“No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República”.
Las reglas, me dijo y yo le dije que no dicen nada y él dijo: pero las reglas. Y me dijo que “como consecuencia de la inconformidad hacia las empresas eléctricas, por parte de los usuarios domésticos, industriales y agrícolas, así como de la demanda creciente a favor de la nacionalización de la industria eléctrica, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, se expidió la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la organización y dirección de un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos y sin propósitos de lucro y el 11 de febrero de 1939 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica, tendiente a regular a las empresas dedicadas a esta actividad”.
Yo le dije sí, bueno pero entonces él me dijo también que “uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidar, en una sola empresa, la prestación del servicio público de energía eléctrica”.
También -me dijo- “la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria de la adición constitucional señalada, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1975, reiteró la fórmula constitucional y estableció expresamente que la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”.
Aunque -le dije- y él me dijo: “en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas” me dijo.
Pero ahora dice que “las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial, han hecho imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la viabilidad económica del país mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público”.
Y también dice que “a fin de hacer un mejor uso de los recursos de los ciudadanos y para garantizar a todo el país los mismos estándares de calidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica, cumpliendo lo ordenado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, ha tenido a bien expedir el decreto para desaparecer Luz y Fuerza.
A ellos no les gustó lo que dijo y le dijeron que en la “Asamblea General de nuestro Sindicato, se tomo (sic) el acuerdo de no aceptar la liquidación que nos ofrece el gobierno federal, en virtud de que vamos a ejercer nuestro derecho de amparo contra el intento gubernamental de liquidarnos.
“Sabemos que la situación económica actual de nuestras familias no es la mejor, pero tendremos que resistir los embates del gobierno federal.
‘No aceptes firmar notificación alguna, solo unidos podremos ganar esta batalla’ dice Fernando Amezcua, miembro del SME.
Yo digo -le digo- que las circunstancias económicas derivadas de la decisión irán en contra de la viabilidad económica del país.
Y entonces yo digo valen las leyes, me dice y él dijo las leyes, pues le dije no valen y él dijo no valen me dice.
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