Las recientes precampañas en el estado de Veracruz confirman el desprecio que su clase política tiene de la democracia, las leyes electorales y sobre todo de la ciudadanía. No conformes con que la deuda pública haya crecido de más de dos mil millones de pesos en 2004 a más de 11 mil millones para el fin del gobierno de Fidel Herrera, nuestros representantes siguen demostrando que la impunidad es su divisa y el cinismo su vocación.
Los espectaculares y demás propaganda política, pagada por el erario público, demostró claramente que las precampañas fueron un fraude, pues no existió en ninguno de los partidos la intención de ofrecer una espacio para la contienda interna, en la cual varios miembros destacados de los institutos políticos pudieran apelar a su militancia para que fuera ésta, la que seleccionara a sus futuros candidatos. Prevaleció la voluntad del ejecutivo estatal y las oligarquías regionales, las cuales no quisieron correr riesgos exponiendo a sus favoritos a una precampaña que pudiera desgastarlos antes de tiempo.
Si bien la idea de evitar que miembros de un mismo partido se sacaron los trapitos al sol parecería ser la razón de las precandidaturas únicas no se puede dejar de pensar que la otra intención, tan importante o más que la primera, fue la de concentrar los recursos de las precampañas en el precandidato único, adelantándose a los tiempos electorales y empezar desde las precampañas.
Seguramente el militante que diseñó la táctica fraudulenta para los partidos debe sentirse muy orgulloso de burlar la ley, sin tener que asumir las consecuencias. Lo interesante es que toda la partidocracia coincidió en pervertir a las precampañas: azules, amarillos y rojos siguieron el mismo camino para maximizar los rendimientos del gasto publicitario concentrándolo en la promoción de una sólo persona.
No sorprende en absoluto el proceder de la clase política y el gobierno de Veracruz. Tampoco me sorprenderá que una vez concluido el proceso electoral, alguno de los candidatos electos beneficiados con la artimaña salga con la brillante idea de reformar la ley electoral para anular la posibilidad de que los partidos políticos que sólo presenten un precandidato a las precampañas gocen del financiamiento público, como ya sucede en otras entidades del país.
Como se ve, la impunidad queda en evidencia pues ningún partido político impugnará el uso fraudulento de los recursos públicos para las precampañas; todos le entraron con ganas. Quedará por definir quién será el cínico o cínica – no quiero discriminar a nadie- que encabezará el proceso de reforma para acabar con las ‘lagunas’ de la ley que hicieron posible el fraude de las precampañas de 2010 en Veracruz. No faltará quién se lo agradezca y lo considere un político con futuro. Mientras tanto la ciudadanía confirmará, una vez más, que los partidos políticos y sus gobernantes traen su propia agenda y que no precisamente coincide con la suya.
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