Las protestas y
movilizaciones de los maestros en buena parte del país han demostrado que las
reformas impulsadas por Peña Nieto están generando un enorme descontento entre
buena parte de la población, poniendo a prueba al sistema político. El regreso
del PRI a Los Pinos reconfiguró la dinámica política, regresándola a los
tiempos en que el poder ejecutivo subordinaba sin miramientos a los otros dos
poderes así como a los gobernadores y en general, a todos los actores políticos
institucionales. En los viejos tiempos, el PRI controlaba el congreso
marginando a la oposición partidista; hoy el control se da por medio de pactos,
como el pacto por México, en el cual la oposición se subordina al proyecto
presidencial pero manteniendo una imagen de pluralidad, muy útil para legitimar
el desmantelamiento del viejo estado de bienestar y mostrarlo como un avance en
el desarrollo político del país.
La embestida
contra el magisterio para reducir sus derechos laborales evidencian tres
procesos que apuntan a reconfigurar el autoritarismo ‘democrático’ en México, a
saber: las soluciones policiacas y militares para la contención del
descontento, el crecimiento de la brecha entre gobernantes y gobernados y el mantenimiento
del charrismo sindical como fórmula para mantener el control sobre los
trabajadores organizados.
El autoritarismo
estuvo siempre apuntalado en las fuerzas armadas pero en nuestros días se puede
apreciar un cambio cualitativo. En los viejos tiempos, el ejército permanecía
en los cuarteles y seguía siendo visto por los políticos como una amenaza a su
poder -herencia de los conflictos posteriores al fin de la revolución de 1910
que provocó gran inestabilidad política y social, como consecuencia de las
continuas rebeliones y asonadas militares- mientras que hoy han salido de sus
cuarteles y los gobernantes dependen cada vez más de ellos. El reciente desfile
para conmemorar la independencia nacional tuvo un actor privilegiado: el
ejército, que desfiló, disfrazó efectivos de civiles para medio llenar el
zócalo y además, coordinó las labores de represión en todo el país. Las fiestas
nacionales han perdido poco a poco su carácter civil y la parafernalia militar
gana terreno. La participación del ejército como prólogo a un encuentro de
fútbol de la selección nacional es otra muestra clara del militarismo rampante.
Al mismo tiempo,
y en estrecha relación con la anterior, los gobernantes muestran
sistemáticamente su desprecio por las demandas de las mayorías, confiados en su
alianza con las fuerzas armadas, en los enormes recursos económicos que
perciben y en los aplausos (¿sobornos?) que reciben de los organismos
internacionales, la banca internacional y los gobiernos de los países ricos. El
conflicto magisterial ha sido objeto de toda clase de descalificaciones y
trampas burdas por parte de los políticos y sus partidos. Arropados por los
medios de comunicación, diputados, senadores, gobernadores, ediles y
empresarios insisten en que no hay otra ruta que la suya y lo que se espera de
la población es su apoyo en lugar de protestas y movilizaciones. Su desprecio por
las leyes y la dignidad de las personas parece no tener límites. Las recientes
inundaciones que le han costado la vida a cientos y el patrimonio a decenas de miles
son un escaparate privilegiado para confirmar el argumento. En lugar de actuar
para minimizar los daños, la burocracia política estaba más preocupada por los
festejos patrios y la represión de las protestas.
Por su parte, el
charrismo sindical representa hoy una vieja fórmula política, reciclada por el
estado para mantener el control sobre sus trabajadores y los de las empresas
privadas. La burocracia sindical fue por mucho tiempo un actor político central
en el equilibrio del sistema político tradicional pero su declive (que
probablemente inició con la muerte de Fidel Velázquez, el charro mayor y sobre
todo con el cambio en el modelo económico) no se ha detenido en las últimas
décadas. El conflicto magisterial ha debilitado enormemente el férreo control
del SNTE sobre los maestros del país. Se podría pensar que el estado ha dejado
a su suerte al sindicato de maestros para fragmentar la representación sindical
en aras de un mayor control. El encarcelamiento de su líder histórica, Elba
Esther Gordillo, puede entenderse hoy como parte de la ofensiva y antecedente
directo de la reforma. Muchos de sus miembros se preguntan si las reformas
hubieran pasado en el caso de que la maestra estuviese libre y en control del
sindicato. Sin embargo, el estado no pretende renunciar a su control sino
reforzarlo, debilitando y fragmentando a las organizaciones de trabajadores.
Por todo lo
anterior, las luchas de los maestros resultan fundamentales para contener la
reconfiguración del sistema político. En la medida en que las demandas
magisteriales se trasladen a la defensa y democratización de sus sindicatos,
sin menospreciar las demandas originales, la reconfiguración del autoritarismo -sostenida
por la democracia electoral y la militarización- enfrentará obstáculos eventualmente
infranqueables. La recuperación de las organizaciones sindicales -condición
necesaria para recuperar sus derechos perdidos con las reformas- representa hoy un elemento indispensable para
abrir nuevos horizontes a la historia de México e impedir el afianzamiento del
autoritarismo ‘democrático’. Tal vez por eso estudiantes, desempleados, amas de
casa, padres y madres de familia y la población en general los han apoyado.
Presienten que lo que hay en juego va más allá que la defensa de los derechos
laborales del magisterio. Y en eso tienen toda la razón.
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