La tragedia brasileira: del progresismo moderado a la autoinmolación fascista

Arsinoé Orihuela Ochoa 

¿Qué pasó en Brasil? Tras la victoria del ultraderechista Jair Messias Bolsonaro en Brasil, toda la prensa internacional está formulando tal pregunta, sin saber siquiera por donde comenzar a atajar la cuestión. Pero a pesar de la perplejidad –o acaso por ello– es urgente comenzar a esbozar algunas líneas de explicación. Podríamos remontarnos hasta la era colonial y escudriñar las especificidades de ese episodio en Brasil: predominantemente masculino, radicalmente esclavista, genocida e intolerante. O podríamos acudir a la independencia de ese país, destacando el carácter acusadamente cupular de tal proceso, conducido por la propia familia real de Portugal, bajo la figura del príncipe Pedro I, quien se convertiría en el emperador del régimen monárquico independiente más largo de América (1822-1889). A diferencia de otros países latinoamericanos, Brasil no transitó la guerra de independencia popular. O bien, podríamos retroceder al largo pasaje de la dictadura militar (1964-1985), y rastrear allí los fundamentos del neofascismo que conquistó las urnas en la reciente elección. Entender esto último –el neofascismo brasileiro– es el objetivo de la reflexión. No obstante, acudir a los antecedentes antes referidos amerita una investigación enciclopédica, o bien, un esfuerzo de conjunto que ya está en curso en el ámbito académico pero cuyos hallazgos saldrán a la luz pública solo paulatinamente. 

En el campo periodístico –que es el que nos concierne acá– es posible identificar al menos dos ejes de análisis dominantes, acaso con dos variantes: uno, el que aborda el caso a partir de 2012, año en que se intensifica el golpismo concertado de las derechas en Brasil; y dos, el que acude al 2002, año en que se inaugura un ciclo de políticas progresistas, impulsadas por el Partido de los Trabajadores (PT), que se apoyó decididamente en la conciliación de clases. Respecto a las dos variantes de estos ejes de análisis, una apunta al énfasis en la arena doméstica y la otra a la esfera internacional. Esto no significa de ninguna manera que los dos ejes o sus respectivas variantes se excluyan recíprocamente. Tan sólo se trata de énfasis o prioridades del analista en cuestión. A mi juicio, el eje de análisis que contempla a partir del 2002, en la variante doméstica, es acaso el más desatendido o insuficientemente explorado. También por una cuestión de convicción, considero que tal enfoque es el más pertinente, pues habilita la posibilidad de una autocrítica, que no casualmente ha sido una de las demandas ciudadanas –la de la autocrítica del PT– más sonoramente empuñadas antes, durante y después de la elección. 

En este sentido, propongo analizar los 14 años de gestión del PT distinguiendo cuatro momentos clave: 

(I) de la toma de protesta de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente la República Federativa de Brasil (2002) hasta los escándalos de corrupción política (Mensalão) de 2006; 

(II) de la reelección de Lula da Silva (2006) hasta el fin de su administración (2010); 

(III) del inicio del primer mandato presidencial de Dilma Rousseff (2010) al lanzamiento de la opaca investigación anti-corrupción llamada Operación Lava Jato (2014); 

(IV) de la reelección de Rousseff al impeachment e interrupción de su gestión en 2016. 

Naturalmente, los dos últimos recortes tienen más relevancia por una razón fundamental: al final de los dos ciclos presidenciales, Lula da Silva dejó el cargo con un índice de aprobación histórico de 87%. Tan sólo ocho años después, el mismo electorado elegiría, por un margen holgado sobre el adversario Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, al candidato neofascista Jair Messias Bolsonaro. ¡¿Qué ocurrió en los últimos ocho años?! ¿Qué factores o inercias conjuraron durante las dos administraciones de Lula da Silva para propiciar un ascenso tan meteórico del neofascismo en Brasil, tras haber sido considerada la democracia más sólida de América Latina? 

Sostengo que la respuesta a tales preguntas debe ponderar los contenidos específicos del progresismo que prohijó el PT durante los 14 años de gobierno. La fórmula del progresismo moderado, en uno de los pocos países del mundo en que una franja importante de la población no tiene ningún rubor para salir a las calles a vociferar “Dictadura Militar Já” por oposición a “Democracia Ya”, resultó trágica. Y acudo al término “trágico” en el estricto sentido griego, de combinación de un error fatal con un desenlace no menos aciago. En la tragedia clásica, tal “error fatal” se produce al intentar “hacer lo correcto” en una situación en el que “lo correcto” no puede producir bien. Tal fue el caso de la debacle petista: respetó las reglas del juego institucional hasta la autoinmolación fascista. 

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El análisis que propongo adherir en este espacio, y en futuras entregas, atiende esta premisa.

Elecciones Brasil 2018 (II): acerca de por qué Ciro Gomes es la mejor opción

Arsinoé Orihuela Ochoa

En la última entrega expuse –no sin temor al linchamiento o “fuego aliado”– tres razones por las cuales consideró –en concordancia con otros analistas del campo progresista-nacional-popular– que la mejor opción para Brasil, en el marco de la elección presidencial que tendrá lugar el próximo domingo 7 de octubre, es el candidato Ciro Gomes. También, expliqué las razones por las cuales la coyuntura brasileña es especialmente importante para el resto de los países latinoamericanos, particularmente México, que perfila –tal vez tardíamente– un período de gobernabilidad “progresista” (aunque tal caracterización todavía esté en suspenso). Acerca de esto último, y en referencia a ciertos signos prematuros de desencanto político respecto a la próxima presidencia de Andrés Manuel López Obrador –ya aliado con las vetustas y corruptas élites políticas– advertí en otra oportunidad:

“El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –acaso la figura de la izquierda más elogiada por propios y extraños– está en la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner resiste una virulenta persecución judicial en Argentina. Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, fue inhabilitado políticamente por una confabulación caprichosa del oficialismo. Y otros tantos líderes del progresismo en Sudamérica atraviesan situaciones de acoso y cacería sin precedentes. México no puede ignorar las lecciones del sur. La política de ‘conciliación de clases’ es una bomba de tiempo. No se puede construir un programa político sostenible, en beneficio de las mayorías, sin tocar los privilegios y las fortunas concentradas. No es posible conquistar la soberanía, la justicia social y la paz sin una transformación de fondo. Es necesario alterar el reparto del orden jerárquico, desactivar la guerra contra la población, alfabetizar políticamente a las bases populares, pluralizar las fuentes de información, y recuperar el control de las industrias estratégicas. El progresismo que representa AMLO acaso encierra el mismo peligro que los progresismos del sur: la eventual derechización del voto y el ascenso de un fascismo social, como ya se advierte en Brasil y Argentina”  (https://bit.ly/2pBDCQK). 

Reedito la anterior advertencia porque infelizmente cada vez cobra más verosimilitud y factibilidad el escenario descrito, puntualmente en Brasil. Ya Ciro Gomes había alertado, con algunos años de antelación, que la polarización política de los brasileños, divididos entre petismo y anti-petismo sólo beneficiaría al establishment ultraconservador golpista. Y en efecto, nadie parece estar dispuesto a discutir o dialogar racionalmente los catalizadores de tal divisionismo, y sí en cambio, a adherir alguna de las dos posiciones, sin reparar en las especificidades de la crisis. 

En este entorno, la bancocracia brasileña, que gobierna sin contrapesos, continúa alejada del escrutinio ciudadano. En Brasil, cinco bancos –uno extranjero, dos domésticos-privados y otros dos nacionales-estatalizados– controlan el 85% de las operaciones bancarias. Cabe hacer notar – no sin ignorar la multicausalidad de tal inercia– que esta concentración financierista se produjo en el marco de los 14 años de gestión petista. Por cierto, Brasil tiene las tasas de interés más altas del mundo. Actualmente, el “cártel bancario” (dixit Ciro Gomes) domina las dos cámaras –alta y baja–, el poder judicial y el ministerio de economía. Además, controla la totalidad de las casas encuestadoras, que a todas luces están manipulando la intención de voto en favor del candidato fascista Jair Bolsonaro. 

A unos días de la elección, y de acuerdo con los índices divulgados por el Instituto Datafolha, y excluyendo los votos blancos o nulos, Bolsonaro registra 39% de las intenciones de voto, Fernando Haddad 25%, y Ciro Gomes 13%. 

Recientemente, Ciro advirtió: "Eu vou quebrar o cartel dos bancos. Vou quebrar pesadamente, já no primeiro dia" (“Voy a quebrar el cártel de los bancos. Voy a quebrarlo severamente, desde el primer día”). La bancocracia está apostando por arrojar al ostracismo político a Ciro Gomes, y cerrar la elección entre dos candidatos, ninguno hostil a su agenda plutocrática (recuérdese que Haddad contempla al presidente del consejo administrativo del banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para comandar el ministerio de Hacienda), y con ello seguir explotando políticamente la polarización que ensombrece a Brasil y su pueblo. 

Reitero, por lo sostenido en el primer artículo y el presente, Ciro Gomes es la mejor opción. Es el único candidato que propone desmontar las dos raíces de la desmoralización-crisis brasileña, y que el PT no desmontó –acaso prohijó– durante los cuatro ciclos (uno interrumpido golpistamente) que gobernó el país: a saber, el modelo de gobierno coalicionista, que obliga al gobernante en turno a mantener a hampones en posiciones de poder clave; y el modelo de bancarización neoliberal, que condena al país a la reproducción de asimetrías económicas catastróficas. 


http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=181007_100448_793


Leer también:

Elecciones Brasil 2018 (I): acerca de por qué Ciro Gomes es la mejor opción

Bolsonaro o el fantasma del fascismo en Brasil: última llamada

Bolsonaro o el fantasma del fascismo en Brasil: última llamada

Arsinoé Orihuela Ochoa

Quiero recordar que a un año de la elección en Estados Unidos presagié el triunfo de Donald Trump (https://bit.ly/2MixE5h). Tan pronto ganó el candidato republicano en EE.UU., anticipé el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México (https://bit.ly/2MmfFdS). En el primer caso, advertí que hasta el final de la elección conservaría la esperanza de que el pronóstico resultara errado; cosa que no aconteció, infelizmente. En el segundo, previne acerca de las limitaciones que entrañaría un gobierno “conciliador” en un contexto de sobrecarga de expectativas ciudadanas. Si bien aún no toma protesta el candidato electo, ya es posible discernir una acción concertada de AMLO y sus operadores para reducir o acotar tales expectativas sociales. A tan sólo 3 meses de la elección presidencial en Brasil, más que nunca espero que la previsión yerre, y que Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal (PSL) –que no tienen nada de social ni de liberal, y que es fiel representante del baronato colonial– registre una derrota aparatosa en los comicios de octubre. Sin embargo, debo prevenir que tal escenario –el de un descalabro de Bolsonaro– se antoja difícil. El conjunto de fuerzas e inercias que recorren subterráneamente la elección en Brasil perfilan un desenlace electoral dramático. Jair Bolsonaro –militar en reserva y facsímil tropical de Donald Trump– es el tumor cancerígeno que brotó al interior del sistema político brasileño tras el golpe de Estado que depuso ilegalmente a la presidenta legítima, Dilma Rousseff. Cabe hacer notar, no obstante, que Bolsonaro no es una criatura de reciente fabricación. Las posiciones políticas que representa –plutocracia militarista sin concesiones– se alojan en Brasil desde tiempos coloniales. Hasta ahora tales expresiones habían sido más o menos eficazmente domeñadas en la política (no así en la sociedad o en los círculos de privilegio). La diferencia notable es que, en este momento, una franja importante de la ciudadanía identifica en él una respuesta o salida a los problemas que aquejan a Brasil. El propósito de este artículo no es vaticinar un eventual triunfo de esa “continuidad revestida de cambio”, sino más bien proporcionar algunas líneas de análisis y reflexión para intentar impedir, conjuntamente, que tal vaticinio llegue a cristalizarse. 

Es innegable que Jair Bolsonaro es una criatura arquetípica de la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? Noam Chomsky explica: “Lo que se ha creado durante este medio siglo de propaganda corporativa masiva, es lo que se conoce como ‘antipolítica’. Cualquier cosa que sale mal se culpa al gobierno. Y efectivamente, hay muchas cosas que reprocharle al gobierno. Pero el gobierno es la única institución que la gente puede cambiar, es la institución que uno puede afectar con la participación […] Esa es exactamente la razón por la cual toda la ira y el miedo están dirigidos contra el gobierno. El gobierno tiene un defecto: es potencialmente democrático. Las corporaciones no tienen defectos: son tiranías puras. Por eso se trata de mantener en el anonimato a las corporaciones, y concentrar toda la ira en el gobierno. Si no te gusta algo, si los salarios están a la baja, culpa al gobierno. No culpen a los hombres que figuran en [la revista de negocios] Fortune 500, porque nadie lee esta revista […] Uno nunca lee acerca de las ganancias astronómicas [de las grandes empresas] […] Como se ha dicho, hay mucho que reprochar al gobierno. Pero el gobierno es exactamente lo que Dewey describió como la ‘sombra proyectada de los negocios sobre la sociedad’. Si se quiere cambiar algo, es preciso cambiar la sustancia no la sombra” (https://bit.ly/2MT3fGX). 

O también podríamos encuadrar a Bolsonaro en aquello que los analistas llaman el “tercer espíritu del capitalismo”, y que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, engañosamente ceñida tal crítica a la corrupción de los políticos, a fin de allanar –ideológicamente– el ascenso al poder público de los “no-políticos”: a saber, personajes como Trump o Bolsonaro que gobiernan sin soberano popular, presuntamente sin ideología, y al servicio exclusivo del privilegio, llámese militar, eclesiástico, criminal o empresarial. 

Para decirlo en términos más simples, no hay un ápice de novedad en la campaña-estrategia-programa de Jair Bolsonaro, excepto los factores externos, tales como el desencanto ciudadano o la fragmentación-naufragio de la izquierda, que son los catalizadores que a menudo propician el ascenso de la alternativa fascista. Bolsonaro arrastra votantes porque él se presenta como un rebelde patriota, en el contexto de una crisis generalizada que el ciudadano aislado atribuye a la corrupción de los políticos, en general, y a los escándalos de corrupción que involucran al Partido de los Trabajadores (PT), en particular. Para ese ciudadano atomizado, irritado, desconsolado y despolitizado, Bolsonaro representa la posibilidad de salir del laberinto de la soledad opresiva. Y no porque el candidato prometa, con base en una política inteligente, dirimir los conflictos que enfrenta Brasil, sino justamente porque promete abolir la política, que es la fuente de todos los males globales, nacionales o personales, de acuerdo con la narrativa que impusieron, a base de propaganda, las clases que dirigen monopólicamente la economía. 

Y esto último es lo que parecen no entender en la izquierda brasileña (si bien es cierto que no están definiendo planes de acción reflexivamente, sino apenas estudiando cómo sobrevivir a la ilegal persecución de la que son objeto). Atacar a Bolsonaro por falta de pericia gubernativa o por incorrecciones políticas sólo ayuda a incrementar su popularidad. Cualquier cuestionamiento proveniente de cualquier figura política eleva la simpatía del auditorio por el candidato. Cualquier aparición en televisión, así sean un par de minutos para responder una pregunta ingeniosa, se traduce en una cosecha de seguidores. El último debate presidencial en Brasil demuestra que la hegemonía está del lado de la ultraderecha conservadora: loas a dios, a la violencia, a la patria de los pocos, a los barones, al racismo estructural, a la técnica de la hiperacumulación, al rencor social, al machismo. Fue posible advertir, en las tres horas de transmisión, que la derecha golpista –que no es liberal; es ultraconservadora– está perfectamente organizada, y que los candidatos de la izquierda o del centro, notoriamente ignorados en el debate, están desarticulados, o acaso cuidadosamente arrinconados por el “frente de la derecha” (“las cincuenta sombras de Temer” dixit Guilherme Boulos) de tal modo que apenas consigan contribuir a realzar la presunta pertinencia o urgencia del programa ultraconservador. También quedó de manifiesto que el candidato de Rede Globo –el monopolio mediático de Brasil y el vigésimo quinto grupo de multimedia más grande en renta del mundo– es Jair Bolsonaro. A Rede Globo se suman casi todas las otras tiranías de Brasil: la iglesia, las fuerza armadas, el poder judicial, las corporaciones, el crimen organizado y los bancos. 

No se necesita mucha agudeza para reparar que, en la próxima elección de Brasil, el elector votará por aquel que proponga más firmemente un plan de acción urgente para restaurar la autoridad. Y en esto, los ultraconservadores registran una ventaja notable. Por ello, también es urgente que desde las izquierdas se defina un plan cuyo eje de acción-discurso recoja ese estado emocional, anhelo o demanda ciudadana. Por un lado, Bolsonaro propone restaurar la autoridad acudiendo básicamente a eso que Chomsky llama las “tiranías puras”, que son las fracciones del Estado que no están sujetas a escrutinio público o voto popular: reitero, la iglesia, las fuerzas armadas, el poder judicial, las corporaciones, el crimen organizado, los bancos. En suma, los flancos opacos u oscuros del aparato estatal (https://bit.ly/2nKeVkn). Por otro lado, las izquierdas primero tienen que definir una candidatura estratégica más o menos unificada. Y después, proponer con la misma vehemencia, o incluso superior a la de los ultraconservadores, la restauración de la autoridad desde las fracciones del Estado “potencialmente democráticas”: a saber, la sociedad organizada no empresarial, los nuevos movimientos sociales, la población civil desorganizada (que teóricamente es depositaria de la soberanía), los parlamentos federal-estatales, algunos partidos políticos (no golpistas), y el poder ejecutivo. 

Que el PT y Lula consiguieran aislar –con éxito– al candidato de centro-izquierda Ciro Gomes, boicoteando todas sus posibles alianzas políticas, comporta un mérito estratégico de corto alcance. Pero no necesariamente ético, en el largo plazo. Las consecuencias no previstas de esa “estrategia” pueden resultar catastróficas para Brasil. Porque acaso el único candidato del llamado “campo progresista” que podía competir seriamente en la elección, proponiendo la restauración de la autoridad desde las “fracciones del Estado potencialmente democráticas” era –o es– Ciro Gomes (a pesar de su esporádico camaleonismo). Vale decir: la disputa por la hegemonía al interior de las izquierdas, que no comporta ningún mérito ético, está allanando el camino al ascenso de Jair Bolsonaro. 

Francamente, espero errar en las previsiones. Y confío que la alfabetización política de ciertos sectores de la sociedad brasileña en los gobiernos del PT tenga impacto electoralmente, y que las izquierdas no confabulen –voluntaria o involuntariamente– a favor del fantasma del fascismo en Brasil.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180817_070305_937

El ABC de la huelga de los camioneros en Brasil: la crisis tridimensional

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Brasil está roto. La reciente huelga de los camioneros –que tuvo una duración de diez días y que los analistas calificaron de “histórica”– dejó apreciar la gravedad de la fractura. Brasil está roto porque lo rompieron. “¿Y quiénes rompieron al ‘gigante del sur’?” Ésta es la pregunta que a bocajarro todos quieren responder. No obstante, sin menospreciar la relevancia de las posibles respuestas, sostengo que es insuficiente señalar nombres y apellidos. Es necesario rastrear las lógicas e intereses que intervienen en la trama. Si bien es cierto que desconfío de la palabra “crisis”, acaso porque evoca tantos significados, en esta oportunidad, y por razones prácticas, consideré oportuno caracterizar la situación actual de Brasil en términos de “crisis”. En tal sentido, para evitar confusiones o digresiones, cuando decimos “crisis”, entiéndase no sólo una situación de peligro o adversidad, sino también, y acaso principalmente, una coyuntura de cambios sujeta a evoluciones e inestabilidades de largo alcance. 

Una cuestión que nadie puede omitir es que la ruptura del país trajo consigo la ruptura de la comunicación, y hoy discutir de política en Brasil puede costar una amistad o la excomulgación familiar. Restablecer el diálogo es una precondición para salir de este enredo. Y para ello, es necesario reorientar la problematización, a fin de ahorrar confrontaciones estériles, y, por consiguiente, evitar los “quiénes” y ponderar los “por qué”. Es decir, “recalcular” las trayectorias del debate, y dejar que la distribución de responsabilidades caiga por su propio peso sobre las espaldas de los actores. Esto de ninguna manera significa renunciar a la lucha por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva. Pues si en Brasil prevaleciera un orden efectivo de justicia, Lula sería el último de los políticos en ameritar una condena, acaso junto con Dilma Rousseff. Y cabe insistir en esto, porque parece que algunos colegas todavía no entienden que el destino de Brasil depende, en gran medida, del desenlace del caso Lula. 

Los efectos de estos diez días de huelga de los camioneros, ilustran fielmente las dimensiones de la crisis en Brasil: calles fantasmales, autopistas obstruidas, escuelas desiertas, supermercados desabastecidos, aeropuertos colapsados, gente encolerizada. Si alguien, alguna vez se preguntó cómo paralizar una economía, sin hallar una respuesta plausible, Brasil ofrece una pista fehaciente. Sólo basta que los transportistas decreten una huelga –en esta ocasión como protesta por el alza al precio del combustible– para interrumpir, literalmente por cielo, mar y tierra, el funcionamiento del capitalismo, en un país que, como México (nótese que se trata de las dos primeras economías de Latinoamérica), autoboicotearon el desarrollo de servicios e infraestructura ferroviarios. ¡Extraordinaria lección que no sospechó nadie, ni los huelguistas! 

Pero el tema que nos ocupa es el de las causas de la “ruptura” del país. Y ya hemos adelantado que el problema se puede explicar en clave de “crisis”. De manera tal que la huelga es sólo un indicador –suma de todos los males–. Pero no se trata de una sola crisis, sino de una yuxtaposición de crisis –en plural–; como bien señala el título del artículo, básicamente una crisis tridimensional. Todas las razones y sinrazones esgrimidas por propios y extraños con respecto a la huelga de camioneros remiten, vaga e imprecisamente, a una de estas tres crisis, que a continuación resumo. 

a. La crisis económica 

Desde 2013-14, Brasil atraviesa una crisis económica que algunos especialistas –no necesariamente inocentes políticamente– califican como la “peor recesión en la historia del país”. Si tal aseveración es cierta, es discutible. Pero lo que sí es innegable es que la desaceleración fue acusada, que la economía se contrajo casi cuatro puntos porcentuales, que la tasa de desempleo escaló a 12%, y que la tasa de inversiones registro una caída de 14%, entre otros indicadores macroeconómicos a menudo invocados por la opinión pública. Los efectos de la crisis económica se resintieron fuertemente entre las franjas inferiores de la población, sobre todo tras el aumento al precio de ciertos servicios, como el transporte público (recuérdese las protestas de 2013). La crisis económica aglutinó malestares diseminados entre los eslabones más bajos de la población, sectores medios, y ciertamente las oligarquías del país, que no querían participar de la “distribución de riesgos” prescrita por la desaceleración (y las políticas tributarias del Partido de los Trabajadores) y preferían transferir el costo de la crisis exclusivamente a los estratos más vulnerables. La simultaneidad de la crisis y la Copa del Mundo de Brasil 2014, imprimió a la disconformidad una proyección internacional. Las élites nacionales capitalizaron la coyuntura, y, apoyadas por actores e intereses internacionales, orquestaron un juicio político (impeachment) para destituir a la presidenta constitucional Dilma Rousseff, presuntamente por el crimen de responsabilidad en el maquillaje de cuentas fiscales. En junio de 2016, el Senado Federal removió a Dilma del cargo en carácter definitivo. Michel Temer asumió interinamente el mando, y en cuestión de unos días puso en marcha un agresivo paquete de reformas que, contrariamente a lo anunciado, acabó por profundizar la crisis. Entre otras decisiones a todas luces draconianas, el gobierno de Temer congeló el gasto público por un plazo de veinte años, e impulsó una política de liberalización de los precios del combustible. Apenas un año después de las modificaciones, el costo del diésel se disparó. En los primeros meses de 2018, los transportistas solicitaron la instalación de una mesa de negociación para tratar el asunto con el gobierno. La administración de Temer ignoró la petición. Y el 21 de mayo estalló la huelga. 

b. La crisis institucional 

Frente a la crisis económica, las élites brasileñas respondieron con voracidad. En realidad, destituyeron a Dilma Rousseff porque su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), representaba un modelo de economía incompatible con la concentración de riqueza en tiempos de crisis. Incluso hasta los más entusiastas impulsores del impeachment contra Rousseff admitieron que había sido un “acto de venganza” (dixit Michel Temer). Y al menos esta parece haber sido la motivación de algunas fracciones de la clase política que conspiró. Pero la motivación de fondo, y que involucra a las oligarquías domésticas, grupos de presión y centros de autoridad internacionales, fue la desactivación política del lulismo-petismo y todo lo que ello entraña. Esto explica que, a la postre, enjuiciaran ilegítimamente a Luiz Inácio Lula da Silva, y dispusieran recluir en la prisión a la máxima figura política en la historia de Brasil (lo que por sí sólo es absolutamente vergonzoso). Está ampliamente documentado que la causa por la que juzgan a Lula es falsa, que la condena por la que lo detienen es fraudulenta (por “convicción”, dicen los jueces), y que la razón por la que lo encarcelaron no es otra sino la de proscribir al candidato que encabeza las preferencias electorales en las encuestas de opinión. A las élites del país no les importó barrer con la ya de por sí débil credibilidad de las instituciones. Se desmoronó la representatividad y la legitimidad de los mandos políticos. No hay un ápice de legalidad en las estructuras de gobierno de Brasil. 

La consigna que a menudo escoltó a la huelga de los camioneros fue la de “intervención militar ya”. Pero en realidad lo que subyace a esta peligrosa señal es una torpe reclamación de restauración de autoridad. El problema es que los actores e instituciones que pudieran restaurar “democráticamente” el orden, están arrinconados, recluidos, desmoralizados o satanizados. Y la única solución que la gente común puede imaginar es la solución militar. Adviértase que este es uno de los efectos más tóxicos de la llamada “judicialización de la política”, que está en curso en toda la región: a saber, que, ante el descrédito de los representantes políticos, la cosa pública la gestionen grupos, poderes e instancias que nadie eligió ni votó, y que, por lo tanto, estén libres de la responsabilidad de rendir cuentas a la población; por ejemplo, las fuerzas armadas, el poder judicial, los medios de comunicación, o los tres en alianza. 

c. La crisis política 

Conjuntamente las dos crisis antes referidas desembocaron en una fuerte crisis política, de la cual no se avizora una salida fácil. No sólo estamos ante un montaje judicial, una persecución política, cuyo propósito es alterar las próximas elecciones presidenciales: estamos ante una estrategia de disciplinamiento-ortopedia social con base en la proscripción de cualquier “salida democrática”. Como en Estados Unidos (gobernado por Donald Trump), el personaje que despunta en las encuestas en Brasil, sólo detrás de Lula, es un político (Jair Bolsonaro) que promete el retorno al añorado orden premoderno de los privilegiados, donde la política y el conflicto expiran por decreto unipersonal. 

La crisis política no es sólo una crisis de representatividad: es un cambio en las reglas del juego político. La judicialización de la política es la causa y efecto de esta reorientación. Hemos constatado que la conversión de la política en asunto judicial moviliza a la ciudadanía en torno a la voluntad de los grupos de poder. Es altamente efectiva porque consigue la aprobación del público para la alteración de las reglas del juego (apoyados con el estribillo de la “corrupción”). 

En este viraje, de los procedimientos electorales a los procedimientos judiciales, radica la posibilidad de imponer la tiranía por oposición a cualquier formato de negociación, que es exactamente lo que han querido instalar como lógica respecto a la huelga de los camioneros: es decir, la primacía de la ley y el orden, tal como intento Temer con el decreto del GLO (Garantía de la Ley y del Orden), y la habilitación del uso de la fuerza sin restricción ni contrapeso en la gestión de los asuntos públicos.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180608_080118_390

Ni “chavismo” ni “lulismo” sino todo lo contrario: el imperio contraataca

Arsinoé Orihuela Ochoa

Los imperios han existido a lo largo de toda la historia. Y esto lo sabe hasta un niño que cursa la educación básica. Sin embargo, el concepto de “imperialismo” siempre ha “adolecido” de mala prensa, excepto allí donde las dirigencias políticas conquistaron a sangre y fuego el derecho a proferirlo públicamente. Actualmente, y casi en cualquier ámbito, el uso de este término provoca urticaria por “panfletario” e “inelegante”. Y aunque se admita que ha sido objeto de falsificación o derroche verborréico, “imperialismo” es un concepto absolutamente legítimo porque connota y denota algo preciso: a saber, la capacidad de controlar, influir o dirigir con éxito lo que hacen otros pueblos o naciones más débiles, sin costo político o sanción para el agresor. Y si alguien piensa que esto es puramente ideológico, sólo basta acudir al caso que acapara en este momento la atención del mundo: la encarcelación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. 

El debate sobre el caso Lula recorre básicamente tres coordenadas: uno, que se trata de un escenario exitoso de aplicación de la justicia; dos, que la condena-aprehensión es parte de una maquinación judicial fraudulenta (“lawfare”) para inhabilitar electoralmente al principal adversario de las elites brasileñas; y tres, que Lula da Silva es un aliado del capitalismo global que está cosechando lo que sembró por el contubernio con los poderes constituidos. La primera posición no se sostiene, por la sencilla razón de que no existe evidencia que convalide el acto de presunta corrupción que le imputan al líder del Partido de los Trabajadores. Los propios jueces alegaron que “no tienen pruebas, pero tienen convicciones” (¡sic!). La segunda posición es casi tautológica, porque una derecha golpista o no-institucional –como la que gobierna Brasil– sólo dispone de recursos extraconstitucionales e ilegítimos para expandir sus privilegios. Vale decir: es el comportamiento natural del ultraconservadurismo, que nunca respetó la institucionalidad. Y, “last but not least”, la tercera posición, que generalmente corresponde al intelectual de escritorio que juzga todas las realidades en abstracto, e ignora que, hasta antes de Lula, Brasil era sencillamente una esclavocracia (que, por cierto, los ultraconservadores aspiran a reeditar). 

Y aunque es a todas luces evidente que Lula es víctima de una persecución criminal, lo cierto es que la lección más relevante ha sido desterrada de la discusión: a saber, que nuestra región –Latinoamérica– continúa despojada del derecho vital de conducir un cambio social o político, en cualquiera de sus modalidades o variantes. 

En el siglo XXI germinaron esencialmente dos programas de cambio en la región, que por razones prácticas juzgué oportuno agrupar en dos categorías, en función de los líderes que protagonizaron esos procesos de transformación: “chavismo” y “lulismo”. Es innecesario señalar que ninguna de las dos propuestas alcanzó el grado de radicalidad de la revolución cubana. En sus orígenes, el “chavismo” impulsó un programa económico de inspiración keynesiana, acaso reformulado con arreglo a un ideario político bolivariano. Es decir, nada que no se hubiera explorado anteriormente en el continente. Por otra parte, el “lulismo” apostó por un programa típicamente demoliberal o socialdemócrata, que consistió en expandir los derechos de los más desfavorecidos, pero sin tocar la renta de los segmentos más privilegiados. Es decir, nada que no se hubiera puesto en práctica en el mundo desarrollado, especialmente en Europa, y cuyo único propósito era elevar los estándares de vida de la generalidad de la población. 

¡Qué herejía! Lo que en aquellas naciones es un derecho elemental, en América Latina es un privilegio de pocos. 

Hoy, el “chavismo” es objeto de una asfixia económica salvaje, concertada por las élites domésticas e internacionales, y tan sólo equiparable con el cruel boicot financiero-comercial que desde Estados Unidos se orquestó contra Cuba. Y el “lulismo”, que se cansó de respetar la legalidad e institucionalidad burguesa, hoy está prácticamente proscrito, y su líder tras las rejas. Como dicen (vulgarmente) en México, a las élites del poder “ningún chile les embona”. 

La lección es lapidaria: el imperio contraataca. No es una fabricación ideológica. América Latina no conquistó todavía el derecho a decidir sobre su destino. Ni “chavismo” ni “lulismo” sino todo lo contrario: imperialismo sin concesiones ni disfraz.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=180413_075507_306

Brasil: la conspiración de las cucarachas

Arsinoé Orihuela Ochoa

Habitamos una época de división política aguda. Nadie puede objetar seriamente esta condición contemporánea. Es difícil encontrar puntos de consenso o convergencia, incluso dentro de los círculos de confianza, los amigos o la familia. Los instrumentos de comunicación no ayudan a sortear el divisionismo. Por el contrario, las fuentes de información provocan-potencian el desconcierto, produciendo viralmente noticias falsas. La noticia falsa no es una ocurrencia inédita. Existe desde tiempos inmemoriales. Acaso la novedad es la “viralidad” de la mentira. No obstante, y a pesar del entorno de desencuentros e intrigas, prevalece la certitud generalizada acerca de algunas cuestiones que se antojan más bien triviales, pero que, por lo menos para la ocasión, pueden ayudar a graficar una alegoría en un contexto de perversión e inexactitud palabraria. 

Por ejemplo, nadie contradice la idea de que el único ejemplar animal que consigue sobrevivir a cualquier clima, circunstancia, ecosistema o superficie es la “blattodea”, conocida popularmente como “cucaracha”. De hecho, hasta ahora no se ha descubierto ningún antídoto altamente eficaz para el control de población de esa plaga. 

Se sabe, además –y para asombro de no pocos–, que la cucaracha puede sobrevivir a una disección de cabeza por un largo período de tiempo. No es accidental que la cucaracha común tenga una cabeza pequeña –prescindible– y largas patas espinosas. Irónicamente, este insecto tiene alas, pero no puede volar, salvo en casos extraordinarios. 

Los “blatodeos”, o “baratas” como las conocen en Brasil, resisten volúmenes formidables de radioactividad. De allí proviene la leyenda urbana de que resistirían los efectos de una guerra nuclear.

Aunque aptas para soportar altas dosis de radiación, estos insectos carecen de un mecanismo regulador de temperatura. Esto ocasiona que, en un entorno de calor hostil, caigan fácilmente en desesperación, y no pocas veces mueran boca arriba. 

Por cierto, esta posición “patas arriba” también es un recurso de simulación al que acuden como mecanismo de defensa, para eludir, por la táctica del disimulo, los riesgos que entraña el mundo exterior. 

Curiosamente –y talvez esto no lo saben todos–, las cucarachas tienen antenas porque son ciegas, y eso explica que su actividad se desarrolle primordialmente en la noche, mientras otros duermen, y que acostumbren vivir atrincheradas en alguna grieta, esperando el momento oportuno para irrumpir en domicilios extraños, asaltar contenedores de basura y atormentar a incautas doncellas. 

También, es de dominio común que este insecto no provee ningún beneficio a la comunidad humana, y que su infestación se explica por el error –humano– de ignorar las consecuencias de los actos: por ejemplo, la formación de irreflexivas sociedades de consumo que propician altos contenidos de residuos antihigiénicos o llanamente tóxicos. 

Pero no sólo no proporcionan ningún beneficio a la comunidad humana. Estudios recientes, señalan que las secreciones que producen las cucarachas contienen alérgenos que provocan trastornos en las personas. Peor aún: los científicos consideran que esta población de insectos es uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades en los seres humanos. 

Los especialistas advierten que las cucarachas han cambiado poco o nada desde su aparición en el Carbonífero, hace 300 millones de años. Esto sugiere que se trata de una especie que nunca evoluciona, pero tampoco se extingue. 

Y aun cuando se trata de insectos perjudiciales para la salud pública, llama la atención que, en casos de sobrepoblación, la gente llega a acostumbrarse a su presencia. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo un 10% de los hogares encuestados admitió que las cucarachas representan una amenaza para la salud familiar. Es como si, a base de comparecencia cotidiana, su presencia se naturalizara. 

En Brasil, 20% de los adultos en edad de votar piensan que las cucarachas deben gobernar. 

La historia de las cucarachas podría resumirse con un adagio popular: lo que no mata fortalece. 

Tengo el recuerdo de un viejo amigo que, en su insondable soledad, acostumbraba ponerle nombre y apellido a las cucarachas que visitaban su casa. Yo, en mi feroz desconsuelo, decidí hacer lo mismo. Elegí, para las primeras cinco inquilinas, los siguientes nombres: Michel Temer, Eduardo Cunha, Sergio Moro, Rodrigo Maia y Jair Bolsonaro. 

#LulaLivre


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Brasil y el Cono Sur en la geopolítica estadounidense

Silvina Romano y Amílcar Salas Oroño

Rebelión

El Atlántico Sur: del PreSal a Las Malvinas

La mega causa del Lava Jato, que ha puesto en jaque a Brasil en una aparente “limpieza” anti-corrupción, ha atacado (no casualmente) a los principales exponentes del Partido de los Trabajadores, en particular a los ex presidentes Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Se ha escrito bastante ya sobre lo que subyace a este proceso de lucha contra “la corrupción” (léase: la lucha contra el Estado y lo público, etc.), en particular, al modo en que se relaciona con los intereses de petroleras estadounidenses de tener una participación más protagónica y directa en la explotación de las enormes reservas submarinas de gas y petróleo en aguas del Atlántico, el yacimiento del PreSal [1], cuya producción estaba –hasta hace poco– prioritariamente en manos de la petrolera nacional Petrobras. La importancia de estas reservas se dimensiona cuando se conocen los operativos de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, focalizados en Petrobras –hackeando las computadoras de la empresa e interceptando sus conversaciones telefónicas [2]. A esto se suman probados encuentros entre el embajador estadounidense en Brasil y CEOs de otras empresas petroleras, en los que se desliza la necesidad de presionar a favor del cambio de la legislación en hidrocarburos a los fines de quitarle el monopolio a Petrobras, datos que están a disposición en los documentos de wikileaks.

Los mismos documentos muestran que el PreSal –una de las mayores reservas de petróleo en aguas profundas descubiertas en el siglo XXI– no es la única reserva preciada en el Atlántico, espacio considerado por algunos expertos como “una mina de oro” para la industria petrolera. Recordemos que en el 2011 la Rockhopper encontró una reserva calculada en 1.4 mil millones de barriles de petróleo en la cuenca de las Islas Malvinas, bajo control británico (espacio en disputa histórica con la Argentina, particularmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner). Esto aparece también en los documentos filtrados por wikileaks relativos a Brasil y la actuación de la empresa Stratfor entre 2004 y 2011 [3] –empresa de análisis de inteligencia y seguridad internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales [4]. Uno de los analistas de Startfor comentaba con asombro el apoyo de Brasil a Argentina en el contexto de disputa por las Malvinas frente al Reino Unido, además de recalcar que “Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico del Sur es un Amazonas azul y que ningún país del Norte debe ocuparlo (…) Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a Las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del Pres-Sal” [5]. En otro mail secreto, la empresa Stratfor advertía a sus investigadores: “Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década. De modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés [6]”. Por ejemplo, lograr que las empresas de armas de EEUU fueran las proveedoras.

Otro aditivo es que el fundador de Stratfor, George Friedman, en su libro The Next Decade (2012) advertía que Brasil en sí mismo no era una amenaza para los EEUU, pero que podría representar un desafío económico en caso de lograr un mayor desarrollo de su poderío naval y aéreo, extendiendo así su control sobre el Atlántico Sur, hasta las costas de África. El “experto” recomendaba al gobierno estadounidense que procurara un acercamiento a Argentina para contrabalancear el liderazgo de Brasil, pero incluyéndolo en los programas a nivel latinoamericano, cuestión que además ayudaría a contrarrestar a Chávez en Venezuela. Aclaraba que la estrategia “costará dinero, pero será más barato que enfrentar a Brasil en el 2030 o 2040 por el control del Atlántico Sur” [7]. Esto explica, también, el acercamiento estadounidense con varios políticos argentinos que, posteriormente, serán claves en la victoria electoral de Mauricio Macri en el 2015, como lo explicita propiamente wikileaks.

Como factor fundamental de este panorama geopolítico, no debe dejarse de lado que desde 2009 se supo que los EEUU estaban “aumentando su potencial para ataques nucleares y no nucleares en América Latina y el Caribe, adquiriendo una libertad de acción sin precedentes en siete nuevas bases militares, navales y aéreas en Colombia” [8]. A este dato, se agregaba el regreso del “patrullaje” de la Cuarta Flota (incluyendo los submarinos nucleares militares Polaris). Este despliegue fue explicado en su momento, no solo por el hecho de que la mitad del petróleo de EEUU proviene de América Latina, sino que según las FFAA estadounidenses, avanzar territorialmente en espacios estratégicos resultaba clave “en una región de nuestro hemisferio donde la seguridad y la estabilidad está bajo constante amenaza… por parte de gobiernos anti-EEUU”[9]. Ambas “amenazas” son una preocupación constante, más allá de la escasa o inusual presencia de América Latina en la agenda oficial del Departamento de Estado estadounidense.

Defensa y desarrollo tecnológico nacional

El presidente Lula en varias oportunidades advirtió sobre la necesidad imperiosa de proteger el Amazonas y las reservas de petróleo en aguas marinas, así como la importancia de aumentar la proyección diplomática y militar de Brasil a nivel regional [10]. En esta clave, por ejemplo, se impulsó el desarrollo del sector nuclear, incluyendo un programa de construcción de submarinos nucleares, el ProSub (Programa de Desarrollo de Submarinos). En 2008, Brasil firmó un acuerdo de defensa con el gobierno francés y se embarcó en la compra de cuatro submarinos diesel-eléctricos y la asistencia en la construcción de un submarino de propulsión nuclear que sería desarrollado en una joint venture entre la francesa DCNS y Odebrecht SA (empresa de construcción e ingeniería brasileña), que comenzaron a trabajar en conjunto en un astillero de la Marina en Río de Janeiro [11]. Esto, en un contexto en que Odebrecht SA fue estrechando vínculos con los gobiernos del PT, participando en diferentes proyectos, incluso en la expansión realizada por la propia Petrobras.

Desde un inicio, el interés fue adquirir el know-how para la construcción de los submarinos a nivel nacional, disminuyendo la dependencia respecto de constructoras extranjeras [12]. El financiamiento de 3.2 mil millones de dólares, dio cuenta del empuje real que buscó darse al desarrollo de tecnología nuclear, remitiendo de algún modo a la experiencia de Embraer y el desarrollo aeronáutico [13].

El desarrollo nuclear brasileño data desde finales de los ’70 y está fuertemente ligado a la industria militar, pues fue con el proyecto Aramar que la Marina se encargó de desarrollar (no sin contratiempos) la energía nuclear desde 1979 [14]. Teniendo en cuenta ese antecedente, vale aclarar que la estrategia de defensa nacional del primer gobierno de Lula exponía que los objetivos de la industria militar estaban orientados a lograr transferencia tecnológica y desarrollar la industria de manufactura nacional, procurando controlar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política nacional.

Los proyectos incluyen la producción de energía eléctrica, el enriquecimiento de uranio, la construcción de un submarino nuclear, acondicionar un astillero para submarinos y una base naval [15]. Estos emprendimientos han implicado no solo desarrollo en ciencia y tecnología sino un importante desarrollo infraestructural, así como la creación de fuentes de trabajo. Como declaró el entonces Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de Lula, Roberto Amaral “cuando desarrollas submarinos, se desarrolla al mismo tiempo física, matemática e ingeniería” [16].

Se calculó que en el ProSub participarían más de 30 empresas brasileñas, que proveerían de 36 mil productos, incluidos sistemas complejos. Se estimaba que la construcción y manutención de bases submarinas generaría 2 mil puestos de trabajo directos y 6 mil puestos indirectos [17]. Un ejemplo concreto es que en 2013, la Unidad de Fabricación de Estructuras Metálicas (UFEM) quedó formalmente implicada en la construcción de cascos metálicos para las plataformas [18]. Esto debe enmarcarse en un escenario en el que Brasil – siguiendo una determinada tradición de desarrollo– ha compuesto un complejo tecnológico/industrial de envergadura en determinados sectores, como por ejemplo el de la aviación (Embraer), producto de la coordinación de diferentes ámbitos y esferas estatales, científico-universitarias, militares, empresariales, etc. Tal avance fue promovido, al mismo tiempo, gracias a la existencia de ciertos diseños jurídicos que lo han posibilitado, en donde la esfera estatal tiene un protagonismo clave; el complejo industrial en torno al ProSub quizás también deba ser comprendido en esta posibilidad, no necesariamente presente en otros países del Cono Sur.

Estabilidad política y disputa de soberanía: Brasil y Venezuela.

Unos meses antes del golpe “parlamentario” a Dilma Rousseff (2016), en un evento sobre petróleo llevado a cabo en un think-tank estadounidense muy influyente, el Center for Strategic and International Studies (CSIS), los expertos “predijeron” (o anunciaron) que Rousseff no llegaría a finalizar su mandato, debido a la crisis económica y las investigaciones por corrupción que involucraban a Petrobras y al Partido de los Trabajadores [19]. En el mismo encuentro, representantes de Medley Global Advisor (NY) exponían con claridad que lo que “realmente se necesita tanto en Brasil como en Venezuela es la estabilización política antes de una estabilización económica”. En el caso de Brasil, se dejaba en claro que el problema era la “incapacidad” e “ineficiencia” de Petrobras de explotar la cantidad de reservas (sobre todo las del PreSal), de modo que planteaban la inminencia de “nuevas leyes” para que el sector privado pudiera intervenir con mayor protagonismo en el proceso de extracción, transporte, etc. de hidrocarburos en Brasil (ley que fue enmendada inmediatamente luego del derrocamiento de Rousseff).

En el caso de Venezuela, se advertía en el encuentro del CSIS, que si bien Estados Unidos estaba en un momento muy positivo en la producción de crudo debido al impulso del fracking, eso no debía ocultar el hecho de que los “300 mil millones de barriles de reserva que tiene Venezuela no sean atractivos a inversores extranjeros, en un escenario político más estable” [21].

Aquí vale señalar dos cuestiones. La primera es que, precisamente, los gobiernos progresistas en Brasil y Venezuela han experimentado una dura arremetida de la oposición y de las derechas, que en el caso de Brasil, conllevó al derrocamiento de Rousseff y en el caso de Venezuela a una escalada en los métodos de desestabilización e implementación de violencia. La segunda, es la relación entre estabilización política y presencia de Fuerzas Armadas estadounidenses en la región.

Con respecto a este último punto, hay que destacar que en el escenario de debilitamiento y crisis política y económica, se ha notado un mayor protagonismo de Brasil en los programas del Comando Sur: en 2015 fue el anfitrión del ejercicio UNITAS y en 2016 Brasil fue el que subcomandó el PANAMAX 2016–Multi-National Forces-South [22]. En el segundo mandato de Rousseff hubo mayores acercamientos, y luego del golpe, los lazos se han estrechado. En marzo de 2017, el Ejército de los EEUU inauguró un centro de tecnología en São Paulo para “asociarse con Brasil en proyectos de investigación enfocados en la innovación” y el Ministerio de Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa de los EEUU firmaron el Convenio para Intercambio de Informaciones en Investigación y Desarrollo, el MIEA (Master Information Exchange Agreement) [23].

Por otra parte, las Fuerzas Armadas brasileñas invitaron a tropas de los EEUU para participar de un ejercicio militar “inédito” en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia (para octubre 2017) en un escenario de escalada de la violencia en Venezuela, agravado por información que da cuenta que desde hace varios años, el Comando Sur maneja diversas alternativas para una posible intervención en Venezuela [24]. Esto, a su vez, opera en un contexto en el que las FFAA de EEUU mantienen programas de entrenamiento a lo largo y ancho de la región: a inicios de junio en el marco del programa Trade Winds 2017 del Comando Sur, se iniciaron ejercicios conjuntos nada más y nada menos que en la Cuenca del Caribe (junto a Venezuela), con 2500 militares de diferentes países de la Cuenca, así como personal de países Europeos y Norteamericanos, con el objetivo de “aumentar la cooperación multinacional compleja en operativos de seguridad, asistencia humanitaria y operaciones en respuesta a desastres”. La última fase de los ejercicios conjuntos consiste un “Seminario de liderazgo” con el Comando Sur en Miami [25], que presumiblemente tendrá un alto contenido político-ideológico camuflado en objetivos de “seguridad hemisférica”.

Si bien los ejercicios militares conjuntos, o la “cooperación internacional” en estas áreas viene operando desde hace varias décadas, se trata de una “red” que parece estar en una fase de expansión y consolidación (mientras que en otras etapas estuvo más latente), materializada en la presencia -más o menos permanente- de las FFAA estadounidenses en territorios del Cono Sur. Esta “red” se actualiza últimamente también, por ejemplo, mediante las “cooperaciones” en materia judicial-investigativa, que desde el Departamento de Justicia de EEUU (en triangulación con agencias vinculadas, como NSA, FBI o CIA) interfieren sobre la jurisdiccionalidad estatal brasileña.

La desarticulación de la economía nacional

Las numerosas afirmaciones (infundadas) sobre la ineficiencia de Petrobras para hacerse cargo de la explotación del PreSal y la presión de empresas (junto y a través de sectores opositores al gobierno del PT) parecen haber encontrado (¿inducido?) un escenario propicio en la crisis generada por la Investigación Lava Jato, una mega causa judicial en buena medida organizada y auditada por el Departamento de Justicia de EEUU. Por ejemplo, el desarrollo del ProSub quedó en aparente suspenso luego de que “El Padre del desarrollo nuclear brasileño”, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a 43 años de cárcel (una cantidad de tiempo ciertamente llamativa, considerando que empresarios implicados en esa misma causa lograron reducir sus penas gracias al sistema de “delación premiada” a 6 años, y el menos favorecido estará 20 años preso) [26] por estar implicado en actos de corrupción durante la construcción de la usina nuclear Angra 3 [27]; la principal contratista del programa era Odebrecht SA [28]. Una circunstancia enmarcada en la que Petrobras –que fue en algún momento “el orgullo brasileño”–[29] pasó a influir sobre el debilitamiento de la economía brasileña que, como se ha planteado, afecta profundamente diversos planos a la vez, y en términos estratégicos, el propio desarrollo en ciencia y tecnología, muy vinculado a los rubros de petroquímica, ingeniería y construcción.

La cantidad de funcionarios procesados, el impeachment a Dilma Rousseff y las acusaciones realizadas al mismo Michel Temer, llevaron a un escenario de inestabilidad casi permanente –que se refuerza con el reciente fallo de la Corte Electoral a favor de que Temer conserve su cargo, mostrando de paso la escasa “imparcialidad” de la justicia [30]. Lo preocupante es que en medio de las turbulencias, en lo que va de este interinato de M. Temer, queda claro un nuevo panorama: los sectores estratégicos de la economía nacional brasileña (petróleo, ingeniería, construcción y, ahora, proteína animal) están en metamorfosis estructurales vertiginosas, con secuelas para la soberanía del país.

Si bien algunas fuentes afirman que “a pesar de la crisis política, la Marina brasileña continúa con el proyecto de construcción de submarinos” [31], en caso de que así sea, se abre el interrogante de cuánto de este desarrollo se dará en el marco de la ciencia y tecnología a nivel nacional, ahora que se ha quitado el monopolio a Petrobras (en un camino hacia su eventual privatización) y Odebrecht está prácticamente fuera de juego. ¿De dónde saldrán los contratistas?

Notas:

[1] http://www.celag.org/estados-unidos-y-brasil-lo-que-oculta-el-lava-jato/

[2] http://www.huffingtonpost.com/nikolas-kozloff/snowden-fallout-us-wary-o_b_3997540.html

[3] https://wikileaks.org/gifiles/docs/20/2027433_re-insight-brazilian-nuclear-submarine-.html

[4]http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/02/120227_eeuu_stratfor_wikileaks_servicio_inteligencia_wbm.shtml

[5] http://www.huffingtonpost.com/nikolas-kozloff/snowden-fallout-us-wary-o_b_3997540.html

[6] http://www.huffingtonpost.com/nikolas-kozloff/snowden-fallout-us-wary-o_b_3997540.html

[7] http://www.huffingtonpost.com/nikolas-kozloff/wikileaks-brazils-militar_b_823124.html

[8] http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-builds-up-its-bases-in-oil-rich-south-america-1825398.html

[9] http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-builds-up-its-bases-in-oil-rich-south-america-1825398.html

[10] http://www.nti.org/analysis/articles/brazils-new-defense-strategy/

[11] http://www.reuters.com/article/us-brazil-petrobras-submarines-idUSKCN0Q31YB20150729

[12] http://cimsec.org/status-brazils-grand-prosub-program/29505

[13] http://carnegieendowment.org/2015/10/29/turbulent-times-for-brazil-s-nuclear-projects-pub-61800 )

[14] http://www.nti.org/analysis/articles/brazils-new-defense-strategy/

[15] http://carnegieendowment.org/2015/10/29/turbulent-times-for-brazil-s-nuclear-projects-pub-61800

[16] https://www.wsws.org/en/articles/2017/05/03/brsc-m03.html

[17] http://www.nti.org/analysis/articles/brazils-new-defense-strategy/

[18] http://cimsec.org/status-brazils-grand-prosub-program/29505

[19] http://www.ogj.com/articles/2016/04/brazil-venezuela-in-turmoil-amid-low-oil-prices-csis-forum-told.html

[20] http://www.viomundo.com.br/denuncias/petrobras-2.html

[21] http://www.ogj.com/articles/2016/04/brazil-venezuela-in-turmoil-amid-low-oil-prices-csis-forum-told.html

[22] http://cimsec.org/status-brazils-grand-prosub-program/29505

[23] http://www.celag.org/estados-unidos-y-brasil-lo-que-oculta-el-lava-jato/

[24] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/

[25] (http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1205164/tradewinds-2017-kicks-off-in-barbados/)

[26] http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-condena-ex-presidente-da-eletronuclear-a-43-anos-de-prisao,10000066863

[27] https://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/835/brazils-nuclear-power-program-undone-corruption

[28] http://carnegieendowment.org/2015/10/29/turbulent-times-for-brazil-s-nuclear-projects-pub-61800

[29] https://www.nytimes.com/2015/08/09/business/international/effects-of-petrobras-scandal-leave-brazilians-lamenting-a-lost-dream.html?_r=0

[30] http://www.nodal.am/2017/06/brasil-el-tribunal-electoral-absuelve-a-temer-que-se-mantiene-en-la-presidencia/

[31] http://cimsec.org/status-brazils-grand-prosub-program/29505

Fuente: http://www.celag.org/brasil-y-el-cono-sur-en-la-geopolitica-estadounidense/ 

Brasil: el golpe que sí es golpe y el poder que sí es poder

Unos años atrás, en algún foro público, el presidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió: “No se puede hacer análisis político haciendo abstracción de cosas tan fundamentales como las relaciones de poder. Detrás de las relaciones de poder está todo”. Y se antoja pertinente evocar esta reflexión en el marco del golpe de Estado que está en curso en Brasil. 

Claro, no ignoramos que connotados analistas apoltronados en el confort de la neutralidad servicial (la enorme mayoría que rebosan los espacios de la prensa tradicional) discuten y seguirán discutiendo equivocadamente esta cuestión, problematizando la situación política de Brasil en función de una seudopregunta: a saber, que si lo acontecido en Brasil es o no es un golpe. Naturalmente que a ese sindicato de opinadores ávidos de la aprobación de los otros (señaladamente los poderosos o los ideólogos de los poderosos), no les interesa explicar seriamente la coyuntura brasileña. Otros, no menos conspicuos e indulgentes, abordan el caso como si se tratara de un asunto de inestabilidad o crisis política, esgrimiendo argumentos puramente formales e institucionales. En ese rebaño es común encontrar a los politólogos, que a pesar de la probada infecundidad de su disciplina (un hecho reconocido incluso por algunos de sus no tan incautos cofrades) continúan reproduciendo discursos estériles a granel, con las convencionales cuotas de colonialismo intelectual, arguyendo que se trata del fin de un ciclo de neopopulismos en la región, o que las “democracias de baja institucionalización” inevitablemente conducen a estos escenarios de inestabilidad, o que el juicio a Dilma no es un asunto político sino judicial cuyo exitoso desenlace inaugura una nueva era de legalidad democrática en el continente. Y así hasta el empacho. 

El hecho concluyente es que un impeachment sin crimen es un golpe. En México y Colombia, donde más de un expresidente está acusado por delitos de corrupción o por crímenes de lesa humanidad, la revocación o interrupción de mandato es una quimera que seguramente arranca risas a esas clases políticas. Con excepción de aquel proceso judicial contra Ernesto Samper en los años 90, bajo la acusación de recibir financiamiento del cártel de Cali, que por cierto acabó en absolución, ninguno de esos dos países latinoamericanos reporta un solo caso reciente de tentativa de revocabilidad. Y nótese que se trata de los campeones en materia de violación a los derechos humanos. Y que además son los principales recipiendarios de apoyo militar de Estados Unidos en la región. Y que ninguno ha tenido nunca un gobierno de oposición seria. Pero claro, para los sacerdotes de la politología esos son aspectos marginales o irrelevantes. Ellos prefieren juzgar la situación de Brasil como un caso “típico” de inestabilidad política “latinoamericana”. Con esa interpretación que no es interpretación despolitizan la trama, y desechan la evidencia que sugiere abrumadoramente que en Brasil se consumó un golpe parlamentario-mediático-judicial. 

La histérica urgencia de remover a Dilma del cargo responde a dinámicas, inercias e intereses claramente extrainstitucionales. Y es allí donde corresponde hurgar. 

La cruzada neoliberal en la región, que es el factor explicatorio fundamental, supuso un achicamiento de la arena pública y una transferencia de las decisiones de las instituciones públicas a manos de entidades privadas, impermeables a la fiscalización ciudadana e incluso estatal. Este hecho se tradujo en dos prescripciones que a la postre alcanzarían rango de canon en Latinoamérica: uno, que en el caso de un conflicto entre la integridad de las instituciones financieras y el bienestar de la población, se priorizaría la integridad de las instituciones financieras; y dos, que ese y otros conflictos no se dirimirían más en las instituciones públicas. En suma, que la gestión gubernamental terminaría allí donde comienza el interés de los barones del dinero. Y de hecho esta “ortodoxia” no cambió significativamente bajo la administración del PT en Brasil. 

Ya Dilma había comenzado a aplicar ajustes antipopulares en beneficio de la alta finanza y del conglomerado de intereses corporativos reunidos en la órbita del consenso lulista. Pero si bien los gobiernos del PT eran crecientemente receptivos con las demandas de las élites económico-financieras, el otro renglón crucial, el social, no fue atendido “adecuadamente” por el petismo. Es decir, no en las estimaciones de los que estiman la acción colectiva o social como algo desestimable. Sin duda que este es un mérito de los gobiernos del PT que los poderosos naturalmente desprecian: el respeto al derecho a la movilización (aun cuando hubo tentativas de domesticación). El otro mérito fue disponer un piso de derechos sociales (aunque con arreglo a una política asistencialista) que se tradujo en un aumento de los estándares de vida de ciertos segmentos poblacionales (aún cuando tampoco atenuó sustantivamente la desigualdad); un fenómeno que acarreó a la par expectativas materiales e inmateriales y un grado de alfabetización política inédito en el país. 

El golpe no es (al menos no primordialmente) contra la gestión económico-financiera del petismo, que durante su administración dejó intocadas las grandes fortunas. El golpe es contra los contenidos sociales del petismo. Es el ascenso de esas clases inferiores dotadas de educación profesional, ciertos derechos sociales y alfabetización política lo que impacienta a los poderosos. Y en un contexto de crisis económica, esas clases modestamente empoderadas cobran la dimensión de clases peligrosas para el poder constituido. 

La camarilla de operadores políticos golpistas (al servicio de los poderes fácticos) disputará como aves de rapiña los cargos y presupuestos públicos. Eso es previsible, e incluso está en curso. Ellos no son los autores intelectuales del golpe, como algunos llegan a creer. El gabinete de Temer-Neves (y consortes) es sólo la gavilla sicarial de vanguardia de los dueños del dinero. A nadie asombra que Michel Temer, el camaleónico reyezuelo golpista, fuera informante de la embajada estadunidense en Brasil en 2006, de acuerdo con documentos publicados por Wikileaks. 

A Aécio Neves no le importa nada (con excepción de su mediocre parcela de poder), mucho menos el país, o la opinión de la población de ese país. Por eso sin rubor espeta: “Temer no debe mirar su popularidad, sino cumplir con los grandes objetivos”. Léase: realineamiento con los organismos financieros internacionales, ataques al ingreso social, recortes al gasto público, aumento de impuestos al consumo básico, y todas las recetas toscamente antisociales consustanciales al programa del consenso de Washington. En suma, asfixia de las clases populares y neutralización de la movilización ciudadana. 

Y para eso de la neutralización de los sectores populares, que es un renglón clave de la agenda programática de la derecha, Temer dispuso del actual secretario de Seguridad de San Pablo Alexandre de Moraes, para ocupar el Ministerio de Justicia (sic). Ese mismo que en alguna ocasión equiparó las manifestaciones ciudadanas con “actos guerrilleros”. El objetivo es anular las acciones de resistencia y el creciente avance de la protesta social. Ya algunos analistas han registrado esa efervescencia ascendente: “En 2013 se produjo un aumento repentino de las huelgas… batiendo el récord de la serie histórica de los 30 años pasados. Según el informe del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Económicos, Balance de las huelgas en 2013, ese año hubo 2 mil 50 huelgas... El informe citado destaca que hubo una expansión de las luchas hacia sectores que habitualmente no se movilizan” (Raúl Zibechi en La Jornada 13-V-2016). 

El golpe es una estrategia de los de arriba que va contra los de abajo, y sólo secundariamente una disputa entre derechas e izquierdas partidarias. 

El golpe inaugura una posibilidad: la radicalización. En Brasil, el enfrentamiento de clase es franco y abierto. A los representantes del dinero se les acabó ese cuento de los “respetuosos de la legalidad democrática”, que por decreto se autoconfirieron. Y la izquierda partidaria tampoco podrá ocultar sus alianzas con ese poder que sí es poder, que por cierto opera agazapado en el anonimato. 

Detrás de las relaciones de poder está todo.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160516_053344_979

La nueva derecha en Brasil

Raúl Zibechi 
La Jornada

La hegemonía en las calles brasileñas pertenece hoy a la derecha, por primera vez en 50 años. Poco antes del golpe de Estado de marzo de 1964, la derecha protagonizaba grandes manifestaciones contra el presidente progresista João Goulart, como la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad en São Paulo, que congregó a cerca de 300 mil personas (http://goo.gl/J3wE1). 

Bajo la dictadura la izquierda ganó las calles. A contrapelo, impuso modos de protesta, símbolos y discursos que sentaron su hegemonía hasta el 20 de junio de 2013. Ese día comenzó la llamada Revuelta de los Coxinhas (término peyorativo para referirse a varones blancos de clase media alta, engreídos, pitucos en lenguaje rioplatense). 

Lo que sucedió aquella noche en las principales ciudades del país aún no ha sido dilucidado, pero lo cierto es que aprovechando manifestaciones masivas del Movimento Passe Livre (MPL) contra el aumento de las tarifas del transporte urbano, decenas de miles de coxinhas con la bandera de Brasil y los colores verdeamarelo desembarcaron en las marchas, agredieron y expulsaron a quienes portaban símbolos de izquierda y tomaron el control de las manifestaciones. 

No es la simple reproducción de la vieja derecha católica y militarista que apoyó el golpe de 1964. Es una nueva derecha: sin partido, de clase media alta (con ingresos de más de cinco salarios mínimos), apoyada por empresarios industriales mientras el agrobusiness está en el gobierno; que acepta el aborto, el matrimonio igualitario, la despenalización de la mariguana y la gratuidad de los servicios públicos (http://goo.gl/AMSH3n). Pero se opone a las cuotas para estudiantes negros en las universidades y cree que Bolsa Familia la perjudica. 

Es un error pensar que actúan digitados por los medios, como si fueran autómatas. Lo que no quiere decir que los medios estén al margen de la actual coyuntura brasileña. Es una derecha militante, que tiene estrategia y organizaciones propias, laica, politizada, formada en universidades privadas y públicas. 

La primera acción de calle fue convocada por el Movimiento Cívico por el Derecho de los Brasileños, más conocido como Cansei (me cansé), el 17 de agosto de 2007, a la que asistieron 5 mil personas cuando aún latía el mensalão, el primer escándalo de corrupción que sacudió al gobierno del PT desde 2005. Las crónicas de prensa ironizaban sobre las marcas exclusivas de ropa que lucían los manifestantes, quienes fueron rechazados por los más importantes dirigentes del socialdemócrata PSDB, entre ellos el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (http://goo.gl/pBvtHR). 

Pese a la fugacidad del movimiento, nació un patrón de acción que luego se repite: gritos de "fuera Lula", participación de actrices y actores populares de telenovelas, apoyo de la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP) y de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), y expulsión de personas que portaban banderas del PSDB porque se definen como anti-partidos. 

Pero lo decisivo fue lo sucedido entre 2007 y 2013, aunque es poco atendido por los medios y los analistas. La nueva derecha creció en los centros de estudiantes de universidades públicas que eran bastiones de la izquierda. El caso más significativo sucedió en la Universidad Nacional de Brasilia (UNB). 

En 2009 se creó el grupo Alianza por la Libertad, autodefinido como "liberal", que ganó la dirección del centro de estudiantes en 2011 con 22 por ciento de los votos, ante la fragmentación de las izquierdas. Fue relegida por cuarta vez en 2015, con 60 por ciento de los votos, desplazando a las agrupaciones del movimiento estudiantil. La UNB había protagonizado luchas muy importantes como la ocupación de la rectoría en 2008, exigiendo la renuncia del rector denunciado por corrupción. 

Alianza por la Libertad, vinculada al grupo Estudiantes por la Libertad (financiado por fundaciones neoliberales y anticomunistas de Estados Unidos) y al Instituto Liberal, se concentró en temas cotidianos de los estudiantes, como la limpieza de los baños y la seguridad en el campus. Mientras el movimiento estudiantil planteaba sus demandas en términos generales, la derecha buscaba soluciones concretas muy elementales. Sus principales apoyos estaban en las facultades de ingeniería, derecho y economía. 

En esos años la derecha ganó otras universidades estatales como Minas Gerais y Rio Grande do Sul, y creció en otras, siempre rechazando la política partidaria, acusando a los militantes de izquierda de buscar cargos de confianza. Sus cuadros se formaban en institutos y organizaban agrupaciones de nuevo tipo. 

En paralelo, se expandieron las marchas contra la corrupción. En 2011 hubo marchas en 25 ciudades, siendo la de Brasilia la más numerosa con 20 mil personas con el apoyo de la OAB. Los manifestantes llevaban banderas brasileñas y cantaron el himno nacional, lo que indica que un movimiento legítimo fue cooptado por la derecha más militante (http://goo.gl/CtLMyI). 

La hipótesis es que antes de la explosión de junio de 2013 la nueva derecha ya era una fuerza social y tenía experiencia en la conducción de masas, justo cuando la militancia de izquierda abandonaba la calle y se volcaba hacia el Estado. La nueva derecha creó una cultura de protesta en la calle, lo que le permitió reconducir las marchas hacia sus objetivos. Sobre la base de esas experiencias, en 2014 nacen los grupos que hoy convocan millones: Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua y Revoltados On Line. 

¿Por qué las izquierdas no han sido capaces de entender este avance de una nueva derecha y todo lo atribuyen a los medios? Una respuesta, provisoria, es que no se comprende la realidad desde las instituciones sino desde la calle. La página passapalavra.info fue la primera en advertir lo que se venía, la misma noche del 20 de junio, al igual que ex miembros del MPL, como el antropólogo Paíque Duques Santarém y el filósofo Pablo Ortellado. Esta nueva derecha no puede combatirse con argumentos ideológicos, sino en la disputa viva de la vida cotidiana.