La modernización del TLCAN y la guerra civil en México

De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para el mantener,principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como del lugar.

No se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE. UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE. UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del status quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.