El jueves pasado nuestro ilustre Presidente viajó a los Estados Unidos para encontrarse con su contraparte norteamericano, con el firme objetivo de asegurarle que la guerra contra el narcotráfico dictada desde Washington se seguiría aplicando en territorio mexicano, así como para ofrecer especial protección a los agentes estadounidenses que operan en nuestro país, puesto que al parecer son más importantes que los propios mexicanos. Prueba de ello es la inusitada rapidez con la que el presunto culpable del asesinato del agente de aduanas asesinado fue presentado a las autoridades, cuando miles de atrocidades cometidas contra mexicanos siguen sin esclarecerse. Calderón aprovechó para solicitar al Presidente y al Congreso norteamericanos una mayor vigilancia sobre el tráfico de armas ilegales procedentes de los Estados Unidos a nuestro país. El gran problema es que se olvidó de las armas que entran por otros medios.
Por si el armamento que ingresa al país cortesía del contrabando en la frontera norte no fuese suficiente, el gobierno estadounidense decidió echarle una manita al crimen organizado en nuestro país permitiendo la venta de 1765 armas en el transcurso de los últimos 15 meses. Si fueron ventas al contado o en cómodos pagos está por aclararse. El supuesto es que dichas armas serían rastreadas para lograr así construir un caso legal en contra de los cárteles mexicanos. Al menos 195 de las armas en cuestión fueron usadas para cometer delitos en suelo mexicano. Como si esto no fuese lo suficientemente increíble, al operativo se le llamó Rápido y Furioso, presumiblemente por ser tan malo como las películas del mismo nombre.
El escándalo fue desatado por un agente de la AFT, organización encargada del control de armas en los Estados Unidos, quién indignado por la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza norteamericana tras un ataque con estas mismas armas, decidió acudir a la televisión y denunciar el operativo. Conocer a ciencia cierta el número de muertes causadas por estas armas resulta poco menos que imposible, sin embargo bien vale preguntarse: ¿nos habríamos enterado siquiera de la existencia de dicho programa de no haber muerto un agente estadounidense?; y ¿las muertes de mexicanos estaban presupuestadas dentro de la estrategia de guerra al narcotráfico, no así las norteamericanas?
El gobierno mexicano se ha enfrascado en lo que va del sexenio en una guerra perdida en contra del crimen organizado, una guerra cuyos únicos ganadores serán tanto las grandes corporaciones encargadas de proveer armamento a todo el mundo y el mercado interno de drogas en los Estados Unidos (¿han escuchado últimamente de algún capo detenido en Estados Unidos?), ambos negocios multimillonarios.
Mientras tanto, el 80% de las armas que se han decomisado en nuestro país provienen de nuestro vecino del norte, sin que el Presidente o el Congreso norteamericano piensen siquiera en iniciar una regulación acerca de la compra de armas en su propio país, armas que invariablemente terminan en el nuestro causando muertes.
Un kilo de cocaína aumenta su valor al menos 5 veces una vez que cruza la frontera entre México y Estados Unidos. Como toda mercancía en una economía de mercado, el negocio del narcotráfico deja ganancias desiguales: en Colombia se queda el 5% y en México el 7.5%. Adivinen a dónde va a parar el resto… Pero son nuestros países los que están obligados a cargar con los costos humanos, mientras que los dividendos del negocio van a parar a otro lado. Y como si no fuese suficiente, nuestros amigos en la frontera dejan pasar más armas, “para ver qué pasa”.
¿Qué dirá Calderón ahora? Después del encuentro en Washington, ambos presidentes se dedicaron a alabar la cooperación existente entre ambos gobiernos en el combate al crimen organizado, al tiempo que Obama destacaba los esfuerzos de su gobierno por detener el flujo de armas a nuestro país, sólo para enterarnos horas después que un buen número de las mismas habían ingresado a México con pleno conocimiento del gobierno norteamericano.
Por supuesto no podemos esperar una condena enérgica por parte de Calderón a la actuación de la administración estadounidense sin pecar de ingenuos, más bien vale la pena reflexionar en el sentido de una guerra cuyos “daños colaterales” llegan ya a los 36 mil muertos, sin que se vislumbre un posible final a la misma.
Por si el armamento que ingresa al país cortesía del contrabando en la frontera norte no fuese suficiente, el gobierno estadounidense decidió echarle una manita al crimen organizado en nuestro país permitiendo la venta de 1765 armas en el transcurso de los últimos 15 meses. Si fueron ventas al contado o en cómodos pagos está por aclararse. El supuesto es que dichas armas serían rastreadas para lograr así construir un caso legal en contra de los cárteles mexicanos. Al menos 195 de las armas en cuestión fueron usadas para cometer delitos en suelo mexicano. Como si esto no fuese lo suficientemente increíble, al operativo se le llamó Rápido y Furioso, presumiblemente por ser tan malo como las películas del mismo nombre.
El escándalo fue desatado por un agente de la AFT, organización encargada del control de armas en los Estados Unidos, quién indignado por la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza norteamericana tras un ataque con estas mismas armas, decidió acudir a la televisión y denunciar el operativo. Conocer a ciencia cierta el número de muertes causadas por estas armas resulta poco menos que imposible, sin embargo bien vale preguntarse: ¿nos habríamos enterado siquiera de la existencia de dicho programa de no haber muerto un agente estadounidense?; y ¿las muertes de mexicanos estaban presupuestadas dentro de la estrategia de guerra al narcotráfico, no así las norteamericanas?
El gobierno mexicano se ha enfrascado en lo que va del sexenio en una guerra perdida en contra del crimen organizado, una guerra cuyos únicos ganadores serán tanto las grandes corporaciones encargadas de proveer armamento a todo el mundo y el mercado interno de drogas en los Estados Unidos (¿han escuchado últimamente de algún capo detenido en Estados Unidos?), ambos negocios multimillonarios.
Mientras tanto, el 80% de las armas que se han decomisado en nuestro país provienen de nuestro vecino del norte, sin que el Presidente o el Congreso norteamericano piensen siquiera en iniciar una regulación acerca de la compra de armas en su propio país, armas que invariablemente terminan en el nuestro causando muertes.
Un kilo de cocaína aumenta su valor al menos 5 veces una vez que cruza la frontera entre México y Estados Unidos. Como toda mercancía en una economía de mercado, el negocio del narcotráfico deja ganancias desiguales: en Colombia se queda el 5% y en México el 7.5%. Adivinen a dónde va a parar el resto… Pero son nuestros países los que están obligados a cargar con los costos humanos, mientras que los dividendos del negocio van a parar a otro lado. Y como si no fuese suficiente, nuestros amigos en la frontera dejan pasar más armas, “para ver qué pasa”.
¿Qué dirá Calderón ahora? Después del encuentro en Washington, ambos presidentes se dedicaron a alabar la cooperación existente entre ambos gobiernos en el combate al crimen organizado, al tiempo que Obama destacaba los esfuerzos de su gobierno por detener el flujo de armas a nuestro país, sólo para enterarnos horas después que un buen número de las mismas habían ingresado a México con pleno conocimiento del gobierno norteamericano.
Por supuesto no podemos esperar una condena enérgica por parte de Calderón a la actuación de la administración estadounidense sin pecar de ingenuos, más bien vale la pena reflexionar en el sentido de una guerra cuyos “daños colaterales” llegan ya a los 36 mil muertos, sin que se vislumbre un posible final a la misma.
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