Nuevamente estamos en presencia de una de las muchas maneras por las cuales el estado beneficia con transferencias directas de recursos públicos a destacadas personalidades -representantes de facciones políticas y grupos empresariales- de nuestro país. Como en el pasado la legalidad republicana es pervertida con fines de lucro, con el apoyo de las propios poderes del estado y sus instituciones, las cuales parecen diseñadas para facilitar estos ‘estímulos’ selectivos con el supuesto fin de impulsar los negocios.
Es el caso de los terrenos en donde está ubicado el corredor industrial de Altamira, Tam., que alberga a varias empresas internacionales y nacionales y que fue expropiado en 1981 por el gobierno federal para iniciar un proyecto que hoy está en plena madurez. Resulta que los ejidatarios perjudicados por el decreto expropiatorio iniciaron acciones legales para recuperar sus tierras. Así fue como contrataron al bufete de abogados encabezado por Diego Fernández y Antonio Lozano Gracia y aunque usted no lo crea, ganaron, desde el 5 de noviembre del año pasado, cuando el ejecutivo federal firmó el decreto que anula la expropiación, acatando el mandato del juez.
Comenzó entonces el proceso de avalúo de los terrenos -que hoy valen mucho debido a la inversión que se ha venido localizando en la zona- y se calculó que la indemnización puede llegar a 1500 millones de pesos (www.jornada.unam.mx/2009/07/08). Todo el proceso impecable en términos judiciales, pero al final nos encontramos con la vieja receta que favorece intereses selectivamente. Los ejidatarios no van a recibir tierra, y si se duermen no van a recibir mucho dinero; la parte de león será en buena parte, otra vez, para los expertos en explotar los generosos resquicios de la ley.
El fondo de la cuestión no tiene mucho que ver con la justicia sino con la transferencia de recursos públicos a manos privadas, con la vacuna de la legalidad, que no evita que sea evidente que los vacíos legales son, más bien, estímulos a la creatividad empresarial. La anulación de la expropiación no pretende hacerle justicia a un grupo de ejidatarios despojados (vaya usted a saber cuanto les dieron en 1981 como indemnización) sino a un grupo de viejas amistades para fortalecer las alianzas políticas, hoy mas necesarias que nunca, sobre todo con los recientes resultados electorales. Y si al mismo tiempo se estimula el crecimiento y el desarrollo económico, aunque sea solo de unos cuántos, pues que mejor.
En tiempos en donde todos los países están pensando en como salir de la crisis económica, habrá que considerar a este tipo de estímulos como una aportación de la creatividad nacional para la solución de la crisis económica en el mundo. Ya a estas alturas todo sirve o podría servir ¿No?
Es el caso de los terrenos en donde está ubicado el corredor industrial de Altamira, Tam., que alberga a varias empresas internacionales y nacionales y que fue expropiado en 1981 por el gobierno federal para iniciar un proyecto que hoy está en plena madurez. Resulta que los ejidatarios perjudicados por el decreto expropiatorio iniciaron acciones legales para recuperar sus tierras. Así fue como contrataron al bufete de abogados encabezado por Diego Fernández y Antonio Lozano Gracia y aunque usted no lo crea, ganaron, desde el 5 de noviembre del año pasado, cuando el ejecutivo federal firmó el decreto que anula la expropiación, acatando el mandato del juez.
Comenzó entonces el proceso de avalúo de los terrenos -que hoy valen mucho debido a la inversión que se ha venido localizando en la zona- y se calculó que la indemnización puede llegar a 1500 millones de pesos (www.jornada.unam.mx/2009/07/08). Todo el proceso impecable en términos judiciales, pero al final nos encontramos con la vieja receta que favorece intereses selectivamente. Los ejidatarios no van a recibir tierra, y si se duermen no van a recibir mucho dinero; la parte de león será en buena parte, otra vez, para los expertos en explotar los generosos resquicios de la ley.
El fondo de la cuestión no tiene mucho que ver con la justicia sino con la transferencia de recursos públicos a manos privadas, con la vacuna de la legalidad, que no evita que sea evidente que los vacíos legales son, más bien, estímulos a la creatividad empresarial. La anulación de la expropiación no pretende hacerle justicia a un grupo de ejidatarios despojados (vaya usted a saber cuanto les dieron en 1981 como indemnización) sino a un grupo de viejas amistades para fortalecer las alianzas políticas, hoy mas necesarias que nunca, sobre todo con los recientes resultados electorales. Y si al mismo tiempo se estimula el crecimiento y el desarrollo económico, aunque sea solo de unos cuántos, pues que mejor.
En tiempos en donde todos los países están pensando en como salir de la crisis económica, habrá que considerar a este tipo de estímulos como una aportación de la creatividad nacional para la solución de la crisis económica en el mundo. Ya a estas alturas todo sirve o podría servir ¿No?
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