Tras el devastador terremoto que azotó a Haití en enero de 2010, la revista Time dedicó una edición completa a la cobertura de aquel siniestro (algo poco habitual para un medio que, obsesionado con el culto al individuo, suele dedicar su producción al tributo apoteósico de las personalidades en boga). A pesar del restringido alcance de su análisis, el artículo protagónico de aquel número acertaba –aunque ceñido al tema infraestructural– en el diagnóstico de la tragedia. No recuerdo las palabras exactas del autor, pero el artículo arrancaba con una acotación que advertía lo siguiente: “Los que matan no son los terremotos, sino los edificios mal construidos”. Bien puede extrapolarse esta misma lógica a la devastación material-humana que ocasionaron los ciclones Manuel e Ingrid en México. Pero acaso extendiendo la crítica –que no hace la revista Time– a los responsables de la mala construcción de inmuebles, la planificación errática de desarrollo urbano o la negligencia en la prevención de desastres naturales.
A diferencia de otros años, en que los fenómenos meteorológicos afectaban tan sólo a unas pocas entidades, este año las tormentas tropicales azotaron sin conmiseración a casi toda la geografía nacional, aunque con especial intensidad al sur del país. En este México destruido si cabe la expresión: llueve sobre mojado. A toda la secuencia de conflictos que atraviesa el país, añádasele la estela de muerte, destrucción, daños incuantificables, que dejó tras de si la dupla de ciclones. Y si bien algunos analistas consideran que la presidencia o los gobiernos estatales se beneficiaran con la coyuntura de la contingencia, debido al desplazamiento de otros asuntos o conflictos de alta peligrosidad política, cabe tan sólo mirar el oprobioso desempeño de las autoridades frente al desastre, así como las filtraciones que ponen al descubierto la corrupción desenfrenada de funcionarios o la malversación de recursos públicos para la escenificación de rescates tele dramatizados, para desarticular este argumento de aliento involuntario a la autoridad.
Una vez más la estrategia oficialista se centra en la comunicación e imagen. Cual ficheras de cabaret, uno por uno los mandatarios estatales y federal desfilan ante las alcahuetas cámaras con despensas en mano, camisas arremangadas y botas de hule sumergidas en el fango. La misma disposición teatral de otros años. Excepto que ahora los reproches de los damnificados han arreciado, y casi nadie parece confiar en los conatos desinteresados de apoyo gubernamental…
Guerrero: la autoridad con el agua hasta el cuello
Julio Hernández escribe: “…en el escenario guerrerense destaca el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ha competido en cuanto a la gráfica más oportunista y grotesca al dar una entrevista a un medio informativo con el agua a la altura del pecho, para de- mostrar en metros cúbicos circundantes cuánta es la profundidad de su esfuerzo burocrático”.
Esta grotesca estampa que con precisión relata “Astillero”, contrasta con la creciente indignación que se cocina en Guerrero, donde la desatención, la negligencia de las autoridades, alcanza niveles incalificables. En Acapulco, habitantes de la zona rural de este municipio han tomado el asunto de la protección civil en manos propias. Frente a la pertinaz ausencia de asistencia gubernamental, decenas de pobladoras han bloqueado la carretera federal Acapulco-México, para alertar a los automovilistas acerca de un posible desplome del puente Alfredo Mendizábal, afectado por las lluvias. También en Acapulco, la falta de víveres ha propiciado un conflicto entre damnificados y las “fuerza del orden”. En lugar de que militares, marinos y policías auxilien con despensas o soporte para la evacuación, estos se han dedicado a custodiar los supermercados para evitar que la gente hambrienta recoja los flotantes acopios que arrastran las lluvias del interior de las tiendas. La población no titubea más para señalar las arbitrariedades y la inicua participación de los efectivos. Gaudencio Hernández relata a Proceso: “Nos enteramos que aquí nos iban a dar despensas, llegamos a las seis de la mañana y la Marina nos empezó a garrotear por andar buscando entre lo que arrasó el agua. Ya fuimos al mercado, a Puerto Marqués, a la glorieta y no dan nada. Si no tuviéramos hambre ¿usted cree que estaríamos aquí?” Otra señora, cuyo nombre permanece en el anonimato, suplica a la prensa entre gritos: “Digan que no es cierto que el Ejercito vino a rescatarnos. Lo dijeron en las noticias y no es verdad… tres días atrapados… sin agua… sin familia… ahora que regresé a rescatar cosas no encontré nada, ni ropa ni roperos ni garrafón de agua… Nada nos dejaron los maleantes que entraron…”
Y mientras todo esto ocurre, Ángel Aguirre sigue montado en su macho televisivo, teatralizando el respaldo, e histéricamente ocupado con el encubrimiento de los negocios ilícitos que licenciaron a empresas inmobiliarias (Geo, Homex Ara) para construir encima de humedales, superficies pantanosas y zonas de alta vulnerabilidad.
El Ángel no anda en burro, o el miedo no anda en Ángel.
La tragedia veracruzana
Una persona que trabaja en Sedesol, narró a un servidor el siguiente evento (omitiré referencias específicas, pero dejo el anécdota para una eventual profundización en el caso): En una comunidad al norte del estado de Veracruz, un padre de familia acudió a una oficina de la secretaría para solicitar apoyo, tras el desgajamiento de un cerro que sepultó a su familia y su escaso patrimonio. Salvo el más pequeño de sus hijos, todos los demás miembros familiares perecieron en el incidente: esposa, primogénito, madre, hermanas, cuñados, sobrinos. En las oficinas de la dependencia, lo recibieron con la explicación oficialista habitual: es un problema de la naturaleza, no del gobierno, acá no se puede hacer nada, es una pena. Pero según sospechas de los pobladores (aquí es donde cabría una investigación más exhaustiva), el deslave no ocurrió por causas naturales o extrapolíticas, como alegan las autoridades. Al parecer, hace algún tiempo el gobierno federal otorgo licencia a una empresa privada para dinamitar el cerro, con el fin de extraer recursos minerales, aún sabedores de la alta vulnerabilidad y la exposición de la comunidad referida (atrapada exactamente en el medio de dos cerros).
A esta criminal omisión del gobierno federal o estatal o de ambos, agrégasele la desquiciada lentitud en la construcción de los caminos rurales y los muros de contención para los cerros: en estas condiciones, la evacuación es prácticamente imposible. Pero la negligencia, lentitud, ineptitud, inoperancia, en este y otros gobiernos es la regla. La revista Proceso denuncia: “Aunque la ley [Estatal de Protección Civil para la Reducción del Riesgo de Desastres] ya entró en vigor, los ayuntamientos y la Secretaría de Protección Civil todavía no la aplican (¡sic!). Sobre todo uno de sus lineamientos centrales: que no habrá ningún asentamiento humano o colonia irregular en zonas de riesgo, es decir aquellas propensas a desl
aves por precipitaciones pluviales…”
Adviértase que el gobierno tiene una triple responsabilidad, a saber: uno, negligencia o nula disposición política para la reubicación de asentamientos irregulares; dos, corrupción y lentitud en la construcción de caminos y tramos rurales, rutas de evacuación y muros de contención; y tres, criminal omisión con respecto a las concesiones-licencias que se expiden a empresas particulares para la explotación de formaciones montañosas de alto propensión al derrumbe, y a la devastación natural-humana.
Aún así el gobernador sale en la foto con inmaculado gesto caritativo. Para que nadie ponga en duda la competencia de su gestión, y poniéndole el pecho a los reclamos de la población, el priista en jefe lanza una resuelta –aunque peregrina– defensa de la duartista administración: “No es un tema de caminos [llámese políticos o carreteros], por favor, es un tema de cerros”.
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