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martes, 13 de octubre de 2020

12 de octubre: ni descubrimiento, ni mestizaje, ni encuentro: resistencia y rebeldía

 


Por: Rafael de la Garza Talavera

En aquél ya lejano 12 de octubre de 1992, la sensación de manifestarse en el zócalo de la ciudad de México resultaba a todas luces contradictoria. Por un lado ya estaba presente la idea de que la fecha no podía ser ni celebración ni mucho menos exaltación de una supuesta fusión de culturas, que sólo procuró suavizar su contenido eminentemente colonialista y por ende racista. Por el otro, a cientos de kilómetros de allí, en San Cristóbal de las Casas, se estaba llevando a cabo una manifestación que cambiaría el escenario político del país y del mundo para siempre. Se enfrentaron así dos interpretaciones que marcaron la decadencia de la primera y el progresivo fortalecimiento de la segunda.
    Ya  desde en 1892 el ideario del hispanoamericanismo se colocó en la agenda de España, que frente a la pérdida de sus colonias pretendió restablecer la relación a través de la tradición cultural y religiosa impuesta por el desaparecido imperio, estableciendo que la grandeza de los pueblos americanos se debía a dicho legado. Dicha operación ideológica tuvo una doble finalidad: legitimar la alicaída monarquía española frente a sus súbditos y refuncionalizar la relación con sus antiguos dominios en Latinoamérica.
    A partir de 1913 el hispanoamericanismo eligió el 12 de octubre como el Día de la Raza, por iniciativa de Faustino Rodríguez-San Pedro, abogado y político español que sirvió a Alfonso XIII en diversos ministerios y que en ese año presidía la Unión Iberoamericana. Sobra decir que los gobiernos liberales en la región impulsaron la propuesta con entusiasmo, dada su interpretación negativa de la herencia cultural de los pueblos originarios para el logro del Orden y el Progreso.
    En México surgió así oficialmente el “Día de las Américas”, que sería sustituido después de la revolución como el “Día de la Raza”, colocando al mestizaje en el centro de las celebraciones para apartarse del contenido racista del hispanoamericanismo. Tanto José Vasconcelos como los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco jugarían un papel fundamental para cimentar el nuevo contenido de la fecha, reivindicando lo que posteriormente sería reciclado por los impulsores de la idea del encuentro de dos mundos pero ocultando el evidente conflicto. Vasconcelos escribiría La Raza Cósmica y los muralistas lo reproducirían de manera destacada en el mural de Palacio Nacional y en la Preparatoria Nacional respectivamente.
    Por su parte, en el reino español se modificó la celebración, cambiando el Día de la Raza por el de la Hispanidad en 1958 y luego por el de Fiesta Nacional de España en 1987, dejando claro que, a pesar de la intención inicial de ser una celebración que incluyera a los latinoamericanos, su esencia era y es la celebración de la monarquía, la iglesia católica y el ejército de España por encabezar una gesta supuestamente civilizatoria.
    La celebración del quinto centenario en 1992 modificó ligeramente el sentido pero no el objetivo de las celebraciones. La propuesta de la delegación mexicana en la reunión celebrada en Santo Domingo en 1984 para la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América fue el origen de la idea del Encuentro de Dos Mundos. Y si bien enfrentó críticas tanto de los defensores de la idea tradicional como de la que no veía nada que celebrar, dado el genocidio que siguió a la llegada de Colón, la Unesco apoyó la propuesta mexicana.
    En todo caso el contexto del quinto centenario estuvo marcado por el inicio del neoliberalismo y la globalización como puntas de lanza para la apertura de los mercados latinoamericanos a los capitales españoles. La refuncionalización obedeció así a una lógica económica que hoy resulta evidente con la aparición de las inversiones depredadoras del ambiente y de los territorios de los pueblos originarios con empresas como Iberdrola o Repsol, al grado que dicho proceso parece más una reconquista que una etapa de colaboración y respeto mutuo.
    Pero además, la fallida operación ideológica -que no económica-  que  marcó la celebración del supuesto encuentro de dos mundos hace 28 años fue confrontada directamente desde su nacimiento por buena parte de los pueblos originarios al sur del Rio Bravo, sin mencionar que en EE. UU han sido derrumbadas varias estatuas de Colón en los últimos meses. Las manifestaciones y acciones  llevadas a cabo ayer en México no dejan lugar a dudas que el significado del 12 de octubre se ha modificado radicalmente gracias a su lucha por más de cinco siglos.
    El EZLN, en su comunicado del 5 de octubre, entre otras cosas anuncia su viaje alrededor del mundo, empezando por Europa, y declara: “… después de recorrer varios rincones de Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto de 2021 -500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México-. … Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: Uno: que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: que no tiene por qué pedir que les perdonemos nada”
    Con esta declaración se cierra finalmente un ciclo que inició en el siglo XIX y que procuró ocultar lo que debemos celebrar el 12 de octubre. Los pueblos originarios de América han logrado romper el cerco ideológico, una vez más, para recordarnos que siguen aquí, que resisten y se rebelan. No queda más que acompañarlos, no solo para ser testigos de su emancipación y el reconocimiento de su existencia, sino para crear un mundo donde quepan muchos mundos.

sábado, 29 de febrero de 2020

AMLO y el feminismo en México: los límites del pragmatismo de la 4T


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Por: Rafael de la Garza Talavera
A estas alturas resulta imposible negar la fuerza y legitimidad del movimiento feminista en el mundo. De los movimientos antisistémicos, los feminismos han colocado contra las cuerdas a gobiernos, corporaciones e individuos en buena parte del mundo occidental; al mismo tiempo ha logrado concitar un apoyo generalizado a sus demandas, en el marco de la exacerbación de la violencia hacia las mujeres.
En México las acciones de las mujeres han provocado reacciones de todo tipo, poniendo sobre la mesa la hipocresía de gobiernos, partidos y grupos de interés y la debilidad de las acciones oficiales encaminadas a contener la epidemia de asesinatos y desapariciones de miles de mujeres. La igualdad de género decretada desde el poder para candidaturas y puestos gubernamentales no ha podido ocultar su superficialidad frente a un problema añejo y creciente. Ya desde finales de siglo las muertas de Juárez pusieron en el escenario político las consecuencias para las mujeres del incremento de la violencia, generada principalmente por el crecimiento de la pobreza y la marginación así como el fortalecimiento de las organizaciones criminales.
En este contexto no sorprende la postura de AMLO al respecto, más allá de su limitada percepción del conflicto; parece que se privilegia la idea de no enfrentarse con sus bases evangelistas o con los sectores medios adversos a temas como el aborto y la diversidad sexual. Su insistencia en quedar bien con todos los actores políticos relevantes, al menos en el discurso, demuestra sus límites y sus consecuencias. Si a esto se agrega sus malabares discursivos, el desencuentro es patente y promete una escalada que no conviene a nadie pero que, dada la rigidez del presidente en el tema, seguirá en ascenso.
Un factor clave en el análisis de la postura presidencial es su concepción del deber ser feminista: “Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe tener como guía el humanismo (...) y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más pobres (...) La justicia es darle más al que tiene menos, eso también es humanismo”. La declaración deja entrever que el apoyo que su gobierno ofrece a las mujeres va en el sentido de mitigar los estragos de la pobreza y no tanto en atacar el problema de la violencia hacia ellas, -que dicho sea de paso son dos caras de la misma moneda. De que otra manera podría explicarse que frente a la creciente agudización de los asesinatos pida que se evite hablar de ello para no opacar la rifa de un avión; o peor aún, achacar a la derecha la manipulación del movimiento para atacarlo. El hecho de la creciente violencia a la mujer es inocultable y banalizarlo resulta grotesco. Demuestra insensibilidad y rigidez para enfrenta un viejo problema con el que se solidarizó como candidato presidencial.
Cuando los colectivos feministas se plantaron frente a palacio nacional para reclamarle la infausta declaración en donde culpó al neoliberalismo de los problemas de las mujeres, dejó en claro que su política hacia las mujeres no se moverá: “No porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre, si por eso luchamos, luchamos por un cambio en lo material y en lo espiritual, y si tienen otra visión respetamos, pero vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie”.
Es evidente que sus ‘convicciones de siempre’ están fuera del contexto actual y que representan un pasivo en su política interna, pero además, que están dañando a la sociedad en su conjunto fortaleciendo las posturas machistas y el desprecio por las protestas y movilizaciones. Probablemente intuye que mantener una imagen veladamente machista –con un discurso incluyente y humanista- no le restará puntos en las encuestas de popularidad. Mantendrá así la fidelidad de buena parte de la sociedad mexicana que sigue pasmada frente a la necesidad de acabar con el patriarcalismo y la discriminación concomitante; que se niega a abordar el problema en todos los ámbitos de la realidad social a pesar de la valiente postura de una minoría de mujeres organizadas que han comprendido que sólo las acciones contundentes pueden obligar a la sociedad a discutir el problema y buscar una solución. Y si bien la igualdad de género en candidaturas y puestos en la administración pública, es plausible, no es ni remotamente suficiente para mostrar una política consecuente con la gravedad del problema. Ampliar la política de igualdad de género a órganos autónomos y universidades no representa más que una simulación que irrita aún más a las mujeres organizadas y que no toca el conflicto central: la sistemática violencia hacia mujeres de todas las edades.
La rigidez de un gobierno que se empeña en mantener una ruta prefijada es sintomática de sus prioridades. Poner por encima de todo lo demás el crecimiento económico y las alianzas a diestra y siniestra para mantener el poder ha probado ser nefasto para los gobiernos progresistas al sur del Rio Bravo. Lula y Dilma lo demostraron en Brasil y dieron paso a un gobierno de extrema derecha que cosechó el descontento provocado por el pragmatismo in extremis. La política del equilibrista o el bonapartismo de AMLO seguirá enfrentado el dilema de elegir un rumbo claro y comprometido con las mayorías para las que dice gobernar. Mientras no lo haga seguirá apuntalando el poder de los dueños del dinero, quienes si bien hoy comulgan con él, podrían modificar su posición en cuanto las condiciones políticas cambien.
El presidencialismo mexicano siempre descansó en la legitimidad de las decisiones tomadas por el jefe del ejecutivo, no tanto por su eficacia sino por su capacidad para imponerse por encima de los actores políticos. El presidencialismo de AMLO abreva de esas fuentes procurando ante todo restablecer, en la medida de lo posible, la legitimidad del estado mexicano. Mantener su desprecio por el movimiento feminista está poniendo a prueba semejante estrategia y si no hay un cambio palpable al respecto por parte del presidente, seguramente abrirá un boquete difícil de cerrar en la muralla de la 4T.
Es cierto también que la violencia hacia las mujeres es estructural en una sociedad capitalista y que AMLO no pretende desmantelar el sistema económico. Pero en la medida en que la violencia hacia las mujeres mantenga su tendencia ascendente y la sociedad y gobiernos no se comprometan, aunque sea de manera limitada a contener el conflicto dada su alianza con el capital, el costo político aumentará y comprometerá los limitados objetivos de la 4T.
Más allá de sus convicciones personales, y a pesar de que su pragmatismo ha sido exitoso hasta ahora, el presidente haría bien en recapacitar para evitar la descalificación y el escarnio hacia las mujeres organizadas. Si no por lo justo de sus demandas y los comprensible de sus acciones –que no es posible escatimar con argumentos válidos- si para impulsar el fortalecimiento de su poder político que, al decir del viejo Maquiavelo, es la misión principal de cualquier político.




viernes, 23 de marzo de 2018

México 2018 [VI]: acerca de por qué asesinan candidatos

A propósito de una entrevista reciente con el periódico Tiempo Argentino (https://bit.ly/2IMB5vC), que versó sobre el asesinato de candidatos en México en el marco de la campaña electoral en curso, juzgué oportuno recoger algunas de las reflexiones que arrojó la ocasión y presentarlas en formato extendido. 

Es habitual que en México estos fenómenos –asesinatos en general, y asesinato de candidatos en particular– pasen inadvertidos; o bien, que una franja mayoritaria del público minimice el hecho en sí y/o sus efectos colaterales. La violencia es la divisa dominante de la política nacional, tanto en la modalidad de represión llana y abierta como en la acción consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderación, quebrantan el orden constitucional a su antojo. Y este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones acaso explica el fenómeno de la “naturalización” del maridaje violencia-política. Por cierto, esta violencia política está íntimamente entrelazada con la violencia social. Y, por ello, el tema cobra una importancia mayúscula. 

Con base en esta premisa, y sin descuidar la decisión política que desencadenó la barbarie en México –la guerra contra el narcotráfico–, extiéndome sobre el asunto en cuestión. 

T.A.: ¿Se recrudeció el asesinato de candidatos en México o es similar a otros momentos? ¿Qué explica estos asesinatos? 

A.O.: El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una elección no es una rareza ni un procedimiento inédito en la “democracia electoral mexicana” (nótese el entrecomillado). Los procesos de democratización en los países discurren por diferentes caminos. Y lo primero que hay que entender es que en México nunca ha habido una democratización de los canales institucionales-electorales, aun cuando es posible consignar una relativa pluralización del sistema de partidos. Rotación de élites sin cambios sustantivos ni canalización institucional de las demandas sociales: esa es la fórmula. 

Cabe recordar que la Revolución Mexicana estalló bajo la consigna de “sufragio efectivo, no reelección”. Y si bien la insurrección consiguió la abrogación de la reelección, la efectividad del voto popular nunca se cristalizó. De hecho, la crisis de violencia en el país es fruto –entre otros factores– de una octogenaria acumulación de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular es una norma más que una excepción. Tal vez el caso más emblemático es el asesinato del candidato presidencial (puntero) Luis Donaldo Colosio, en las vísperas de la elección federal de 1994. A propósito de este caso, existe una multiplicidad de interpretaciones. Pero casi todas coinciden en señalar el involucramiento de actores del Estado profundo (conciliábulos militares), dinastías familiares del propio partido político –Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y el narcotráfico. Y todos los actores referidos continúan decidiendo los destinos del país. 

En este sentido, el recurso de la violencia o eliminación física de candidatos sí es similar a otros momentos. Pero también es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento. Justamente porque las fuerzas armadas, las añejas dinastías familiares y el narcotráfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el último decenio. La guerra contra el narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón en 2006, tan sólo 10 días después de la toma de protesta, y acaso como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra, provocó un desencadenamiento de una violencia sin parangón en el país. La guerra, que nunca fue contra el narcotráfico porque hoy éste es el actor dominante en la política nacional, habilitó un escenario bélico que propició el fortalecimiento de las fracciones más criminosas del poder político –jerarcas militares, dinastías familiares, narcotráfico–. El fraude electoral de 2006 acarreó la guerra. Y el costo humano fue altísimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalización del terror, la criminalidad y la corrupción. 

Esa violencia a gran escala también alcanzó a la clase política y las instituciones. Y esto explica que tan sólo en los últimos cuatro meses hayan sido asesinados más de 30 aspirantes a cargos de elección popular. La OEA recientemente denunció que en México es asesinado un candidato cada cinco días. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difícil imaginar el escozor internacional que provocaría. Pero como acontece en México, donde la barbarie está naturalizada, nadie respinga, con excepción de unas escasas expresiones de “preocupación”. 

En México, la gente acostumbra decir, en la antesala de una elección, que el país “se va a llenar de muertitos”. Adviértase que este clima electoral homicida es común (de ninguna manera normal). No obstante, cabe insistir que el ascenso del narcotráfico a clase gobernante potencializó aparatosamente la virulencia de los asesinatos políticos. Sólo a modo de ejemplificación: cuando un candidato visita la comunidad o jurisdicción para la cual está compitiendo, el narco acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la “plaza” (territorio de operación de algún cártel) y el candidato en cuestión, con el propósito de coordinar a priori la “agenda de cooperación” entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Esto ocurre rutinariamente en todas las geografías del país. Y las desavenencias se están pagando con sangre. En la escena política nacional rige la “ley narco”: plata o plomo. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier acción del Estado, México es la utopía. 

No pocas veces los narcotraficantes responden a “encomiendas” de ciertas fracciones del aparato político-institucional. También el narco efectúa tareas de contrainsurgencia. Es un pacto de reciprocidad concertado por narcotraficantes y gobernantes dedicados al bandidaje de Estado. En este sentido, no es gratuito que los candidatos más perseguidos a sangre y fuego generalmente provengan de las filas del partido de oposición; pero definitivamente no son lo únicos. Porque el problema rebasa los marcos puramente electorales. El problema de fondo es el ascenso del narcotráfico a clase dirigente. 

T.A.: ¿Cómo impacta esta violencia en la participación electoral y los resultados? 

A.O.: El impacto es directo y determinante. Esa es la idea de los asesinatos: afectar la participación electoral y los resultados. 

En relación con lo primero –la participación electoral–, es evidente que el clima homicida alimenta el abstencionismo. En México el voto no es obligatorio. Y, con frecuencia, a los comicios sólo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. Naturalmente, el asesinato de candidatos provoca un terror que aleja al público de las urnas. 

Y con respecto a lo segundo –los resultados–, sencillamente prevalece la voluntad de los intereses privados, a menudo criminales. Y el narco y clase política delincuencial consiguen actualizar la continuidad de eso que llamo el “narcoestado”, en detrimento de lo que uno podría llamar la “voluntad general”. En México, nadie llega a un puesto de gobierno clave sin el consentimiento del crimen organizado. Ese es el impacto más inmediato. 

Y el impacto mediato, es la sostenida desmoralización política de una población civil condenada por las clases gobernantes a habitar en condiciones de terror permanente y parálisis social. 

T.A.: ¿Algo que agregar? 

A.O.: Urge frenar la sistemática práctica del régimen de sellar con fraude los procesos electorales. Esa es la tarea política de 2018. Este año el país se juega la vida. Y no lo digo metafóricamente. El derecho a la vida en México es lo que está en disputa en la elección de 2018.



Leer también:

México 2018 [I]: la izquierda se levanta 

México 2018 [II]: dictadura delincuencial; todos contra Morena; candidatura del CNI-EZLN 

México 2018 [III]: un fantasma recorre Morena; el fantasma del PRI

México 2018 [IV]: “Mexit” o el gobierno de la desglobalización 

México 2018 [V]: ¿Y qué va a hacer AMLO con el narco?

domingo, 31 de diciembre de 2017

2017: catálogo del primer año de la desglobalización

El 2017 fue el año de constatación de un fenómeno hasta hace poco insospechado: la caída del paradigma neoliberal globalizador. 

A modo de recapitulación histórica, cabe recordar que la crisis del petróleo de 1973 fracturó el orden prescrito por los acuerdos de Bretton Woods de la segunda posguerra (“Walfare States” o Estados Nacionales regenteados por la alianza capital-trabajo). El agotamiento de ese ordenamiento engendró –no sin la intervención decisiva de las élites en ascenso– la fórmula neoliberal (Estados Neoliberales reorganizados por la fractura de la alianza capital-trabajo). Los impulsores de la “solución” neoliberal –Inglaterra y Estados Unidos– bautizaron esa arrolladora inercia oligárquica con las siglas de TINA (“There is no alternative” o No hay alternativa). Las políticas tributarias de TINA propiciaron la privatización de las empresas e instituciones estatales. Ya en manos de actores privados, las empresas e instituciones estatales transitarían otra metamorfosis: la desnacionalización o extranjerización. Tras la caída del Muro de Berlín y el llamado Bloque Soviético (1989-1991), y por prescripción del Consenso de Washington, se instaló en el mundo la “globalización”, que, si bien es cierto que tiene múltiples niveles de significación, consiste básicamente en una modalidad específica de integración internacional al servicio de la neoliberalización. Es decir: “globalización” designa la extranjerización de los procesos privatizadores. Irónicamente, los primeros en decidir (exitosamente) el repliegue de ese paradigma fueron Inglaterra y Estados Unidos –los artífices del modelo. “Brexit + Trump = el fin de la globalización”. 

En este cierre de año, y en tributo a esa tradición que eleva el periodismo a condición de “historia en tiempo presente”, dispuse reunir una serie de recortes a partir de este ejercicio de análisis que durante el 2017 desarrollé bajo este enfoque o lectura, con el propósito de identificar esos procesos e indicadores en la región que dan cuenta de la desglobalización en curso y las realidades en germen que prefigura ese ocaso: a saber, ascenso de la derecha supremacista, desmoronamiento de los integracionismos, amurallamiento de las fronteras, desinstitucionalización del sistema internacional, defenestración de los sistemas de partidos. 

Acerca del ascenso de la derecha supremacista 

“Si bien una posibilidad es que el sistema en su conjunto pierda legitimidad y se habiliten-activen las fuerzas sociales civilizatorias (minorías, trabajadores, estudiantes, migrantes etc.), no es menos posible que el ascenso de Trump dispare las fuerzas anti-civilizatorias más sórdidas u oprobiosas. Es importante insistir que la reemergencia de las derechas supremacistas-nativistas en Occidente representa la posibilidad de la reemergencia del fascismo. Aún no florece el neofascismo. Pero están situados los sedimentos […] En este escenario pesimista –aunque no por ello improbable–, las derechas y oligarquías continentales apostarán por un repliegue político parcial, cómo ya están haciendo los gobiernos de México, Brasil y Argentina, e intentaran reeditar las consignas nacionalistas que en otra época orientaron el compás propagandístico de la dominación pre-globalista. La evidencia sugiere que abrazarán el discurso de la unidad nacional […] Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicará a su injerencia en la región. América Latina es el perímetro de acción convencional de Washington […] Es un recrudecimiento de la unilateralidad histórica de Estados Unidos respecto a América Latina. No es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping: es decir, la pura disposición de transferir a la región los costos de la restauración supremacista” (http://bit.ly/2DsMhdk). 

“Ríos de tinta derramaron filisteos e incautos arguyendo la irreversibilidad de la globalización. Ese concepto, que es básicamente una envoltura mística del neoliberalismo, está muerto. La globalización murió por suicidio asistido. El problema es que esa ‘asistencia’ provino de la derecha más recalcitrante y cavernaria. No pocos analistas escribieron sobre el malestar que produce la globalización. Y el problema no es el descontento en la globalización. El problema es que las posiciones conservadoras capitalizaron esa indignación con éxito” (http://bit.ly/2DrUHkZ). 

Acerca del desmoronamiento de los integracionismos 

“La inercia anuncia que los integracionismos de la globalización están en franca descomposición. El problema es que la salida (exit) sólo está ‘autorizada’ para las potencias que diseñaron el programa globalizador. Grecia en Europa (UE), y previsiblemente México en América del Norte (TLCAN), estarán sujetos a acciones concertadas de sabotaje, máxime si la salida que proponen transcurre por el flanco izquierdo y no por el carril ultraderechista, que es el oprobioso espectro de la época” (http://bit.ly/2DrUHkZ). 

Acerca del amurallamiento de las fronteras 

“En un reciente artículo, se afirma que en 1989 existían una decena de muros y que actualmente se cuentan alrededor de setenta alrededor del mundo. Y al igual que el de Berlín, los muros del siglo XXI se han construido para reforzar la seguridad interna y, obviamente, para detener los flujos migratorios […] como sería el caso de los habitantes de los países centroamericanos y caribeños, que han llegado a México por tierra y por mar a pesar de la existencia de un muro virtual compuesto de policías, paramilitares, narcotraficantes y el ejército mexicano, y que está en vías de reforzarse gracias a la cooperación del gobierno mexicano con el Pentágono; o el muro de arena fortificado de casi tres mil kilómetros entre Marruecos y el Sáhara Occidental […] Pero además existen muros entre países europeos. Es así como nos encontramos con muros entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten de Francia a Inglaterra, y que fue financiado por el gobierno británico. Otros ejemplos en Europa son el construido por Hungría en 2015 –con 175 Km. de longitud– para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria; o el que existe entre Austria y Eslovenia, o Macedonia y Grecia […] El medio oriente también tiene lo suyo: está el construido por Israel en su frontera con Cisjordania que una vez concluido se extenderá a lo largo de 712 Km. y hasta nueve metros de alto. Y no es el único que ha construido, ya que también existen muros en sus fronteras con Jordania, Siria, Egipto y, por supuesto, la franja de Gaza” (Rafael de la Garza 28-II-2017; leer artículo completo: http://bit.ly/2leHG7T). 

“Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del ‘muro Trump’; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de ‘encomendero’ de la ‘era post-global’, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: ‘El México neoliberal itamita y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala’ (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017)” (http://bit.ly/2DrRDoY). 

Acerca de la desinstitucionalización del sistema internacional 

“En su primer libro ‘El arte de la negociación’, Donald Trump escribe: ‘si mi adversario es débil lo aplasto y si es fuerte, negocio’. La frase condensa esas dos significaciones del ascenso de Trump: la de la desintegración de la moral pública (aplastar y no socorrer al débil), y la del inminente aplastamiento de su débil (e imaginario) adversario –México” (http://bit.ly/2zJ1O6c). 

Para instalar esa agenda unilateralista sin contrapesos o instancias de diálogo, Trump barrió con las instituciones internacionales y retiró a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico (TPP), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y tentativamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) si persiste con su idea de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. 

La defenestración de los sistemas de partidos 

“Decía José Enrique Rodó, escritor e intelectual uruguayo, que los partidos políticos no mueren de causas naturales, sino que se suicidan. En el presente, ese adagio es más exacto que nunca. La subrepresentación o nula representación de la población, la bancarrota de la representatividad, el travestismo de los colores e idearios partidarios que en el diccionario de eufemismos se conoce como ‘coaliciones’, la creciente presencia de candidaturas atadas puramente a ‘intereses especiales’, las malogradas ‘transiciones democráticas’, las ‘pesadillas de la alternancia’, y la incapacidad estructural de esas instituciones moribundas para sortear favorablemente las rutinarias crisis, perfilan un horizonte desfavorable para la prevalencia de los partidos políticos como agentes dominantes en la arena política […] En esa inercia contradictoria, que por un lado prescribe representar al soberano (ese significante flotante que unos llaman ‘pueblo’), y que, por otro, demanda proteger los intereses de las élites y las minorías opulentas, los partidos políticos firmaron su propia carta de defunción. El antagonismo que se aloja en esa inercia es insalvable. Las proporciones de las crisis en curso decretaron el agotamiento de ese paradigma de los partidos políticos […] Asistimos al suicidio de los partidos. El ‘movimiento’ (popular o de élite), y las ‘candidaturas sin partido’, alzan la mano entre los escombros de las organizaciones partidarias” (http://bit.ly/2pRqpWY). 

“Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano […] El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato ‘outsider’ –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria […] José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México” (http://bit.ly/2CkJweP).


sábado, 30 de diciembre de 2017

Un sol dado en cada hijo, alternativas a una guerra contra el narco.

Luis Emilio Gomagú 

Documentar la violencia en el México de hoy día parece tan inocuo como autodestructivo. La vida cotidiana de lo que alguna vez fue conocido como El cuerno de la abundancia, colecciona violencias como las playas guardan un poco del mar. Frente a la ausencia del Estado, relatar los sucesos parece un ejercicio ocioso, una desalmada pérdida de tiempo, el descubrimiento macabro de una verdad que se desvanece a la vista de todos. 

En un artículo publicado por El País, Juan Villoro dice sin mayor tapujo que “En México las palabras son más peligrosas que los hechos”, declaración que sobrepasa todo límite de coherencia. Quizás debido al contexto del artículo –en el que las élites de la cultura internacional pretenden establecer una pelea inexistente– esas palabras puedan pasar desapercibidas. Pero la realidad –o los hechos para sostener literalidad– del México de hoy trascienden casi todas las barreras del simbolismo. 

A diez años y monedas de que Felipe Calderón declarara una guerra abierta contra el narcotráfico, México se despierta cada día para reconocerse en Tezcatlipoca, rostro humeante de obsidiana, espejo de aquel que enfrenta la muerte. 

La bravuconería del pequeño Hinojosa desencadenó una escalada de violencia que supera en sus detalles las brutales relaciones bélicas internacionales recientes. Al mismo tiempo, la falta de claridad –que habilite un ejercicio de memoria–, el reconocimiento de las múltiples infamias –su correspondiente búsqueda de justicia– y la persecución infatigable de la verdad, son joyas que todavía brillan por su ausencia. 

La descomposición que ha padecido en estos años el entramado social mexicano, agujereado a balazos –de plomo, de impunidad– y desaparecidos, es uno de los grandes fracasos de la guerra contra el narco, brazo armado de la política en materia de drogas encarada por intereses internacionales y obedecida por la alta burocracia mexicana. 

De la crisis social a la crisis humanitaria. 

Hablar de crisis en México es hablar de mucho más que de un desastre económico, aún cuando las cifras de pobreza son alarmantes incluso para quien las ignora. Las últimas mediciones publicadas en julio de 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hablan de 55.3 millones de personas en condiciones de pobreza, poco menos de la mitad del total de mexicanos en suelo patrio y poco más que la población total de la República Argentina. 


Sumado a este desastre de consecuencias apenas imaginables, México cuenta con una desigualdad tan grande como el cañón del sumidero, una concentración económica entre las más altas de América Latina y casi tan escandalosa como contar con el sexto hombre más rico del mundo. Al mismo tiempo y como si no bastara lo descrito, los niveles de corrupción e impunidad que imperan en los ámbitos de la justicia son inhumanos; los que se encuentran del lado de la política lideran el robometro internacional, que no es poco decir, y cuentan con representantes con causas abiertas o prófugos de la justica. 

En la última publicación de los Estudios Económicos de la OCDE –un aliado condicional de los países alineados a las políticas internacionales–, luego de un intento por solapar las “reformas estructurales” de Peña Nieto, declararon que “el potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos importantes como los altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, exclusión financiera, una norma de derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia”. En resumen, una crisis de larga data en todos los ámbitos e instituciones que la ‘mafiocracia’ –como llama Edgardo Buscaglia al sistema político mexicano– no quiere reconocer. 

Las crisis muchas veces están asociadas a ruptura, a discontinuidad súbita, lo que suele darles un carácter de explosivas, violentas. Pero cuando hablamos de crisis sociales, encontramos signos de su expresión, entre otros, en un deterioro acelerado de las instituciones del sistema, la caducidad de normas y valores, la desorganización de las representaciones del mundo y por lo tanto, de la representación de sí y de los otros, lo que se podría traducir en la pérdida masiva de referentes. 

Es en este contexto crítico que se desata una guerra en México. Liderada por el presidente de turno –hasta la fecha Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, quienes no con desilusión han recibido presupuestos millonarios venidos del norte para fortalecer las fuerzas armadas, dotar al ejército con armas, tanques, balas: instrumentos de muerte extranjeros para cuerpos y muertos locales. 

Los soldados pasaron de su entrenamiento en los cuarteles a patrullar las calles para participar en operaciones de seguridad pública y enfrentar al “crimen organizado”. Desde entonces la institución castrense registra miles de enfrentamientos entre el ejército y lo que éste considera “grupos criminales”. Además de los así llamados enfrentamientos, el país colecciona macabras experiencias en las que ambos bandos han cometido crueles asesinatos, incruentas desapariciones. 

Por si fuera poco, la persecución, silenciamiento y asesinato de periodistas ha convertido a México y algunos de sus estados en los lugares más peligroso para ejercer el oficio a nivel mundial. Hace apenas unos meses y bajo el sol del medio día de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Javier Valdés Cárdenas, periodista y narrador extraordinario que vio la muerte antes que las balas. Cuando asesinaron a su colega Miroslava Breach dijo, con absoluta certeza del sentido de sus palabras: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.” La cúpula política del país, anquilosada en la forma y putrefacta en el fondo, manteniendo su rigor inoperante, sólo atinó a guardar un minuto de silencio

Además, como si no sobraran las desgracias, la metódica eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y clérigos de pequeñas comunidades –por su influencia social en la localidad–, así como activistas y estudiantes, es moneda corriente. El gobierno de México ha establecido una persecución perpetua de la libertad, la igualdad y la justicia sólo para aniquilarla. 

Las cifras de este desastre humanitario son tan alarmantes como inestables. Algunos números oficiales oscilan alrededor de las 300 mil muertes a causa de esta guerra absurda, valga la redundancia. La violencia desatada en México en los últimos años ha cobrado más vidas que las guerras de Afganistan e Irak juntas, cualquier cosa que eso signifique. A estas cifras escandalosas, fuera de toda lógica en una Nación “democrática”, se suma el dolor inagotable de familiares y amigos que todavía buscan a sus seres queridos. Las desapariciones forzadas con y sin implicación directa del Estado, han convertido el suelo mexicano en una fosa inagotable que arroja cadáveres con empacho. 

En Retratos de una búsqueda, un documental de Alicia Calderón, se entrecruzan las historias de tres mujeres –entre las miles– que buscan a sus hijos/as. Una de ellas visita en la cárcel a dos sujetos acusados de pertenecer al “crimen organizado”, sospechados de haber participado en la desaparición de su hija. Ellos describen a una madre –sin saberlo– los abusos sexuales que perpetraron a su hija, los detalles violentos de su muerte, lo macabro de jugar a besar su cabeza sin cuerpo y lo infame de subrayar que “ella no había hecho nada malo”. La crueldad es a veces un sol que no alumbra y sólo quema. 

La búsqueda de los más de 30mil desaparecidos –por mencionar las oscuras cifras oficiales– ha significado un derrotero infernal para familiares y amigos. Las instituciones del Estado –y la burocracia encarnada en su personal– sólo han reportado negativas y desdén, como si de buscar perros se tratara. Sin embargo, otra vez las madres con su amor y esperanza para combatir la ignominia, el horror; y una luz de esperanza con la flamante Ley general en materia de desaparición forzada. 

Estos personajes y cifras recuerdan una historia de otro tiempo, espejan dos naciones que emiten un reflejo diferente. El diez de mayo pasado, las madres y abuelas de plaza de mayo convocaron una masiva movilización para impedir la reducción de las condenas a los genocidas de la última dictadura en Argentina. El mismo día en México, donde además se celebra el día de la madre, las movilizaciones a lo largo y ancho del país –acalladas por los medios de comunicación– exigieron la aparición con vida de sus seres queridos y castigo a los culpables. 

Frente a las respuestas inhumanas del Estado, de las que podría escribirse un gran libro de la infamia, familiares y amigos han desplegado estrategias comunitarias de búsqueda a lo largo, ancho y hondo del territorio nacional. Sin abandonar los expedientes han recurrido al pico y la pala, a desmalezar montes, a recolectar huesos, a desenterrar cadáveres por montones deseando que sean ellos, pero, ¡por piedad que no lo sean! 

Para colmo de males, tanto la guerra contra el narco como la silenciosa guerra económica, han generado una masiva migración interna, desplazamientos forzados por miedo, ocupación de tierras y la búsqueda de una vida medianamente digna en un país plagado de “pueblos mágicos” y ahora también de pueblos fantasmas. La postura del flamante presidente de los Estados Unidos le suma fuego al incendio, pretendiendo devolver a constructores y sostenes de buena parte de la economía del vecino país: las y los migrantes mexicanos y centroamericanos. 

La realidad que atraviesa México por estos días supera con creces datos, cifras y detalles mencionados. Es difícil imaginar un futuro posible, en donde se promueva la memoria, la verdad, la justicia. Pero esto también es parte de una estrategia que, sabiéndolo o no, se promueve desde los comandos económicos internacionales y sobre lo que volveré más adelante. 

Tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos. 

Mientras que la lista de provincias que han regulado el uso recreativo y medicinal de la mariguana se incrementa en los Estados Unidos, su política de lucha contra las drogas se extiende de su frontera sur –próxima a recomenzar la construcción del muro de la ignominia– hasta el fin del mundo. Si bien hablar de la mota y su periplo regulatorio no es representativo de todas las drogas –legales e ilegales–, los movimientos de despenalización y legalización que se desarrollan con fuerza en varias partes del mundo abren la posibilidad de repensar términos, concepciones y estrategias. 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), determinó en 2010 una Estrategia Hemisférica sobre Drogas que, desde una perspectiva estructural, tiene dos pilares fundamentales: Reducción de la demanda y Reducción de la oferta. La primera obedece a programas de reducción de riesgos y daños, entendiendo la problemática como un problema social y de salud que requeire un abordaje multidisciplinario. La segunda es la trinchera donde se guarece la guerra contra las drogas, desde donde algunos paises protegen sus fronteras de los muertos mientras liberan el paso a las ganancias y algunas sustancias ilegales. 

La hoy tambaleante Iniciativa Mérida –puntapié de la guerra que está desangrando a México por boca de Felipe Calderón Hinojosa– pretende, con un fondo de 2.3 millones de dólares asignados por el congreso de los Estados Unidos, “contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”. No por casualidad, desde entonces y hasta la fecha, la violencia se ha incrementado exponencialmente y lo que consideran amenaza fagocita las vidas de aquellos que están sólo de éste lado de la frontera. 

De la misma manera, la ley contra el Tráfico de Droga Trasnacional, aprobada en el ocaso de la administración de Obama, persigue la producción y tráfico de droga que tiene lugar fuera del país cuando esta tiene como probable destino EE.UU. “Esta ley le da a las fuerzas del orden las herramientas necesarias para reducir el volumen de droga que cruza nuestras fronteras. Autoriza la persecución del crimen trasnacional para reducir el flujo de drogas ilegales que llegan a EEUU desde terceros países”, dijo en su momento la legisladora demócrata que presentó la ley, Dianne Feinstein. Otra muestra de los intentos por mantener las ganancias de un negocio internacional dentro de las fronteras y la violencia de su ilegalidad fuera del territorio. 

En la misma tesitura de cooperación internacional, los gobiernos de Colombia y México, a traves de la Procuraduría General de la República –PGR, siglas que se asocian en el imaginario local a torutura y persecución nacional– y la Fiscalía General de Colombia, firmaron recientemente un acuerdo de fortalecimiento en la cooperación para “luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, la corrupción y delitos conexos”. Basicamente un intercambio de información y experiencias que les permitan establecer estrategias de control en ambos países. 

Argentina parece querer entrar al juego de la guerra; vía endeudamiento –al parecer la herramienta favorita del actual gobierno–, el ex embajador argentino en Estados Unidos solicitó un armamento presupuestado en 2500 millones de dolares para apuntalar una fuerza de paz. En una nota relacionada al tema, A. Rolandelli dice que “tratar de reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas por fuera de la órbita que actualmente tiene por ley es hacer malabares con granadas”. Y tiene razón; sin embargo, a pesar de la polémica desatada por la persistencia bélica, en días pasados se acordó la compra de aviones cazabombarderos a Francia. 

Los resultados de estas estrategias en la reducción de la oferta todavía brillan por su ausencia. La diversificación de las actividades de los grupos criminales, en México y el mundo, les ha permitido incidir en las políticas locales, emprendimientos económicos –mejor conocidos como lavado de dinero–, así como ser fuentes de crédito para sectores privados y del Estado. Las crisis económicas de los países se convierten en tierra fértil para la propagación del poder de estos grupos, además de una fuente inagotable de mano de obra, carne de cañón, vidas desechables. 

El mercado oferta y demanda. 

La Reducción de la demanda, por otra parte, conlleva estrategias en el campo de la prevención de los consumos de sustancias, tratamiento de las adicciones, la incorporación social de las personas que padecen algún tipo de adicción y reducción de riesgos y daños; estrategias que se han visto opacadas por el despliegue ‘joligudense’ de la fallida guerra contra el narco. Pero es precisamente este campo un lugar de posibilidad y, sobre todo, en el que cabemos todos. 

Inmersos en una sociedad que se rige bajo una lógica de consumo, que fomenta hábitos, prioriza valores, propone maneras de vincularse, impone ritmos y tiempos a la vez que promueve modos de tramitar los afectos, nos encontramos todos frente a un mismo reflejo: el del consumidor/a. El consumo es hoy una manera de pertenecer; consumir –productos del mercado, sustancias, servicios, etc.– es existir como miembros de esta sociedad que, a su vez, ha dejado de ofrecer productos simples y promueve en cambio experiencias de realización inmediata –de felicidad, plenitud, éxito, etc.– a través de esos consumos. 

Al mismo tiempo, el mercado va regulando aquello que considera necesario para su reproducción, para no detener el movimiento de la rueda que mueve al mundo, mientras que rechaza y excluye a aquellos que no cumplen con sus expectativas de consumo. Los excluye pero ofrece, bajo los mismos principios, un mercado ilegal con ganancias extras para sí, ya que ese dinero no se evapora sino que entra a girar y girar. 

Hablamos entonces de consumos, en esa amplitud, y de consumos que pueden volverse problemáticos. En México y el mundo se han desarrollado estrategias que apuntan a salvaguardar la salud de los consumidores, atendiendo el consumo problemático desde una perspectiva social, de salud y analizando su multicausalidad. Algunas de ellas funcionan con carencias en las estructuras estatales y otras en organizaciones no gubernamentales –a veces financiadas por el mismo Estado. 

Pero también en lo cotidiano hay modificaciones pertinentes, que nos permitirán sacudirnos la parálisis, implicarnos en la problemática –en la que de hecho estamos hundidos– y accionar un cambio; asumir algunas maniobras de prevención en los espacios de los que de por sí participamos. 

Federico Vite, un extraordinario escritor mexicano que no encontrarás en ninguna lista propagnadeada, comenta sobre el calvario mexicano: “Lo peor que podría pasar es que nos acostumbremos. Alguna lógica debe de tener que la literatura sirva para sensibilizar, quiero decir para ser partícipe de un dolor ajeno. En la medida en la que no sólo tienes el hambre y el plomo y descubres que puedes soñar de otra forma; con música, cine, teatro, el mundo se hace más grande”. 

Hablar de drogas con temor, como si la palabra abarcara el infierno, es confundir el todo con la parte. La percepción de riesgo desmedido con el que se asocia, relacionando sustancias con crimen organizado –discurso abonado por los medios de comunicación–, promueve en las personas una sensación de amenaza paralizante, justificando cualquier medida para combatirla y dejando a la población como espectadora de un desastre del que es protagonista. 

Sucede lo mismo al plantear la problemática en términos de “guerra contra las drogas”, “el flagelo de la droga”, “la violencia ocasionada por las drogas”, etc.. Esta nominación agrupa una diversidad de sustancias bajo una sola, al mismo tiempo que se la personifica, se le da una entidad física de la que carece, nubla el panorama. La Organización Mundial de la Salud –OMS– define droga como “toda y cualquier sustancia que al ser introducida a un organismo modifica su metabolismo, estado de ánimo o funciones internas”. Dentro de esta denominación pueden distinguirse una variedad de categorías entre las que se encuentran legalidad, ilegalidad, efectos, afinidad molecular, origen, usos, etc. Para el caso quizás es importante darse un paseo por el Universo de las drogas. 

Siguiendo la definición de la OMS, tanto el alcohol, el cigarrillo, los medicamentos de venta libre, productos con altos niveles de azúcar –por mencionar sólo algunos– forman parte de “las drogas” y su consecuente combate militar. Sin embargo, el tratamiento recibido y la mirada sobre los consumidores de estos productos es absolutamente dispar, ya que forman parte de lo necesario para la reproducción del mercado. En el orden de lo dañinio, es el alcohol el número uno en la asociación de consumo y muerte, por encima de otras sustancias ilegales. 

En este sentido, plantear un mundo “libre de drogas” es una falacia que se ríe de sí misma. Cuando en Argentina se propuso la campaña “Sol sin drogas”, protagonizada por Diego Armando Maradona, Charly García retrucó el slogan con un “Drogas sin sol”, demostrando por otra parte que la persecusión del consumidor es también –y sobre todo– una persecusión de clase social. 

Disparar sólo las balas del sonido. 

No pretendo minimizar la problemática que tiene a México sumido en la desgracia, ni mucho menos pasar por alto que las estrategias preventivas necesarias en este contexto estén abocadas a salvaguardar la vida. Pero más de sesenta años de prohibicionismo no ha hecho más que fracasar, profundizar crisis y regar de muertos la tierra donde se ha instalado como la única política en la materia. 

Javier Valdez Cárdenas, con su voz desde el más allá y dándole vigencia a Rulfo en este país regado de muertos, supo decir: “con el narco no vas a acabar; hay que invertir mucho dinero en recuperar el tejido social, en atender a niños y a jóvenes, quitarle a los narcotraficantes el mercado laboral que tienen cautivo. No se trata de detenerlos sino de ganarles el espacio social que ya tienen, que nosotros recuperemos la calle. Creo que conjuntando todo eso podemos tener otro periodismo, otra sociedad y otro país. Parece una quimera, pero yo creo que vale la pena”. Yo también. 

Es en este sentido en el que podemos sumar otra manera de pensar el problema y sus posibles soluciones. Generar espacios de cuidado colectivo en nuestros lugares de pertenencia –instituciones, organizaciones, lugares de trabajo–, volver a fortalecer esa trama social tan vapuleada por discursos y miedos, que nos permita andar cuidándonos –entre todos– y no andar con cuidado, como solía decir mi tía Anita. Mirar en el otro a un compañero, vecino o alguien que necesita ayuda y no a un delincuente peligroso que busca lastimarnos. Contraponer a esa lógica de consumo, una lógica de cuidado. 

Octavio Paz, en su laberinto de la soledad, decía que la historia tiene la realidad atroz de una pesadilla, y que “la grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo, transfigurara la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la creación”, que debe ser por sobre todas las cosas colectiva y horizontal.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México: una pantomima

¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? 

Para abordar cualquier problemática es necesario formular preguntas adecuadas. Y, para resolver un problema, es necesario responder acertadamente las preguntas. Por razones elementales, cualquier cambio o adición a una legislación debe adherir esta secuencia. Pero la razón no es un principio que rija comúnmente los destinos de un Estado. De hecho, “razón de Estado” es una contradicción, como la “inteligencia militar”. El delito de desaparición forzada de personas, por regla, está encuadrada en estas contradicciones. La desaparición forzada es la huella incriminatoria de un Estado militarista que se opone tajantemente a la razón e inteligencia. Por tanto, es virtualmente imposible que ese Estado persiga a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, acaso porque eso significaría ir tras sus propios rastros de criminalidad. Por definición, el delito de desaparición forzada de personas comporta la aquiescencia del Estado. Esto explica los contenidos pantomímicos de la iniciativa de ley que sobre esta problemática impulsa la clase gobernante en México; y que, por las flagrantes omisiones, permitir inferir que no atenderá ninguna de las preguntas referidas: dónde están, y quién los desapareció. 

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con 396 votos a favor y cero en contra, la cámara de diputados avaló la minuta que el Senado de la República envió en abril pasado (http://bit.ly/2gYgMOP). 

Si bien aún falta la promulgación por el ejecutivo federal, es altamente probable que en fechas próximas la ley entre en vigor, antes de las elecciones federales de 2018. El Estado mexicano necesita una restauración de imagen para atraer a los capitales foráneos que buscarán anidar en el país tras la ruptura con Estados Unidos y el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, por añadidura, alterar a su favor la percepción ciudadana (al fingir que el Estado combate la impunidad) de cara a los comicios del próximo año. 

Esta ley ha sido aprobada a 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico que, por decreto unipersonal, declaró el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Desde ese año, y con la excusa del narcotráfico, el Estado mexicano desató una campaña de violencia institucional que arrastró al país a una larga noche de terror social, tan sólo equiparable con los capítulos más oscuros de la historia de Latinoamérica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el inicio de la guerra y hasta agosto del año en curso, en México desaparecieron 33.482 personas (http://bit.ly/2gAdu86). Cifra que recuerda peligrosamente, e incluso supera el registro de desaparecidos en la dictadura argentina (30 mil). La organización de derechos humanos “Comité Cerezo” ha dicho que, por la opacidad que acostumbra acompañar a esta modalidad de crimen, es difícil contabilizar a las víctimas. Por ello, advierten, la cifra actualizada podría alcanzar los 300 mil. 

Por cierto que Argentina fue uno de los países que encabezó los esfuerzos para el diseño y aprobación de las dos convenciones, la regional-interamericana y la internacional sobre desaparición forzada de personas ("Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" –firmada en París el 6 de febrero de 2007). Demoró cerca de 20 años consagrar estos dos pactos internacionales. En Argentina, estas convenciones alcanzaron rango de cláusula constitucional. Y en 2011, el congreso incorporó la tipificación de este delito al Código Penal (http://bit.ly/2h9ED23). 

A pesar de este antecedente regional, la ley contra la desaparición en México llegó tarde… y a todas luces amputada. 

La presión nacional e internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, forzó a que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una propuesta en materia de desaparición de personas, a finales de 2015, con el propósito de disminuir el costo político de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, un puñado de comisiones del Senado trabajaron en la iniciativa, naturalmente con la exclusión de los familiares de víctimas y las organizaciones que, por lo menos desde hace 18 años, trabajan en el diseño de esta propuesta de ley. 

De acuerdo con personal de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, la ley que se aprobó no garantiza el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, básicamente por siete razones (cito casi textualmente): 

1. No crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada 

2. Excluye la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada 

3. Crea una Comisión Nacional de Búsqueda, que realmente no es Nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para la búsqueda adecuada en campo 

4. Niega el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares y lugares clandestinos 

5. Omite la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses 

6. Impide afincar responsabilidad a las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas 

7. El Estado deja intocada su política de seguridad interna y sus políticas de seguridad pública, a todas luces causales de las condiciones que propician la desaparición forzada de personas en México (http://bit.ly/2iVPnBC). 

Con estás omisiones o silencios, la pantomímica Ley General en Materia de Desaparición Forzada garantiza la continuidad del ocultamiento y la impunidad, y habilita, por tanto, la persistencia de una práctica antigua y sistemática del Estado mexicano: la desaparición forzada.


viernes, 29 de septiembre de 2017

3 preguntas clave a 36 meses sin los 43

La noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un escuadrón compuesto por elementos de la policía municipal, estatal y federal, y personal de las fuerzas armadas. El saldo del atentado fue de seis muertos, entre ellos tres normalistas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. A tres años (36 meses) de la masacre y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los 130 detenidos (presuntos perpetradores) ha recibido una sentencia condenatoria. El crimen continúa impune. Y el destino final de los 43 es un enigma… O un secreto de Estado. 

1. ¿Dónde están los 43 normalistas? 

La población civil en México desconoce el paradero de los 43 normalistas. De acuerdo con peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría General de la República, hasta ahora sólo se ha confirmado el hallazgo de los restos óseos de un estudiante: Alexander Mora. De los otros normalistas no se tiene ninguna información. 

Desde un principio, el gobierno federal trató de desactivar las líneas de investigación –recomendadas por instancias internacionales– que comprometían a las propias autoridades cívico-militares, e intentó cerrar el caso en varias oportunidades. Y, de hecho, las instituciones de justica en México dieron por resuelto el caso. Si la búsqueda de los normalistas sigue en curso es gracias a los Padres de Familia de los 43 y al Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa que habilitó ex profeso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Este empecinado boicot a la investigación por parte de las autoridades en México apuntala una conjetura generalizada. 

El ex-general mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, asegura que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conocen el paradero de los estudiantes: “Enrique Peña Nieto sabe dónde están los estudiantes de Ayotzinapa” (http://bit.ly/2edomXp). 

Don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, comparte la sospecha del exgeneral: “Ellos (el gobierno), son los responsables de la desaparición de los estudiantes […] ellos saben, porque participaron, la Marina, los judiciales, los municipales de Iguala, y que fue por mandato de Enrique Peña Nieto. No tengo miedo a nada, si me van a matar un día aquí me encuentran; yo no ando resguardado como los políticos” (http://bit.ly/2yF0Ad9). 

El padre y activista por los derechos humanos, Alejandro Solalinde (una de las figuras más destacadas de la lucha social en México) refuerza esta hipótesis: “Sin duda alguna, puedo decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto supo y sabe perfectamente bien lo que pasó aquella noche y madrugada con los jóvenes de Ayotzinapa, él sabe y conoce el paradero de los 43 estudiantes” (http://bit.ly/2xJ7T5y). 

Realmente, la única posibilidad de conocer la respuesta a la pregunta de “dónde están” es un eventual rompimiento del pacto de silencio y los cotos de impunidad que sostienen a todo el andamiaje institucional y la estructura de poder en México. 

2. ¿En que situación se encuentra la investigación? 

Existen básicamente dos investigaciones: la oficial y la extraoficial. La oficial es eso que llaman la “verdad histórica” y que no tiene ningún asidero empírico o validez jurídica. La extraoficial está basada en peritajes científicos, visitadurías de organismos internacionales, investigaciones documentales, y trabajos periodísticos de confiabilidad probada. 

La “verdad histórica” –que urdieron el exprocurador general Jesús Murillo Karam, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– es el relato que fabricó el gobierno para ocultar lo que realmente pasó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que esta versión fue construida con base en la siembra de evidencia falsa y confesiones obtenidas mediante tortura. 

De acuerdo con tal versión, que no es sino una “mentira histórica”, la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala entregaron a los 43 normalistas a un grupo de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos –un cártel de la droga presuntamente dirigido por la esposa del exalcalde José Luis Abarca–, quienes los habrían llevado al basurero del municipio de Cocula, donde los calcinarían –a los 43– en una hoguera. El colofón de esta desprolija e inverosímil historia es que los fragmentos de los normalistas fueron depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan; y que, supuestamente, esto explica que los restos desaparecieran sin dejar rastro alguno. 

Con base en investigaciones difundidas por instancias que no responden al comando del gobierno (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Equipo Argentino de Antropología Forense, trabajos enciclopédicos de periodismo de investigación), hoy sabemos que en los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala participaron agentes de la policía estatal y federal (mando único policial), elementos del escuadrón del 27 Batallón de Infantería, jefes militares (capitán José Martínez Crespo; subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa), y el Centro de Control, Comando Comunicaciones y Cómputo, llamado C4, que es una base de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que informa en tiempo real sobre cualquier incidente relativo a la seguridad. Esa noche, todas las oficinas de altos funcionarios en materia de seguridad siguieron con atención la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas. 

No obstante, ninguno de los 130 presos acusados de participar en los hechos (por cierto, todos policías municipales y albañiles que arrestaron extrajudicialmente), está condenado por desaparición forzada. Y ningún funcionario de mediano o alto rango está bajo investigación, aun cuando la propia Procuraduría General de República reconoció que agentes de esa dependencia y personal de la Marina recurrieron sistemáticamente al método de la tortura para conseguir declaraciones a modo. 

Por añadidura, los múltiples peritajes científicos que fueron efectuados en la escena del crimen confirman fehacientemente la insostenibilidad de la “verdad histórica”. Sin embargo, una vez instalada por la fuerza del terror y la manipulación, el gobierno no renunciaría jamás a esa versión de los hechos, a pesar de las nutridas pruebas que refutan categóricamente el relato oficialista. 

3. ¿Qué significa el caso de Ayotzinapa para México? 

 Acaso junto con el reciente terremoto, Ayotzinapa es un recordatorio de que México es un país dirigido por una clase gobernante criminalmente omisa o diligente, según el caso en cuestión. La inacción dolosa de la autoridad tras los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, y la acción homicida de esa autoridad en las masacres estudiantiles de 1968 (Tlatelolco) y 2014 (Ayotzinapa), es un indicador lapidario de que la estructura de poder en México, a pesar de las transformaciones y reingenierías, conserva su contenido fundamental: la necropolítica, es decir, la facultad gubernativa de matar y dejar morir. 

Con las reformas estructurales (económicas y de Estado), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconfiguró las formas de dominación, pero dejó intocados los contenidos profundos. Si la Masacre de Tlatelolco es la “fracción singular” que contiene la “imagen de conjunto” del PRI-nacionalista, la Masacre de Iguala y la Desaparición Forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa es la condensación del PRI-neoliberal. 

Ayotzinapa es la suma de todos los males, y acaso la confesión involuntaria de nuestro endémico fracaso nacional. Es el colofón obligado de la fórmula guerra-militarismo-narcotráfico sostenida por décadas como única forma de gobierno. Porque en esa fórmula se incuba la posibilidad de alcanzar el objetivo añorado por las castas dominantes en México: a saber, la opacidad absoluta en el ejercicio del poder. 

Pero Ayotzinapa también es la suma de toda la esperanza; la autoafirmación de nuestras posibilidades de éxito nacional. Omar García, normalista sobreviviente, repara sobre una conquista que apenas ahora comienza a recibir la atención que amerita. Dice él: “[A diferencia de los familiares de otros desaparecidos]… las familias de Ayotzinapa tuvieron suerte de que sus hijos fueran estudiantes de una escuela organizada […] De haber sido familias aisladas, que no hubieran tenido un lugar donde concentrarse, un lugar donde alimentarse, y tener un techo donde dormir, autobuses a disposición que generan los estudiantes, seguramente los habrían destrozado desde el principio, que es lo que han hecho con otras familias. Porque el resto de familias asiladas no tienen la posibilidad de tener un centro, una retaguardia, desde donde organizarse” (http://bit.ly/2wUkOm1). 

Ayotzinapa instala la obligatoriedad de reflexionar exhaustivamente, y de modo totalizador, la realidad política y la historia de nuestro país. 

Alguien en algún lugar escribió: “Vivimos en un régimen barbárico. Ayotzinapa nos despertó”. Y gracias a ese despertar, hoy es posible decir, junto con los Padres de Familia de los 43, algo que hasta hace poco era indecible en el espacio público: “El gobierno es nuestro enemigo. Fue el Estado”.

I. Ayotzinapa o la banalidad de la violencia. La urgencia de pensar la resistencia

II. Las dos agendas en torno a Ayotzinapa: la población civil contra el Estado

III. De por qué el Estado es responsable de los crímenes en Guerrero: una aproximación teórica

IV. ¿Qué significa Ayotzinapa para Guerrero, México y América?

V. Ayotzinapa en Estados Unidos

VI. Impunidad en caso Ayotzinapa: el Estado al servicio del crimen

VII. Ayotzinapa y el fin del narcoestado

VIII. Ayotzinapa: última llamada

IX. A 24 meses sin los 43: Bitácora de la visita de Cristina Bautista a la Argentina

lunes, 17 de julio de 2017

Temacapulín: neoliberalismo, fraudes hidrológicos y resistencia civil

“Una gran tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua sólo por 25 años. Es una presa cómoda (…) a costa de Temacapulín y del ecosistema” (Iteso.mx 5-VII-2017). Esto afirmó el académico Mario López, miembro del Grupo del Agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tras la decisión del gobierno de Jalisco de continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica que condena a la inundación al pueblo de Temacapulín, y a otros dos poblados colindantes, Acasico y Palmarejo. 

Temacapulín, también conocido como Temaca, es una localidad del estado de Jalisco, que forma parte del municipio de Cañadas de Obregón en la región de los Altos de Jalisco. 

De acuerdo con diversos diagnósticos, e incluso hasta los más optimistas financiados por las autoridades del estado, Temacapulín quedaría sumergido si Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, persiste en desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que proscribió la continuidad de la obra. 

Desde hace 12 años, los habitantes del pueblo han resistido e inhabilitado (hasta el reciente anuncio gubernamental que decreta la reanudación de la obra) el proyecto de construcción de la Presa El Zapotillo en el cauce del río Verde. 

A propósito del décimo segundo aniversario, El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, denunció: “Son doce años de estar luchando contra una equivocada gestión del agua y defendiendo lo más sagrado, la tierra, el agua y demás bienes naturales, así como la vida; somos muchos, hay Temacas por todo el país, en Estados Unidos y en otras latitudes”, señala el comunicado del IMDEC (Milenio 31-V-2017). 

En desatención infractora del fallo de la Suprema Corte de la Nación, que en agosto de 2013 anuló el convenio que autorizaba la obra, y de las múltiples suspensiones decretadas por tribunales colegiados, el gobierno de Jalisco contrató los servicios de La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y gastó más de 90 millones de pesos para sacar un dictamen a modo. 

Desde los órganos de comunicación estatales, se ha tratado de justificar –sin el menor rubor o reparo– una decisión a todas luces políticamente injustificable (inundar comunidades por decreto o acuerdos empresariales), bajo el argumento de que la resolución se tomó en función de criterios técnicos y científicos. Es decir, la prevalencia del “interés especial” por oposición al “interés público”, con envoltorio fingidamente cientificista. 

Para el caso de estos conflictos, tan característicos de la realidad latinoamericana, el escritor Eduardo Galeano acostumbraba decir: “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación”. 

Porque está demostrado que el fondo de estos conflictos no es técnico: es político. Desde el gobierno, los heraldos evocan evaluaciones científicas que, no obstante, confirman escenarios perjudiciales, y el carácter fraudulento e insostenible del modelo hídrico de las represas. Pero incluso hasta esos estudios técnicamente neutrales, convalidan una supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a un ejercicio político de consulta ciudadana. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científico-técnicos. 

Temacapulín es una exhortación a repolitizar ese saber tecnocientífico. 

La economía neoliberal profundizó los alcances de una añeja disyuntiva: inversionistas privados o población civil. En América Latina, casi por regla de hierro, el dilema entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población civil, se desahoga en provecho de los inversionistas privados, y en detrimento de la población civil. 

Temacapulín es un llamado a cambiar el orden neoliberal de los factores: primero la población civil, después la población civil, y al final la población civil. 

El neoliberalismo es un modelo económico (custodiado por un decálogo de fórmulas políticas e ideológicas impresentables) que anula la soberanía nacional sobre los territorios: la organización territorial no es más una facultad de la autoridad pública; es un privilegio que administran a su antojo los actores privados. El Estado es un facilitador al servicio de los inversionistas. Esto explica que un “interés especial” consiga imponer un modelo de abastecimiento de agua que hasta la Comisión Mundial de Represas admite que “es responsable del desalojamiento de hasta 80 millones de personas en el mundo” (Iteso.mx 5-VII-2017). 

Temacapulín es un reclamo de justica hídrica, sostenibilidad del ecosistema, y respeto de los derechos humanos básicos. 

Desde el comité “Salvemos Temacapulín” advierten: “Nuestras raíces, están en Temaca pero nuestra lucha también es para que se modifiquen las reglas del juego, que las decisiones que se tomen sean con la participación ciudadana, comunidades afectadas, especialistas, científicos, académicos… En estos doce años de lucha muchos compañeros y compañeras han muerto a causa de defender sus derechos humanos frente a todo lo que representa el proyecto El Zapotillo” (Milenio 31-V-2017). 

En redes sociales circula la consigna: “Temaca se va a salvar”.