El hijo desobediente reanudó repentinamente su sacrosanta lucha contra la delincuencia y los enemigos de la patria, en aras, según la versión del inquilino en los pinos, de desmontar las redes de complicidad entre autoridades y el crimen organizado. Esta vez, las víctimas de su jugarreta fueron los estados de Nuevo León, Morelos, Michoacán y Veracruz. El célebre caballero de la justicia puso en marcha un operativo en el que participaron Ejército y Policía Federal Preventiva para la detención en masa –sin previa orden de aprehensión- de una treintena de servidores y ex servidores públicos en Michoacán, medio centenar de elementos policíacos en la entidad neoleonense, cinco funcionarios de la Procuraduría de Morelos y mas de treinta efectivos de la policía de Veracruz. Todos ellos arrestados por presuntos nexos con organizaciones criminales.
Cabe preguntarse, con que objeto se realizaron estas detenciones irregulares, claramente violatorias de los criterios jurídicos vigentes. Por los antecedentes del gobierno actual en materia de corrupción y aplicación espuria de la ley, sabemos que esta estrategia obedece a consideraciones de carácter publicitario-electoral y a la protección de los cárteles y colaboradores que operan con el consentimiento de los poderes públicos.
Esto explica la propensión del gobierno federal a realizar los operativos en entidades gobernadas por la oposición y precisamente en el marco de una contienda electoral. Ante el descrédito del gobierno en turno, la única bandera que le restaba por defender era la del combate a la delincuencia. Sabemos que ni siquiera en este terreno ha tenido éxito, y por ello el partido en el poder se vio obligado a actuar con aparente firmeza de cara a las próximas elecciones. El despliegue publicitario fue el ingrediente medular.
El otro aspecto apócrifo de estas aprehensiones en masa, fue el hecho de que estuvieran dirigidas –aunque con asistencia de efectivos militares- por la PFP, corporación policíaca subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública que preside Genaro García Luna, a quien se acusa de tener vínculos estrechos con el crimen organizado y el narcotráfico. Con esta referencia, es difícil creer que la PFP este exenta de los “vicios” y “anomalías” que ahora finge impugnar y combatir. Existen razones de sobra para creer que estamos presenciando una lucha encubierta entre cárteles del narcotráfico, ejecutada por los cuerpos policíacos y al amparo del Ejército y el gobierno federal.
Después de las detenciones en Nuevo León, un grupo de inconformes se manifestó a las afueras del cuartel de la secretaría de seguridad pública del estado. Ahí, frente al edificio una mujer exclamó: “que se empiece la limpia desde arriba y no con los de abajo que son obligados a servir al narco.”
Esto es cierto siempre y cuando el objetivo realmente fuera erradicar el crimen y la complicidad de funcionarios públicos. Lamentablemente, esto no es lo que se busca. El gobierno federal no pretende desarticular las redes del crimen organizado y el narcotráfico: quiere afianzar al cártel con el que tiene “pacto de caballeros.” El gobierno federal no esta “limpiando” México: quiere desplegar una campaña propagandística para posicionar electoralmente al partido que ocupa el poder.
Al parecer el hijo desobediente salió más manso de lo que se pensaba.
¿O usted que opina amable lector?
Cabe preguntarse, con que objeto se realizaron estas detenciones irregulares, claramente violatorias de los criterios jurídicos vigentes. Por los antecedentes del gobierno actual en materia de corrupción y aplicación espuria de la ley, sabemos que esta estrategia obedece a consideraciones de carácter publicitario-electoral y a la protección de los cárteles y colaboradores que operan con el consentimiento de los poderes públicos.
Esto explica la propensión del gobierno federal a realizar los operativos en entidades gobernadas por la oposición y precisamente en el marco de una contienda electoral. Ante el descrédito del gobierno en turno, la única bandera que le restaba por defender era la del combate a la delincuencia. Sabemos que ni siquiera en este terreno ha tenido éxito, y por ello el partido en el poder se vio obligado a actuar con aparente firmeza de cara a las próximas elecciones. El despliegue publicitario fue el ingrediente medular.
El otro aspecto apócrifo de estas aprehensiones en masa, fue el hecho de que estuvieran dirigidas –aunque con asistencia de efectivos militares- por la PFP, corporación policíaca subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública que preside Genaro García Luna, a quien se acusa de tener vínculos estrechos con el crimen organizado y el narcotráfico. Con esta referencia, es difícil creer que la PFP este exenta de los “vicios” y “anomalías” que ahora finge impugnar y combatir. Existen razones de sobra para creer que estamos presenciando una lucha encubierta entre cárteles del narcotráfico, ejecutada por los cuerpos policíacos y al amparo del Ejército y el gobierno federal.
Después de las detenciones en Nuevo León, un grupo de inconformes se manifestó a las afueras del cuartel de la secretaría de seguridad pública del estado. Ahí, frente al edificio una mujer exclamó: “que se empiece la limpia desde arriba y no con los de abajo que son obligados a servir al narco.”
Esto es cierto siempre y cuando el objetivo realmente fuera erradicar el crimen y la complicidad de funcionarios públicos. Lamentablemente, esto no es lo que se busca. El gobierno federal no pretende desarticular las redes del crimen organizado y el narcotráfico: quiere afianzar al cártel con el que tiene “pacto de caballeros.” El gobierno federal no esta “limpiando” México: quiere desplegar una campaña propagandística para posicionar electoralmente al partido que ocupa el poder.
Al parecer el hijo desobediente salió más manso de lo que se pensaba.
¿O usted que opina amable lector?
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