Ahora que el tema de la seguridad esta en boca de todos sería importante tomar nota de estos datos. Quizá una primera medida para combatir la delincuencia y la inseguridad tendría que ser la implementación de políticas de planificación y desarrollo económico, que busquen contrarrestar la profunda polaridad social. De este modo se evitaría que cada vez más grupos sociales opten por la vía del trabajo informal y el mercado negro, perímetros que invariablemente provocan brotes de violencia en el país.
Sin embargo, siendo realistas, no bastará con establecer métodos de homogeneización social para erradicar la vida delincuencial, ya que un problema central de la inseguridad pública y la persistente incapacidad para resolverle radica en la participación de servidores públicos y cuerpos policíacos en las redes del crimen organizado. En consecuencia, el dinero de los negocios ilícitos se filtra igualmente en la política y las instancias de justicia, amenazando lo poco que resta de gobernabilidad y atentando contra los incipientes márgenes de democracia que el país ha alcanzado a lo largo de los últimos años.
Estos nexos entre autoridades y grupos de delincuencia organizada imposibilitan u obstruyen la aplicación de acciones serias contra el crimen, la inseguridad y la violencia, abriendo paso a las recurrentes –hoy ya insostenibles- practicas de corrupción e impunidad.
La solución no esta en la aprobación de leyes y penas mas severas –o “mano dura” para emplear la terminología que mas complace al “presidente del empleo”-. Un mayor despliegue de fuerzas policíacas únicamente engendraría más violencia y terror (ahí esta el caso de Colombia), mientras que fortalecería el carácter autoritario del estado mexicano. El recurso de reconceptualizar las corporaciones policíacas certificando a cada uno de los elementos que le integran también resulta insuficiente. Lo que debemos hacer como ciudadanos es reconceptualizar las formas de hacer política y certificar no a los policías sino a los funcionarios públicos que tantos perjuicios ocasionan al país.
Y concluyo con una pregunta. ¿Que es mas pernicioso para la democracia y la estabilidad social del país, un puñado de judiciales corruptos o una clase política incompetente, déspota y cómplice del crimen, como la que actualmente ocupa el poder en el país? Si el gobierno actual es incapaz de hacer valer las demandas de la población en materia de seguridad, así como en cualquier otro rubro, quizá el recurso más sensato sería exigir su destitución.
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