Andrés Zamudio Juárez
Resulta sumamente curioso considerar que hace aproximadamente un año, en el preámbulo de la elección presidencial y durante la coyuntura social dada a partir de los movimientos estudiantiles encabezada por el Yosoy132, que manifestaba su repudio hacia la posible llegada de EPN a la silla presidencial, la base del magisterio se encontrara en los mítines de campaña de dicho candidato. Por supuesto, esto no significó la abierta simpatía de cada uno de los maestros hacia el hoy presidente de nuestro país, ni siquiera que su voto declinara a su favor en las urnas, pero cabe recordar lo que muchos líderes decían al gremio con respecto a que, más allá de las filias partidistas, el PRI era lo que convenía a los maestros. La base magisterial no tenía sino que ceder al chantaje en la búsqueda de preservar el pequeño espacio de confort que le brindaban sus plazas con todos sus derechos y prestaciones. Hoy los maestros sienten que ese confort se les escapa de las manos y que el régimen al cual brindaron su apoyo (Convencidos o no) les da una patada en el trasero, ante la mirada abúlica y apática de quienes supuestamente los lideran.
No obstante, los líderes, los medios de comunicación y un sector de la sociedad civil (sociedad mediatizada), señalan que los maestros hoy son presa de la desinformación y de aquellos que no quieren perder privilegios como el control de plazas y otros cotos de poder, son ellos quienes manipulan al grueso del gremio, se señala; sin embargo, son justamente los líderes -aquellos que siempre han gozado del poder y de los privilegios por los cuales hoy se estigmatiza a los maestros que marchan en las calles- quienes hoy callan.
La insurrección magisterial cobra relevante e histórica importancia en esta coyuntura social que se abre, pues pone en tela de juicio no sólo su relación con los poderes gubernamentales sino que cuestiona la unidad misma de su estructura al desconocer, en muchos de los casos, a sus líderes. El fenómeno social expone a flor de piel una constante de las estructuras institucionales y políticas de todo el país y a todos sus niveles, y ésta no es otra que la carencia de representatividad. Fácticamente, toda estructura social carece de ella, desde los sindicatos, hasta los congresos locales y el Congreso de la Unión.
Desde esta óptica, la demanda de participación con respecto al establecimiento de los criterios para la evaluación que se plantea en la Ley General del Servicio Profesional Docente es más que legítima, y eso sin observar que el facultar a un organismo independiente a la estructura sindical para realizar movimientos o despidos a sus agremiados sí representa una amenaza para las conquistas sindicales y los derechos laborales (http://www.jornada.unam.mx/2013/09/06/opinion/023a2pol). El planteamiento de la iniciativa de dicha ley no promueve el saneamiento ni el combate a la corrupción en el sindicato, sino su debilitamiento.
Por otra parte, la discusión sobre los criterios de evaluación cobra relevante importancia con respecto al papel que jugarán las nociones de ciencia y conocimiento sobre las cuales se fundamenten dichas evaluaciones. La participación de expertos académicos debiera ser imprescindible en esta materia, pues es absurdo pensar que la élite burócrata de nuestro país esté capacitada para decidir con respecto a estos asuntos, pero este tema amerita para sí mismo un espacio más grande y profundo de análisis.
En general, la cuestión de la participación ciudadana, como exigencia y derecho, es lo que se abre de nueva cuenta con el conflicto magisterial, ésta excederá al mismo, sobre todo con la llegada de las reformas que se han anunciado, significando para las autoridades el termómetro con el cual ha de medirse la reacción social.
Las reformas que están en camino impactarán en diversos sectores de la sociedad. Lo que se expone y se juega con la lucha que abre el magisterio es el derecho mismo a ser parte del diálogo que hace la política de éste país; de otra manera, se aceptaría el paternalismo tan repudiado por muchos, resignándonos a que siempre han de ser los de arriba quienes tomen las decisiones, como si sólo ellos pudiesen saber lo que es bueno para todos. El propio magisterio ya dejó pasar una coyuntura social importante, en la salvaguarda del propio confort. Ahora son ellos quienes al verse amenazados la encabezan mientras el resto de la sociedad expecta e incluso condena, ¿se comportarán así incluso cuando les toque el turno de que les pateen el pesebre?
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