AMLO Presidente: 10 tesis políticas y un colofón desesperado

Arsinoé Orihuela Ochoa

Nadie, ni en México ni el extranjero, imaginó nunca una toma de posesión de tales dimensiones apoteósicas. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente constitucional de México rindió protesta a dos tiempos, el republicano y el cósmico ancestral: en el palacio legislativo de San Lázaro, y en la explanada de la Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino. Concluyó la jornada envuelto en la banda presidencial rediseñada, y alzando el bastón de mando indígena. Las fuerzas de oposición, a la derecha y a la izquierda, agrupadas alrededor del “ciudadanismo” conservador, por un lado, y el indigenismo autonomista, por el otro, apuntalaron sus posiciones discordantes con el gobierno entrante y, con ello, contribuyeron a caracterizar al mandatario investido: AMLO es un liberal republicano. Desde Benito Juárez hasta López Obrador, el liberalismo mexicano irrumpió en la escena política nacional con altos contenidos de transgresión y fuertes rasgos de reaccionarismo. Allí radica la clave de sus éxitos efímeros, y acaso la causa de sus endémicos descalabros. No pretendo con tal caracterización instalar ninguno de los dos estados de ánimo prevalecientes: ni el derrotismo en sus variantes conservadora o autonomista, ni el triunfalismo liberal. Tan sólo abrazo una aspiración más modesta: alertar acerca de las contradicciones inherentes al gobierno constituido, y exhortar a una reflexión que advierta tempranamente el peligro de una restauración (ultra) conservadora. 

Resumo en 11 tesis políticas las introspecciones personales en torno a la presidencia de AMLO. 

1. Respecto al anunciado triunfo de AMLO, desde 2016 acá se dijo que había sólo tres escenarios posibles en la elección presidencial: (1) un triunfo apretado de AMLO; (2) un triunfo aplastante de AMLO; (3) un mega fraude electoral. Al final, AMLO ganó avasalladoramente. Con sólo cuatro años de vida, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –un partido creado ex profeso para la elección de 2018– se convirtió en la primera fuerza política de México. La coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por Morena, conquistó la mayoría parlamentaria en las dos cámaras. De las nueve gubernaturas en disputa, Morena ganó cinco: CDMX, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos. Adicionalmente, tras el recambio en algunos congresos locales, Morena dispondrá de un dominio aplanador en 19 de las 32 legislaturas estatales. En CDMX, 11 de 16 delegaciones se pintaron de guinda morenista. Y, para rematar, en los resultados presidenciales por estado, AMLO venció en 31 de las 32 entidades federativas. Tales resultados, por sí solos, son históricos e inéditos para una fuerza de oposición. 

2. Es la primera ocasión en México, desde Francisco I. Madero (1911), y el paréntesis de Lázaro Cárdenas (1934), que existe una correspondencia entre eso que la teoría política llama la “voluntad general” y los resultados oficiales de unos comicios. Luego de tres intentos por llegar a la presidencia de México, AMLO lo consiguió en 2018, y con el mayor respaldo popular que haya tenido un presidente desde el general Cárdenas. 

3. AMLO ganó la elección presidencial de 2018 con 30 millones de votos y el 53% del total de los sufragios. En las elecciones federales de 2006 obtuvo alrededor de 15 millones de votos. Y en 2012 cosechó exactamente la misma cifra. La sumatoria de las tres elecciones da como resultado 60 millones de sufragios. En un país mal habituado al abstencionismo, y cuyas elecciones se dirimen sistemáticamente por la vía del fraude, tal dígito desmonta la idea de que el triunfo arrasador de AMLO es consecuencia de un voto de castigo: es un voto convencido. 

4. Que no prevaleciera el fraude, que es el mecanismo dominante en México para la rotación de élites políticas, se explica básicamente por tres factores: (1) el ascenso al poder de Donald Trump, que dejó en la orfandad a las élites gobernantes –conservadoras-globalistas– en México; (2) la fractura-pulverización del PRIANARCO (Partido Revolucionario Institucional; Partido Acción Nacional; Narcotráfico), que en los últimos 30 años movilizaron conjuntamente el voto conservador, y que en esta ocasión no consiguieron impulsar una candidatura unificada; y (3) la insurrección electoral de la sociedad civil desorganizada, que desactivó el tristemente célebre algoritmo de 3% de margen de manipulación del Instituto Nacional Electoral (INE). 

5. Esta insurrección electoral tiene una genealogía singular: es una combinación del voto convencido y el voto desesperado. Este último, sintomático de un malestar profundo que se aloja en la sociedad mexicana, tiene básicamente dos fuentes: la corrupción y la inseguridad. Coincidentemente, el combate a la corrupción de los políticos y la agenda de la seguridad son las banderas que enarbolan las derechas ultraconservadoras en Sudamérica. Jair Messias Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, ascendieron al poder agitando tales consignas. La franja del voto desesperado es altamente volátil y promiscua. Si AMLO yerra, ese voto emigra a la extrema derecha. 

6. La disyuntiva que prefigura AMLO no es nacionalismo o neoliberalismo, ni autoritarismo o democracia, ni pasado o futuro, ni ninguna de esas perogrulladas ideológicas que repiten hasta el hastío personajes como Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín o Jorge Castañeda Gutman o el resto de los intelectuales fracasados y maiceados. El dilema que perfila AMLO es liberalismo o ultraconservadurismo. 

7. El programa político de AMLO es perfectamente leal con el liberalismo mexicano: en lo político, desmontar el poder de la oligarquía para establecer los poderes de la república; y en lo económico, respetar las reglas del libre comercio. En suma, separar el poder político del poder económico. Es exactamente lo mismo que proponía Lula da Silva en Brasil cuando advertía que “los ricos no necesitan del Estado; los pobres sí”. ¡Es liberalismo! 

8. Que el liberalismo irrumpa como fuerza transgresora en México, responde al hecho de que los Estados latinoamericanos son esencial y radicalmente conservadores: desde sus orígenes, la formación de tales unidades estatales respondió puramente al imperativo de proteger los privilegios de las clases tradicionales e intereses coloniales. En México, la libertad de expresión todavía se paga con muerte. Nuestro país es el campeón mundial en materia de violación a los derechos humanos. 

9. Los años 1938, 1968, 1988 y 2018 registraron irrupciones de los invisibles: los obreros, los estudiantes, la oposición política, y las víctimas de la guerra, respectivamente. La autoorganización de las víctimas es el anticuerpo que necesita México. Ni perdón ni olvido. Y sí un “nunca más” a las guerras de los conservadores. 

10. AMLO corona 50 años de resistencia política y social (del 68 al 2018). Entiendo que pocos comparten esta lectura, y desde ya puedo escuchar las objeciones, pero es mi opinión que el neozapatismo representa la posibilidad de radicalización de tal victoria liberal-republicana, y no exactamente una fuerza adversarial. Adviértase que un eventual antagonismo abierto entre estas dos fuerzas contribuiría a la restauración conservadora. 

Colofón desesperado. Un fantasma recorre América: el fantasma del neofascismo (o ultraconservadurismo). Trump, y su variante tropical Bolsonaro, prometen diseminar su primitivismo y odio al resto de la región. No podemos omitir las lecciones del norte y el sur: a una esperanza frustrada (Obama-Lula) le sigue la autoinmolación fascista (Trump-Bolsonaro). Advertencia: en México, el Bronco acecha (dixit Rafael de la Garza).

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=181207_105703_617

AMLO o el costo que está dispuesto a pagar la élite: una reflexión en retrospectiva

Arsinoé Orihuela Ochoa 

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha provocado una cascada de opiniones encontradas en México y el mundo. Nadie puede discutir que se trata de un acontecimiento político de alto impacto. Y eso explica que en este espacio también se viertan análisis u opiniones a granel sobre el asunto. El objetivo, sin embargo, es evitar que la euforia triunfalista o el derrotismo acostumbrado se apropien de las palabras. Rastreando lo que documenté o escribí en los últimos dos años sobre la figura de AMLO, encontré un artículo –publicado inéditamente en diciembre de 2016 en La Jornada Veracruz– que juzgué oportuno reproducir, acaso porque el contenido de profecía cumplida y el ánimo que en éste se expresa tienen más vigencia y verisimilitud en el presente. 

El “romance” de AMLO con empresarios conservadores, que no pocos críticos han condenado, es absolutamente reprochable. No obstante, lo inédito es justamente esa condena, que en el caso de otros presidentes electos nunca figuró, por la sencilla razón de que nadie tenía expectativas de que esos mandatarios ungidos procedieran de otra forma. Estas expectativas no son accidentales, y responden a otro hecho inédito que cabe registrar en la historia: es la primera ocasión en México, desde Francisco I. Madero y el paréntesis de Lázaro Cárdenas, que existe una correspondencia entre eso que la teoría llama la “voluntad general” y los resultados oficiales de unos comicios. Esto no se puede perder de vista. Y más allá de las componendas cupulares en curso, el hecho por sí sólo –el de la vigilancia y condena– es un triunfo de la sociedad desorganizada. Si bien los zapatistas tienen razón en insistir que el único “cambio verdadero” es el de la autoorganización, no es menos cierto que esas franjas poblacionales mayoritarias, desorganizadas y pulverizadas moralmente por la violencia estatal, apostaron, en su desorganización, por el cambio que estaba a su alcance: la urna. La convocatoria del voto masivo (radicalmente anti-PRIAN) fue exitosa. Difiero con la idea de que se trató tan sólo de un voto de castigo. Las redes sociales dan cuenta de un voto convencido. Y allí radica el mejor antídoto contra la tradicional pasividad del electorado: será un gobierno fiscalizado escrupulosamente por la ciudadanía. Y esta es la adversidad que enfrentará AMLO. Porque un mandato electoral, por definición (y sin obviar que estas limitaciones ameritan una profunda reflexión crítica), no es una licencia para imponer el deseo de las mayorías; es apenas un mandato para representar a esas mayorías en las negociaciones con los intereses poderosos. 

Es importante aprovechar el revulsivo moral para profundizar el involucramiento de la población civil en la política, y, como ya he insistido en otras oportunidades, rebasar a AMLO por la izquierda. 

Con el propósito de nutrir el análisis, reproduzco a continuación el documento citado. 

AMLO: el costo que está dispuesto a pagar la élite 

Advierto que en un primer momento este artículo coqueteó con el título de “AMLO: el fraude de 2018”. Que al final decidiera cambiar el título no respondió a un amago de “moderación-modulación”, que es un gesto tan socorrido por el “lopezobradorismo”. Responde a una cuestión de acento: juzgamos más importante el análisis de los resortes anónimos que prefiguran el escenario político en puerta que la intriga estrictamente electoral que perfila el 2018. Y también responde, aunque sólo tangencialmente, a un reconocimiento al trabajo de Andrés Manuel López Obrador, a la perseverancia de permanecer dos décadas en el centro del acontecer político nacional, y a la indisposición de establecer coaliciones con los partidos del establishment tradicional, que es acaso uno de sus gestos políticos más meritorios. 

Pero el contenido de la reflexión no mudó un ápice. Y el fondo de ese análisis es que AMLO representa la última oportunidad para el sistema político mexicano de salir de la crisis peligrosamente terminal que enfrenta. Es la última llamada para regenerar las fibras de la política institucional, y reconfigurar las estructuras de Estado con una direccionalidad políticamente sostenible, y ciertamente favorable para algunas fracciones de las élites. Como en Estados Unidos (aunque allá capitalizado por un conservadurismo cavernario), en México asistimos al ocaso de los tradicionales actores políticos institucionales cuya credibilidad es a todas luces nula. Cuando AMLO dice que es necesario salvar a México, entrelíneas proclama “salvar” la institucionalidad de México, esa que nunca en el siglo XX divergió del canon autoritario, ni en su modalidad nacionalista ni mucho menos en su envoltorio globalizador. 

Los hiperacumuladores que gobiernan el mundo no están seriamente intranquilos o alarmados con el ascenso de figuras políticas pretendidamente “anti-establishment” (que no “anti-sistema”, aunque muchos “comunicadores” confieran a cualquier impostor esta cualidad, sin saber siquiera qué significa, y desnaturalizando el sentido profundo del concepto). Si el progresismo sudamericano no consiguió modificar sustantivamente la correlación de fuerzas (capital-trabajo) después de un ciclo de 15 años en el poder, es todavía más improbable que el ciclo nacionalista en Norteamérica altere ese reparto jerárquico. José Mujica admitió recientemente en entrevista: “La democracia contemporánea tiene una terrible deuda social y está desgraciadamente evolucionando a una plutocracia. En nuestra américa latina hay 32 personas que tienen lo mismo que 300 millones de personas. Y su patrimonio crece 21% anual. Eso no es democracia. Eso va contra la democracia. Porque la excesiva concentración económica termina generando poder político”. Esto lo dice quien fuera acaso una de las figuras más emblemáticas de la izquierda partidaria del siglo XXI. El nacionalismo que emerge en la región septentrional del continente es incluso menos transgresor que la fórmula “nacional-popular” del sur. Y por consiguiente es previsible que la cosecha de triunfos sociales resulte todavía más modesta. 

En este sentido, AMLO es la posibilidad de reducir la tensión social en México, con un costo no tan oneroso para los dueños del país, y con base en una fórmula institucional que, en la primera oportunidad de malestar en las élites, el aparato judicial-mediático puede desbaratar sin muchos apuros, como hace en Sudamérica. 

El conflicto de clase en México discurre por terrenos de alta potencialidad insurreccional. En este escenario, Ayotzinapa representa la posibilidad de subvertir todo el orden jerárquico en el país. La desaparición forzada de los 43 normalistas encierra todos los males de México: injusticia social, represión barbárica, contrainsurgencia militar, delincuencia organizada de estado, corrupción e impunidad. Prueba terminantemente que la acción del estado mexicano constituye un terrorismo de estado, cuidadosamente orquestado. Ese costo es el que quieren eludir las élites. Con AMLO en el poder, se diluiría el objeto de reclamo popular: corrimiento de la consigna “Fue el Estado” a un “Fue el peñanietismo”. 

Donald Trump es el otro coste que quieren constreñir. La última generación de élites en México, apostó todo a la alianza –desigual e indigna– con Estados Unidos. Y con el repliegue obligado que entraña Trump (el primer presidente abiertamente antimexicano), intentan desesperadamente acotar el precio de la histórica traición. Estamos en un episodio en que la autoestima personal está íntimamente entretejida con la dignidad nacional. Esa fue la lectura de Fidel Castro en la Cuba de Batista, en esa época bajo el signo del comando estadunidense. Pero Castro no concedió margen a la “reconciliación” o la oportunidad política. En 1953, Fidel escribió: 

“El momento es revolucionario y no político. La política es la consagración del oportunismo de los que tienen medios y recursos. La revolución abre paso al mérito verdadero, a los que tienen valor e ideal sincero, a los que exponen el pecho descubierto y toman en la mano el estandarte”. 

Decía Bertolt Bretch que los pequeños cambios son el enemigo del gran cambio. AMLO es ese “pequeño cambio” o “momento político” que permite refuncionalizar las dimensiones estatales más desacreditadas sin modificar seriamente la correlación de fuerzas, y, simultáneamente, desactivar el gran cambio o el “momento revolucionario”. 

Esto no es una “campaña” contra Morena o AMLO. Es incluso una exhortación a la reflexión, que tiene por destinatario a esa base popular reunida en la órbita del “lopezobradorismo”. Que los medios de comunicación dominantes, fracciones de la clase política y no pocos poderes fácticos elogien a “Don Andrés”, no es ninguna ironía o accidente: es el costo político que está dispuesto a pagar la élite en México.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180720_110547_509

México 2018 [VIII]: tres escenarios posibles; descentralización de la administración pública; lecciones del sur

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Derrotismo o los tres escenarios posibles 

Tras una larga campaña electoral teñida de un rotundo favoritismo lopezobradorista, y a pesar de los casi 20-30 puntos de ventaja del candidato de Morena en las intenciones de voto (según las encuestas, nunca confiables), y a tan sólo seis semanas de la elección, aún priva, entre no pocos votantes, la desconfianza acerca de un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los comicios del 1º de julio. “No lo van a dejar”, dice el estribillo, como si se tratara de una rencilla privada entre un “retoño desobediente” y su pandilla, y no una elección que involucra a la totalidad de los mexicanos que radican dentro y fuera de México. Cabe reconocer que ese ánimo derrotista no es gratuito. En México nunca se respetaron las preferencias de la población en una elección presidencial. Eso que llaman el “juego democrático”, en nuestro país trascurrió, con escasas variaciones, por trayectorias ominosas: elecciones de Estado (la larga noche de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional), magnicidios o asesinato de candidatos (Luis Donaldo Colosio en 1994), transiciones espurias (Vicente Fox Quesada en 2000), flagrantes fraudes electorales (Carlos Salinas de Gortari en 1988; Felipe Calderón en 2006), y compra de voluntades con dineros provenientes de la delincuencia organizada (Enrique Peña Nieto en 2012). Este inventario de contravenciones a la voluntad de las mayorías desmonta la estúpida idea (otra modalidad de disfraz derrotista) de que “los pueblos tienen el gobierno que merecen”, que infelizmente es una prenoción que repiten al unísono “intelectuales” de derecha e izquierda. El conjunto de guerrillas o grupos políticos armados diseminados en la geografía nacional (todos ellos legítimos) aportan otro alegato lapidario de que los pueblos no admiten la condición de opresión a la que los condena un “mal gobierno”. En este sentido, y más allá de los posicionamientos políticos o estados de ánimo que suscriba cada uno, las evidencias e inercias permiten adelantar tres posibles escenarios para el próximo 1º de julio: (1) un triunfo apretado de AMLO; (2) un triunfo aplastante de AMLO; (3) un mega fraude electoral. 

Descentralización de la administración pública: la jugada destacada del partido 

Al final de un encuentro deportivo (e.g. un partido de fútbol), el equipo de locutores a cargo de la transmisión acostumbra votar por la “jugada destacada del partido”. Algunas veces, los comentaristas consiguen decretar, con antelación al final del juego, el “highlight” de la ocasión. Esto acontece cuando una acción temprana cambia sensiblemente el curso del trámite. 

Extrapolando esta lógica al escenario de la elección en puerta, estimo que la “jugada destacada del partido”, el acontecimiento que altera el procedimiento rutinario de las promesas vacías, y que desvertebra el reparto de facultades en el organigrama del poder público, es la propuesta de descentralizar la administración pública federal en función de las prioridades/contribuciones de cada estado o región. Es una reactualización de las estructuras públicas, para homologarlas con la desconcentración económica (que no es lo mismo que la hiperacumulación, el epifenómeno del neoliberalismo) que atravesó el país en los últimos 50 años, con polos industriales ubicados en las regiones norte y bajío del país, centros turísticos reunidos alrededor de la Riviera Maya, o las desguarecidas sedes de producción petrolera, que podrían recuperar un poco de la soberanía arrebatada en el ciclo neoliberal. 

La apuesta es transitar de la actual feudalización político-económica (poder económico desconcentrado-poder político hipercentralizado) a una descentralización o federalismo más o menos genuino. Y esta propuesta, que claramente atrae a las élites provinciales, es la razón por la cual AMLO no desciende en las preferencias electorales, aún cuando su voto duro se concentre en la capital y alrededores. 

El progresismo o las lecciones del sur 

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –acaso la figura de la izquierda más elogiada por propios y extraños– está en la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner resiste una virulenta persecución judicial en Argentina. Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, fue inhabilitado políticamente en por una confabulación caprichosa del oficialismo. Y otros tantos líderes del progresismo en Sudamérica atraviesan situaciones de acoso y cacería sin precedentes. 

México no puede ignorar las lecciones del sur. La política de “conciliación de clases” es una bomba de tiempo. No se puede construir un programa político sostenible, en beneficio de las mayorías, sin tocar los privilegios y las fortunas concentradas. No es posible conquistar la soberanía, la justicia social y la paz sin una transformación de fondo. Es necesario alterar el reparto del orden jerárquico, desactivar la guerra contra la población, alfabetizar políticamente a las bases populares, pluralizar las fuentes de información, y recuperar el control de las industrias estratégicas. 

El progresismo que representa AMLO acaso encierra el mismo peligro que los progresismos del sur: la eventual derechización del voto y el ascenso de un fascismo social, como ya se advierte en Brasil y Argentina. 

México no puede ignorar las lecciones del sur. Sin renunciar a votar por AMLO, es necesario rebasar, por el flanco izquierdo, a AMLO.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180518_133844_296 

México 2018 [VI]: acerca de por qué asesinan candidatos

A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC), que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido. 

Es habitual que en México estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la “naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social. Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula. 

Con base en esta premisa, y sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México –la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en cuestión. 

T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos? 

A.O.: El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la “democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos. Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula. 

Cabe recordar que la Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso, existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo (conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y el narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los destinos del país. 

En este sentido, el recurso de la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento. Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra, que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción. 

Esa violencia a gran escala también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de “preocupación”. 

En México, la gente acostumbra decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación: cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país. Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía. 

No pocas veces los narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del narcotráfico a clase dirigente. 

T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados? 

A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados. 

En relación con lo primero –la participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas. 

Y con respecto a lo segundo –los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”, en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. 

Y el impacto mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror permanente y parálisis social. 

T.A.: ¿Algo que agregar? 

A.O.: Urge frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en México es lo que está en disputa en la elección de 2018.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180323_084752_021

Leer también:

México 2018 [I]: la izquierda se levanta 

México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN 

México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

México 2018 [IV]: “Mexit” o el gobierno de la desglobalización 

México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Irónicamente, al igual que en la antesala de 2012, pero en esta ocasión en beneficio de la “oposición” (el entrecomillado responde a un gesto obligado de reserva por las inexcusables componendas en curso del “Movimiento”), reina una certeza sonora con respecto a un irrefrenable triunfo del candidato puntero (en las encuestas, la opinión pública, el “rumor” ciudadano), Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es cierto –y esto cabe resaltarlo– que el “candidato-presidente” de turno no cuenta con el apoyo de la prensa monopólica (en un país que ocupa el primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial), como si sucedió flagrantemente en la elección de 2012, cuando ganó –no sin ignorar la compra de 5 millones de votos– Enrique Peña Nieto. “AMLO va a ganar la presidencia”, dice el clamor popular sin vacilación. Y ante esta certitud lapidaria, la gente comienza a formular preguntas acerca de cómo sería un gobierno de AMLO en el México actual. Acaso una de las preguntas más frecuentes es “qué va a hacer AMLO con el narco”. Y esa pregunta es la materia de esta reflexión. 

Muchos analistas han señalado –con absoluta razón– la obstinada ausencia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en los discursos de los candidatos. Coincido que tal actitud es inadmisible, a todas luces vejatoria para una sociedad que ha sido castigada por cuotas inenarrables de criminalidad, violencia e inseguridad en el último decenio. En México existen centenares o miles de Ayotzinapas anónimos condenados al olvido institucional. Por cierto, cabe hacer notar que la prioridad de esta columna ha sido documentar ese inventario de crímenes atroces que ensangrentaron el suelo nacional. Y la barbarie no ceja. Tan sólo en 2017, de acuerdo con Amnistía Internacional, la ola de violencia en México cobró la vida de 42 mil personas, en la modalidad de homicidio doloso. Las cifras gubernamentales reportan 34 mil 656 desaparecidos. En materia de periodismo, 2017 fue el año más violento, con 12 comunicadores asesinados. Reporteros Sin Fronteras denunció que “México es el país en paz más peligroso del mundo para los reporteros” (francamente desconozco qué concepto de “paz” abrazan en RSF). Y el secuestro, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales registran índices de horror. En suma, un país asolado por una violencia sólo equiparable con teatros de guerra apocalípticos o feroces dictaduras militares. Pero los candidatos ni por asomo refieren a esta emergencia nacional. Y a menudo los propios analistas conjeturan que se trata de un descuido o una omisión negligente. O concluyen que el narco no figura por “error” en las alocuciones de los candidatos. Pero tal inferencia es falsa. Por el contrario, el narco –acaso junto con Donald Trump– es la sombra obscena que recorre toda la elección de 2018. 

Lo primero que hay que entender es que el narco es un actor político tan poderoso que “asiste” encriptado a la campaña. Difícilmente un candidato en Estados Unidos alude explícitamente a los barones de Wall Street. Lo mismo acontece en México respecto al narco. El narcotráfico en México es clase gobernante (dominante). Y tras el desmantelamiento de la planta productiva industrial y del campo, por cortesía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no es tratado ni es libre ni es comercial, el narcotráfico ascendió a la primera posición en el escuálido inventario de ingresos nacionales. No es accidental que desde inicios de 2000 hasta la fecha, 21 ex gobernadores han sido acusados de asociación delictuosa con el narcotráfico. El narco es un actor estatalizado, enquistado en los circuitos formales de la economía y la política. A esta estatalización –prohijada por el “partido”, señaladamente por el clan Salinas– se yuxtapuso un proceso de hiperpolitización del actor narco, producto de la declaratoria de guerra –decretada por el clan Calderón. Hoy es virtualmente imposible identificar una instancia institucional que no esté operativamente articulada a la órbita del narcotráfico. Esto explica que el narco asuma un comportamiento “estatal”, cobrando impuestos, efectuando tareas de contrainsurgencia, ensayando estrategias de comunicación con el público (narcomantas, narcoblogs, narcoseries), reclutando comandos militares de élite, conquistando territorios por la fuerza, invirtiendo en obras públicas, desarrollando proyectos turísticos e infraestructurales, financiando campañas políticas etc. México es un narcoestado. Y no es una consigna. It’s a fact. 

En este sentido, la pregunta acerca de qué va a hacer AMLO con el narco es absolutamente pertinente. Y una lectura a botepronto de los mensajes encriptados que sobre el tema ha deslizado permiten dos inferencias: 

1. Los incautos enfurecieron cuando AMLO propuso amnistía para los narcotraficantes o delincuentes. Si aceptamos la tesis de que el narcotráfico es clase gobernante en México, cabe entonces reconocer que el indulto ya había sido extendido con anterioridad, cuando anunció que no perseguiría a ninguno de los integrantes de “la mafia del poder”. En lenguaje descodificado, esto básicamente significa que la propuesta es desalojar al actor narco de las posiciones clave del Estado, no sin la posibilidad –y en esto consiste la amnistía– de que continúe el negocio en la extraestatalidad, tal como ocurría antes del “salinato”. Es decir, la idea es desterrar de la institucionalidad pública al narcotráfico. 

2. El plan de un “regreso escalonado” de los militares a los cuarteles apunta a refrenar u obstruir el proceso de hiperpolitización del narco que atizó la guerra. Es tal vez la disposición que más ostensiblemente trastocaría las estructuras del narcotráfico contemporáneo, justamente porque provocaría una despolitización-desmilitarización del actor narco, y, por consiguiente, una rendición parcial al control estatal. 

En resumen, una respuesta apenas incipiente (e hipotética) a la pregunta de qué va a hacer AMLO con el narco, y en atención a las señales codificadas antes referidas, es que la propuesta del candidato (hasta ahora sólo eso: una llana propuesta encriptada) es desmontar parcialmente el maridaje del narcotráfico y las instituciones públicas, con base en la desestatalización (destierro+amnistía) y la despolitización (fin a la guerra) del narco. No obstante, es altamente probable que en la negociación con la alta jerarquía de las fuerzas armadas, y a modo de concesión, autorice la continuidad de la Ley de Seguridad Interior, que habilita el escenario para una creciente militarización de las estructuras de seguridad (inteligencia, procuración de justicia etc.) pero sin militares en las calles.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180302_080044_164 

México 2018 [IV]: “Mexit” o el gobierno de la desglobalización

Arsinoé Orihuela Ochoa

A 30 años del golpe de Estado constitucional orquestado por el PRI & Associates (que en el argot oficialista se conoce como “la caída del sistema”), el horizonte de un “Mexit” es cada vez más asequible e inminente (o acaso lógico; aun cuando la lógica no rija los destinos de la política nacional). El diseño de reingeniería de Estado que estableció el clan Salinas de Gortari (1988-1994), con arreglo a la ideología de la globalización (y apoyado fuertemente en el factor “narco” por linaje familiar) está en ruinas. Y la “salida” de ese modelo globalizador (que en este rincón del hemisferio portó las siglas de TLCAN o NAFTA) es el fantasma que acecha en los comicios en puerta. 

Es cierto que asistimos a un debate dentro de las izquierdas acerca de la legitimidad del concepto de la “desglobalización”, y de los contenidos objetivos que encierra ese proceso “incierto”. Pero nadie puede objetar que la ideología del “boboaperturismo” (dixit Rafael Correa), que consistía en abrir las economías periféricas (y en menor proporción las centrales) al anidamiento irrestricto de capitales foráneos, expiró por muerte asistida en las matrices globalizadoras, señaladamente Gran Bretaña (Brexit), y Estados Unidos (Donald Trump). (Glosa marginal: es la globalización la que está en crisis, no el neoliberalismo, cuyos rescoldos seguramente resistirán el deshielo globalizador). 

Las élites “boboaperturistas” están en orfandad. Y México es un caso tristemente paradigmático. Postrados e inermes frente a la pujante inercia anti-globalizadora, las fracciones dominantes de la élite mexicana acuden a la “estrategia” (nótese la ironía) de genuflexión total ante el gobierno de Donald Trump; y eso explica que respondan con adulaciones y/o subterfugios rastreros a las agresiones del mandatario estadounidense. Pero el amo renunció a la manutención del peón. La confusión e histeria en los corrillos del “deep state” mexicano es ostensible. El Frankenstein salinista está desarropado. Y el proyecto que diseñó esa plutocracia nativa sufre de agonía terminal. 

Expiraron los contenidos específicos de la integración internacional que prohijó la globalización. Y ello implica la desintegración del NAFTA, que es la variante norteamericana. Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicará a su injerencia en la región. América Latina es el perímetro de acción convencional de Washington, históricamente. Pero ya no es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping: es decir, la pura disposición de transferir a la región los costos de la restauración supremacista. 

Por la humillación e insostenibilidad que encierra el trumpismo anti-mexicano, la certitud de que el modelo globalizador-integracionista ya tocó fondo es más fuerte que nunca. Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador es apenas un Lula descafeinado (la insistente equiparación con el líder político brasileño es exagerada, aun cuando el paralelismo es obligado por la coincidencia de las tres elecciones disputadas), hay un consenso más o menos generalizado de que un triunfo electoral de AMLO es un primer paso (apenas modesto pero necesario) para la reorientación de la brújula nacional. 

2018 es el año del “Mexit”. Y AMLO representa un deslizamiento hacia un ejercicio de poder afín al espectro de la época: la desglobalización.


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México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

10 tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera es un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano. 

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria. 

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar. 

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada. Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío. 

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo. 

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo”, que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171208_081549_710

México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

Llama la atención que en los prolegómenos de la elección de 2018 el “lopezobradorismo” consideré un enemigo (en el más disparatado de los casos) o una farsa (en el más “cordial” de los casos), a la candidatura indígena que impulsan conjuntamente el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Escandaliza que una fuerza política que ha sido injustamente satanizada hasta el hastío, emule esa misma arbitrariedad para atacar a un movimiento social que ha sido el máximo referente de la lucha política autonómica en México y el mundo. Es cierto que la relación del “lopezobradorismo” con el zapatismo tiene una historia de desencuentros. Pero elevar estos desencuentros a rango de agenda de campaña –como han hecho algunas fracciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– es acaso tan tóxico para la política del país como las coaliciones que desde la partidocracia se conciertan para obstruir la añorada democratización del poder público. 

La pura idea (a todas luces falsaria) de que el zapatismo es responsable de las derrotas electorales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atenta contra el propio andamiaje discursivo del “lopezobradorismo”, cuya principal divisa es que la fuente de los males nacionales es la “captura” de las instituciones por “la mafia en el poder”. Esa misma “mafia” que, por cierto, persigue a sangre y fuego a las comunidades indígenas, especialmente las que habitan en los territorios autónomos de Chiapas. 

Por añadidura, todos en México saben que AMLO ganó dos elecciones presidenciales consecutivas, y que las fracciones dominantes de la élite política acudieron a la manipulación del cómputo y la compra de votos para alterar a su favor los comicios. E incluso los adherentes del zapatismo han denunciado sistemáticamente esos fraudes. 

En este sentido, el rencor que se aloja en las descalificaciones que enarbola el “lopezobradorismo” contra la candidatura indígena responde, a nuestro juicio, a dos razones: uno, a los dolorosos e injustos descalabros electorales del pasado, que produjeron un profundo traumatismo en la militancia lopezobradorista (y en el electorado en general); y dos, a un ardid inoculado desde el “estado profundo” para rivalizar a la oposición política en el país, e infectar la conciencia nacional con la fórmula acostumbrada del Partido Revolucionario Institucional (PRI): el divisionismo. Duele observar que esos mexicanos con los que alguna vez compartimos el dolor de la “insoportable persistencia del fraude” hoy se enfrasquen en una reyerta estúpida con nuestros hermanos indígenas, presuntamente porque ellos –los indígenas zapatistas– representan “una maniobra para hacerle el juego al gobierno” (dixit). Qué ignorancia supina. No se dan cuenta que ellos sí le “hacen el juego al PRI” al apuntar su arsenal de “críticas” contra ese actor –el zapatismo– que ha sido un agente de transformación de conciencias, y acaso el más efectivo antídoto contra el “priísta” que todos llevan dentro. 

Y lo que es peor aún, ni por un criterio llanamente estratégico desisten de atacar a la candidatura indígena. Si la militancia de Morena tuviera un poco más de sagacidad e inteligencia, aplaudiría la incorporación del zapatismo a la tribuna electoral, porque eso significaría un corrimiento a la izquierda de eso que llaman la “posición consensual” o “justo medio” (centrismo). La más primaria de las teorías políticas previene acerca de esa intrínseca tendencia hacia el centrismo que registran los sistemas de partidos. Y es claro que una irrupción del zapatismo en la arena electoral contribuiría a desplazar el “centro” hacia la izquierda, naturalmente en beneficio de la opción electoral de “centro-izquierda” –es decir, Morena–. Pero ni eso alcanzan a discernir en las filas del “lopezobradorismo”. 

Prefieren –las huestes de Morena– continuar ceñidos al guion de la descalificación. En un arrebato de estulticia mayúscula, algunos han dicho que la candidatura indígena es fruto de la “moda” (¡sic!). Sin reparar mucho en esta miserable provocación, cabe tan sólo recordar que en nuestra época la “moda” más extendida es la “opiniomanía” o “comentocracia”, es decir, la usanza de enunciar chapucerías sin ningún reparo ni rendición de cuenta, y no por eso se le pide a la gente que deje de hablar. Decir que algo está “a la moda” sólo por desautorizar al adversario, es igual de canalla que usar el vocablo “populismo” para desestimar a un rival político incómodo. Y el “lopezobradorismo” sabe de esto. 

Nietzsche advirtió: “Aquel que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo en el proceso. Y si te quedas contemplando un abismo el tiempo suficiente, el abismo contemplará tu interior”. 

Cuidado Morena.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171022_111535_324

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II. México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN

El mundo está atento al acontecer político de México. Las elecciones presidenciales de 2018 presentan elementos inéditos. En el renglón cultural, México está en una situación de desgarramiento sin parangón: por un lado, una antimexicanidad inoculada desde la vecindad del norte (el gobierno en turno de Estados Unidos), y por otro, una resignificación de la mexicanidad impulsada desde el sur nacional (las comunidades indígenas nucleadas en Chiapas). En el renglón político, la rasgadura no es menos insondable: por un lado, el priísmo colonial, y por otro, el zapatismo decolonial, llegan a la elección de 2018 en su estado más maduro. Estas contradicciones agravadas hacen necesario redoblar los esfuerzos de análisis y participación. 

En otros países, los analistas de la política acostumbran decir que la situación de México es singular; que, si bien es cierto que las estadísticas en materia de derechos humanos reportan una crisis humanitaria, la singularidad del caso (notoriamente en contraste con las dictaduras militares en otras regiones de Latinoamérica), radica en que este orden de terror discurre en “democracia”. En este espacio, no obstante, hemos insistido que la trillada distinción entre democracia y dictadura es una pura formalidad; que las “democracias realmente existentes” encierran altos contenidos de totalitarismo; y que, en México, la singularidad –a menudo obviada– es que el narcotráfico es clase gobernante, que es una modalidad de gobierno que emula fórmulas “no convencionales” –tributarias de las juntas militares– en el ejercicio del poder público (militarismo; terrorismo de Estado; organización criminal de la política etc.). México es una dictadura delincuencial. Y ningún observador decente puede objetar seriamente este hecho. 

La comandancia en jefe de este orden político es el Partido Revolucionario Institucional. Y el PRI comprende a la partidocracia en su conjunto, incluido el ejército de aspirantes presidenciales (hasta ahora suman más de 30) que han solicitado registro como candidatos “independientes” (agréguesele una treintena de comillas) ante el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En la oferta que perfilan las elecciones de 2018, figuran dos excepciones a la dictadura delincuencial: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que es una propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

El eje toral de la estrategia del PRI, en las vísperas de la elección federal de 2018, es la atomización del voto opositor. Y, para el PRI, la oposición es básicamente Morena. En relación con el CIG, representado por María de Jesús Patricio Martínez, el PRI no tiene una estrategia de “contención” electoral de gran calado, acaso porque no cuenta con instrumentos efectivos para escamotear esa candidatura y porque, en el frío cálculo de la política llanamente electoralista, el CIG no representa un adversario serio. 

El principal temor del PRI es el ascenso de Morena –que acá hemos dicho que se trata un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista–. Y tiene miedo de Morena por una cuestión de factibilidad: en los conciliábulos del PRI están conscientes de la capacidad de arrastre de Andrés Manuel López Obrador. La maquinaria electoral del PRI ya perdió dos elecciones presidenciales frente a AMLO, y tuvo que acudir al fraude y la compra masiva de votos. 

La fórmula electoral del PRI para 2018 tiene tres pasos: uno, la fragmentación del voto con base en las candidaturas independientes; dos, la compra de voluntades –ciudadanos, políticos, árbitros electorales– con base en la inyección de altísimos volúmenes de dinero ilícito a la campaña; y tres; la desautorización del principal adversario político (Morena) con base en el socorrido estribillo del “populismo”. 

Y, por abajo y a la izquierda de esta grotesca escenificación de la “alternancia democrática”, irrumpe con una fuerza moral incorruptible, la única opción política firmemente alternativa e independiente: el Concejo Indígena de Gobierno, que, por cierto, anunció recientemente que no aceptará financiamiento público del INE, y cuya historia registra fehacientemente la construcción de una opción política por fuera de ese “sistema de partidos” y el “sistema del dinero” que prohíjan las castas que gobiernan el país. 

La candidatura indígena es el “caballo negro” de la elección 2018. Pero en el “deep state” mexicano (PRI) ni siquiera los sospechan.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171013_074716_672

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1. México 2018 [I]: la izquierda se levanta

2. El suicidio de los partidos políticos o el agotamiento de un paradigma político. Reflexión acerca de las contingencias electorales de 2018

México 2018 [I]: la izquierda se levanta

México está al borde del colapso humano. Esta verdad inexorable prologa las elecciones federales de 2018. Y no es catastrofismo infundado: los indicadores de seguridad, justicia y derechos humanos dan cuenta de una tragedia humanitaria en curso: 200 mil homicidios en 10 años de guerra; 32 mil desaparecidos (organismos civiles estiman que la cifra asciende a 60 mil); 2 millones de personas desplazadas territorialmente por la violencia; 110 periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha; un repunte de 700% en materia de secuestros (ninguna familia en México se salva de este delito lacerante); feminicidios al alza (con especial virulencia en el Estado de México, actualmente base operativa de los poderes federales); pobreza galopante (55.3 millones de pobres, de acuerdo con el Coneval); y una militarización sin freno de la vida pública (las quejas presentadas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000 por ciento). Pero nadie en los circuitos de arriba parece estar intranquilo por esta calamidad o siquiera dispuesto a nombrarla. México es un holocausto sin relato ni reconocimiento oficial. Fuera de ese oficialismo resueltamente sordomudo, florecen, desde la izquierda –una de arriba y otra de abajo– dos fuerzas anti(extra)establishment: Movimiento de Regeneración Nacional y Concejo Indígena de Gobierno (propuesta conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional). 

La primera fuerza (Morena), apunta al cambio de régimen político por la vía electoral (temporalidad política de corto-mediano alcance). La segunda (CIG-CNI-EZLN), apunta al cambio civilizatorio (transformación radical del orden social) por la vía de la articulación-organización de base (temporalidad política de mediano-largo alcance). 

Morena es un movimiento electoralista, anti-neoliberal y tibiamente nacionalista. El CIG-CNI-EZLN es un movimiento social de amplio espectro, anticapitalista y decididamente autonomista. El propósito acá no es equipararlas. Nadie discute que se trate de izquierdas de signo diferente: una, de arriba-moderada (coyuntural); la otra, de abajo-radical (de largo aliento). A la segunda la acusan de no querer dialogar con la primera, o incluso de “colaborar” (sic) con las “fuerzas de la derecha”. Pero la historia constata que la responsabilidad del desencuentro recae en la otra parte. La izquierda electoral-institucionalista nunca quiso dialogar con la rebelión indígena anticapitalista, e incluso traicionó flagrantemente la posibilidad de un encuentro. En 1996, las principales fuerzas partidarias, incluida esa izquierda institucional (Partido de la Revolución Democrática, antecedente de Morena) establecieron las bases del ordenamiento político-electoral, en beneficio irrestricto de los partidos, y en detrimento de los Acuerdos de San Andrés (apertura y democratización del sistema político en su conjunto), suscritos por el EZLN y el gobierno federal. Acaso por eso los zapatistas han dicho que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador –signatario de ese arreglo partidocrático–, no es diferente del resto de los políticos. 

En esas coordenadas discurre la interferencia que impide el diálogo. La factibilidad de desalojar a la narco-derecha del poder e instalar “sosteniblemente” las agendas de “las izquierdas” en 2018 (esfuerzo absolutamente urgente, legítimo e inaplazable), estriba en la habilitación de un diálogo, aunque fuere sólo transitorio o coyuntural, entre las bases sociales que movilizan esas dos fuerzas. 

Esto de ninguna manera es un intento por dirimir, por orden de las teclas, una discusión entre dos propuestas políticas tan apartadas una de la otra, objetiva y subjetivamente. Pero sí es un esfuerzo por exhortar a un diálogo que involucre a la militancia de base de las izquierdas, que, afortunadamente, ya en algunos foros y espacios está teniendo lugar. La prioridad es que la izquierda se levante, apuntando a una tarea común: pensar-desarrollar colectivamente el anticuerpo. México es un organismo desprotegido, y a merced de las inercias políticas más adversas e infaustas. 

Ni Morena es exactamente igual a los otros partidos (todas las coaliciones partidarias en curso responden a una acción concertada de la derecha por frenar el lopezobradorismo), ni el CIG-CNI-EZLN aspira a escamotear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (la rebelión indígena ha sido radicalmente fiel al programa de resistencia; y es acaso el único actor social con autoridad moral irreprochable). La condición de posibilidad de un encuentro radica en admitir que las descalificaciones recíprocas contribuyen a fortalecer la continuidad en el poder de una derecha obscenamente criminal, y, por consiguiente, la hegemonía del PRI-Estado. 

Por definición, el poder es eso que gobierna, y que ha tenido capacidad de alcanzar hegemonía. En México gobierna el PRI-Estado, cuyos dominios gubernativos abarcan: 1) el sistema político en su conjunto, es decir, la totalidad de los partidos –tricolor, blanquiazul, amarrillo o verde; 2) la tradicional cultura política clientelista, corrupta e influyentista; 3) el ensamblaje estructural con el narcotráfico; 4) la anglofilia o adhesión ideológica a Estados Unidos por oposición a la identificación con Latinoamérica; 5) el neoliberalismo antinacional. 

El imperio del privilegio (criminal) en México descansa sobre esas columnas del PRI-Estado. 

Las izquierdas tienen básicamente dos asignaturas urgentes, una de corto plazo, otra de largo alcance: la primera, desarrollar el anticuerpo (anti-PRI) y derruir las bases del PRI-Estado; la segunda, reconstruir el tejido social y parir un orden social radicalmente “otro”. 

El diálogo de las izquierdas es en función de esas tareas comunes. 

Que en 2018 la izquierda (no unificada pero sí en diálogo) se levante.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170915_085722_273

Apuntes para explicar la candidatura indígena en México (II): Desmontando el orden racista-patriarcal

Es alarmante el recrudecimiento del racismo y el sexismo en México y el resto del mundo. Basta atender los tabloides de la prensa para dar cuenta que los crímenes de odio racial están en aumento, acaso tanto como los feminicidios. El “multiculturalismo” y la “equidad de género” capitalistas fracasaron. Y fracasaron porque se montaron sobre una falsificación de significados. Falsificaron las nociones de fraternidad e igualdad. Y mintieron acerca de sus aspiraciones e intenciones. Paradójicamente, el “cosmopolitismo cultural” cohabitó –cohabita– con el etnocentrismo (europeo-occidental). El “multiculturalismo” y la “equidad de género” capitalistas quisieron abolir el racismo y el sexismo, pero no por la fuerza de la razón o la justicia social, sino por el recurso de una prédica panfletaria, incolora e ideológica. Pensaron –o quisieron hacer pensar– que el racismo y el sexismo eclipsarían por decreto, y sin penas que purgar para sus beneficiarios históricos. Donald Trump contribuyó a hacer estallar la mentira, y recordó al mundo que esos antivalores siguen reinantes, con intermitencias, pero enraizados como fuerzas vivas. 

No obstante, si Donald Trump conquistó el poder rebasando el “multiculturalismo” y la “equidad de género” por arriba y a la derecha (reeditando ánimos racistas-sexistas cavernarios), los indígenas zapatistas en México apuestan por rebasar, por abajo y a la izquierda, esos valores cuyos significados han sido adulterados, y desmontar el poder podrido que reproduce el racismo-sexismo. 

A propósito de esa falsificación, y en referencia a la postulación de una candidata indígena para la elección de 2018 en México, la escritora y dramaturga mexicana, Malú Huacuja del Toro, reparó: “Una cosa es ser la esposa de un expresidente al servicio de la economía de guerra, como Margarita Zavala y Hillary Clinton —candidateadas para darle continuidad a la presidencia del marido—, y otra muy distinta es ser elegida por votación directa y democrática por todos los pueblos originarios de México… Por eso, cabe aclarar y reiterar que, probablemente, lo más amenazador de la vocera elegida por el Congreso Nacional Indígena sea el simple hecho de que en sí misma no constituye un instrumento contra las mujeres —como acostumbra disponer el patriarcado en su guerra contra la mitad del mundo cuando no le quedan muchas opciones—, sino una verdadera representante de sus pueblos dispuesta a defenderlos” (http://www.congresonacionalindigena.org/2017/04/25/el-cni-y-su-candidata-presidencial-en-el-marco-de-la-guerra-de-trump-contra-las-mujeres-en-general-y-contra-las-mexicanas-en-particular/). 

El nombramiento de María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Concejo Indígena de Gobierno y candidata a la presidencia de la república en 2018, no es un hecho menor para un país cuyo gobierno mantiene una guerra de exterminio contra los pueblos originarios, y cuya violencia feminicida reporta una de las tasas más altas del mundo. La vocería de una mujer indígena en un país neoliberal, profundamente racista y patriarcal, tiene, por sí solo, un valor inherente: representa una transgresión de amplio espectro contra ese orden racista-patriarcal. “Que retiemble en su centro la tierra”, han expresado los indígenas zapatistas, recogiendo un verso del himno nacional.

María de Jesús Patricio Martínez no aspira a competir electoralmente, o a tomar el aparato de estado para cambiar “de arriba abajo” el mundo. No. María de Jesús es sólo una recipiendaria de un poder popular indígena, que acude (sin invitación) a la fiesta de los políticos profesionales, gestores del poder de arriba y el dinero sin fronteras. El propósito de la candidatura indígena es poner en circulación la palabra de las resistencias en México, y conminar al autogobierno; llamar a la organización de los pueblos originarios y la sociedad para detener la destrucción de los territorios, y desmontar la fachada democrática que oculta la intensificación del racismo y el sexismo. En suma, exhortar a construir desde abajo y a la izquierda, y “estropear” –han dicho ellos– la verbena electoral de los poderosos. 

En 2001, el Subcomandante Marcos narró: 

“Un grupo de jugadores se encuentra enfrascado en un importante juego de ajedrez de alta escuela. Un indígena se acerca, observa y pregunta que qué es lo que están jugando. Nadie le responde. El indígena se acerca al tablero y contempla la posición de las piezas, el rostro serio y ceñudo de los jugadores, la actitud expectante de quienes los rodean. Repite su pregunta. Alguno de los jugadores se toma la molestia de responder: “Es algo que no podrías entender, es un juego para gente importante y sabia”. El indígena guarda silencio y continúa observando el tablero y los movimientos de los contrincantes. Después de un tiempo, aventura otra pregunta “¿Y para qué juegan si ya saben quién va a ganar?”. El mismo jugador que le respondió antes le dice: “Nunca entenderás, esto es para especialistas, está fuera de tu alcance intelectual”. El indígena no dice nada. Sigue mirando y se va. Al poco tiempo regresa trayendo algo consigo. Sin decir más se acerca a la mesa de juego y pone en medio del tablero una bota vieja y llena de lodo. Los jugadores se desconciertan y lo miran con malestar. El indígena sonríe maliciosamente mientras pregunta: “¿Jaque?”. (Palabra Zapatista 12-III-2001). 

La candidatura de una mujer indígena es el “jaque” que pone en aprietos al rey. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170630_072027_072


Leer también:

Apuntes para explicar la candidatura indígena en México (I): De la reforma política de 2014 a la postulación de María de Jesús Patricio Martínez. 

Siete razones para apoyar la propuesta del CNI-EZLN

Gilberto López y Rivas
La Jornada

Desde que se hizo pública la propuesta consensada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de integrar un Concejo de Gobierno Indígena para México, cuya vocera será registrada como candidata independiente para las elecciones presidenciales en 2018, varios de los adherentes a la Sexta Declaración, nos hemos dado a la tarea de participar en mesas redondas, conversatorios y talleres, para reflexionar, analizar, exponer, y desde luego, debatir, esta singular acción política, en sus múltiples dimensiones, retos y compromisos. 

Se trata de una más de las iniciativas que provienen del mundo indígena, y, en particular, del zapatismo y su entorno cercano, con el objetivo de articular las resistencias, desde abajo y a la izquierda, para enfrentar esa tormenta de alcances civilizatorios que constituye la actual mundialización capitalista y que se expresa en una recolonización y guerra de conquista de territorios, recursos naturales, seres humanos desechables, destrucción de la naturaleza, mismas que están llevando a la especie humana y las formas de vida conocidas a las derivas de su posible extinción. Esto es, la lucha actual de los pueblos indígenas y no indígenas sobrepasa los esquemas gastados y despojados de contenido de izquierda y derecha, y se sitúa en la dicotómica posición de estar por la vida o por la muerte. Rosa Luxemburgo, que no vivió la pesadilla del nazi-fascismo ni la de la actual forma de acumulación capitalista delincuencial y militarizada, planteaba ya hace más de un siglo la disyuntiva de socialismo o barbarie. 

En este contexto, ¿cuáles son algunas de las razones para asumir como propia la propuesta del CNI-EZLN?: 1. Es una idea discutida a profundidad por las comunidades mayas zapatistas, y posteriormente, por las más de 40 expresiones de los pueblos originarios que integran el CNI. No es fruto de un grupo de notables que piensan por los demás, sino resultado de las deliberaciones horizontales de innumerables asambleas que la analizaron hasta llegar a su aprobación, bajo uno de los principios del mandar obedeciendo: convencer y no vencer. No es una ocurrencia de una determinada persona, ni tiene promotores ocultos gubernamentales que la izquierda institucional y el anonimato de las redes sociales pretenden denunciar. 

2. La integración de un Concejo Indígena de Gobierno para México se sustenta en varias décadas de experiencias autonómicas de facto, en toda la geografía de nuestro abatido territorio nacional, que contrastan notoriamente con los corruptos, deslegitimados y desacreditados gobiernos en sus tres niveles y poderes de la partidocracia, que han producido un hartazgo ciudadano y una crisis profunda de la llamada democracia representativa. Es evidente que el grupo actualmente en el poder no representa los intereses del pueblo y de la nación mexicanos, y conforman gobiernos de traición nacional que han renunciado al ejercicio de la soberanía, y entregado el país, su territorio, mano de obra y recursos naturales y estratégicos a las corporaciones capitalistas trasnacionales, y se han sometido dócilmente a la dominación económica, política, ideológica y militar de EU, brazo armado hegemónico del imperialismo mundial. El Concejo Indígena de Gobierno y lo que resulte del mismo, es el embrión de la representación y soberanía popular-nacional, a partir de lo que establece el artículo 39 de la Constitución, todavía vigente. 

3. El Concejo de Gobierno y la candidatura independiente de la compañera María del Jesús Patricio Martínez provienen del sector de los explotados, oprimidos y discriminados que ha forjado a lo largo de estas décadas una estrategia de resistencia contra el capitalismo, la autonomía, la cual instituye, a la vez, una práctica de gobierno y hacer política radicalmente distinta a la que conocemos, sin burocracias, intermediarios, políticos profesionales y caudillos. Pese a la precariedad estructural, la guerra contrainsurgente de desgaste, los paramilitares, el crimen organizado, la represión y la criminalización de sus luchas, estos autogobiernos han mostrado su capacidad para organizar a los pueblos en un proceso de reconstitución, toma de conciencia, participación de mujeres y jóvenes, fortalecimiento de identidades étnico-culturales, nacionales y de clase, mediante la apropiación colectiva y autónoma de la seguridad comunitaria, la impartición de justicia, la salud, la educación, la cultura, la comunicación y las actividades económicas y productivas, así como la defensa del territorio y sus recursos naturales. 

4. En un país en el que reina la corrupción y el cinismo generalizado de la clase política, la propuesta indígena se fundamenta en la notable congruencia ética de sus postulantes. Tanto el EZLN como el CNI han practicado por décadas lo que predican, y han hecho realidad los principios de no venderse, no claudicar, no traicionar, no suplantar ni aprovecharse de las luchas de otros. El para todos, todo, para nosotros, nada, es una realidad a lo largo de todos estos años. Estas organizaciones han estado estableciendo el poder popular del mandar obedeciendo, sin pedir nada a cambio y, pese a las difíciles condiciones de vida, se han solidarizado con todas las luchas de los de abajo. 

5. La candidatura de una mujer indígena va más allá de una política de cuotas y de posiciones feministas que no toman en cuenta la triple opresión que han sufrido las mujeres indígenas y la especificidad cultural en la que demandan derechos plenos. Se sitúa como una clara respuesta al patriarcalismo imperante, desde una política de genero de nuevo cuño, cuyo origen lo encontramos en la Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN. 

6. Es una propuesta incluyente, no sólo de los indígenas y con los indígenas, que hace suyas las reivindicaciones de todos los explotados, oprimidos y discriminados de la tierra, sin importar sus orígenes étnico-nacionales y sus características culturales. No es una propuesta esencialista o etnicista. Los destinatarios de la misma son todos los pueblos de México, incluyendo el de la nacionalidad mayoritaria. Ese mundo donde cabemos todos y todas. 

7. La iniciativa no divide a la izquierda partidista; como lo señala Paulina Fernández, la exhibe, y añadiría, en todo su racismo y sus miserias.

Luis Videgaray o el suicidio del PRI o la entrega de México a Estados Unidos

En Brasil, se usa decir: “No pasarán”. Y se usa por la población para decir que “no pasarán” los fascistas y golpistas. Es decir, que no triunfarán las fuerzas del fascismo inoculado en ese país y otros del cono sur (Venezuela es el caso más agravado). Y uso la consigna para decirles a esos a cuyas personas alude este artículo que en México “no pasarán”. No pasarán los Videgaray, ni los Trump, ni los Calderón, ni los Bush, ni los Salinas de Gortari, ni los Clinton. En 2018, a México le espera un duelo contra las añejas, corruptas y beligerantes castas políticas nacionales. 

En la última publicación, se advirtió acerca de eso que un escritor uruguayo llamó “el suicidio de los partidos políticos” (http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/06/el-suicidio-de-los-partidos-politicos-o.html). Y eso es exactamente lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018: la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional (inclúyase las ramificaciones caleidoscópicas de pelaje azul o amarillo o verde). El PRI-partido firmó anticipadamente su carta de defunción en 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El funeral es el próximo año (2018). 

Históricamente, “el Partido” (como lo conocen sus prosélitos) definió las formas y fórmulas de la política en México. La totalidad de las decisiones de interés político discurrían por los canales del partido. A diferencia de otros países homólogos (Latinoamérica), en México el significante material e inmaterial de la política no recayó exactamente en la figura de un líder bonapartista-caudillista (como Perón en Argentina o Getulio en Brasil). En México, la soberanía política del siglo XX descansó en el Partido Revolucionario Institucional (esa entelequia decadente que el no tan nobel Mario Vargas Llosa llamó la “dictadura perfecta”, acaso la única contribución valiosa que aportó ese inescrupuloso escritor al análisis de la región). El campo político en el que se dirimió la cosa pública durante un centenar de años en México fue el PRI. Esta institución, que constituía el pivote del sistema político, contó con facultades metalegales extraordinarias: por ejemplo, la elección del “candidato-presidente”, que por muchos años fue una decisión exclusiva del partido, aún durante la mal llamada “transición democrática” (que en nuestro país consistió en un tránsito pactado de un centro-derecha a una derecha confesional sin recatos de clase). 

Pero la evidencia sugiere que eso llegó a su fin. El PRI está en agonía pre mortem. Y la estocada final es 2018. 

Pero cuidado: esa muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever, aunque absolutamente deseable); ni tampoco por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte (y que perdura en no pocas esferas de la política nacional). El PRI-partido murió porque perdió esa “facultad metalegal” otrora incontestada: la selección del “candidato-presidente”. A partir de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido: lo elegirá Estados Unidos. 

Por eso la carrera por “la candidatura” discurre por otros canales. En el presente, competir por la presidencia en México involucra esencialmente hacer campaña en (con) Estados Unidos. El guiño y los amarres no apuntan a los correligionarios del partido. El “lobby” tampoco contempla el longevo imperativo de conseguir la aprobación de las diferentes fracciones intestinas. Las “camarillas” están desdibujadas, y mudan sus “lealtades” con más promiscuidad que las componendas matrimoniales de “La Gaviota” (de acuerdo con el testimonio de las malas lenguas). Y en ese río revuelto, los más astutos e innobles perfilan aspiraciones presidenciales, naturalmente cosechando simpatías con el soberano en turno: Washington. 

Y adivinen quién es el puntero: sí, el secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray Caso. 

Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del “muro Trump”; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de “encomendero” de la “era global”, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: “El México neoliberal itamita y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala” (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017). 

Cabe recapitular lo sostenido en otra oportunidad: 

“Al gobierno de México lo único que le preocupa es la renegociación del TLCAN. Y es absolutamente omiso con las deportaciones masivas y la fractura de familias mexicanas que está teniendo lugar en Estados Unidos. La suerte de los migrantes nunca fue de ningún interés para las elites gobernantes: el TLCAN que esas propias elites firmaron, expulsó a millones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahora que están a punto de sufrir una segunda expulsión, de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano está cruzado de brazos, haciendo como que la virgen le habla, y renegociando humillantemente un tratado que dejó muerte y destrucción en suelo nacional… En materia política, el ascenso de Trump dejó huérfanas a las élites gobernantes. No tienen fuerza ni siquiera para movilizar populistamente a la población. Por añadidura, México no cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos. El TLCAN fue un harakiri político: la clase política en México eligió el proyecto con base en la geografía y por oposición a su historia y cultura. El Estado no tiene brújula, no tiene dirección. La política exterior es de persistente deshonra y humillación: el alto funcionariado mexicano lanza gestos de amistad a un gobierno –el de Estados Unidos– que responde con aspavientos de enemistad e insulto llano. México es un peón acasillado” (Leer artículo completo en http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/04/que-significa-el-triunfo-de-donald.html). 

Si el proyecto de “nación” es la entrega de la nación a Estados Unidos, Luis Videgaray es la figura política más calificada para tomar las riendas de ese continuum. La muerte anunciada del PRI le confiere algunas libertades para despreciar al partido, y posicionarse –no sin recato– frente a la metrópoli: “(…) El canciller tiene que dedicarse de tiempo completo a esto (de renegociar el TLCAN) y mantener la neutralidad política… Tengo una militancia de la cual estoy muy orgulloso pero que no ejerzo, estoy dedicado a ser canciller… Tengo mi militancia guardada en un cajón” (El Universal 26-V-2017). 

Pero en Estados Unidos están preocupados por la elección de 2018 en México. En abril del año en curso, el senador republicano John McCain dijo: “Si las elecciones fueran mañana en México, probablemente se tendría a un antiestadounidense de ala izquierdista como presidente de México. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos”. Y, para redoblar la consternación con guiño cómplice a las élites mexicanas, el secretario de seguridad interior, John Kelly remató: “No sería bueno para Estados Unidos ni para México” (El Financiero 5-IV-2017). 

No debe asombrar a nadie que desde Washington dispongan nombrar a Luis Videgaray como candidato para la elección presidencial de 2018. Hasta ahora, el secretario de relaciones exteriores ha sido su más fiel acólito y operador. 

El PRI está en la antesala del suicidio. Estados Unidos necesita neutralizar políticamente a México. La inercia anexionista es arrolladora. El puntero en las preferencias electorales de 2018 es “un antiestadounidense de ala izquierdista” (sic). Y Washington está intranquilo. 

No pasarán.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170623_072702_708#share