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viernes, 23 de marzo de 2018

México 2018 [VI]: acerca de por qué asesinan candidatos

A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC), que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido. 

Es habitual que en México estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la “naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social. Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula. 

Con base en esta premisa, y sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México –la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en cuestión. 

T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos? 

A.O.: El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la “democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos. Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula. 

Cabe recordar que la Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso, existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo (conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y el narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los destinos del país. 

En este sentido, el recurso de la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento. Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra, que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción. 

Esa violencia a gran escala también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de “preocupación”. 

En México, la gente acostumbra decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación: cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país. Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía. 

No pocas veces los narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del narcotráfico a clase dirigente. 

T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados? 

A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados. 

En relación con lo primero –la participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas. 

Y con respecto a lo segundo –los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”, en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. 

Y el impacto mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror permanente y parálisis social. 

T.A.: ¿Algo que agregar? 

A.O.: Urge frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en México es lo que está en disputa en la elección de 2018.



Leer también:

México 2018 [I]: la izquierda se levanta 

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México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

viernes, 2 de marzo de 2018

México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

Arsinoé Orihuela Ochoa 

Irónicamente, al igual que en la antesala de 2012, pero en esta ocasión en beneficio de la “oposición” (el entrecomillado responde a un gesto obligado de reserva por las inexcusables componendas en curso del “Movimiento”), reina una certeza sonora con respecto a un irrefrenable triunfo del candidato puntero (en las encuestas, la opinión pública, el “rumor” ciudadano), Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es cierto –y esto cabe resaltarlo– que el “candidato-presidente” de turno no cuenta con el apoyo de la prensa monopólica (en un país que ocupa el primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial), como si sucedió flagrantemente en la elección de 2012, cuando ganó –no sin ignorar la compra de 5 millones de votos– Enrique Peña Nieto. “AMLO va a ganar la presidencia”, dice el clamor popular sin vacilación. Y ante esta certitud lapidaria, la gente comienza a formular preguntas acerca de cómo sería un gobierno de AMLO en el México actual. Acaso una de las preguntas más frecuentes es “qué va a hacer AMLO con el narco”. Y esa pregunta es la materia de esta reflexión. 

Muchos analistas han señalado –con absoluta razón– la obstinada ausencia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en los discursos de los candidatos. Coincido que tal actitud es inadmisible, a todas luces vejatoria para una sociedad que ha sido castigada por cuotas inenarrables de criminalidad, violencia e inseguridad en el último decenio. En México existen centenares o miles de Ayotzinapas anónimos condenados al olvido institucional. Por cierto, cabe hacer notar que la prioridad de esta columna ha sido documentar ese inventario de crímenes atroces que ensangrentaron el suelo nacional. Y la barbarie no ceja. Tan sólo en 2017, de acuerdo con Amnistía Internacional, la ola de violencia en México cobró la vida de 42 mil personas, en la modalidad de homicidio doloso. Las cifras gubernamentales reportan 34 mil 656 desaparecidos. En materia de periodismo, 2017 fue el año más violento, con 12 comunicadores asesinados. Reporteros Sin Fronteras denunció que “México es el país en paz más peligroso del mundo para los reporteros” (francamente desconozco qué concepto de “paz” abrazan en RSF). Y el secuestro, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales registran índices de horror. En suma, un país asolado por una violencia sólo equiparable con teatros de guerra apocalípticos o feroces dictaduras militares. Pero los candidatos ni por asomo refieren a esta emergencia nacional. Y a menudo los propios analistas conjeturan que se trata de un descuido o una omisión negligente. O concluyen que el narco no figura por “error” en las alocuciones de los candidatos. Pero tal inferencia es falsa. Por el contrario, el narco –acaso junto con Donald Trump– es la sombra obscena que recorre toda la elección de 2018. 

Lo primero que hay que entender es que el narco es un actor político tan poderoso que “asiste” encriptado a la campaña. Difícilmente un candidato en Estados Unidos alude explícitamente a los barones de Wall Street. Lo mismo acontece en México respecto al narco. El narcotráfico en México es clase gobernante (dominante). Y tras el desmantelamiento de la planta productiva industrial y del campo, por cortesía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no es tratado ni es libre ni es comercial, el narcotráfico ascendió a la primera posición en el escuálido inventario de ingresos nacionales. No es accidental que desde inicios de 2000 hasta la fecha, 21 ex gobernadores han sido acusados de asociación delictuosa con el narcotráfico. El narco es un actor estatalizado, enquistado en los circuitos formales de la economía y la política. A esta estatalización –prohijada por el “partido”, señaladamente por el clan Salinas– se yuxtapuso un proceso de hiperpolitización del actor narco, producto de la declaratoria de guerra –decretada por el clan Calderón. Hoy es virtualmente imposible identificar una instancia institucional que no esté operativamente articulada a la órbita del narcotráfico. Esto explica que el narco asuma un comportamiento “estatal”, cobrando impuestos, efectuando tareas de contrainsurgencia, ensayando estrategias de comunicación con el público (narcomantas, narcoblogs, narcoseries), reclutando comandos militares de élite, conquistando territorios por la fuerza, invirtiendo en obras públicas, desarrollando proyectos turísticos e infraestructurales, financiando campañas políticas etc. México es un narcoestado. Y no es una consigna. It’s a fact. 

En este sentido, la pregunta acerca de qué va a hacer AMLO con el narco es absolutamente pertinente. Y una lectura a botepronto de los mensajes encriptados que sobre el tema ha deslizado permiten dos inferencias: 

1. Los incautos enfurecieron cuando AMLO propuso amnistía para los narcotraficantes o delincuentes. Si aceptamos la tesis de que el narcotráfico es clase gobernante en México, cabe entonces reconocer que el indulto ya había sido extendido con anterioridad, cuando anunció que no perseguiría a ninguno de los integrantes de “la mafia del poder”. En lenguaje descodificado, esto básicamente significa que la propuesta es desalojar al actor narco de las posiciones clave del Estado, no sin la posibilidad –y en esto consiste la amnistía– de que continúe el negocio en la extraestatalidad, tal como ocurría antes del “salinato”. Es decir, la idea es desterrar de la institucionalidad pública al narcotráfico. 

2. El plan de un “regreso escalonado” de los militares a los cuarteles apunta a refrenar u obstruir el proceso de hiperpolitización del narco que atizó la guerra. Es tal vez la disposición que más ostensiblemente trastocaría las estructuras del narcotráfico contemporáneo, justamente porque provocaría una despolitización-desmilitarización del actor narco, y, por consiguiente, una rendición parcial al control estatal. 

En resumen, una respuesta apenas incipiente (e hipotética) a la pregunta de qué va a hacer AMLO con el narco, y en atención a las señales codificadas antes referidas, es que la propuesta del candidato (hasta ahora sólo eso: una llana propuesta encriptada) es desmontar parcialmente el maridaje del narcotráfico y las instituciones públicas, con base en la desestatalización (destierro+amnistía) y la despolitización (fin a la guerra) del narco. No obstante, es altamente probable que en la negociación con la alta jerarquía de las fuerzas armadas, y a modo de concesión, autorice la continuidad de la Ley de Seguridad Interior, que habilita el escenario para una creciente militarización de las estructuras de seguridad (inteligencia, procuración de justicia etc.) pero sin militares en las calles.

sábado, 30 de diciembre de 2017

Un sol dado en cada hijo, alternativas a una guerra contra el narco.

Luis Emilio Gomagú 

Documentar la violencia en el México de hoy día parece tan inocuo como autodestructivo. La vida cotidiana de lo que alguna vez fue conocido como El cuerno de la abundancia, colecciona violencias como las playas guardan un poco del mar. Frente a la ausencia del Estado, relatar los sucesos parece un ejercicio ocioso, una desalmada pérdida de tiempo, el descubrimiento macabro de una verdad que se desvanece a la vista de todos. 

En un artículo publicado por El País, Juan Villoro dice sin mayor tapujo que “En México las palabras son más peligrosas que los hechos”, declaración que sobrepasa todo límite de coherencia. Quizás debido al contexto del artículo –en el que las élites de la cultura internacional pretenden establecer una pelea inexistente– esas palabras puedan pasar desapercibidas. Pero la realidad –o los hechos para sostener literalidad– del México de hoy trascienden casi todas las barreras del simbolismo. 

A diez años y monedas de que Felipe Calderón declarara una guerra abierta contra el narcotráfico, México se despierta cada día para reconocerse en Tezcatlipoca, rostro humeante de obsidiana, espejo de aquel que enfrenta la muerte. 

La bravuconería del pequeño Hinojosa desencadenó una escalada de violencia que supera en sus detalles las brutales relaciones bélicas internacionales recientes. Al mismo tiempo, la falta de claridad –que habilite un ejercicio de memoria–, el reconocimiento de las múltiples infamias –su correspondiente búsqueda de justicia– y la persecución infatigable de la verdad, son joyas que todavía brillan por su ausencia. 

La descomposición que ha padecido en estos años el entramado social mexicano, agujereado a balazos –de plomo, de impunidad– y desaparecidos, es uno de los grandes fracasos de la guerra contra el narco, brazo armado de la política en materia de drogas encarada por intereses internacionales y obedecida por la alta burocracia mexicana. 

De la crisis social a la crisis humanitaria. 

Hablar de crisis en México es hablar de mucho más que de un desastre económico, aún cuando las cifras de pobreza son alarmantes incluso para quien las ignora. Las últimas mediciones publicadas en julio de 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hablan de 55.3 millones de personas en condiciones de pobreza, poco menos de la mitad del total de mexicanos en suelo patrio y poco más que la población total de la República Argentina. 


Sumado a este desastre de consecuencias apenas imaginables, México cuenta con una desigualdad tan grande como el cañón del sumidero, una concentración económica entre las más altas de América Latina y casi tan escandalosa como contar con el sexto hombre más rico del mundo. Al mismo tiempo y como si no bastara lo descrito, los niveles de corrupción e impunidad que imperan en los ámbitos de la justicia son inhumanos; los que se encuentran del lado de la política lideran el robometro internacional, que no es poco decir, y cuentan con representantes con causas abiertas o prófugos de la justica. 

En la última publicación de los Estudios Económicos de la OCDE –un aliado condicional de los países alineados a las políticas internacionales–, luego de un intento por solapar las “reformas estructurales” de Peña Nieto, declararon que “el potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos importantes como los altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, exclusión financiera, una norma de derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia”. En resumen, una crisis de larga data en todos los ámbitos e instituciones que la ‘mafiocracia’ –como llama Edgardo Buscaglia al sistema político mexicano– no quiere reconocer. 

Las crisis muchas veces están asociadas a ruptura, a discontinuidad súbita, lo que suele darles un carácter de explosivas, violentas. Pero cuando hablamos de crisis sociales, encontramos signos de su expresión, entre otros, en un deterioro acelerado de las instituciones del sistema, la caducidad de normas y valores, la desorganización de las representaciones del mundo y por lo tanto, de la representación de sí y de los otros, lo que se podría traducir en la pérdida masiva de referentes. 

Es en este contexto crítico que se desata una guerra en México. Liderada por el presidente de turno –hasta la fecha Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, quienes no con desilusión han recibido presupuestos millonarios venidos del norte para fortalecer las fuerzas armadas, dotar al ejército con armas, tanques, balas: instrumentos de muerte extranjeros para cuerpos y muertos locales. 

Los soldados pasaron de su entrenamiento en los cuarteles a patrullar las calles para participar en operaciones de seguridad pública y enfrentar al “crimen organizado”. Desde entonces la institución castrense registra miles de enfrentamientos entre el ejército y lo que éste considera “grupos criminales”. Además de los así llamados enfrentamientos, el país colecciona macabras experiencias en las que ambos bandos han cometido crueles asesinatos, incruentas desapariciones. 

Por si fuera poco, la persecución, silenciamiento y asesinato de periodistas ha convertido a México y algunos de sus estados en los lugares más peligroso para ejercer el oficio a nivel mundial. Hace apenas unos meses y bajo el sol del medio día de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Javier Valdés Cárdenas, periodista y narrador extraordinario que vio la muerte antes que las balas. Cuando asesinaron a su colega Miroslava Breach dijo, con absoluta certeza del sentido de sus palabras: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.” La cúpula política del país, anquilosada en la forma y putrefacta en el fondo, manteniendo su rigor inoperante, sólo atinó a guardar un minuto de silencio. 

Además, como si no sobraran las desgracias, la metódica eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y clérigos de pequeñas comunidades –por su influencia social en la localidad–, así como activistas y estudiantes, es moneda corriente. El gobierno de México ha establecido una persecución perpetua de la libertad, la igualdad y la justicia sólo para aniquilarla. 

Las cifras de este desastre humanitario son tan alarmantes como inestables. Algunos números oficiales oscilan alrededor de las 300 mil muertes a causa de esta guerra absurda, valga la redundancia. La violencia desatada en México en los últimos años ha cobrado más vidas que las guerras de Afganistan e Irak juntas, cualquier cosa que eso signifique. A estas cifras escandalosas, fuera de toda lógica en una Nación “democrática”, se suma el dolor inagotable de familiares y amigos que todavía buscan a sus seres queridos. Las desapariciones forzadas con y sin implicación directa del Estado, han convertido el suelo mexicano en una fosa inagotable que arroja cadáveres con empacho. 

En Retratos de una búsqueda, un documental de Alicia Calderón, se entrecruzan las historias de tres mujeres –entre las miles– que buscan a sus hijos/as. Una de ellas visita en la cárcel a dos sujetos acusados de pertenecer al “crimen organizado”, sospechados de haber participado en la desaparición de su hija. Ellos describen a una madre –sin saberlo– los abusos sexuales que perpetraron a su hija, los detalles violentos de su muerte, lo macabro de jugar a besar su cabeza sin cuerpo y lo infame de subrayar que “ella no había hecho nada malo”. La crueldad es a veces un sol que no alumbra y sólo quema. 

La búsqueda de los más de 30mil desaparecidos –por mencionar las oscuras cifras oficiales– ha significado un derrotero infernal para familiares y amigos. Las instituciones del Estado –y la burocracia encarnada en su personal– sólo han reportado negativas y desdén, como si de buscar perros se tratara. Sin embargo, otra vez las madres con su amor y esperanza para combatir la ignominia, el horror; y una luz de esperanza con la flamante Ley general en materia de desaparición forzada. 

Estos personajes y cifras recuerdan una historia de otro tiempo, espejan dos naciones que emiten un reflejo diferente. El diez de mayo pasado, las madres y abuelas de plaza de mayo convocaron una masiva movilización para impedir la reducción de las condenas a los genocidas de la última dictadura en Argentina. El mismo día en México, donde además se celebra el día de la madre, las movilizaciones a lo largo y ancho del país –acalladas por los medios de comunicación– exigieron la aparición con vida de sus seres queridos y castigo a los culpables. 

Frente a las respuestas inhumanas del Estado, de las que podría escribirse un gran libro de la infamia, familiares y amigos han desplegado estrategias comunitarias de búsqueda a lo largo, ancho y hondo del territorio nacional. Sin abandonar los expedientes han recurrido al pico y la pala, a desmalezar montes, a recolectar huesos, a desenterrar cadáveres por montones deseando que sean ellos, pero, ¡por piedad que no lo sean! 

Para colmo de males, tanto la guerra contra el narco como la silenciosa guerra económica, han generado una masiva migración interna, desplazamientos forzados por miedo, ocupación de tierras y la búsqueda de una vida medianamente digna en un país plagado de “pueblos mágicos” y ahora también de pueblos fantasmas. La postura del flamante presidente de los Estados Unidos le suma fuego al incendio, pretendiendo devolver a constructores y sostenes de buena parte de la economía del vecino país: las y los migrantes mexicanos y centroamericanos. 

La realidad que atraviesa México por estos días supera con creces datos, cifras y detalles mencionados. Es difícil imaginar un futuro posible, en donde se promueva la memoria, la verdad, la justicia. Pero esto también es parte de una estrategia que, sabiéndolo o no, se promueve desde los comandos económicos internacionales y sobre lo que volveré más adelante. 

Tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos. 

Mientras que la lista de provincias que han regulado el uso recreativo y medicinal de la mariguana se incrementa en los Estados Unidos, su política de lucha contra las drogas se extiende de su frontera sur –próxima a recomenzar la construcción del muro de la ignominia– hasta el fin del mundo. Si bien hablar de la mota y su periplo regulatorio no es representativo de todas las drogas –legales e ilegales–, los movimientos de despenalización y legalización que se desarrollan con fuerza en varias partes del mundo abren la posibilidad de repensar términos, concepciones y estrategias. 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), determinó en 2010 una Estrategia Hemisférica sobre Drogas que, desde una perspectiva estructural, tiene dos pilares fundamentales: Reducción de la demanda y Reducción de la oferta. La primera obedece a programas de reducción de riesgos y daños, entendiendo la problemática como un problema social y de salud que requeire un abordaje multidisciplinario. La segunda es la trinchera donde se guarece la guerra contra las drogas, desde donde algunos paises protegen sus fronteras de los muertos mientras liberan el paso a las ganancias y algunas sustancias ilegales. 

La hoy tambaleante Iniciativa Mérida –puntapié de la guerra que está desangrando a México por boca de Felipe Calderón Hinojosa– pretende, con un fondo de 2.3 millones de dólares asignados por el congreso de los Estados Unidos, “contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”. No por casualidad, desde entonces y hasta la fecha, la violencia se ha incrementado exponencialmente y lo que consideran amenaza fagocita las vidas de aquellos que están sólo de éste lado de la frontera. 

De la misma manera, la ley contra el Tráfico de Droga Trasnacional, aprobada en el ocaso de la administración de Obama, persigue la producción y tráfico de droga que tiene lugar fuera del país cuando esta tiene como probable destino EE.UU. “Esta ley le da a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para reducir el volumen de droga que cruza nuestras fronteras. Autoriza la persecución del crimen trasnacional para reducir el flujo de drogas ilegales que llegan a EEUU desde terceros países”, dijo en su momento la legisladora demócrata que presentó la ley, Dianne Feinstein. Otra muestra de los intentos por mantener las ganancias de un negocio internacional dentro de las fronteras y la violencia de su ilegalidad fuera del territorio. 

En la misma tesitura de cooperación internacional, los gobiernos de Colombia y México, a traves de la Procuraduría General de la República –PGR, siglas que se asocian en el imaginario local a torutura y persecución nacional– y la Fiscalía General de Colombia, firmaron recientemente un acuerdo de fortalecimiento en la cooperación para “luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, la corrupción y delitos conexos”. Basicamente un intercambio de información y experiencias que les permitan establecer estrategias de control en ambos países. 

Argentina parece querer entrar al juego de la guerra; vía endeudamiento –al parecer la herramienta favorita del actual gobierno–, el ex embajador argentino en Estados Unidos solicitó un armamento presupuestado en 2500 millones de dolares para apuntalar una fuerza de paz. En una nota relacionada al tema, A. Rolandelli dice que “tratar de reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas por fuera de la órbita que actualmente tiene por ley es hacer malabares con granadas”. Y tiene razón; sin embargo, a pesar de la polémica desatada por la persistencia bélica, en días pasados se acordó la compra de aviones cazabombarderos a Francia. 

Los resultados de estas estrategias en la reducción de la oferta todavía brillan por su ausencia. La diversificación de las actividades de los grupos criminales, en México y el mundo, les ha permitido incidir en las políticas locales, emprendimientos económicos –mejor conocidos como lavado de dinero–, así como ser fuentes de crédito para sectores privados y del Estado. Las crisis económicas de los países se convierten en tierra fértil para la propagación del poder de estos grupos, además de una fuente inagotable de mano de obra, carne de cañón, vidas desechables. 

El mercado oferta y demanda. 

La Reducción de la demanda, por otra parte, conlleva estrategias en el campo de la prevención de los consumos de sustancias, tratamiento de las adicciones, la incorporación social de las personas que padecen algún tipo de adicción y reducción de riesgos y daños; estrategias que se han visto opacadas por el despliegue ‘joligudense’ de la fallida guerra contra el narco. Pero es precisamente este campo un lugar de posibilidad y, sobre todo, en el que cabemos todos. 

Inmersos en una sociedad que se rige bajo una lógica de consumo, que fomenta hábitos, prioriza valores, propone maneras de vincularse, impone ritmos y tiempos a la vez que promueve modos de tramitar los afectos, nos encontramos todos frente a un mismo reflejo: el del consumidor/a. El consumo es hoy una manera de pertenecer; consumir –productos del mercado, sustancias, servicios, etc.– es existir como miembros de esta sociedad que, a su vez, ha dejado de ofrecer productos simples y promueve en cambio experiencias de realización inmediata –de felicidad, plenitud, éxito, etc.– a través de esos consumos. 

Al mismo tiempo, el mercado va regulando aquello que considera necesario para su reproducción, para no detener el movimiento de la rueda que mueve al mundo, mientras que rechaza y excluye a aquellos que no cumplen con sus expectativas de consumo. Los excluye pero ofrece, bajo los mismos principios, un mercado ilegal con ganancias extras para sí, ya que ese dinero no se evapora sino que entra a girar y girar. 

Hablamos entonces de consumos, en esa amplitud, y de consumos que pueden volverse problemáticos. En México y el mundo se han desarrollado estrategias que apuntan a salvaguardar la salud de los consumidores, atendiendo el consumo problemático desde una perspectiva social, de salud y analizando su multicausalidad. Algunas de ellas funcionan con carencias en las estructuras estatales y otras en organizaciones no gubernamentales –a veces financiadas por el mismo Estado. 

Pero también en lo cotidiano hay modificaciones pertinentes, que nos permitirán sacudirnos la parálisis, implicarnos en la problemática –en la que de hecho estamos hundidos– y accionar un cambio; asumir algunas maniobras de prevención en los espacios de los que de por sí participamos. 

Federico Vite, un extraordinario escritor mexicano que no encontrarás en ninguna lista propagnadeada, comenta sobre el calvario mexicano: “Lo peor que podría pasar es que nos acostumbremos. Alguna lógica debe de tener que la literatura sirva para sensibilizar, quiero decir para ser partícipe de un dolor ajeno. En la medida en la que no sólo tienes el hambre y el plomo y descubres que puedes soñar de otra forma; con música, cine, teatro, el mundo se hace más grande”. 

Hablar de drogas con temor, como si la palabra abarcara el infierno, es confundir el todo con la parte. La percepción de riesgo desmedido con el que se asocia, relacionando sustancias con crimen organizado –discurso abonado por los medios de comunicación–, promueve en las personas una sensación de amenaza paralizante, justificando cualquier medida para combatirla y dejando a la población como espectadora de un desastre del que es protagonista. 

Sucede lo mismo al plantear la problemática en términos de “guerra contra las drogas”, “el flagelo de la droga”, “la violencia ocasionada por las drogas”, etc.. Esta nominación agrupa una diversidad de sustancias bajo una sola, al mismo tiempo que se la personifica, se le da una entidad física de la que carece, nubla el panorama. La Organización Mundial de la Salud –OMS– define droga como “toda y cualquier sustancia que al ser introducida a un organismo modifica su metabolismo, estado de ánimo o funciones internas”. Dentro de esta denominación pueden distinguirse una variedad de categorías entre las que se encuentran legalidad, ilegalidad, efectos, afinidad molecular, origen, usos, etc. Para el caso quizás es importante darse un paseo por el Universo de las drogas. 

Siguiendo la definición de la OMS, tanto el alcohol, el cigarrillo, los medicamentos de venta libre, productos con altos niveles de azúcar –por mencionar sólo algunos– forman parte de “las drogas” y su consecuente combate militar. Sin embargo, el tratamiento recibido y la mirada sobre los consumidores de estos productos es absolutamente dispar, ya que forman parte de lo necesario para la reproducción del mercado. En el orden de lo dañinio, es el alcohol el número uno en la asociación de consumo y muerte, por encima de otras sustancias ilegales. 

En este sentido, plantear un mundo “libre de drogas” es una falacia que se ríe de sí misma. Cuando en Argentina se propuso la campaña “Sol sin drogas”, protagonizada por Diego Armando Maradona, Charly García retrucó el slogan con un “Drogas sin sol”, demostrando por otra parte que la persecusión del consumidor es también –y sobre todo– una persecusión de clase social. 

Disparar sólo las balas del sonido. 

No pretendo minimizar la problemática que tiene a México sumido en la desgracia, ni mucho menos pasar por alto que las estrategias preventivas necesarias en este contexto estén abocadas a salvaguardar la vida. Pero más de sesenta años de prohibicionismo no ha hecho más que fracasar, profundizar crisis y regar de muertos la tierra donde se ha instalado como la única política en la materia. 

Javier Valdez Cárdenas, con su voz desde el más allá y dándole vigencia a Rulfo en este país regado de muertos, supo decir: “con el narco no vas a acabar; hay que invertir mucho dinero en recuperar el tejido social, en atender a niños y a jóvenes, quitarle a los narcotraficantes el mercado laboral que tienen cautivo. No se trata de detenerlos sino de ganarles el espacio social que ya tienen, que nosotros recuperemos la calle. Creo que conjuntando todo eso podemos tener otro periodismo, otra sociedad y otro país. Parece una quimera, pero yo creo que vale la pena”. Yo también. 

Es en este sentido en el que podemos sumar otra manera de pensar el problema y sus posibles soluciones. Generar espacios de cuidado colectivo en nuestros lugares de pertenencia –instituciones, organizaciones, lugares de trabajo–, volver a fortalecer esa trama social tan vapuleada por discursos y miedos, que nos permita andar cuidándonos –entre todos– y no andar con cuidado, como solía decir mi tía Anita. Mirar en el otro a un compañero, vecino o alguien que necesita ayuda y no a un delincuente peligroso que busca lastimarnos. Contraponer a esa lógica de consumo, una lógica de cuidado. 

Octavio Paz, en su laberinto de la soledad, decía que la historia tiene la realidad atroz de una pesadilla, y que “la grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo, transfigurara la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la creación”, que debe ser por sobre todas las cosas colectiva y horizontal.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima

¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? 

Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció. 

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP). 

Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año. 

Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente, e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil. 

Por cierto que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23). 

A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada. 

La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley. 

De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente): 

1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada 

2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada 

3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo 

4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos 

5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses 

6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas 

7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC). 

Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.


viernes, 11 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar. 

Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis. 

Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos. 

Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco). 

Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento. 

Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc. 

En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999). 

Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato. 

En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza (ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado. 

Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad. 

En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala. 

La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.


1. ¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

2. ¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

3. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

4. Acerca de la guerra en México: apuntes teóricos

5.¿Qué es un narcoestado?

martes, 25 de julio de 2017

Javier Duarte y su responsabilidad por las desapariciones forzadas en Veracruz.

En medio de la simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte, acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones (Colectivo Solecito de Veracruz  y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal vez sea la única manera de que se haga justicia.

La farsa justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a la oposición encabezada por MORENA. 

No se puede negar que el saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población, organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y nacionales. 

Es evidente que el gobierno federal ignorará los delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al respecto, prefirió mirara hacia otro lado  Los delitos de lesa humanidad se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso amenazando a los familiares de las víctimas  para inhibir sus denuncias. 

Según cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para encontrar a las víctimas-  con el argumento de la falta de recursos y la indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y con la bota militar como fiel de la balanza.

Lo anterior se confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada con el argumento tan trillado de la falta de recursos. 

En 2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”

Ese momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención del problema. La  eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.

jueves, 13 de julio de 2017

La modernización del TLCAN y la guerra civil en México


De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para el mantener,principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como del lugar.

No se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE. UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE. UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del status quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.

viernes, 19 de mayo de 2017

¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

Lo primero que urge entender es que México tiene una larga historia de violencia de Estado en la construcción de la libertad de expresión. A diferencia de algunas metrópolis occidentales, el ejercicio de los derechos básicos en esta región del mundo es una lucha que sigue involucrando altos contenidos de represión y sangre. La libertad de prensa/expresión es una conquista social que el Estado no reconoce ni protege. El periodismo independiente –que es el único periodismo auténtico– está en la orfandad institucional e intensamente asediado por el binomio narcotráfico-Estado. (A modo de paréntesis, cabe señalar que el concepto liberal de “libertad de expresión” es insuficiente en nuestra época. Es urgente resignificar esa “libertad”, porque en la era que corre, el principal “enemigo” de ese derecho no es el Estado, sino los conglomerados privados que monopolizan la producción-selección-circulación de información. Sin duda que el Estado es un centro de autoridad que coarta esa libertad, pero no sin la acción acaparadora de los actores particulares, cuyos dueños definen los contenidos de la prensa con absoluta opacidad e impunidad. Por cierto que en materia de acaparamiento mediático, México es primer lugar en concentración de medios de comunicación a escala mundial). 

Cabe recordar que en 2016 se cumplieron 40 años del golpe a Excélsior, orquestado por el expresidente priísta Luis Echeverría Álvarez, y que se tradujo en la reducción a añicos del que hasta entonces era el periódico más importante de América Latina (bajo la dirección de Julio Scherer García). La persecución persistió, y en 1982, el sucesor presidencial de Echeverría, José López Portillo, atacó financieramente a la revista Proceso (también dirigida por Julio Scherer), y justificó el golpe con la tristemente célebre frase “no pago para que me peguen”. En 1984, tan sólo dos años después de ese ultimátum, Manuel Buendía, el otrora periodista con más presencia en la prensa escrita, fue asesinado con cinco disparos en la espalda. Antes del homicidio, Buendía conducía una investigación que hurgaba en las conexiones del narcotráfico con políticos de México y Estados Unidos. (Más tarde se descubrió que el conductor de la motocicleta en la que escapó el asesino material, era Juan Rafael Moro Ávila, sobrino de otro expresidente, Manuel Ávila Camacho). De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), de 1983 a la fecha han sido asesinados 231 periodistas (La Jornada 16-V-2017). 

Que México se convirtiera en un cementerio de periodistas responde a un continuum histórico, y a la relación del poder con la prensa. En contenido, esa relación no cambió sustantivamente. Persiste hasta nuestros días, pero con un agravante en la ecuación: el “narcotráfico gobernante”. El periodismo en México transitó de una relación patológica gobierno-prensa a una relación gobierno-narcotráfico-prensa, infinitamente más tóxica y letal. 

La evidencia sugiere que la mayoría de los informadores ejecutados no forman parte del jet set periodístico en México. Los “notables” del periodismo nacional están protegidos por el gobierno y el narcotráfico. Trabajan para esos dos actores. El resto, los que practican el periodismo auténtico (independiente), están a merced de los caprichos del maridaje narcotráfico-Estado. Documentar el infierno en México involucra necesariamente pisar los talones de ese binomio. En este país bañado en sangre, la delincuencia organizada de Estado –señaladamente el narcotráfico– es la institución dominante. 

Narcoperiodismo 

Javier Valdez Cárdenas (que en paz descanse), extraordinario periodista y excorresponsal de La Jornada, advirtió sobre la insospechada proliferación del narcoperiodismo. 

Por definición –decía Valdez–, el narcoperiodismo consiste en redacciones infiltradas por el narcotráfico bajo dos modalidades: sin paga y a sueldo. Los primeros, no remunerados, ejercen la profesión bajo amenaza de muerte y sin ninguna libertad editorial (el sueño húmedo de los priístas). Los segundos, esos que figuran en la nómina de algún cártel, responden a los mandatos de los narcos, y definen los contenidos de la línea editorial en función de las agendas criminales, aunque no pocas veces bajo coerción e intimidación. En este entorno criminoso, el periodista tiene básicamente cuatro posibles escenarios: el alineamiento con el editorial narco, el abandono de la profesión, el exilio o la muerte. 

En 2015, Javier Duarte de Ochoa, otro “distinguido” soldado del PRI, y exgobernador del estado de Veracruz, advirtió a los reporteros de la entidad: “Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Noé Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015). 

El narcoperiodismo es la evolución natural de la relación histórica PRI-periodismo: del “no pago para que me peguen” al “pórtense bien” (que, en la entidad más peligrosa de América Latina para el ejercicio periodístico, significa “plata o plomo”). 

Narcoguerra 

La agresión a los comunicadores no es un daño colateral de la guerra. La recapitulación de la historia nacional permite identificar que se trata de un modus operandi naturalizado, consustancial al PRI-Estado. Lo cierto es que la guerra contra el narcotráfico multiplicó las agresiones contra el periodismo. Los asesinatos de informadores en México se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con el inicio de la guerra. Las cifras advierten que los periodistas críticos e independientes constituyen un objetivo no declarado de la guerra. El homicidio es un recurso rutinario para neutralizar por la eliminación física y el terror al periodismo independiente. 

“En los 20 años que duró la guerra de Vietnam (1955-1975) fueron muertos 79 periodistas, habiendo sido el conflicto armado con mayor cobertura de prensa en la historia y uno de los más letales, con una cifra de muertos que, según las fuentes, superó los 4 millones. La cifra contrasta vivamente con los más de 120 periodistas asesinados en México desde 2000, en una situación completamente diferente a la del sudeste asiático” (Raúl Zibechi en Resumen Latinoamericano 31-III-2017). 

La guerra habilitó la excepcionalidad que requerían las élites gobernantes para aplastar por la fuerza el derecho a la información y la libertad de expresión, y sin costos políticos. “Fue el narco”, excusan sistemáticamente los políticos cuando matan a otro periodista. La guerra amplió el horizonte de la corrupción e impunidad a niveles insoportables. 

Narcoestado 

El narcoestado tiene básicamente cuatro características definitorias: 

1. La institución dominante es la empresa criminal (sobreempoderamiento del narcotráfico) 

2. La estatalidad se afirma esencialmente en términos militares (militarización) 

3. El gobierno acude al terror para dirimir el conflicto social sin agotar instancias institucionales (terrorismo de Estado)

4. La política y la economía se organizan delincuencialmente (narcopolítica-narcoeconomía) 

La primera víctima de este orden omnicriminal es la transparencia e información. Los negocios que concurren fuera de la legalidad por regla requieren altas cuotas de discrecionalidad. En México la gobernabilidad esta fuera de la legalidad. Y esa circunstancia o condición encierra una verdad políticamente inconfesable: que el Estado es el artífice material e intelectual de la crisis humanitaria en México. 

Por eso los asesinatos de periodistas permanecen envueltos en un manto de opacidad e impunidad. Porque no hay Estado que soporte la verdad que ellos conocen.

martes, 16 de mayo de 2017

¿Quien mató a Javier Valdez?


El reciente asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez confirma, una vez más, que las agresiones a la libertad de expresión en México no son un daño colateral producto de la violencia social que nos ahoga. No, por el contrario, son parte esencial de la dinámica represiva del narcoestado mexicano, el cual se caracteriza por la alianza estratégica entre los gobernantes y los cárteles del narcotráfico para mantener en funcionamiento la dinámica de acumulación por desposesión.

Para nadie es un secreto la profunda relación que existe entre los políticos y los narcotraficantes en todos los niveles de gobierno; tanto en el municipio, donde es más visible, como en el nivel estatal y nacional. El caso Ayotzinapa demostró que la relación perversa entre política y narcotráfico recorre a todas las instituciones del estado y en lugar de debilitarse se fortalece. Ganar elecciones exige mucho dinero, y si viene del narcotráfico para evitar su detección, mejor. Es así como se establece el carácter del estado, pues a cambio del apoyo económico los políticos están en la mejor disposición de extender una patente de corso para los cárteles. 
 
En este sentido no estamos frente a un falla del estado, consecuencia de malos políticos que son rebasados por el narco, sino ante la manera en que el estado liberal en decadencia ha procurado imponer el modelo de acumulación. Si se asume que el estado liberal existe para garantizar las condiciones de reproducción del sistema económico, habrá que aceptar que dicho estado es capaz de cualquier cosa para cumplir su misión: guerras, terrorismo, espionaje, asesinatos, alianzas con quien sea, golpes de estado, campos de concentración y matanzas de niños mujeres y ancianos.

El asesinato de periodistas en México tiene una doble finalidad: silenciar a un sector estratégico de la sociedad a punta de balas y sobre todo, seguir manipulando la libertad de expresión para favorecer a los poderosos. Porque todos sabemos a quienes favorecen semejantes acciones: si, a los políticos y sus patrones, quienes serían los principales afectados ante un contexto en donde la libertad de expresión cumpliera con uno de sus roles más importantes, a saber, desnudar la ilegalidad e impunidad de políticos y empresarios indispensable para hacer efectivos los grandes negocios.

Que el trabajo sucio lo hagan los cárteles es fundamental en la dinámica en cuestión ya que resulta una excelente cortina de humo para evitar que pueda verse lo que hay detrás de ellos. Y es que, si bien el narcotráfico es un típico ejemplo de acumulación por desposesión -ya que no sólo se alimenta del despojo de tierras para la siembra de drogas sino de la extorsión, el secuestro, el robo, es decir en riqueza producida por otros- no por ello se puede perder de vista los beneficios que proporcionan a la economía ‘legal’ los ríos de dinero que manejan los cárteles.

Pero además de los ‘beneficios’ económicos están los obtenidos gracias al ambiente de terror que mantienen los cárteles para someter a la población, que son tanto o mas apreciados por los dueños del dinero y sus marionetas de colores pues allanan el camino para la impunidad y el robo legal, esencia del desarrollo del capital Es en ese sentido que el asesinato recurrente de periodistas en particular, y de miles y miles de personas en general, cumple con el objetivo de negar la libertad de expresión y de mantener el clima de terror indispensable para mantener el despojo sistemático ajeno a resistencias y críticas por parte de la población.

Con lo anterior no se pretende negar la responsabilidad de los capos del narcotráfico en la guerra civil que agobia al país, ni tampoco negar su relativa autonomía del estado y sus dirigentes. Pero si alguien se ha beneficiado con la guerra son los dueños del dinero y lo políticos que les sirven. Son ellos quienes han abierto la puerta para que los asesinatos de periodistas y miles de personas queden impunes y así, poder gozar de los privilegios que dan el poder y el dinero. Por eso y aunque a muchos no les guste, ante la pregunta del título no queda mas que responder: ¡Fue el NarcoEstado!