Resistencia civil enérgica. Es acaso la expresión más alentadora que se escucha o lee en la prensa alternativa, en las arengas de las cabezas visibles del movimiento magisterial, en la coyuntura de reconstitución de la vetusta dictadura cleptocrática. Expresión que además difiere radicalmente con el unívoco triunfalismo de la clase política, entrampada en un festín de autocomplacencia apoteósica. No son pocos los que aún consideran inocentemente que la reforma en materia educativa responde a la necesidad de optimizar la calidad de la educación. Al igual que el cacofónico discurso de la “calidad de la democracia”, el facsímil verborreico de la “calidad de la educación” aspira a abolir la discusión en torno a la cuestión educativa, y a extraviar la atención ciudadana en lo referente a los aspectos que la semiósfera reformista no atiende, o que atiende sólo colateralmente: a saber, el sentido-valor de la educación, la función social de la instrucción, la condición del educador en relación con el educando. Todas estas aristas cruciales quedan invalidadas cuando el oficialismo invoca artificiosamente la “calidad de la educación”. Aquí el término “calidad” no refiere a un “conjunto de propiedades”; más bien encierra una connotación consustancial con el lexicón empresarial anglosajón: a saber, “no-inferioridad” o “superioridad”. De esta forma, los impulsores de la reforma blindan e impermeabilizan la iniciativa, confiriéndole un valor a priori a la nueva política educativa –hipotéticamente superior–, e inescapablemente implicando a los opositores de la reforma en una trama en la que figuran como “enemigos de la calidad” o el progreso educacional. Eficaz estrategia de satanización de la disidencia: demoniza infraganti a todo el que no comulga con la reforma. En este ardid lingüístico se incuba la represión.
Tras la reciente aprobación de la ley del servicio profesional docente, los medios de comunicación han priorizado la cobertura de entrevistas selectivas, insistentemente dando voz a los ciudadanos que respaldan la versión presuntamente “retrógrada” de la oposición. A menudo se escucha decir que el maestro sabotea la iniciativa gubernamental por temor a perder sus privilegios-canonjías sindicales, y que el sentido “modernizador” de la reforma felizmente contraviene el interés egoísta-conformista-inferior del gremio. Adviértase como la prensa dispone el terreno para la represión, previendo acaso un eventual fracaso en la administración del conflicto. En este truculento metarrelato, el maestro no es maestro: es un enemigo de la calidad-superioridad de la educación. Si la sed de represión contra el magisterio se llegara a efectuar, se dirá que el estado actuó no contra el gremio magisterial, sino contra una horda de saboteadores del progreso educativo.
La “calidad” es tan sólo el correlato de la “tolerancia” que en 2012 predicaran los órganos electorales. Quien disiente con la política electoral es un “intolerante”; quien se opone a la lesiva reforma educativa, un “enemigo de la calidad”.
Fast track: política al vapor, gobierno corruptor
En relación con la reforma, y tras el desahogo expedito del procedimiento legislativo, Manuel Bartlett apuntó: Ni el dictador chileno Augusto Pinochet “legislaba tan rápido”. Tal y como lo habíamos anticipado, el pleno senatorial aprobó la reforma con un mayoría avasallante: 102 votos a favor (entre los que destacan cinco senadores de la fantasmal oposición) y solo 22 en contra.
En medio de un aparatoso dispositivo policiaco, y bajo un sitio comunicacional con vocación falsaria, los representantes de la OCDE, el FMI, la Coparmex, las bancas nacionales e internacionales, aprobaron casi unánimemente la reforma educativa. Afuera de la sede parlamentaria, en calidad de ostracismo político, los recipientes-destinatarios de la reforma dialogaban con las vallas metálicas que impedirían su participación en el proceso decisor. Un proceso que a juicio de no pocos analistas hace retroceder más de medio siglo la rueda de las conquistas laborales en México.
Ahora, con la aprobación de la reforma, se dice que el estado podrá evaluar a los maestros conforme a los criterios que, presumimos, rigieron la deficitaria educación del actual ocupante de los pinos, inaugurando, según los panegiristas de la reforma, la transformación educacional que apunta a la calidad (sic) u optimización de la instrucción escolar. La calidad, como los méritos, sólo se reclama a los eslabones más vulnerables de la sociedad. Cabe preguntarse cuando se inaugurarán mecanismos para la evaluación-medición de los funcionarios públicos. En este rubro, no obstante, la propuesta de solución oficialista es la incorporación de la figura de reelección (que múltiples facciones partidarias impulsan), nunca la evaluación punitiva. El gran corruptor, con sed de perpetuidad, se auto confiere la facultad de perseguir la corrupción menor-colateral que éste mismo engendra y reproduce.
Emilio Chuayffet o la educación
La recién aprobada ley del servicio profesional docente es tan sólo complementaria con la reforma suscrita el pasado 7 de febrero de 2013 (un día antes del levantón de La maestra, Esther Gordillo) En aquella oportunidad esbozamos una interpretación de la reforma que ahora cobra mayor proximidad y verosimilitud, y que vale la pena recordar, pues allí se condensa el sentido de la nueva política educativa y las razones efectivas e históricas de la iniciativa reformista:
La reforma educativa busca retirar a los maestros la prerrogativa de elaborar programas o planes de estudio e imponer un ethos consustancial con las demandas del mercado, donde el sentido ético de la educación someta a ésta a condición de medio para perseguir un fin, aquel de facilitar la ganancia de un individuo o sostenedor. Las pruebas estandarizadas de evaluación magisterial, usurpan la libertad de cátedra, reduciendo al profesorado a una mera “correa de transmisión”: su labor se limita a proveer respuestas para los exámenes, ya no preguntas referentes a la vida o realidad del alumno: fórmula integral para la formación de ciudadanos complacientes e imbéciles consumidores. En la llamada “autonomía de gestión” se incuba la privatización, por un lado, y la guetificación, por otro, de la educación. Esta “autonomía” frente a ciertos órganos gubernamentales aspira a incrementar la participación de “organizaciones sociales y privadas”. Para el caso de México, donde “organizaciones sociales y privadas” equivale a “empresarios”, la autonomía presupone la progresiva privatización de las instituciones educativas. Además, el desplazo de un órgano central que regule universalmente el comportamiento infraestructural de las escuelas (en esto consiste la “autonomía de gestión”), conducirá al agudizamiento de las desproporciones materiales, presupuestarias e instructivas, ya de por sí profundas, entre los centros educativos a los que asisten los hijos de pudientes y los guettos-escuelas a los que asisten los hijos de las familias más pobres. Como en Estados Unidos, la segregación socioespacial en los recintos académicos alcanzará niveles inéditos.
Resistencia civil enérgica
El conflicto magisterial va a escalar. Y va a escalar porque ya no es sólo un asunto entre maestros inconformes y autoridades. A la movilización magisterial encabezada por la CNTE y una vasta gama de organizaciones sindicales, se han sumado los trabajadores en paro de Mexicana de Aviación, los más de 16 mil electricistas pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas que no han sido liquidados, miles de jóvenes integrantes del M-132, el movimiento en defensa del petróleo, múltiples colectivos, asociaciones civiles y ciudadanos independientes que advierten el amplio alcance de la reforma en cuestión, así como la necesidad de configurar una resistencia civil enérgica que frene la política de desmantelamiento de derechos, que tarde o temprano a todos va a alcanzar.
Martin Niemoller, pastor protestante, alguna vez lamentó: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.
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