El proceso de militarización que las autoridades federales han venido impulsando desde el inicio del sexenio empieza a ganar adeptos en los estados, en particular bajo la premisa de que una policía unificada responderá mejor a las demandas de seguridad que la ciudadanía ha venido enarbolando desde hace varios años. Sin embargo, la participación activa de los militares ha provocado un incremento en la violencia, lo que ha disparado el número de muertes, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden de cateo y en general en el debilitamiento de las libertades y los derechos civiles.
En este sentido, la desaparición de la policía intermunicipal en la capital de estado de Veracruz parece encaminada a centralizar los mandos policiacos, sometiéndolos a la lógica militar, con el argumento de que son las policías municipales parte del problema de seguridad y no su solución. Nadie ignora que las policías locales son el eslabón más fácilmente controlable por parte del crimen organizado, que las somete y pone a su servicio, convirtiéndolas en un problema más a considerar en las políticas de seguridad.
Sin embargo, desaparecerlas paulatinamente en los municipios del estado, como parece ser la estrategia del gobierno veracruzano, debe ser vista con reserva puesto que lo más probable es que sean sustituidos por militares, que se pondrán el uniforme de policía pero sin contar con los principios de una corporación civil. Su formación militar puede ser muy efectiva para aumentar la capacidad de respuesta al narcotráfico pero al mismo tiempo la ciudadanía tendrá que enfrentar atropellos sistemáticos a sus derechos como consecuencia de que la lógica militar ve a los demás como enemigos y no como conciudadanos.
El caso de Jorge Otilio Cantú Cantú, quien fue asesinado por policías militares en la ciudad de Monterrey es una muestra clara de los problemas que enfrenta una sociedad sin policía civil. El joven Cantú circulaba por una de las principales avenidas de la capital neolonesa cuando fue el blanco de más de cuarenta balazos disparados por ‘policías’ quienes consideraron sospechoso el vehículo en el que transitaba por el simple hecho de ser una camioneta Dodge Ram. Por si fuera poco, los ‘policías’ lo remataron con cuatro tiros en la cara, alteraron la escena del crimen, lo acusaron de ser narcotraficante y le robaron su celular y su cartera. A pesar de toda la evidencia en su contra, en el dictamen de la procuradoría se asentó que “El capitán Reynaldo Camacho refiere que sus tropas repelieron la agresión de un sujeto que iba en una camioneta Ram roja y lo ejecutaron”. (www.jornada.unam.mx/2011/05/
Este es un caso típico de un asesinato calificado como ‘error de procedimiento’. Es una clara muestra de la forma de pensar de un militar disfrazado de policía, que gozando de impunidad se convierte en ministerio público y juez al mismo tiempo, decidiendo la vida y la muerte de un civil. Pero además en este caso es evidente el sometimiento del poder civil al militar pues no sólo el ministerio público se prestó al juego de manipular el expediente a favor de los asesinos sino que el propio gobierno del estado renunció a juzgarlos de acuerdo a las leyes civiles, cediéndole el privilegio al mando militar.
Es en mi opinión, un autogolpe de estado que tiene la intención de mantener aterrorizada a la población con un doble fin. Por un lado afinar la imagen de una clase política que está haciendo algo para enfrentar al narcotráfico pero en realidad con la intención de ocultar la problemática fundamental que incluso es la causa central de la violencia en que vivimos: la desigualdad rampante, el empobrecimiento generalizado, el enriquecimiento ilícito, grotesco, por parte de los empresarios pero también de los funcionarios públicos y los representantes ‘populares’. Por otro lado, la militarización de las policías locales se basa en la idea de que centralizar los mandos policiacos redundará en una mayor eficiencia y eficacia para enfrentar al crimen organizado, pero resulta difícil evitar pensar que a los únicos que les conviene la centralización es a los militares y los militaristas y sobre todo al Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos, que no sólo verán incrementada su capacidad de control sobre el territorio nacional sino que también ayudarán a la industria bélica para mejorar sus ingresos. Negocio redondo pues, al mismo tiempo, se fortalece el Plan Mérida y por el otro se beneficia al poderoso caballero, Don Dinero.
No extraña que debido a su debilidad, las oligarquías económicas y políticas mexicanas vean con buenos ojos ir desprendiéndose de sus responsabilidades formales, o sea el mantenimiento de la ley y el orden, con argumentos falsos y cínicos. Falsos porque quien puede pensar que sus acciones están inspiradas en el bien común; cínicos porque frente al aumento de la violencia y el fracaso de sus políticas de seguridad pública se apuran a responsabilizar a la propia ciudadanía -como sería el caso de los ninis, jóvenes marginados y discriminados pero que son considerados como la base de los ejércitos privados del crimen organizado.
La renuncia de los poderes civiles a someter al imperio de la ley a los militares en aras de una emergencia nacional me recuerda el dicho popular que dice: salió más caro el caldo que las albóndigas. Militarizar a las policías municipales puede parecer una buena solución a corto plazo –sobre todo para lograr alianzas de los gobernadores con el gobierno federal y quedar bien con el estado yanqui- pero en el mediano y largo plazo se abre el panorama para un autogolpe de estado, que no tiene otro objetivo que fortalecer la dominación y el sometimiento de la población para mejorar los rendimientos del capital.
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