Cuando se apoya la idea de que en México los congresos plurales, sin mayorías aplastantes, ‘divididos’ dirían algunos, son más productivos en contraste con los controlados por un solo partido o por el ejecutivo, no sólo se alude al hecho de que los congresos están para legislar sino también para conformar un espacio de representación plural, una caja de resonancia de las voces de la diversidad política, cuando menos. Para demostrar la hipótesis habría que comparar legislaturas con mayorías o sin ellas y analizar la cantidad de decretos y leyes promulgados pero también tomar en cuenta su conformación y su relación con el ejecutivo estatal. La relación con el ejecutivo estatal aparece como un elemento de enorme importancia pues si éste controla al congreso, automáticamente se convierte en El legislador, inhibiendo el trabajo legislativo tanto en su productividad como en el objetivo de expresar la diversidad política. La que se expresa a través de decretos y leyes es la del gobernador del estado y su partido. El sentido común nos diría que esto sucede como consecuencia de un voto ciudadano que cree que las mayorías son más eficaces para gobernar y desconfía de los gobiernos divididos, de la diversidad.
En el México del siglo XXI es cada vez más común encontrarnos con legislaturas sin mayorías absolutas que confirman la idea inicial. Es el caso de la LXI Legislatura del estado de Oaxaca que está compuesta por tres partidos que comparten el poder: el PRI con 16, el PAN con 11 y el PRD-PT-Movimiento Ciudadano con 14. El ejecutivo local llegó al poder con la alianza entre el PAN y el PRD y tal vez por ello resulta difícil pensar que tenga un control absoluto sobre fuerzas tan disímbolas. A reserva de que la LXI Legislatura de Oaxaca termine para evaluarla con mayor detenimiento, el hecho de que esté ‘dividida’ ofrece un buen ejemplo para observarla como un espacio de pluralidad.
En este sentido, el pasado 13 de enero el Congreso de Oaxaca aprobó la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que resulta ser la primera después de las reformas constitucionales en materia de DDHH recientes. De acuerdo con información periodística, “… la nueva Ley garantiza la ciudadanización de la Defensoría, toda vez que otorga facultades al Consejo Consultivo Ciudadano para ser un contrapeso real en el ejercicio de las funciones de quien encabece la institución y facultad a la misma para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones que contravengan los derechos humanos.” (http://www.noticiasnet.mx)
En fecha próxima se convocará a un proceso abierto y público para la designación del titular de la Defensoría la cual tendrá autonomía pero también contrapesos ya que no se manda sola. En estos tiempos caracterizados por la militarización sin freno de nuestras vidas y la impunidad creciente una demanda generalizada de la población es el respeto a los derechos. En la pugna por el mantenimiento de beneficios y privilegios algunos gobiernos estatales, no se diga el federal, se han dado a la tarea de legislar sin rubores para retroceder en materia de derechos humanos, por lo que resulta fundamental que la ciudadanía cuente con mecanismos e instituciones que le permitan contener las leyes reaccionarias e inconstitucionales.
Sin lanzar las campanas al vuelo con respecto al impacto de la ley de la Defensoría en la realidad es necesario apuntar que los congresos plurales parecen más abiertos a las demandas ciudadanas que los controlados por un partido. Habrá que pensar en eso cuando estemos en las urnas.
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