizo, y con ello –según el inquilino de la original Casa Blanca– frenar la migración de “delincuentes, violadores, narcotraficantes y asesinos”, en una palabra, los “bad hombres” provenientes de México. A cambio de tal recurso, el ejecutivo federal se comprometía a extender el permiso de estancia de los niños y adolescentes latinoamericanos –predominantemente mexicanos– asilados temporariamente en Estados Unidos bajo el programa de DACA. La maniobra falló, y tras propiciar, por la parálisis del llamado “shutdown” o cierre, una pérdida de 11 billones de dólares (que por sí solos hubieran alcanzado para financiar dos muros, o hasta tres si los regiomontanos de Cemex ponen el cemento), Trump apostó por la arena internacional, como ya es costumbre entre los presidentes estadounidenses, para revitalizar su legitimidad después de una costosa pifia doméstica. Vale decir: la administración Trump se juega la vida en Venezuela. Si naufraga en pantanos venezolanos, el anti-mexicano presidente pierde la elección en 2020. ¿Trump o Maduro? Excusarán el atrevimiento, estimados fifís malquerientes, pero yo me quedo con Maduro, que nunca nos tocó “ni con el pétalo de una rosa” 

4. Estoy preguntando en Estados Unidos a ver si algún lumpen de una ralea no tan diferente a la del tal Juan Guaidó se anima a autoproclamarse presidente interino de EE.UU. Ya tengo un par de candidatos. El problema es que hasta los ignotos aspirantes estadounidenses tienen más sentido de patriotismo: dicen que nunca apelarían a ningún país extranjero para ayudarlos a prevalecer en una disputa por el poder. ¿De verdad los mexicanos le vamos a hacer el caldo gordo al tal Guaidó? 

5. Dicen las malas lenguas –muy malas– que la preocupación en torno a Venezuela radica en la supuesta violación a los derechos humanos y los principios democráticos. ¿De dónde proviene esta supina soberbia e ignorancia de algunos analistas mexicanos que imaginan que nuestro sepulcral país bañado en sangre, sembrado de fosas clandestinas, campeón olímpico en fraudes electorales, tiene autoridad moral para exigirle a otro gobierno que abdique por presuntas faltas a las convenciones derechohumanistas y/o democráticas? Incomprendidos fifís, háganse un favor y –con todo respeto– “¡callen, chachalacas!”. El dilema en Venezuela no es dictadura o democracia. No se engañen. No hay ningún signo o gesto en la oposición venezolana, ni en sus adalides extranjeros, que sugiera que tal dilema existe. El tórax de esa oposición es ultraderechista. No es fortuito que encontrará mayor cobijo tras los triunfos de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, y Mauricio Macri en Argentina. La disyuntiva “realmente existente” –para la región y no tan solo para la tierra de Simón Bolívar– es soberanía o barbarie neofascista.

#HandsOffVenezuela

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190224_165348_342 

La tragedia brasileira: del progresismo moderado a la autoinmolación fascista

Arsinoé Orihuela Ochoa 

¿Qué pasó en Brasil? Tras la victoria del ultraderechista Jair Messias Bolsonaro en Brasil, toda la prensa internacional está formulando tal pregunta, sin saber siquiera por donde comenzar a atajar la cuestión. Pero a pesar de la perplejidad –o acaso por ello– es urgente comenzar a esbozar algunas líneas de explicación. Podríamos remontarnos hasta la era colonial y escudriñar las especificidades de ese episodio en Brasil: predominantemente masculino, radicalmente esclavista, genocida e intolerante. O podríamos acudir a la independencia de ese país, destacando el carácter acusadamente cupular de tal proceso, conducido por la propia familia real de Portugal, bajo la figura del príncipe Pedro I, quien se convertiría en el emperador del régimen monárquico independiente más largo de América (1822-1889). A diferencia de otros países latinoamericanos, Brasil no transitó la guerra de independencia popular. O bien, podríamos retroceder al largo pasaje de la dictadura militar (1964-1985), y rastrear allí los fundamentos del neofascismo que conquistó las urnas en la reciente elección. Entender esto último –el neofascismo brasileiro– es el objetivo de la reflexión. No obstante, acudir a los antecedentes antes referidos amerita una investigación enciclopédica, o bien, un esfuerzo de conjunto que ya está en curso en el ámbito académico pero cuyos hallazgos saldrán a la luz pública solo paulatinamente. 

En el campo periodístico –que es el que nos concierne acá– es posible identificar al menos dos ejes de análisis dominantes, acaso con dos variantes: uno, el que aborda el caso a partir de 2012, año en que se intensifica el golpismo concertado de las derechas en Brasil; y dos, el que acude al 2002, año en que se inaugura un ciclo de políticas progresistas, impulsadas por el Partido de los Trabajadores (PT), que se apoyó decididamente en la conciliación de clases. Respecto a las dos variantes de estos ejes de análisis, una apunta al énfasis en la arena doméstica y la otra a la esfera internacional. Esto no significa de ninguna manera que los dos ejes o sus respectivas variantes se excluyan recíprocamente. Tan sólo se trata de énfasis o prioridades del analista en cuestión. A mi juicio, el eje de análisis que contempla a partir del 2002, en la variante doméstica, es acaso el más desatendido o insuficientemente explorado. También por una cuestión de convicción, considero que tal enfoque es el más pertinente, pues habilita la posibilidad de una autocrítica, que no casualmente ha sido una de las demandas ciudadanas –la de la autocrítica del PT– más sonoramente empuñadas antes, durante y después de la elección. 

En este sentido, propongo analizar los 14 años de gestión del PT distinguiendo cuatro momentos clave: 

(I) de la toma de protesta de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente la República Federativa de Brasil (2002) hasta los escándalos de corrupción política (Mensalão) de 2006; 

(II) de la reelección de Lula da Silva (2006) hasta el fin de su administración (2010); 

(III) del inicio del primer mandato presidencial de Dilma Rousseff (2010) al lanzamiento de la opaca investigación anti-corrupción llamada Operación Lava Jato (2014); 

(IV) de la reelección de Rousseff al impeachment e interrupción de su gestión en 2016. 

Naturalmente, los dos últimos recortes tienen más relevancia por una razón fundamental: al final de los dos ciclos presidenciales, Lula da Silva dejó el cargo con un índice de aprobación histórico de 87%. Tan sólo ocho años después, el mismo electorado elegiría, por un margen holgado sobre el adversario Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, al candidato neofascista Jair Messias Bolsonaro. ¡¿Qué ocurrió en los últimos ocho años?! ¿Qué factores o inercias conjuraron durante las dos administraciones de Lula da Silva para propiciar un ascenso tan meteórico del neofascismo en Brasil, tras haber sido considerada la democracia más sólida de América Latina? 

Sostengo que la respuesta a tales preguntas debe ponderar los contenidos específicos del progresismo que prohijó el PT durante los 14 años de gobierno. La fórmula del progresismo moderado, en uno de los pocos países del mundo en que una franja importante de la población no tiene ningún rubor para salir a las calles a vociferar “Dictadura Militar Já” por oposición a “Democracia Ya”, resultó trágica. Y acudo al término “trágico” en el estricto sentido griego, de combinación de un error fatal con un desenlace no menos aciago. En la tragedia clásica, tal “error fatal” se produce al intentar “hacer lo correcto” en una situación en el que “lo correcto” no puede producir bien. Tal fue el caso de la debacle petista: respetó las reglas del juego institucional hasta la autoinmolación fascista. 

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El análisis que propongo adherir en este espacio, y en futuras entregas, atiende esta premisa.

Elecciones Brasil 2018 (II): acerca de por qué Ciro Gomes es la mejor opción

Arsinoé Orihuela Ochoa

En la última entrega expuse –no sin temor al linchamiento o “fuego aliado”– tres razones por las cuales consideró –en concordancia con otros analistas del campo progresista-nacional-popular– que la mejor opción para Brasil, en el marco de la elección presidencial que tendrá lugar el próximo domingo 7 de octubre, es el candidato Ciro Gomes. También, expliqué las razones por las cuales la coyuntura brasileña es especialmente importante para el resto de los países latinoamericanos, particularmente México, que perfila –tal vez tardíamente– un período de gobernabilidad “progresista” (aunque tal caracterización todavía esté en suspenso). Acerca de esto último, y en referencia a ciertos signos prematuros de desencanto político respecto a la próxima presidencia de Andrés Manuel López Obrador –ya aliado con las vetustas y corruptas élites políticas– advertí en otra oportunidad:

“El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –acaso la figura de la izquierda más elogiada por propios y extraños– está en la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner resiste una virulenta persecución judicial en Argentina. Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, fue inhabilitado políticamente por una confabulación caprichosa del oficialismo. Y otros tantos líderes del progresismo en Sudamérica atraviesan situaciones de acoso y cacería sin precedentes. México no puede ignorar las lecciones del sur. La política de ‘conciliación de clases’ es una bomba de tiempo. No se puede construir un programa político sostenible, en beneficio de las mayorías, sin tocar los privilegios y las fortunas concentradas. No es posible conquistar la soberanía, la justicia social y la paz sin una transformación de fondo. Es necesario alterar el reparto del orden jerárquico, desactivar la guerra contra la población, alfabetizar políticamente a las bases populares, pluralizar las fuentes de información, y recuperar el control de las industrias estratégicas. El progresismo que representa AMLO acaso encierra el mismo peligro que los progresismos del sur: la eventual derechización del voto y el ascenso de un fascismo social, como ya se advierte en Brasil y Argentina”  (https://bit.ly/2pBDCQK). 

Reedito la anterior advertencia porque infelizmente cada vez cobra más verosimilitud y factibilidad el escenario descrito, puntualmente en Brasil. Ya Ciro Gomes había alertado, con algunos años de antelación, que la polarización política de los brasileños, divididos entre petismo y anti-petismo sólo beneficiaría al establishment ultraconservador golpista. Y en efecto, nadie parece estar dispuesto a discutir o dialogar racionalmente los catalizadores de tal divisionismo, y sí en cambio, a adherir alguna de las dos posiciones, sin reparar en las especificidades de la crisis. 

En este entorno, la bancocracia brasileña, que gobierna sin contrapesos, continúa alejada del escrutinio ciudadano. En Brasil, cinco bancos –uno extranjero, dos domésticos-privados y otros dos nacionales-estatalizados– controlan el 85% de las operaciones bancarias. Cabe hacer notar – no sin ignorar la multicausalidad de tal inercia– que esta concentración financierista se produjo en el marco de los 14 años de gestión petista. Por cierto, Brasil tiene las tasas de interés más altas del mundo. Actualmente, el “cártel bancario” (dixit Ciro Gomes) domina las dos cámaras –alta y baja–, el poder judicial y el ministerio de economía. Además, controla la totalidad de las casas encuestadoras, que a todas luces están manipulando la intención de voto en favor del candidato fascista Jair Bolsonaro. 

A unos días de la elección, y de acuerdo con los índices divulgados por el Instituto Datafolha, y excluyendo los votos blancos o nulos, Bolsonaro registra 39% de las intenciones de voto, Fernando Haddad 25%, y Ciro Gomes 13%. 

Recientemente, Ciro advirtió: "Eu vou quebrar o cartel dos bancos. Vou quebrar pesadamente, já no primeiro dia" (“Voy a quebrar el cártel de los bancos. Voy a quebrarlo severamente, desde el primer día”). La bancocracia está apostando por arrojar al ostracismo político a Ciro Gomes, y cerrar la elección entre dos candidatos, ninguno hostil a su agenda plutocrática (recuérdese que Haddad contempla al presidente del consejo administrativo del banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para comandar el ministerio de Hacienda), y con ello seguir explotando políticamente la polarización que ensombrece a Brasil y su pueblo. 

Reitero, por lo sostenido en el primer artículo y el presente, Ciro Gomes es la mejor opción. Es el único candidato que propone desmontar las dos raíces de la desmoralización-crisis brasileña, y que el PT no desmontó –acaso prohijó– durante los cuatro ciclos (uno interrumpido golpistamente) que gobernó el país: a saber, el modelo de gobierno coalicionista, que obliga al gobernante en turno a mantener a hampones en posiciones de poder clave; y el modelo de bancarización neoliberal, que condena al país a la reproducción de asimetrías económicas catastróficas. 


http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=181007_100448_793


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Elecciones Brasil 2018 (I): acerca de por qué Ciro Gomes es la mejor opción

Bolsonaro o el fantasma del fascismo en Brasil: última llamada