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viernes, 25 de agosto de 2017

3 tesis sobre el caso Narvarte y una lección escarmentada

El pasado 31 de julio se cumplieron dos años del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y en el que perdieron la vida Rubén Espinosa (periodista), Nadia Vera (activista estudiantil), Alejandra Negrete, Mile Viriginia Martin y Yesenia Quiroz. El artero crimen –que es uno de los episodios que toca las fibras más sensibles de la crisis nacional– permanece sin castigo. De hecho, en mayo del año en curso, jueces federales congelaron los procesos contra dos de los tres detenidos. Y las averiguaciones continúan envueltas en una bruma de omisiones e inacciones (como todos los otros centenares de crímenes de lesa humanidad que laceran al país). Las líneas de investigación que involucran la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia Vera en Veracruz siguen desatendidas. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reportó que la Procuraduría de Justicia de la capital “contaminó” la escena del crimen, e ilegalmente filtró información a la prensa que revictimizó-criminalizó a las víctimas del asesinato múltiple. Esto con el objeto de urdir un relato que desautorice el reclamo de justicia de los deudos, el gremio periodístico y el movimiento estudiantil. Antes de morir, Rubén y Nadia responsabilizaron públicamente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (admirador confeso de Francisco Franco), por cualquier perjuicio que pudieran sufrir. Unos días antes de su asesinato, Rubén confesó: “Me molesta, me caga estar así, aislado, con miedo, no poder chambear a gusto, pero en Veracruz no se pueden echar en saco roto las intimidaciones, los acosos y la vulnerabilidad en la que periodistas ejercen el oficio” (Noé Zavaleta en “El Infierno de Javier Duarte”). Todas las evidencias del crimen apuntan al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa (capital de Veracruz). Y, sin embargo – o acaso por eso– todas las indagatorias desestiman la “línea Veracruz”. 

Con base en las evidencias disponibles, y las averiguaciones de organismos autónomos como Artículo 19, periodistas independientes, abogados de las víctimas, y algunos rumores palaciegos, es posible perfilar tres tesis acerca del multihomicidio. 

Primera tesis: venganza personal 

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y su secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, habían sido expuestos públicamente por el lente denunciatorio del fotoperiodista Rubén Espinosa. 

En más de una oportunidad, las imágenes en prensa de Javier Duarte, capturadas por Rubén Espinosa, retrataron a una persona obcecada por “la plenitud del pinche poder” (dixit Fidel Herrera Beltrán). El registro fotográfico de un Duarte colérico, con mirada inequívocamente homicida, es crédito de Rubén. Por ese goteo de información que los poderosos aborrecen, se hizo de conocimiento público el malestar que generó intramuros el lente de Rubén. Esas fotos circularon febrilmente en la prensa nacional e internacional. Y, en cierto sentido, la certidumbre pública acerca del talante criminoso de Javier Duarte es un mérito del trabajo de Espinosa. 

Por otro lado, Rubén Espinosa nunca titubeó cuando denunció ante la prensa que la fuente de acoso e intimidación que sufrían los periodistas-activistas en Veracruz era la secretaría de seguridad pública, dirigida por el “Mad Dog” tropical, Arturo Bermúdez Zurita, también conocido en los corrillos de la narcocracia como “Capitán Tormenta”. 

Esos “desaires” y señalamientos inflamaron el rencor vengativo y homicida de una casta gobernante que instauró en el estado un orden puramente delincuencial. 

Segunda tesis: miedo 

Documentar el infierno en Veracruz involucra pisar los talones del binomio crimen-institucionalidad. En esa entidad bañada en sangre, la delincuencia organizada de Estado arrolla a todo aquel que intenta interferir o denunciar el maridaje de la criminalidad y las instituciones. 

El 5 de junio de 2015, ocho alumnos de la Universidad Veracruzana fueron atacados brutalmente por un comando armado en la ciudad de Xalapa, y cuya acción emuló peligrosamente el modus operandi de la represión en Ayotzinapa (aunque sin desaparecidos). El asalto dejó algunos rostros desfigurados, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y un clima de horror. 

En México es imposible distinguir una acción criminal de una acción de gobierno. Y lo que ese grupo de estudiantes denunció antes del ataque fue justamente el creciente ensamblaje del estamento gobernante con los cárteles de la droga. “La neta, la neta, ustedes son los Zetas” (en referencia a la organización criminal cuya sede residencial-operativa es Veracruz). Esa consigna repicó en cada marcha que los estudiantes organizaron para reprochar el terrorismo criminal del gobierno de Javier Duarte y el sobreempoderamiento de sus allegados criminales. 

Rubén Espinosa documentó la agresión a los estudiantes. Y, convencido que “los agresores despechan en Palacio de Gobierno” (Alejandro Saldaña), dispuso investigar a fondo el caso. Esa osadía le costó el exilio. Rubén salió huyendo de Veracruz por el virulento asedio del gobierno duartista. Pero no desistió de seguir con la investigación del ataque sicarial contra los ocho jóvenes. Desde la Ciudad de México –otrora santuario de periodistas en destierro– solicitó ayuda a colegas veracruzanos para difundir un documento que escribió a cuenta personal, y cuyo contenido arrojaba pistas sobre la conexión de aquel escuadrón criminal con el gobierno del estado de Veracruz. 

El gobierno sabía de la tenacidad de Rubén Espinosa. Y temía que el fotorreportero desentrañara la verdad: que en Veracruz la institución duerme con el enemigo. En otras palabras, que la gobernabilidad en esa entidad está terminantemente fuera de la legalidad. 

El duartismo tenía miedo de Rubén, en particular, y de la denuncia social en general. Porque no hay gobierno que soporte la verdad que él y otros conocen: que la delincuencia (narcotráfico) es clase gobernante. 

Tercera tesis: represión ejemplar 

La articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano comenzó a tener un costo político para el Partido Revolucionario Institucional. En la elección federal de 2015, el 7 de junio de ese año –sólo dos días después de la atroz embestida a los estudiantes–, el partido oficialista perdió escaños tradicionalmente indisputados en el Congreso de la Unión; particularmente la diputación de la capital del estado. En esa ocasión fue electo Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional (oposición), como diputado federal por el Distrito electoral federal 10 de Veracruz con cabecera en Xalapa-Enríquez a la LXIII Legislatura, y tras derrotar a Reynaldo Escobar, fiel e histórico militante del PRI que desde distintos cargos coordinó la instalación de la delincuencia organizada en el estado. En 2016, el propio Cuitláhuac García disputó la gubernatura del estado. Y perdió por un margen minúsculo (en una elección fuertemente cuestionada por anomalías desentendidas por el árbitro electoral). Si el movimiento estudiantil hubiera seguido en pie, es posible especular que la oposición habría conquistado la gubernatura. 

El asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera en la colonia Narvarte de la Ciudad de México aconteció sólo dos meses después del primer gran descalabro electoral del PRI estatal (una entidad que “el partido” gobernó ininterrumpidamente por casi un siglo). Rubén y Nadia fueron figuras emblemáticas de esa “articulación del periodismo crítico e independiente y el movimiento estudiantil veracruzano”. Por eso sufrieron acoso sistemático. Y eso explica que decidieran salir huyendo de Veracruz. Pero la violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. Y fue de tal dimensión la desmoralización por el multihomicidio, que la protesta social agonizó en ese estado. Julián Ramírez alerta: “después del asesinato en la Narvarte, el movimiento de estudiantes en Veracruz se acabó”. La represión fue ejemplar. Escrupulosamente dirigida. El mensaje fue claro: no se tolerará ni un connato de crítica al orden criminal, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. 

Lección escarmentada 

A Rubén y Nadia les asistía la razón cuando advertían: “nos están aniquilando”. El Estado Mexicano nos está aniquilando.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Asesinan a tiros en Veracruz al periodista Cándido Ríos


El corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan Cándido Ríos Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del martes por un comando cuando se encontraba afuera de una tienda Oxxo situada en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Ríos Vázquez se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año y estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a que había recibido varias amenazas. 

Según reportes policiacos, Cándido Ríos estaba afuera del establecimiento comercial con el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría y el chofer de este mando policiaco, cuando varios sujetos usaron armas de alto poder en su contra. 

Jorge Morales Vázquez, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), condenó el homicidio e hizo un llamado enérgico para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia. 

Dijo que la CEAPP le brindaba asesoría legal al comunicador asesinado respecto de la denuncia presentada en 2012 ante la entonces Procuraduría General de Veracruz (número de investigación ACA/793/2012) por agresiones por parte de autoridades municipales de Hueyapan de Ocampo. 

Este es el segundo periodista asesinado en lo que va de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. El 19 de marzo fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera, en el municipio de Yanga, Veracruz. 

Los otros comunicadores asesinados en lo que va del año en el país son: Luciano Rivera, conductor de CNR Noticias, de Playas de Rosarito, Baja California; Salvador Adame, director de Canal 4Tv, de Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán; Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa; Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos; Maximino Rodríguez Palacios, del portal Colectivo Pericú, en Baja California Sur, y Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez.

lunes, 6 de febrero de 2017

El Archivo del Terror de Javier Duarte: El Frankenstein militarista


III. El Frankestein militarista

En el sexenio de Javier Duarte, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista. En ese sangriento período de guerra no declarada contra la sociedad veracruzana, convergieron e intervinieron todas las instituciones de seguridad, fuerza pública y corporaciones policiacas. 

Que toda esa legión de fuerzas fuera impotente o incapaz de frenar el crimen, la violencia e inseguridad en el estado no es ningún fracaso. La delincuencia nunca fue un objetivo de la militarización: la militarización fue un objetivo de la delincuencia. Este diagnóstico se basa principalmente en dos indicadores, uno tangible otro intangible: el primero, el avance de la ocupación militar dentro del territorio veracruzano y el ensamblaje de los agentes castrenses con el crimen organizado; y el segundo, la aprobación de los sectores dominantes (político-empresariales) a la gestión militarizada de la seguridad. 

Esta aprobación, que no pocas veces se elevó a un júbilo desbordado por lo militar, se manifestó en casi todas las esferas gubernativas y empresariales. El 13 de diciembre de 2013, en un titular de la sección de política en La Jornada Veracruz se podía leer: “Piden empresarios militarización de las principales ciudades por la ola delictiva”. La nota refiere a un encuentro que sostuvieron altos mandos militares con empresarios del estado. 

En otra nota de septiembre de 2014, en el mismo diario, se anuncia la solicitud de los dirigentes del Partido de Acción Nacional de dar urgente entrada a la Gendarmería Nacional en el estado: 

“Seguiremos insistiendo en que llegue la Gendarmería Nacional, igual que otras fuerzas, la verdad es que en el tema de la inseguridad nada sobra (sic), al contrario, si llega la Fuerza Civil que están anunciando, bienvenida, pero que también llegue la Gendarmería, el Ejército, la Marina, y la Policía Federal (¡sic!)” (La Jornada Veracruz 15-IX-2014). 

La presentación de la Gendarmería Nacional en Veracruz se registró durante la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, y consistió en un despliegue de 300 elementos de la división. En octubre de 2015, el gobierno anunció, a través de la dirección regional sur-sureste de la Secretaría de Gobernación, que la Gendarmería Nacional entraría en funciones para “reforzar el trabajo de coordinación del grupo Veracruz Seguro…” (Grupo Fórmula 12-X-2015). 

“Veracruz Seguro” fue el nombre de la estrategia de centralización-militarización de la seguridad que en 2011 inauguró el duartismo. 

“El operativo ‘Veracruz Seguro’, presentado por el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador Duarte el 4 de octubre [de 2011]… consuma la estrategia de unificar los mandos policiacos locales en el gobierno federal, por lo que la Marina será ahora la encargada de planear, coordinar y encabezar las labores de seguridad en el estado. Esto quiere decir que llegarán más efectivos militares al estado y que el gobierno del estado estará como auxiliar de los mandos castrenses” (De la Garza en Rebelión 10-X-2011). 

Las cinco acciones que englobó el operativo “Veracruz Seguro” fueron las siguientes: 

1. El despliegue de fuerzas federales en todo el territorio del estado bajo un mando único federal 

2. Información e inteligencia 

3. Evaluación y depuración de las corporaciones policiacas 

4. Mayores recursos para la seguridad 

5. Aplicación irrestricta de la ley en sus tres órdenes de gobierno (Ortiz en Al calor político 4-X-2011)  

Pero algunas organizaciones civiles y ciertos sectores de la sociedad veracruzana no aceptaron nunca las legitimaciones de la militarización que repiten el estribillo de la seguridad. La prensa reportó que, tras la implementación del Plan Veracruz Seguro, persistió el afán de la opacidad o el ocultamiento de información sobre la crisis de seguridad en el estado. Incluso con el operativo en marcha, la incidencia del crimen no decreció. 

A una semana de haber arrancado el operativo Veracruz Seguro, y sólo unos meses antes de su cobarde asesinato, Regina Martínez escribió en Proceso: 

“Mientras las autoridades veracruzanas y federales intentan ponerse de acuerdo sobre el manejo de la información acerca de los asesinatos masivos cometidos por la delincuencia organizada o grupos paramilitares, la sociedad sigue viviendo en el pánico y la psicosis ante una violencia inédita en la entidad… El jueves 6 [de octubre de 2011], las redes sociales fueron –otra vez– las que anunciaron la aparición de más de 30 cadáveres en casas de seguridad en tres fraccionamientos exclusivos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río… Pese a que después del mediodía del jueves la noticia del hallazgo de los cuerpos circulaba en las redes sociales y la información se había difundido extraoficialmente en los portales de internet, el gobierno estatal negaba los hechos. ‘Es mentira, no es cierto, no hay nada de eso’, insistió Miguel Valera, director de Información de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS, que encabeza Georgina Domínguez) ante las preguntas de esta reportera” (Martínez en Proceso 9-X-2011). 

El contraste de la realidad y los discursos era irreconciliable. Las narrativas negacionistas no eran suficientes. Y el duartismo acudió a la fórmula de maridar militarización con seguridad y bienestar de la población. En el marco de la presentación del Plan Veracruz Seguro, Duarte declaró: 

“Estamos fortaleciendo todo el territorio, bajo un mando único federal para recuperar los espacios invadidos por la delincuencia y lograr que sean nuevamente espacios seguros, en los que cada persona de bien pueda desarrollar su vida en paz con la seguridad de que su familia y patrimonio están siendo protegidos por las autoridades” (Ortiz en Al calor político 4-X-2011). 

En 2014, otra vez el mandatario refrendó votos con la fuerza pública en un acto protocolario celebrado en las instalaciones de la 26 Zona Militar. Duarte de Ochoa aseguró: 

“[…] la fortaleza institucional que tenemos en Veracruz está basada en esta coordinación estrecha, cercana, vinculante que existe entre las diferentes fuerzas y de manera destacada subrayo el Ejército y la Marina Armada, que han sido pilares fundamentales en el crecimiento (sic) de nuestro estado” (La Jornada Veracruz 21-IX-2014).

Un año más tarde (2015), Veracruz lograría el tercer mayor presupuesto para seguridad pública en todo el país: cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal (Redacción El Universal 2-I-2015). 

Está demostrado estadísticamente que esta inyección de recursos a las instituciones de seguridad, acarreó la erosión del derecho público y enseñoreó la excepcionalidad de la ley. Incluso esas modalidades de delito que a menudo involucran a agentes del estado aumentaron manifiestamente tras la implementación del mando único y la militarización: a saber, la desaparición, el secuestro y la tortura. 

Respecto a la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que entre 2006 y 2014 alrededor de 2 mil personas fueron víctimas de ese delito en la entidad. 

Sobre el delito de secuestro abundan cifras. El Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia reporta que “la tasa de secuestro en el estado de Veracruz es de 1.41 para el año 2014, ubicándose arriba de la tasa nacional que es de .86, ocupando el 6º lugar a nivel nacional… La tasa de incidencia delictiva por c/100,000 habitantes… aumentó un 53.58%” (Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia VIII-2014). 

En materia de tortura, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reportó 74 víctimas en Veracruz, correspondiente al periodo 2012-2014 (E-Veracruz 22-IV-2015), es decir, el bienio que siguió a la implementación del operativo Veracruz Seguro. Algunos analistas insisten en señalar que la incidencia de este delito a nivel estatal es superior. 

Con estos datos en mano, en 2014 se les preguntó a integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa si era cierto que la militarización había aumentado la incidencia del crimen, a lo que respondieron: 

“Aquí en Veracruz la presencia de las fuerzas armadas ha sido nociva. Sí, esa presencia aumentó la incidencia del delito. Cada corporación tiene su modus operandi para cometer crímenes. La Marina ejecuta principalmente. La Policía Estatal desaparece. El Ejército, se presume que secuestra y entregan al crimen… La Policía Estatal se cuida de los Marinos. Pero la Marina trabaja conjuntamente con la Policía Estatal… Las corporaciones policiacas y militares no están para resolver la situación de inseguridad ni combatir al crimen. La policía y el ejército están selectivamente dispuestos para cuidar altos mandos. No están para cuidar a la gente… Cuando viene el cambio a policía estatal [militarizada], y se elimina la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas”. 

Que Veracruz sea uno de los estados más castigados por la violencia está estrechamente relacionado con la gestión militarizada y criminal de la seguridad que prohijó el duartismo, y con esa condición de laboratorio al servicio de ensayos militaristas frankensteinianos. 

El único resultado tangible de esos “ensayos militaristas” fue la ocupación militar-delincuencial del territorio y el espacio público veracruzanos. La seguridad sigue en crisis. Javier Duarte “prófugo”. Y la población civil en vilo por el clima de terror militar-criminal. A la violencia de la delincuencia se añadió la violencia del “orden”. Los problemas persisten o empeoran. Sólo cambia la presencia y el margen de acción de los mandos militares-delincuenciales. Crece.



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El Archivo del Terror de Javier Duarte: Los Periodistas

El Archivo del Terror de Javier Duarte: El narcoestado

lunes, 24 de octubre de 2016

El Archivo del Terror de Javier Duarte: Los Periodistas

La larga noche de la gubernatura de Javier Duarte llega a su fin. Perdura, no obstante, la estela del terror que sembró durante sus seis años de gestión, prohijado desde las altas esferas del poder público federal, que ahora, acorralado por las especulaciones de complicidad, conjura una suerte de escenificación justiciera que a todas luces responde a los atrabiliarios cálculos electorales de una clase política podrida hasta los tuétanos. El horror innombrable que soportaron las víctimas del duartismo no puede quedar en el olvido. No hay reparación posible para el dolor que padece Veracruz. Documentar los horrores es sólo un gesto minúsculo de justicia, necesario para sanar y compartir un duelo colectivo, que es un primer paso, apenas modesto, en la dirección de un cambio urgente de timón. Ese cambio es una tarea política de la sociedad, no de corruptos olímpicos erigidos en gobernantes electos. La memoria del dolor es el anticuerpo contra los gobiernos criminales. Este es un ejercicio de memoria, una recapitulación de ese terror que diseminó un gobierno criminal encumbrado en eso que su antecesor llamó “la plenitud del pinche poder”. 

I. Los periodistas

Históricamente Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de periodista. Esta toxicidad hacia el periodismo tiene sus raíces en la histórica relación del gobierno y ciertos flancos del gremio periodístico (maiceo, chayoteo, obediencia de la prensa a los caprichos del poder en turno) y en la satanización y desprotección de los periodistas independientes en un estado fuertemente castigado por la excepcionalidad. Pero esa peligrosidad alcanzó niveles insospechados durante la administración de Javier Duarte. Desde la llegada al poder del impresentable Duarte de Ochoa, admirador confeso de Francisco Franco (el otrora dictador de España), Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso en América Latina para el ejercicio profesional del periodismo. 

Acaso poco recuerdan, pero la secuencia de agravios contra los periodistas en la era de Javier Duarte arrancó con un incidente que alcanzó relevancia internacional, por la magnitud del desgarriate. En agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola, columnista de Milenio El Portal, fue acusada por el gobierno estatal por presuntos actos de terrorismo, luego de que en su cuenta personal de twitter alertara a la población de una balacera. Después de un mes de reclusión, Bravo Pagola salió de prisión. Pero la advertencia había sido emitida: el duartismo no toleraría ningún señalamiento a sus allegados criminales. 

Ese incidente, para la historia del periodismo en Veracruz, marcaría un punto de inflexión: si tradicionalmente la no alineación se pagaba con persecución, a partir de ese antecedente la osadía de la denuncia se pagaría con encarcelamiento, y no pocas veces con la muerte. No tardó en llegar la ejecución de ese código. El asesinato de Regina Martínez (28 de abril de 2012), ex corresponsal de la revista Proceso, refrendó la ley de hierro del duartismo: muerte a los periodistas. 

Veracruz se convirtió en un calabozo para los periodistas e informadores. En este renglón, la entidad tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el estado es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advirtió que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas en México desde 2011. 

El gobierno de Javier Duarte fue especialmente letal para el ejercicio periodístico. Sólo en los primeros 38 meses de su administración,

“[…]en promedio cada tres meses [murió o desapareció] un periodista; y, aunque hay evidencias irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la Procuraduría estatal y de ‘sospechosas coincidencias’ de las coberturas periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados, en todos los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan relación con su ejercicio profesional” (Cantú en Proceso 16-II-2014). 

En total, durante los seis años de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas fueron asesinados.  
Cualquiera que colaboró en algún medio de comunicación en la era duartista sabía que estaba expuesto a una lapidaria disyuntiva: “cooperas o cuello”, que es equiparable al “plata o plomo” de los narcos. Debido a ese clima de hostilidad algunos periodistas decidieron abandonar la entidad y refugiarse en otros estados de la república. En 2013, el periodista Noé Zavaleta –que por cierto abandonó recientemente el estado por amenazas de muerte–, advirtió: 

“Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael Pineda, Rape, tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías de seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó la entidad durante algunas semanas luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, ‘sugirió’ que debería estar preso por publicar las fotos de un grupo de autodefensa que opera en Tlalixcoyan” (Zavaleta en Proceso 28-IV-2013). 

Pero no todos corrieron con la misma suerte en el exilio. El homicidio de Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) apunta a un crimen ordenado desde Veracruz, con un mensaje dirigido a la totalidad del gremio periodístico de la entidad: el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. 

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en el Veracruz de Javier Duarte, esa práctica ciudadana elemental era una herejía meritoria de persecución, tortura y muerte. Rubén fue uno de los periodistas más atentos a los abusos de la gestión de Javier Duarte. La evidencia sugiere que pagó con la muerte esa “insolencia”. Poco antes del homicidio de Espinosa Becerril, en un evento con periodistas celebrado en Poza Rica, el mandatario veracruzano había advertido amenazadoramente: 

“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones… Hay momentos difíciles… Bajo advertencia no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015). 

Un día antes de huir del estado para exiliarse en la capital del país, y tras haber recibido reiteradas amenazas de muerte en Veracruz, Rubén confesó al reportero Noé Zavaleta:  

“Ayer y hoy me han estado siguiendo. Ya es muy directo: un tipo afuera de mi casa me tomó fotografías, y son los mismos que he visto otras veces… Mejor me voy antes de que me pase lo que a los estudiantes, que me peguen una madriza, que me manden al hospital un mes y que me dejen loco, más de lo que ya estoy” (op. cit.). 

Lo que siguió después del asesinato de Rubén fue un éxodo de periodistas que abandonaron la entidad veracruzana en busca de refugio en otras ciudades. Otros optaron por la autocensura. 

En una entrevista concertada en agosto de 2015, el reportero de Proceso Noé Zavaleta explicó que los controles de censura se multiplicaron en los últimos años en Veracruz, en el marco de la administración de Javier Duarte, y que entre los tipos de controles más socorridos destacan: 

“[…] los autocontroles del propio reportero, controles económicos por parte de los dueños de comunicación locales y controles gubernamentales que condicionan a los medios pequeños a cambio de publicidad oficial, entre otros”. 

Todos los informes de organismos internacionales dibujan un contexto siniestro para la profesión periodística en Veracruz, y en aras de su conocimiento testimonial de esta coyuntura, se le pidió a Zavaleta que señalara quién agrede o persigue a los periodistas en el estado. Sin indicar nombres, y con visible cautela, Noé adujo: “Son varios frentes: el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública, servidores públicos que se esconden en el anonimato y los propios dueños de los medios de comunicación locales”. 

Otro informador, que solicitó anonimato, refirió sin rodeos la situación de los periodistas en Veracruz, y la razón que explica esa condición de calabozo para el quehacer periodístico. Dijo: “En Veracruz, la autoridad pública protege al criminal y persigue al periodista”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161024_100601_377