La crisis humanitaria en Veracruz como estrategia de gobierno.

En el reporte número 61, publicado el último día de febrero pasado por el International Crisis Group -organización independiente que trabaja para prevenir guerras y definir políticas para construir la paz en el mundo- se reconoce la crisis humanitaria que azota a Veracruz desde hace una década como una muestra emblemática de los problemas que enfrenta el país en su conjunto. Titulado “Veracruz; reforma el estado de terror mexicano” el reporte apunta a la connivencia entre el estado y los grupos criminales como la causa central del problema.

De acuerdo con las declaraciones de Falko Ernst, responsable de la investigación, al semanario Proceso, lo que más llamó su atención –después de entrevistar a ciudadanos, periodistas locales, familiares de desaparecidos, colectivos, agentes de la FGE y políticos-  fueron “… las instrucciones institucionales para obstaculizar la procuración de justicia, ocultar la violencia y perpetuar la impunidad” Esta observación es consistente con lo que se ha denunciado sistemáticamente desde distintos ámbitos de la sociedad veracruzana; la impunidad de la delincuencia organizada se basa en una política de seguridad que por principio se niega a reconocer los hechos y en consecuencia a registrarlos e investigar las denuncias, todo para ocultar las dimensiones de la tragedia y claro, para mantener su poder.

La justicia penal debilitada, la guerra contra las drogas y el enorme poder y autonomía del de los gobernadores frente al poder central en el nuevo siglo son los factores centrales que identifica el informe como causas de la crisis humanitaria en Veracruz. En medio de la corrupción gubernamental rampante, la depredación del medio ambiente, la represión de las protestas ciudadanas y las amenazas a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, la violencia y la impunidad se han apoderado del estado. Los gobiernos de Fidel Herrera y el de Javier Duarte fueron los que, a partir de la guerra impulsada por Felipe Calderón, impulsaron un modelo de control político basado en el terror y la impunidad.  

Frente a esta situación, las señales provenientes del gobierno de Yunes Linares con respecto a la aparición de 11 cuerpos en Boca del Río el primero de marzo, no resultan muy alentadoras. El hallazgo se dio en el contexto de la llegada de la Gendarmería Nacional a Veracruz, hecho que mantiene la política de seguridad inaugurada por Fidel Herrera en su gobierno: militarizar al estado a cambo de impunidad para sus corruptelas, garantizada desde Los Pinos. Pero además, las declaraciones precipitadas de Yunes -en el sentido de que todos los cuerpos encontrados en el municipio que gobierna su hijo eran de criminales- parecen confirmar la estrategia de ‘ni los veo ni los oigo’. Más concentrado en ampliar y fortalecer su poder, el gobernador se muestra inclinado a mantener la política de seguridad en el estado sin cambios significativos, a pesar de reconocer que la violencia crece y que “En efecto tenemos un problema grave, de policía muy minada por el crimen organizado”

En un detallado reportaje, Noé Zavaleta ofrece datos que no dejan lugar a dudas que la inercia de la violencia se mantiene e incluso se extiende a asaltos de bancos, robo de autos y comercios con violencia, por todo el estado. Y si bien el gobernador Yunes pidió tiempo para lograr resultados, la llegada de la Gendarmería Nacional, la actitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los procesos electorales en ciernes prefiguran la continuidad y no el cambio en la estrategia de seguridad veracruzana.

El cambio indispensable para hacer frente a la tragedia humanitaria -o a la guerra contra la población- debe partir, tal como lo propone el reporte en cuestión, del reconocimiento del problema de los delitos de lesa humanidad cometidos por la acción u omisión del estado. Reconocer de manera parcial semejante realidad (por ejemplo admitiendo que las policías estatales están controladas por la delincuencia organizada) deja de lado que el problema tiene varias causas pero, sobre todo, que debe ser el estado el que tome la iniciativa para acabar con la dinámica de impunidad programada desde las instituciones. Además será necesario colaborar con la sociedad civil organizada, que buscan desesperadamente a sus seres queridos, así como fortalecer la autonomía de la Comisión de la Verdad y solicitar apoyo de organismos internacionales para cubrir los huecos que la crisis financiera del gobierno ha ensanchado.

El problema es de todos, no  sólo del gobierno. En la medida en que éste último apoye las acciones de la ciudadanía y esté abierto a nuevas definiciones del problema se podrá hacer frente a una crisis social de enormes dimensiones, la cual no será resuelta con golpes mediáticos o acciones autoritarias. Pero antes que nada, el estado debe reconocerse como parte del problema. Sin ese cambio de actitud no hay esperanza posible y la guerra seguirá como hasta ahora.

La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

No es la primera vez que alguien lo piensa o lo dice públicamente. Los resultados de la guerra permiten hacer esta conjetura basada en asideros documentales, testimoniales y empíricos. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación vernácula de las juntas militares en Sudamérica. En enero de este año Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, sostuvo durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”. 

La advertencia es doblemente relevante en el presente latinoamericano, especialmente para la Argentina (el país de Carlotto), cuyo actual gobierno decidió “inflar” artificialmente el fenómeno de la inseguridad como el preámbulo de una declaratoria formal de guerra contra el narcotráfico. Este mismo gobierno, dirigido por el derechista Macri, tan sólo unos días atrás decidió derogar la disposición que, en 1984, un año después de la caída de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, colocara a las Fuerzas Armadas bajo el control civil (La Jornada 1-VI-2016). La construcción de un enemigo sin fronteras definidas (inseguridad), y la licencia de “autonomía de gestión” concedida a los militares, es la pareja de políticas que por regla aspiran a configurar e inaugurar un escenario bélico que abre la posibilidad de un ciclo de violencia infernal. Ese infierno que en México tiene proporciones genocidas, y que por cierto la prensa nunca atiende porque está muy “ocupada” con la “crisis” de Venezuela. El macrismo apunta a la reedición de la dictadura, pero ahora en la modalidad de “guerra contra el narcotráfico”. 

En este espacio también hemos argüido reiteradamente que la guerra contra el narcotráfico en México es una modalidad de guerra sucia o contrainsurgente, que reprime la movilización, la protesta, criminaliza poblaciones, derechiza sectores sociales tradicionalmente insumisos, y extermina grandes volúmenes de civiles inocentes. La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que coincidentemente mostraron un comportamiento análogo durante los regímenes militares en Sudamérica. Por ejemplo: la militarización de las estructuras de seguridad, las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, la aniquilación de activistas-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición constituyen una violencia de Estado. 

Al respecto, José Antonio Vergara dice que esta forma de violencia (estatal) consiste básicamente en un “ejercicio sistemático de diversas acciones violentas por parte de agentes del Estado, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada de personas, los homicidios arbitrarios y otros tratos crueles y degradantes… [ejercicio que] ha constituido una práctica de represión política y control social reconocible en diversos espacios y momentos históricos, actualmente referida mediante el concepto de violencia organizada. Cumpliendo un rol fundamental en la sustentación de estructuras económico-sociales cruzadas por la injusticia y la desigualdad, la violencia organizada como práctica de dominación ha sido frecuente en varios países periféricos del llamado Tercer Mundo. En las décadas de los 70 y 80, las dictaduras militares de Seguridad Nacional existentes en América Latina emplearon amplia y estratégicamente formas brutales de represión y amedrentamiento masivos, en el proceso de imposición y consolidación de sus respectivos proyectos de refundación capitalista. La actuación del Estado como sujeto de esta forma de violencia, a través de sus funcionarios o de personas que cuentan con su consentimiento o aquiescencia, le confiere extrema gravedad desde los puntos de vista jurídico y ético, y la caracteriza como violación de los derechos humanos” (José Antonio Vergara en el marco de un congreso en Salvador de Bahía 24-IV-1995). 

En el año 2007, cuando Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron a la calle 45 mil militares. De acuerdo con un informe del departamento de defensa de Estados Unidos, en 2009 la cifra de militares en combate ascendió a 130 mil. Es imposible ignorar el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2013) con respecto a esta incursión de las corporaciones militares en la guerra contra el narcotráfico: 

“El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento (sic) a violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio inicio [la pasada administración federal]”. 

Insistimos que esta conjetura de la guerra como modalidad de dictadura al servicio de una guerra contrainsurgente está acompañada de una amplia evidencia empírica. Tan sólo entre 2007 y 2011 se registraron 71 asesinatos de activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, cerca de 30 asesinatos políticos, y más de 50 ejecuciones que involucran a periodistas e informadores (Nancy Flores en La farsa de la guerra contra las drogas, 2012). En no pocos casos, los responsables de los crímenes son agentes estatales o paramilitares que gozan de la protección del Estado, y los métodos usados van desde la calcinación, decapitación, tortura letal, hasta la violación física y asesinato brutal de mujeres. Se trata de huellas criminológicas que prueban la presencia militar en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, y una administración del terror semejante a la efectuada durante el periodo de la guerra sucia en México o las juntas militares sudamericanas. 

Acaso la novedad de la guerra contra el narcotráfico es que esta “tajante descalificación” de la naturaleza política de la disidencia se hace extensiva a la totalidad de la población. Todos los ciudadanos son susceptibles de una acción represiva de Estado, en un orden de excepción que exime a la autoridad hasta de su responsabilidad formal más básica: la verdad jurídica. La muerte en este México de guerra encierra una triple injusticia: la de la criminalización, la de la humillación y la del olvido. La suspensión general de garantías individuales y colectivas es el signo de una guerra sucia subsidiaria de la guerra contra el narcotráfico. El inventario de agresiones contra civiles es una prueba fehaciente de esta hipótesis. 

Por ejemplo, en materia de tortura, la incidencia es alarmante. En octubre de 2015, Amnistía Internacional condenó la epidemia de ese delito en México. Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un aumento de mil 165 a 2 mil 403. 

La tendencia al alza de la cifra de secuestros es notable desde el 2004. Según estimaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, este delito creció 689% entre 2004 y 2014 (Solís en Forbes 8-IV-2016). 

En suma, y con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, e incluso de algunas dependencias estadunidenses, el saldo de terror de la guerra contra el narcotráfico en México asciende a más de 150 mil muertos y más 30 mil desapariciones (algunos organismos civiles señalan que la cifra supera los 60 mil). En relación con esta última modalidad de crimen, se estima que cerca de 78% involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y por consiguiente crímenes de Estado. 

La guerra contra el narcotráfico es una criatura de la guerra sucia en México mezclada con el diseño estadounidense de guerra contra las drogas. Neutralización de la sociedad, militarización, exterminio e impunidad son sus figuras más conspicuas. La evidencia sugiere que Estela de Carlotto tiene razón: el narcotráfico es la dictadura en México. 

Colofón: Esta información debe traducirse en movilización popular a gran escala. Y un primer acto político en esa dirección es castigar a los partidos que contribuyeron a configurar en México ese narcoestado que es dictadura. Las elecciones en puerta representan una oportunidad (aun cuando su alcance es francamente acotado) de desterrar a esos dos partidos que todos sabemos que están estructuralmente acoplados con el narcotráfico.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160603_054924_035

México: tragedia humanitaria y ejercicio de poder

La  atención de la prensa internacional está orientada monocordemente hacia la crisis que envuelve a Venezuela. Los foros que atienden asuntos de seguridad, incluso esos que pretendidamente se ubican en el “progresismo”, de igual forma se adhieren al recital y no quitan el dedo del renglón venezolano, hurgando obsesivamente en las texturas de un chavismo convaleciente la fuente de todos los males nacionales, destacadamente la ruina económica y la inseguridad pública. Nadie objeta la crisis de Venezuela. Ni las flagrantes erratas de una dirigencia inhábil para sortear el descrédito. Sin embargo, llama la atención que en este sonoro vendaval de condenas “bienintencionadas”, pocos espacios internacionales censuren o profieran críticas tan enfáticas con relación a la situación mexicana, que no es menos alarmante que la de otros países en descomposición. 

Las cifras de la crisis nacional dan cuenta de una tragedia humanitaria, y no de un mero problema de inseguridad. Ninguna prensa latinoamericana reporta tantos horrores cotidianos como la prensa mexicana. En México la portada de un diario consiste en titulares humanamente inenarrables: “cientos de cadáveres en fosa clandestina”; “asesinan a otra periodista”; “asola crimen al país”; “decenas de jóvenes levantados”; “se multiplican las desapariciones forzadas”; “padres de familia identifican restos de hijos desaparecidos”; “plagios asesinatos y narcotráfico”; “encuentran cuerpos en descomposición de migrantes centroamericanos, todos presentan huellas de tortura”; “hallan cuerpos calcinados en carretera federal”; “trifulca en la cárcel deja medio centenar de muertos”; “secuestran, matan e incineran a jóvenes estudiantes” etc. 

Este infierno no es un accidente. Es un escenario cuidadosamente concertado, cobijado por el manto de impunidad que priva en el país, consecuencia de un sistema impermeable a las demandas sociales y que admite la presencia de un puñado de centros de autoridad en control, señaladamente el Estado y las aglomeraciones de poder privado. La población civil sufre un destierro político en su propio suelo, condenado a seguir el acontecer nacional en calidad de espectador domesticado, criminalizado o victimizado. 

Pero en este departamento la comunidad internacional no se rasga las vestiduras. México no es Venezuela. Allá la crisis de desabasto si amerita cobertura mediática a gran escala. Acá el baño de sangre es sólo meritorio de una nota al pie de un diario internacional. 

El orden (barbárico) nacional se sostiene firmemente, con el aval solícito de los actores políticos globales. Los contenidos neurálgicos de la política doméstica progresan; no importa que ese “progreso” se afirme inflexiblemente en beneficio de ciertos grupos de poder y en detrimento de la generalidad de la población, con la acomodaticia mirada de los mismos emisarios alarmistas que derraman lágrimas de cocodrilo cuando el país en cuestión es Venezuela. 

En México el estado de terror no interfiere con la agenda del poder: al contrario, cultiva las condiciones que permiten su dominio. No es fortuito que en este contexto repunten la inflación, el desempleo, la devaluación monetaria, y las grandes fortunas prosperen a ritmo acelerado.    

México es una tragedia humanitaria. Pero el problema no es de seguridad: es un asunto de ejercicio de poder. En relación con Venezuela, los detractores nacionales e internacionales no tienen reparos para señalar esa correlación. En México la tragedia marcha fantasmalmente: es un fenómeno desprendido de su momento constitutivo. 

México es una tragedia humanitaria sin relato o explicación. Es un imperativo ciudadano urdir esa explicación. 

La “verdad histórica” no es una prerrogativa del poder: es una disputa política. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160214_074938_374

La neodictadura mexicana: terrorismo de estado y democracia liberal.

Al igual que las dictaduras militares en Latinoamérica en los años setenta -esas que eran vistas desde México como algo lejano y ajeno a la herencia de la revolución mexicana- la neodictadura mexicana que hoy vivimos, en medio de una guerra civil sin freno, tiene la finalidad de sembrar el terror entre la población como estrategia de control social para imponer el modelo de explotación salvaje, sin importarle a los empleados del capital el altísimo costo social y la pérdida efectiva de derechos civiles, económicos, políticos y culturales.

Comparte esta neodictadura con las dictaduras de los setenta su desprecio por la vida y la dignidad humanas, por la aplicación sistemática de la tortura y los delitos de lesa humanidad, por la criminalización de la protesta, por el exilio impuesto, por el cinismo rampante, por el sometimiento de los medios de comunicación, por el despojo y el robo permanente, por la glorificación de las fuerzas armadas y sobre todo la ambición desmedida por el dinero. Pero a diferencia de las dictaduras hoy puestas en la picota judicial en países como Argentina o Chile, la neodictadura mexicana echa mano de la democracia liberal -despreciada por Videlas o Pinochets- para cubrir con el manto purulento de la libertad política los horrores de una guerra civil emprendida desde el estado y apoyada por bandas paramilitares a las que se les “concesiona” -a cambio de las comisiones de rigor para los representantes surgidos de elecciones libres, las cuales serán utilizadas para comprar elecciones y enriquecerlos sin límites- el manejo de las drogas, la trata de personas, el comercio de órganos, la prostitución infantil, el robo de autos, el secuestro, la ordeña de los ductos de Pemex, el contrabando de armas y lo que se acumule. La relación entre el estado mexicano y los narcotraficantes no es entonces una casualidad o una daño colateral: es una alianza estratégicamente diseñada para mantener el saqueo y la contención de la protesta social.

El argumento utilizado por Felipe Calderón y burguesía mexicana para justificar la salida de los soldados de sus cuarteles -para realizar actividades policiacas que por ley corresponden a los civiles- fue un golpe de estado “legal” que en lugar de disminuir la violencia provocada por la delincuencia organizada tuvo desde entonces la finalidad de contener la protesta social. En la hoja de ruta marcada desde Washington para mantener a México como su patio trasero, estaba contemplada la posibilidad de que, ante la intensificación del saqueo de recursos naturales y la concomitantes pérdida de libertades civiles y políticas, sería necesario definir una estrategia de contención de las protestas que las comunidades indígenas y la población más afectadas organizarían para sobrevivir.

Un ejemplo reciente de lo anterior es la solicitud de Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, para que las fuerzas armadas ocupen Oaxaca, junto con los miles de policías federales que ya acampan en plena calle del centro de la capital de ése estado. El llamado no es para enfrentar una crisis por la violencia del narcotráfico sino la supuesta amenaza que representa la sección 22 del magisterio para los intereses de la oligarquía local y nacional. Y no precisamente en el ámbito educativo -todos sabemos que a los poderosos del estado y en particular a la derecha aglutinada en Mexicanos Primero, encabezada por un empresario como Claudio X. González, no les preocupa en lo absoluto el futuro de la niñez en Oaxaca o de cualquier parte de la república. 

 

El caso oaxaqueño representa un ejemplo fehaciente de las características fundamentales de la neodictadura mexicana. Gabino Cué llegó al poder arropado por una coalición de partidos políticos de oposición al sempiterno PRI y con el compromiso de enjuiciar a Ulises Ruiz por sus abusos y corruptelas que provocaron el surgimiento de la comuna oaxaqueña en 2006, aglutinada alrededor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La primavera oaxaqueña duró poco y a pesar de que la APPO fue la columna vertebral del apoyo electoral para lograr la anhelada alternancia política, Gabino Cué cierra su sexenio echándose en los brazos del gobierno federal para imponer la reforma laboral de la educación y de paso allanarle el camino al PRI para que regrese al gobierno del estado el próximo año. Y para ello coloca en la misma balanza la defensa de los derechos laborales con la amenaza del narcotráfico a la seguridad nacional. 

 

Otro caso que se ajusta a las premisas señaladas arriba como anillo al dedo es el del estado de Veracruz, en donde el gobierno encabezado por Javier Duarte ha sido sometido a una fuerte presión por parte del movimiento estudiantil así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, de campesinos en defensa de sus recursos naturales y de periodistas que se han atrevido a publicar información que evidencia la corrupción y el contubernio entre gobierno y delincuencia organizada. Los crímenes en la colonia Narvarte o la golpiza a los estudiantes de la Universidad Veracruzana son sólo los actos de violencia más recientes. Pero a ellos hay que agregar la compra de voto en las elecciones, el saqueo del erario público para, como dicen altos funcionarios del gobierno estatal, impulsar el crecimiento económico mas una larga lista de agravios a la población que gozan de sistemática impunidad, entre los que destacan el asesinato o desaparición de periodistas. Todo ello en medio de una proceso de militarización que ha provocado el fortalecimiento de los mandos castrenses en la configuración de las políticas estatales de seguridad pública.

Los dos casos en cuestión confirman y evidencian que la militarización es un proceso encaminado a sofocar y contener las protestas sociales provocadas por el empobrecimiento generalizado de la población y la pérdida de derechos civiles y políticos. La militarización no es para controlar al narcotráfico sino para someter a la población que protesta y se rebela. Ésa es la razón por lo que la mayoría de los muertos están entre la población civil, sean o no sospechosos de narcotráfico, el cual sigue gozando de buena salud, diversificando su producción y sus mercados, mezclándose cada vez mas con el poder,convirtiéndose en un actor político más poderoso que los partidos políticos.

El terrorismo de estado como destino, la democracia liberal como ilusión. Esa es la razón por la cual los ministerios públicos y en general el sistema judicial ha sido constantemente señalado como obstáculo para realizar investigaciones que den con los culpables. Porque el culpable es el estado mexicano. Todas sus instituciones trabajan en favor de la 'limpieza social' -entendida como la desaparición de la oposición real, la crítica y el diálogo permanente entre los integrantes de la sociedad- para favorecer los intereses del capital. Y si para lograr éste objetivo es necesario una guerra civil que así sea, pero eso si, con la democracia liberal y la hipócrita defensa de los derechos humanos por delante. Las dictaduras militares de los años sesenta y setenta en Latinoamérica sobrevivieron a lo mucho un par de décadas. ¿Cuánto sobrevivirá la neodictadura mexicana?

"Pórtense bien"

Pedro Miguel

La Jornada

Una posible explicación de la masacre perpetrada el viernes 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en esta capital, fue proporcionada con un mes de antelación por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un discurso que pronunció en Poza Rica: "Lo digo con total conocimiento de causa: lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos, con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos... Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. Y también están expuestos ante esta situación". Así lo dijo, ante comunicadores de la localidad que fueron congregados para escuchar al mandatario, quien no tuvo reparos en presentarse como una víctima de las circunstancias:

"Se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes de alguna o de otra manera tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia. Pero todos sabemos quiénes tienen vínculos, quiénes están metidos con el hampa. Pórtense bien, por favor..." Y luego, "con toda sinceridad", ofreció protección: "quienes sientan que tienen algún riesgo, búsquennos, para poder protegerlos, para poder cuidarlos. Quienes verdaderamente no tienen ningún vínculo, y se los digo con toda claridad, no tienen nada de qué preocuparse. Pero quienes sí, preocúpense, porque vamos a sacudir, les repito, vamos a sacudir fuertemente el árbol".

De esa manera, Duarte de Ochoa lanzó un ataque preventivo en contra de la honorabilidad de las siguientes víctimas de la persecución contra periodistas en Veracruz: si algo les pasa es porque tienen nexos con la delincuencia. Él, Duarte de Ochoa, es inocente: "si algo les pasa a uno de ustedes, repito, su familia la va a pasar muy mal, van a sufrir, los van a llorar, pero al que van a crucificar es a mí, al que van a acusar es a mí, cuando yo, como dicen, ni vela en el entierro tengo".

Luego hizo alusión a la manera en que actúan los criminales: "son gente mala; son gente que no tiene principios, que no tiene valores, que en algunos casos ni siquiera el dinero es lo que los mueve, sino el poder, y no les importa machacar ni pasar por encima de nadie... Son gente que no tiene corazón, no tiene alma; en muchos casos hasta parecen animales..." (http://is.gd/tASi5D).

La alusión a "machacar" y "pasar por encima" recordó a varios de los presentes la muerte de Juan Mendoza Delgado, director del portal Escribiendo la verdad, y quien fue capturado y atropellado (en ese orden) por desconocidos. Ahora, esa gente que "no tiene corazón" evoca el comportamiento del comando de ejecución que se introdujo en el departamento de la calle Luz Saviñón, sometió a las cinco personas que allí se encontraban, las torturó, violó a las mujeres y luego mató a los cinco con disparos en la cabeza.

El guión es casi perfecto: como ocurre con los 13 o 14 informadores caídos en Veracruz en los cinco años que lleva Duarte en el poder, si Rubén Espinosa Becerril fue asesinado en forma bárbara es porque alguna relación tenía con la delincuencia organizada. Si no, no habría tenido "nada de qué preocuparse".

Ya en 2012 la procuraduría estatal había explicado los asesinatos de los trabajadores de medios Ana Irasema Becerra, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez, cuyos cuerpos fueron abandonados en bolsas en un canal de aguas negras en Boca del Río, como represalia por haber sido “los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los zetas”. De esa manera el duartismo buscó aplicar la teoría de se matan entre ellos del calderonato al ámbito de los informadores. Así se esclarecen muchos asesinatos de un solo golpe porque víctimas y victimarios son la misma cosa.

Un problema es que la antropóloga y activista Nadia Vera Pérez, una de las asesinadas en la Narvarte, responsabilizó hace ocho meses a Duarte y a su gabinete "de cualquier cosa que pudiera sucedernos" porque, dijo, "son los que están mandando directamente a reprimirnos" (http://is.gd/mm1qMO). En cuanto a Espinosa Becerril, desde el 15 de junio se hizo público que había debido salir de la entidad (http://is.gd/jhmybY), y el 9 de julio el propio fotógrafo relató in extenso en una entrevista la persecución de que era víctima por el gobierno estatal (http://is.gd/KjgQUg).

Tales antecedentes ponen en un grave problema a los gobiernos de Enrique Peña y de Miguel Mancera porque ambos fueron escandalosamente omisos en su obligación de preservar la integridad de los asesinados. Será tal vez por eso que el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, sospecha que se trató de un caso de robo y no ve ningún elemento para que la procuraduría federal se moleste atrayendo el caso. En cuanto a Javier Duarte, parece ser que tuvo la precaución de autoexculparse un mes antes y de ofrecer pistas clarividentes de lo que habría de ocurrir el 31 de julio en un departamento de Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte: según sus propias palabras, el gobernador sabe, "con total conocimiento de causa", que "la delincuencia tiene puentes, nexos, con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos..." y uno que otro periodista de esos que "no se portan bien".

Terrorismo de estado a la veracruzana.

De acuerdo con la definición de Miguel Bonasso (Terrorismo de Estado, 1990) el terrorismo de estado es “… un modelo estatal contemporáneo que se ve obligado a transgredir los marcos ideológicos y políticos de la represión "legal" (la consentida por el marco jurídico tradicional) y debe apelar a "métodos no convencionales", a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada.” El ataqueperpetrado el pasado cinco de junio en Xalapa en contra de ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana cumple sin duda con los elementos básicos de la definición citada. Veamos por qué.

La coyuntura política en la que se dio el ataque estuvo marcada por el proceso electoral en un municipio que claramente ha demostrado su oposición al PRI en los últimos años. El movimiento #YoSoy132 tuvo en Xalapa la fuerza suficiente para distinguirse en al ámbito nacional por su vitalidad y empuje. Pero además, las acciones encabezadas por estudiantes universitarios fortalecieron la tendencia opositora al darle el triunfo a AMLO en todo el estado y en la capital del estado, en donde el PRI no ganó una sola casilla para la diputación federal, triunfó ampliamente al candidato a diputado federal del PRD. Hoy se vuelve a repetir la historia pero con Morena. Sin duda estamos frente a un agravio para los mapaches pero sobre todo para un gobierno acostumbrado al carro completo.

Xalapa ha sido testigo de un crecimiento importante del movimiento estudiantil en los últimos años, particularmente en la Unidad de Humanidades en la que se concentran las carreras de Sociología, Historia, Letras, Idiomas y Antropología. El movimiento estudiantil ha contribuido de manera importante a que distintas protestas tomen fuerza y sean visibles incluso fuera del estado. Al mismo tiempo ha construido opciones de participación entre las que destacan el Comedor Autónomo, localizado en Humanidades, así como acciones de ocupación urbana como en su momento lo fue Casa Magnolia. Lo anterior es sólo la punta de iceberg de una corriente crítica en el estado, encabezada por el movimiento estudiantil, que ha generado la creación de grupos y colectivos dirigidos a la formación política y el trabajo comunitario.

Esta vitalidad del movimiento estudiantil ha sido sin lugar a dudas una piedra en el zapato del gobierno estatal, el cual ha respondido con ferocidad. Baste recordar la represión llevada a cabo por fuerzas regulares acompañadas de los habituales ‘civiles’ la noche del 15 de septiembre de 2013, cuando estudiantes y reporteros fueron agredidos sin miramientos en la plaza principal de la ciudad, al mejor estilo del gangsterismo político.  A este hecho habría que agregar todas las intimidaciones y amenazas sufridas por estudiantes vía telefónica o directamente al mantenerlos ‘vigilados’ que sólo eventualmente llegan a las páginas de los periódicos y que sistemáticamente ignoran las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La utilización de 'medios no convencionales’ por parte del gobierno veracruzano para contener el malestar social y la oposición crítica no se ha dirigido exclusivamente a los estudiantes sino a periodistas, miembros de ONG’s y a todo aquello que esté en contra de la dinámica estatal. El caso de las desapariciones forzadas en el estado no puede ser excluido de la dinámica represiva así como los feminicidios y los secuestros. Es difícil ignorar que, frente al debilitamiento de la legitimidad de las instituciones y la necesidad de imponer la venta de los recursos naturales del estado, las autoridades en Veracruz han decidido utilizar todos los medios posibles a su alcance para contener la protesta social. 

En el caso que nos ocupa, el ataque a ocho estudiantes no responde exclusivamente a una lógica determinada por el proceso electoral y la impotencia de los dueños del poder frente a la derrota en Xalapa. En realidad forma parte también de la lógica represiva estatal porque al perder claramente la capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía ha decidido echar mano de la fuerza para salir adelante con sus proyectos políticos y su necedad en mantener un modelo de desarrollo a todas luces incompatible con los intereses de las mayorías.

Al final, el ataque a los universitarios demuestra no sólo la crispación de las autoridades frente al crecimiento y organización de la protesta social sino un odio profundo (¿odio jarocho?) hacia los estudiantes que con su enorme vitalidad y generosidad han mantenido viva la oposición pública al gobierno. En un estado caracterizado por los altos niveles de violencia social y el enorme costo que implica la protesta para sus integrantes, los estudiantes universitarios han demostrado su inquebrantable compromiso ético, defendiendo los principios básicos de una sociedad que aspita a la democracia como su eje central. 

En este sentido, el ataque perpetrado el pasado cinco de junio en Xalapa en contra los ocho estudiantes es un crimen de odio (la saña con que fueron golpeados y luego la negligencia de las autoridades de seguridad para atenderlos lo confirman),  planeado para intimidar no sólo a los estudiantes activistas sino a todos aquellos que estén dispuestos a convertir la protesta en un acto de dignidad. Al igual que la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa representa sin lugar a dudas una muestra más en la dinámica del terrorismo de estado que vivimos.

¿A quién le conviene la videovigilancia en la Universidad Veracruzana?

En tiempos en el que los gobiernos del mundo  justifican el espionaje sistemático de la población para mantenerla protegida de ataques terroristas, violando el derecho a la privacidad, la Universidad Veracruzana (UV), o mejor dicho sus autoridades, han comenzado a instalar un sistema de videovigilancia en varias unidades académicas. El hecho ha provocado reacciones adversas, sobre todo por parte de los estudiantes, quienes señalan la ausencia de consenso para fortalecer la seguridad en los espacios educativos de la UV. Cabe mencionar que el proyecto es promovido por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el objetivo de implementarlo en todo el país.

No se puede negar que el aumento de la violencia social en la que vivimos ha afectado la cotidianidad de las comunidades universitarias. Otrora espacios abiertos a la sociedad, las universidades públicas del país se han cerrado poco a poco, no solamente dejando sin oportunidad de estudiar a miles de jóvenes que egresa del sistema de educación media-superior. También han desarrollado sistemas de seguridad  para proteger a estudiantes y maestros debido al aumento de la incidencia de delitos como el robo, asalto, estupro o incluso robo de mobiliario y equipo de escuelas y facultades.

Concomitante con lo anterior, las comunidades universitarias perciben claramente la paulatina desaparición de espacios seguros, tanto dentro como fuera de sus planteles educativos. Sin embargo, pensar que con la puesta en marcha de sistemas de video vigilancia en facultades y escuelas el problema será resuelto el problema de la seguridad está muy lejos de la realidad.

Efectivamente, y tal como lo declaran las autoridades universitarias, las cámaras de video representan un elemento que inhibe conductas delictivas ante la posibilidad de ser identificado cometiendo un asalto, por ejemplo. Sin embargo, es necesario contar con una política integral de seguridad que, además de contar con un sistema de videovigilancia, involucre a la comunidad universitaria en la elaboración de un diagnóstico, su ejecución y su evaluación. De otro modo, la desconfianza generada por una política impuesta desde las cumbres burocráticas, sin una consulta amplia y sin una idea clara de la problemática que se enfrenta sólo puede ser identificada como una imposición que persigue intereses oscuros, ajenos en buena medida a lo que se pretende enfrentar.

Y eso fue exactamente lo que sucedió en la unidad de Humanidades del campus Xalapa de la UV, la semana pasada. Ante un simulacro de consulta con directores, la Secretaría de la Rectoría, a cargo de Octavio Ochoa Contreras, decidió instalar cámaras de video, generando la oposición de estudiantes quienes se pronunciaron por una consulta a la comunidad para saber si se procede o se impide la puesta en marcha del sistema de videovigilancia. Sobra decir que la desconfianza entre estudiantes y autoridades universitarias es moneda corriente, sobre todo por la falta de comunicación entre estos dos sectores de la comunidad pero también por la tendencia de las segundas a imponer su voluntad sin consultar a nadie.

Dicha desconfianza sólo puede ser superada con la participación efectiva de todos los sectores universitarios, en este caso para definir el programa de seguridad. Por más que las autoridades juren y perjuren que las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia no serán utilizadas para violar el derecho a la privacidad de estudiantes, académicos y trabajadores; que sólo los directores administrarán el sistema en sus respectivas facultades; de que el sistema de seguridad pública estará al margen de su operación,  el imponerlo como lo están haciendo difícilmente puede impedir que se piense lo contrario. No sería la primera vez y lamentablemente tampoco la última en la que la burocracia política cambie de parecer para mantener sus intereses en marcha. Esto supone entonces que el sistema de seguridad sería como la espada de Damocles, lista para caer sobre la cabeza del disenso y la crítica, aunque claro también podría servir para mejorar la seguridad de los universitarios, siempre y cuando estos participen y regulen el sistema. De otro modo sólo servirá a sus entusiastas promotores, quienes en determinada coyuntura sucumbirían a la tentación de utilizar las imágenes para acusar, amenazar o chantajear a quien se ponga enfrente.

La política de seguridad iniciada en 2006 -que ha sido mantenida y ampliada por la presente administración federal y estatal- es una muestra clara de las limitaciones y consecuencias de imponer una política pública sin involucrar a los beneficiarios. Que un gobierno federal, encabezado por una persona ignorante y autoritaria lo haga no sorprende a nadie. Pero que lo haga una universidad comprometida con el conocimiento, más que innovación parece una aberración. 

Recientemente la rectora Sara Ladrón de Guevara manifestó su deseo de que la UV pueda proponer leyes al poder legislativo, gracias a una profundización de su autonomía. Ojalá que dicho objetivo se logre pero no servirá de mucho si se sigue manteniendo a la comunidad universitaria ajena a la toma de decisiones sobre el presente y el futuro de la institución y del país. ¿Por qué siempre se olvida que los estudiantes universitarios son ciudadanos en pleno uso de sus derechos, capaces de tomar decisiones legítimas? ¿A quién le conviene olvidarlo?

Veracruz: sobre el asesinato de periodistas y el delito de desaparición forzada

Veracruz ocupa uno de los primeros sitios en materia de desaparición forzada. Según estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de desaparición forzada. La danza de los números a veces abonan al desconocimiento o negación de la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomático de la gravedad del problema. En relación con la libertad de prensa y la situación de los informadores, Veracruz tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, la entidad es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advierte que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas en México desde 2011. Hasta febrero de 2014, se contabilizaron 10 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos, y 132 agresiones contra la prensa estatal. Con el homicidio del foto reportero José Moisés Sánchez Cerezo la cifra de comunicadores ejecutados en ese plazo asciende a once. Cabe hacer notar que el caso de Sánchez Cerezo conjuga las dos modalidades de delito dominantes en la entidad: la agresión letal contra periodistas y la desaparición forzada. 

Si se toma en consideración el recorte temporal que comprende las últimas dos administraciones estatales, el número de periodistas ejecutados se eleva a dieciséis, cinco en la administración de Fidel Herrera Beltrán, y once en la administración de Javier Duarte de Ochoa. Tras el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en febrero de 2014, La Jornada nacional registró: “En el actual gobierno, Gregorio Jiménez es el décimo [periodista asesinado] de una lista que incluye a Regina Martínez, corresponsal de Proceso (abril de 2012); Gabriel Huge, reportero de Notiver (mayo de 2012); Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews (mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ(mayo de 2012); Víctor Báez, de Milenio (junio de 2012); Noel López Olguín, reportero (mayo de 2011); Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, muerto junto con su esposa y su hijo, el fotógrafo de Notiver Misael López Solana (2011); Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver (julio de 2011). Están desaparecidos los periodistas Gabriel Fonseca, de Diario de Acayucan y Liberal del Sur, y Sergio Landa, del Diario de Cardel. En el gobierno de Herrera fueron asesinados Raúl Gibb Guerrero, Roberto Marcos García, Adolfo Sánchez Guzmán y Luis Daniel Méndez; asimismo desapareció Jesús Mejía Lechuga (2003)”. 

La conclusión anticipada es lapidaria: Veracruz es un estado garante de la violación de derechos humanos. 

Hace un año exactamente se publicó un artículo en este mismo espacio acerca de la desaparición forzada en México, y especialmente en Veracruz. A continuación se reproduce parcialmente esa entrega, con motivo de la vigencia que conserva y la obligatoriedad de recuperar el tema como un objeto de análisis urgente. 

La desaparición forzada: una modalidad de violencia de Estado. 

Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. El discurso oficial insiste en ignorarlo. Así lo confirma un informe que hace apenas unas semanas enviara el gobierno federal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, cuyo contenido, de acuerdo con diversos analistas, minimiza la dimensión del problema, y describe irresponsablemente un horizonte optimista en relación con el procesamiento gubernamental de las denuncias. Cifras oficiales relativas al periodo 2006-2012, señalan que en el transcurso de esos seis años se consignó la desaparición de 26 mil personas. Un dato tal vez conservador si se admite que la contabilización de la desaparición forzada carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia rutinaria de las autoridades públicas. La virulencia y sistematicidad de este flagelo obliga a la siguiente conjetura: la desaparición forzada es un delito tolerado e incluso fomentado por algunos poderes públicos y privados. 

Para situarnos en un terreno más o menos común, cabe recuperar la definición de “desaparición forzada” que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: a saber, “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf).  

Cabe destacar dos aspectos en esta definición: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa de reconocimiento. 

En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, Veracruz es un catálogo de pruebas auto incriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013: “Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino” (Proceso 19-VI-2013); u otra más reciente del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-V-2014). 

Pero a pesar de la insistencia gubernamental en la omisión de este delito, en ciertos estados como Veracruz la incidencia de esta modalidad de crimen rebasa la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta: “En la última semana de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Proceso 18-V-2014). 

Esta cifra coincide con la información que hiciera pública el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de este año. El reporte del colectivo añade que en estas desapariciones consignadas se encuentran 122 menores de edad (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/03/desapariciones-forzadas-feminicidios-e.html). Pero la cifra es más alarmante si se considera el aumento exponencial de este delito en el último año: hasta agosto del año antepasado (2012) sólo se tenía conocimiento de 133 desapariciones forzadas. 

No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del Mando Único Policial (comando centralizado para las tareas de seguridad). Se trata de una concordancia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos. Las organizaciones delincuenciales sin duda son un actor central en esta coyuntura. Pero el problema primario radica en la criminalidad de ciertos poderes (enclaves económicos o políticos) que actúan desde las estructuras del Estado, o bien que se apoyan en éstas. 

El periodista italiano Federico Mastrogiovanni resume esta trama: “sembrar el terror en la población es parte de una estrategia que favorece los intereses de empresas transnacionales. Y la estrategia pasa a través de una paramilitarización del país, el aumento de la represión por parte del Estado y el incremento de actividades de los grupos criminales contra la población civil… La desaparición forzada de personas es una de las tantas formas de control del territorio a través del terror y el silencio que cubre [la geografía nacional]… de una especie de aniquilación” (Proceso 18-V-2014). 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos parece arribar a conclusiones análogas: “El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento a violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio inicio [la pasada administración federal]” (http://cmdpdh.org/2013/01/el-resurgimiento-de-la-desaparicion-forzada-en-mexico-2/). 

Si se toman los hechos y resultados como prueba de intencionalidad, la conclusión es obligada e irrevocable: la desaparición forzada es una de las múltiples modalidades de violencia de Estado. El doctor Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene categóricamente: “La única respuesta es que alguien se está beneficiando con esto y es alguien dentro de los aparatos de poder; no es alguien que está afuera…. [Los delincuentes] no son más que empleados de alguien, y ese alguien está dentro de las estructuras formales” (Nancy Flores, 2012).