Las ficheras de cabaret o las tormentas tropicales

Tras el devastador terremoto que azotó a Haití en enero de 2010, la revista Time dedicó una edición completa a la cobertura de aquel siniestro (algo poco habitual para un medio que, obsesionado con el culto al individuo, suele dedicar su producción al tributo apoteósico de las personalidades en boga). A pesar del restringido alcance de su análisis, el artículo protagónico de aquel número acertaba –aunque ceñido al tema infraestructural– en el diagnóstico de la tragedia. No recuerdo las palabras exactas del autor, pero el artículo arrancaba con una acotación que advertía lo siguiente: “Los que matan no son los terremotos, sino los edificios mal construidos”. Bien puede extrapolarse esta misma lógica a la devastación material-humana que ocasionaron los ciclones Manuel e Ingrid en México. Pero acaso extendiendo la crítica –que no hace la revista Time– a los responsables de la mala construcción de inmuebles, la planificación errática de desarrollo urbano o la negligencia en la prevención de desastres naturales. 

A diferencia de otros años, en que los fenómenos meteorológicos afectaban tan sólo a unas pocas entidades, este año las tormentas tropicales azotaron sin conmiseración a casi toda la geografía nacional, aunque con especial intensidad al sur del país. En este México destruido si cabe la expresión: llueve sobre mojado. A toda la secuencia de conflictos que atraviesa el país, añádasele la estela de muerte, destrucción, daños incuantificables, que dejó tras de si la dupla de ciclones. Y si bien algunos analistas consideran que la presidencia o los gobiernos estatales se beneficiaran con la coyuntura de la contingencia, debido al desplazamiento de otros asuntos o conflictos de alta peligrosidad política, cabe tan sólo mirar el oprobioso desempeño de las autoridades frente al desastre, así como las filtraciones que ponen al descubierto la corrupción desenfrenada de funcionarios o la malversación de recursos públicos para la escenificación de rescates tele dramatizados, para desarticular este argumento de aliento involuntario a la autoridad. 

Una vez más la estrategia oficialista se centra en la comunicación e imagen. Cual ficheras de cabaret, uno por uno los mandatarios estatales y federal desfilan ante las alcahuetas cámaras con despensas en mano, camisas arremangadas y botas de hule sumergidas en el fango. La misma disposición teatral de otros años. Excepto que ahora los reproches de los damnificados han arreciado, y casi nadie parece confiar en los conatos desinteresados de apoyo gubernamental… 

Guerrero: la autoridad con el agua hasta el cuello 

Julio Hernández escribe: “…en el escenario guerrerense destaca el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ha competido en cuanto a la gráfica más oportunista y grotesca al dar una entrevista a un medio informativo con el agua a la altura del pecho, para de- mostrar en metros cúbicos circundantes cuánta es la profundidad de su esfuerzo burocrático”. 

Esta grotesca estampa que con precisión relata “Astillero”, contrasta con la creciente indignación que se cocina en Guerrero, donde la desatención, la negligencia de las autoridades, alcanza niveles incalificables. En Acapulco, habitantes de la zona rural de este municipio han tomado el asunto de la protección civil en manos propias. Frente a la pertinaz ausencia de asistencia gubernamental, decenas de pobladoras han bloqueado la carretera federal Acapulco-México, para alertar a los automovilistas acerca de un posible desplome del puente Alfredo Mendizábal, afectado por las lluvias. También en Acapulco, la falta de víveres ha propiciado un conflicto entre damnificados y las “fuerza del orden”. En lugar de que militares, marinos y policías auxilien con despensas o soporte para la evacuación, estos se han dedicado a custodiar los supermercados para evitar que la gente hambrienta recoja los flotantes acopios que arrastran las lluvias del interior de las tiendas. La población no titubea más para señalar las arbitrariedades y la inicua participación de los efectivos. Gaudencio Hernández relata a Proceso: “Nos enteramos que aquí nos iban a dar despensas, llegamos a las seis de la mañana y la Marina nos empezó a garrotear por andar buscando entre lo que arrasó el agua. Ya fuimos al mercado, a Puerto Marqués, a la glorieta y no dan nada. Si no tuviéramos hambre ¿usted cree que estaríamos aquí?” Otra señora, cuyo nombre permanece en el anonimato, suplica a la prensa entre gritos: “Digan que no es cierto que el Ejercito vino a rescatarnos. Lo dijeron en las noticias y no es verdad… tres días atrapados… sin agua… sin familia… ahora que regresé a rescatar cosas no encontré nada, ni ropa ni roperos ni garrafón de agua… Nada nos dejaron los maleantes que entraron…” 

Y mientras todo esto ocurre, Ángel Aguirre sigue montado en su macho televisivo, teatralizando el respaldo, e histéricamente ocupado con el encubrimiento de los negocios ilícitos que licenciaron a empresas inmobiliarias (Geo, Homex Ara) para construir encima de humedales, superficies pantanosas y zonas de alta vulnerabilidad. 

El Ángel no anda en burro, o el miedo no anda en Ángel. 

La tragedia veracruzana 

Una persona que trabaja en Sedesol, narró a un servidor el siguiente evento (omitiré referencias específicas, pero dejo el anécdota para una eventual profundización en el caso): En una comunidad al norte del estado de Veracruz, un padre de familia acudió a una oficina de la secretaría para solicitar apoyo, tras el desgajamiento de un cerro que sepultó a su familia y su escaso patrimonio. Salvo el más pequeño de sus hijos, todos los demás miembros familiares perecieron en el incidente: esposa, primogénito, madre, hermanas, cuñados, sobrinos. En las oficinas de la dependencia, lo recibieron con la explicación oficialista habitual: es un problema de la naturaleza, no del gobierno, acá no se puede hacer nada, es una pena. Pero según sospechas de los pobladores (aquí es donde cabría una investigación más exhaustiva), el deslave no ocurrió por causas naturales o extrapolíticas, como alegan las autoridades. Al parecer, hace algún tiempo el gobierno federal otorgo licencia a una empresa privada para dinamitar el cerro, con el fin de extraer recursos minerales, aún sabedores de la alta vulnerabilidad y la exposición de la comunidad referida (atrapada exactamente en el medio de dos cerros). 

A esta criminal omisión del gobierno federal o estatal o de ambos, agrégasele la desquiciada lentitud en la construcción de los caminos rurales y los muros de contención para los cerros: en estas condiciones, la evacuación es prácticamente imposible. Pero la negligencia, lentitud, ineptitud, inoperancia, en este y otros gobiernos es la regla. La revista Proceso denuncia: “Aunque la ley [Estatal de Protección Civil para la Reducción del Riesgo de Desastres] ya entró en vigor, los ayuntamientos y la Secretaría de Protección Civil todavía no la aplican (¡sic!). Sobre todo uno de sus lineamientos centrales: que no habrá ningún asentamiento humano o colonia irregular en zonas de riesgo, es decir aquellas propensas a desl

aves por precipitaciones pluviales…”

Adviértase que el gobierno tiene una triple responsabilidad, a saber: uno, negligencia o nula disposición política para la reubicación de asentamientos irregulares; dos, corrupción y lentitud en la construcción de caminos y tramos rurales, rutas de evacuación y muros de contención; y tres, criminal omisión con respecto a las concesiones-licencias que se expiden a empresas particulares para la explotación de formaciones montañosas de alto propensión al derrumbe, y a la devastación natural-humana. 

Aún así el gobernador sale en la foto con inmaculado gesto caritativo. Para que nadie ponga en duda la competencia de su gestión, y poniéndole el pecho a los reclamos de la población, el priista en jefe lanza una resuelta –aunque peregrina– defensa de la duartista administración: “No es un tema de caminos [llámese políticos o carreteros], por favor, es un tema de cerros”. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130927_055148_552

¿Muera el líder, viva el líder?

Andrés Zamudio Juárez

Muchos ven en la reciente toma de de las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por parte de la base del magisterio veracruzano, el símbolo ineludible del ocaso del cacicazgo bajo el cual éste ha sido subyugado durante décadas; y quizás no les falte razón. Esta opinión se generaliza cada vez más en la prensa e incluso algunas plumas piden y conceden con énfasis y emotividad la caída de los líderes que ahora más que nunca evidenciaron su falta de compromiso para con aquellos a los que decían representar. 

Pero ante este doloroso proceso que promete dar a luz un nuevo orden en el magisterio, habrá que prestar especial atención si es que la lucha y las demandas de los maestros son honestas y justas y buscan en verdad instaurar una estructura más democrática y respetuosa de sus derechos y demandas, y de las leyes mismas. 

Es cierto, y completamente necesario, que una verdadera reforma en la educación requiera cambios desde las estructuras más elementales, pero no hay que perder de vista que es conveniente que estos se enfoquen en reconstruir y sanear aquellos procesos y puntos nodales del sistema que más han sido infectados con el mal de la corrupción y que sería trágico y nefasto promover un cambio superficial que sólo substituya la dinastía caciquil en turno por una nueva. 

De esta manera, los maestros están en todo su derecho de exigir una reestructuración sindical que sí los represente, que haga valer sus voces en el complejo entramado de la política y en el dialogo o diálogos de intereses que la construyen. Los maestros han sido hasta el momento la punta de lanza y el ejemplo de esta exigencia, en una sociedad que requiere y exige asimismo la escucha, en todas sus estructuras, de aquellos que ostentan el poder para que verdaderamente se efectúen y desarrollen leyes y proyectos que sean de beneficio común, en mayor medida. Pero, de igual forma, deben promover el respeto y el apego a los acuerdos democráticos que ya han estado presentes y a los que ellos mismos puedan construir. No tiene más razón de existencia la herencia de plazas (cual títulos nobiliarios) ni los agremiados aviadores ni el ingreso por dedazo y favoritismo. 

En la medida en que el magisterio defienda y se apegue a causas más justas, podrán seguir legitimando su lucha ante los ojos de un gran sector de la sociedad que los sigue y que incluso les ha brindado su apoyo en los momentos más álgidos de su contienda, pues han compartido con ellos desde la construcción de un panorama crítico -posturas y argumentos-, hasta los golpes y las vejaciones. 

El proceso sigue su curso, y aún cuando sea posible lograr la pequeña conquista de reestructurarse en su unidad elemental, queda la colosal tarea de erigirse sobre fundamentos sólidos que sean capaces de mediar y mantener firmes las posturas antes las instancias de la autoridad gubernamental, pues de otra manera, éstas deglutirán nuevamente a la base. En la historia del sindicalismo en México han sido pocos y contados los casos en que esta absorción no ha ocurrido en alguna u otra manera. El poder mismo del sindicalismo no ha de poder entenderse hasta ahora sino a través de su estrecha complicidad con el Estado o lo que es peor y más descarado, directamente con algún partido político. 

Por estos motivos, es menester no perder de vista las tendencias del gobierno en su agenda para con el tema de los sindicatos, sobre todo después de la caída Elba Esther Gordillo. Y es que la simple sustitución de los liderazgos bien puede servir sólo para acallar y tranquilizar los ánimos, sin afectar el proyecto de desmantelamiento y debilitamiento que es en realidad el que dejaría a los agremiados en una orfandad laboral. 

A los maestros mismos corresponde la exigencia de un cambio que se siente sobre bases democráticas, entendiendo que las conquistas sociales se mantienen a través de una constante lucha y permanencia. ¿De qué serviría guillotinar al tirano en turno para otorgar su trono a otro al grito de “¡muera el rey, viva el rey!”

La reconfiguración del autoritarismo y el conflicto magisterial en México

Las protestas y movilizaciones de los maestros en buena parte del país han demostrado que las reformas impulsadas por Peña Nieto están generando un enorme descontento entre buena parte de la población, poniendo a prueba al sistema político. El regreso del PRI a Los Pinos reconfiguró la dinámica política, regresándola a los tiempos en que el poder ejecutivo subordinaba sin miramientos a los otros dos poderes así como a los gobernadores y en general, a todos los actores políticos institucionales. En los viejos tiempos, el PRI controlaba el congreso marginando a la oposición partidista; hoy el control se da por medio de pactos, como el pacto por México, en el cual la oposición se subordina al proyecto presidencial pero manteniendo una imagen de pluralidad, muy útil para legitimar el desmantelamiento del viejo estado de bienestar y mostrarlo como un avance en el desarrollo político del país.

La embestida contra el magisterio para reducir sus derechos laborales evidencian tres procesos que apuntan a reconfigurar el autoritarismo ‘democrático’ en México, a saber: las soluciones policiacas y militares para la contención del descontento, el crecimiento de la brecha entre gobernantes y gobernados y el mantenimiento del charrismo sindical como fórmula para mantener el control sobre los trabajadores organizados.

El autoritarismo estuvo siempre apuntalado en las fuerzas armadas pero en nuestros días se puede apreciar un cambio cualitativo. En los viejos tiempos, el ejército permanecía en los cuarteles y seguía siendo visto por los políticos como una amenaza a su poder -herencia de los conflictos posteriores al fin de la revolución de 1910 que provocó gran inestabilidad política y social, como consecuencia de las continuas rebeliones y asonadas militares- mientras que hoy han salido de sus cuarteles y los gobernantes dependen cada vez más de ellos. El reciente desfile para conmemorar la independencia nacional tuvo un actor privilegiado: el ejército, que desfiló, disfrazó efectivos de civiles para medio llenar el zócalo y además, coordinó las labores de represión en todo el país. Las fiestas nacionales han perdido poco a poco su carácter civil y la parafernalia militar gana terreno. La participación del ejército como prólogo a un encuentro de fútbol de la selección nacional es otra muestra clara del militarismo rampante.

Al mismo tiempo, y en estrecha relación con la anterior, los gobernantes muestran sistemáticamente su desprecio por las demandas de las mayorías, confiados en su alianza con las fuerzas armadas, en los enormes recursos económicos que perciben y en los aplausos (¿sobornos?) que reciben de los organismos internacionales, la banca internacional y los gobiernos de los países ricos. El conflicto magisterial ha sido objeto de toda clase de descalificaciones y trampas burdas por parte de los políticos y sus partidos. Arropados por los medios de comunicación, diputados, senadores, gobernadores, ediles y empresarios insisten en que no hay otra ruta que la suya y lo que se espera de la población es su apoyo en lugar de  protestas y movilizaciones. Su desprecio por las leyes y la dignidad de las personas parece no tener límites. Las recientes inundaciones que le han costado la vida a cientos y el patrimonio a decenas de miles son un escaparate privilegiado para confirmar el argumento. En lugar de actuar para minimizar los daños, la burocracia política estaba más preocupada por los festejos patrios y la represión de las protestas. 

Por su parte, el charrismo sindical representa hoy una vieja fórmula política, reciclada por el estado para mantener el control sobre sus trabajadores y los de las empresas privadas. La burocracia sindical fue por mucho tiempo un actor político central en el equilibrio del sistema político tradicional pero su declive (que probablemente inició con la muerte de Fidel Velázquez, el charro mayor y sobre todo con el cambio en el modelo económico) no se ha detenido en las últimas décadas. El conflicto magisterial ha debilitado enormemente el férreo control del SNTE sobre los maestros del país. Se podría pensar que el estado ha dejado a su suerte al sindicato de maestros para fragmentar la representación sindical en aras de un mayor control. El encarcelamiento de su líder histórica, Elba Esther Gordillo, puede entenderse hoy como parte de la ofensiva y antecedente directo de la reforma. Muchos de sus miembros se preguntan si las reformas hubieran pasado en el caso de que la maestra estuviese libre y en control del sindicato. Sin embargo, el estado no pretende renunciar a su control sino reforzarlo, debilitando y fragmentando a las organizaciones de trabajadores.

Por todo lo anterior, las luchas de los maestros resultan fundamentales para contener la reconfiguración del sistema político. En la medida en que las demandas magisteriales se trasladen a la defensa y democratización de sus sindicatos, sin menospreciar las demandas originales, la reconfiguración del autoritarismo -sostenida por la democracia electoral y la militarización- enfrentará obstáculos eventualmente infranqueables. La recuperación de las organizaciones sindicales -condición necesaria para recuperar sus derechos perdidos con las reformas-  representa hoy un elemento indispensable para abrir nuevos horizontes a la historia de México e impedir el afianzamiento del autoritarismo ‘democrático’. Tal vez por eso estudiantes, desempleados, amas de casa, padres y madres de familia y la población en general los han apoyado. Presienten que lo que hay en juego va más allá que la defensa de los derechos laborales del magisterio. Y en eso tienen toda la razón.

Del salón de clases a la lucha de clases

Permítome tomar prestado la consigna de un contingente de estudiantes de la facultad de economía (UNAM) que escolta fielmente la movilización magisterial, a modo de título para el presente artículo. Tal divisa (“del salón de clases a la lucha de clases”) encierra una añoranza abrazada colectivamente, a saber, la conversión de educadores-educandos en individuos “políticos”, en especial en los períodos nacionales de tensión y alta conflictividad social. Felizmente, en México florece una conciencia política hasta ahora desconocida. Tan sólo es preciso capitalizarla, traducirla en cambios perdurables. Nuestra generación, conocida como la “generación perdida”, ha dado muestras de respuesta e iniciativa cooperacionista, que ponen en entredicho un mito tercamente promovido: aquel que refiere a una hipotética discordancia entre movimientos obreros-movimientos estudiantiles. El último ciclo de lucha se distingue por la amalgama de estos dos frentes movimentistas: la transversalidad es un patrón de la movilización. Ante el agotamiento de las antiguas estrategias de lucha (autorreferencialismo), se yergue un inexplorado contrapoder caleidoscópico, que liquida los caducos antagonismos, falsas divisiones, y desencuentros fabricados, entre los distintos grupos sociales. No se trata de caer en cálculos optimistas e inocentes. Tan sólo se quiere señalar un factor que deben cultivar los maestros en el actual ciclo de protesta, e invitar a los estudiantes a radicalizar su participación en la lucha magisterial. Porque la reforma educativa no contraviene sólo los derechos de los trabajadores de la educación: es una iniciativa que transgrede todo el entramado de derechos laborales-educacionales históricamente alcanzados, y por consiguiente, todo el piso de derechos sociales que por decreto han abolido las élites nacionales, en contubernio con los cónclaves financieristas multilaterales. No es fortuita la compaginación de agendas de Mexicanos Primero (organismo que aglutina a los hombres más ricos del país), y patronatos transnacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (cuyo secretario general es José Ángel Gurría Treviño, tecnócrata de cuño con filiaciones xenoempresariales, y antiguo secretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo, actual consejero de la fundación Bill & Melinda Gates del multimillonario Bill Gates). 

A la incorporación de estudiantes, planteles universitarios, docentes provenientes de la educación superior, debe añadirse una agenda programática formal, o bien, un menú de acciones, que oriente con eficiencia política la resistencia en curso. 

En el marco de las conmemoraciones nacionales, el gobierno violentó derechos en aras de un inoportuno e improcedente calendario ceremonial. Es nuestra tarea formular un calendario de lucha (inclúyase un inventario de derechos a reivindicar), en aras de develar la caducidad e improcedencia del gobierno en turno. 

Paquita la del Barrio o el despropósito de la evaluación 

El propósito natural de un empresario es reducir costos e incrementar utilidades con base en criterios de competencia. Lo que no es natural, es que esta lógica pedestre se traslade al terreno de la educación. Naturalmente, esta desafortunada yuxtaposición de lógicas es el despropósito que se asoma en el fondo oscuro de la cacareada “evaluación”. La función de la evaluación correccional consiste en introducir la competencia estándar como ley básica de las relaciones laborales-educacionales. Docente y alumno serán sometidos a evaluaciones periódicas, elaboradas por organismos e instituciones extraacadémicas, o bien, por cuerpos académicos condescendientes con el modelo de competencia-estandarización escolar, con el fin de medir lo que no se puede medir: esto es, el saber. La introducción de esta modalidad de evaluación supone una escalada en la cuantificación-tecnificación del conocimiento, que es una versión moderna de la incultura. En Estados Unidos, principal referente de la reforma, se está renunciando al paradigma de estandarización. Pero, como siempre ocurre en el México neocolonial, cuando en otros países ya van de regreso, nosotros apenas nos enfilamos sorda o sórdidamente al fracaso. 

Posiblemente inspirada en la celebérrima canción de Paquita la del Barrio, la irrisoria Ley del Servicio Profesional Docente bien podría conocérsele extraoficialmente con el mote: “10 veces te evalué”. Véase la baladí cantaleta “evaluacionista” que porfía hasta la hipertrofia la referida Ley: “Llevar a cabo la selección de los Aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación (sic) de los instrumentos de evaluación obligatorios… Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente… Calificar, conforme a los lineamientos que el Instituto expida, las etapas de los procesos de evaluación… Mejorar la práctica profesional mediante la evaluación… La evaluación interna deberá ser una actividad permanente… Dicha evaluación se llevará a cabo bajo la coordinación y liderazgo del director… Ofrecer al Personal Docente programas de desarrollo de capacidades para la evaluación… Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán una evaluación… El Servicio de Asistencia Técnica apoyará a los docentes en la práctica de la evaluación interna, y uso de las evaluaciones externas… En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación…” 

¿Y la educación apá? 

Derogación de la Ley e instauración de un nuevo canon escolar 

Los maestros han formulado la primera demanda: derogación de la Ley del Servicio Profesional Docente y las modificaciones-adiciones a la constitución. Además, han resuelto “continuar la negociación con Gobernación, a través de la CNUN (comisión nacional única de negociación), para una nueva iniciativa de ley con Peña Nieto y diputados federales”. 

Si bien es cierto que la movilización popular –que no sólo magisterial– logró frenar la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, es improbable que el gobierno ceda en lo tocante a la reforma educativa. Acá los maestros deberán formular un plan alterno. Habría que sincronizar la secuencia de paros cívicos nacionales con asambleas de convocatoria abierta, donde se discutan no sólo los pormenores de las tácticas de lucha, sino también, y acaso preferentemente, un nuevo canon escolar. Allí se deberá abordar temas como la definitiva ruptura con dirigencias sindicales, la instauración de un método pedagógico alternativo al formato de estandarización, la relación educadores-educandos, la elaboración de planes de estudio impermeables a las pautas empresariales etc. 

Adviértase que la sociedad está ávida de participar en un debate de estas características. Esta fuerza debe constituir la base de la iniciativa de transformación educacional, máxime ante un virtual escenario de negociaciones estatales fallidas. 

Ni un peso al PRI: boicot comercial 

Se debe profundizar la iniciativa de boicot que propone el magisterio. Aplaudimos la originalidad de la moción. Pero es preciso hacerla extensiva a otros nichos de consumo. La propuesta original establece: “Como respuesta al linchamiento mediático que estas televisoras [Televisa y TvAzteca] han emprendido en contra del movimiento magisterial y las luchas sociales, [se promueven las siguientes] acciones: a) cancelar contrato con los servicios de Megacable, Sky y Dish [sólo televisión]; b) e informar a dichas compañías la razón… La primera etapa se llevará a cabo en Veracruz, posteriormente será a nivel nacional”. 

Pero sólo se ha señalado el brazo mediático del poder. Y, ¿dónde están los impulsores de la reforma? 

En los estatutos de la OCDE se puede leer: “El hilo en común de nuestro trabajo es el compartir un compromiso con la economía del mercado”. En México, los beneficiarios de este “hilo en común” han sido sólo ciertas empresas foráneas como Walmart. Sería pertinente extender el boicot a la procesión de empresas o negocios que se ocultan tras las políticas de la OCDE, y cuyos astronómicos réditos se basan precisamente en la degradación de las condiciones laborales, que es una arista de la reforma educativa. También deberá incluirse en esta propuesta de boicot a los organismos empresariales aglutinados en Mexicanos Primero, a saber: Kimberly Clark, GNP, Palacio de Hierro, Grupo Modelo, Grupo Lala, Grupo Aeroméxico, Cinépolis, Grupo Bimbo, Grupo Financiero Santander, Grupo Carso, Grupo Coppel, FEMSA, Fundación Teletón. 

Cada peso a estas empresas es un peso al PRI. 

Ni un paso atrás 

Maestros y estudiantes han salido del aula, para colegiarse en las calles: allí está la más importante enseñanza. Aciertan cuando en las calles repiten: “¡El maestro, luchando, también está enseñando!” Que no decline la resistencia. Ni un paso atrás. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130922_073221_230 

El saber, la academia y la política

 

Andrés Zamudio Juárez

Recientemente he tenido la oportunidad de platicar con un estudiante-becario de maestría sobre las políticas académicas bajo las cuales se estructuran los trabajos de investigación que se desarrollan en los institutos dedicados al quehacer científico. Concordábamos, sobre todo, en el curioso hecho de que a paradigmas rígidos y arbitrarios, imposiciones, pues, puedan denominárseles como “políticas”. 

Para rastrear el fundamento de estas metodologías escleróticas que predominan en las instituciones y comunidades del saber y de la ciencia podría ser de utilidad referirse a un momento crucial en la historia del pensamiento occidental. Éste no es un hecho concreto y aislado sino que se refiere a la crisis que viviera la filosofía más o menos hacia finales del siglo XIX. Desde dicha crisis se trató de construir un pensamiento científico que se constituyó con la pretensión de ser claramente diferenciado de los problemas metafísicos, teóricos y especulativos propios de una tradición de cerca de 2500 años de pensamiento; en cambio a estos problemas tradicionales se buscó proporcionar criterios que se sustentaran sobre todo en alguna referencia más o menos clara en la experiencia y de ninguna manera en la especulación. El círculo de Viena y su positivismo lógico es en el ámbito teórico de la ciencia el más claro exponente de esta idea del conocimiento. 

Desde este nuevo horizonte de pensamiento, el despliegue de todo quehacer científico enmarcado en el ámbito de la física y las ciencias naturales pudo efectuarse dando resultados y avances positivos pues sus leyes y postulados han podido corroborarse más fácilmente en la experiencia a través de la observación. El problema ha advenido desde entonces para un campo del saber que buscó adecuarse a las nuevas exigencias y éste no es otro que el campo de las ciencias sociales. No es gratuito que la Sociología, la Antropología y la Historia hayan nacido casi pensándose como un estrato de las ciencias naturales mismas. 

Pero, en oposición a esta pretensión positivista de las ciencias sociales, el ámbito objetivo que se abre como región de la naturaleza llevada a estudio nunca ha podido ser tan claro y estable como más o menos lo han logrado en ciertos momentos la física y las ciencias naturales; es decir, la sociedad, el hombre y la historia, en todas sus dimensiones complejas no pueden ser para sus respectivas ciencias entes acabados y definidos como más pueden serlo para la botánica y la zoología las plantas y los animales, por ejemplificar. 

Esta diferencia en la estabilidad que le corresponde a las ciencias naturales, en contraste a las ciencias sociales, le ha permitido arreglárselas con la región de la naturaleza que le corresponde de tal manera que puede establecer con ella una relación de cálculo y predictibilidad, basada en las leyes que le corresponden y que se logra, sobre todo, a través de la cuantificación de sus variables. Es de esta manera como en la medicina se pueden generalizar procesos en la enfermedad, diagnosticarlos y resolverlos a través de una metodología bien establecida o como en la ingeniería, bajo los conceptos estables de Fuerza, Dirección y Magnitud, puede calcularse un sólido punto de apoyo para alguna construcción. De esta relación que se da entre conocimiento y naturaleza es que el filósofo alemán Martín Heidegger ha considerado al pensamiento científico moderno como pura técnica. 

Pero establecer una relación de saber meramente técnica con regiones del pensamiento y la ciencia que tienen que ver con los problemas de la sociedad, del hombre, de la historia y, agrego aquí, del derecho, de la economía y de la política en general, resulta en un dogmatismo terrible y violento, en una parálisis del pensamiento, una terrible esclerosis. Si bien, en estas regiones del saber existen dimensiones que pueden ser cuantificadas y calculadas, la complejidad de sus fenómenos no se reduce a aquella pequeña porción que puede ser predicha y representada en estos términos. 

Es común en nuestra época ver a economistas tratar a sus fenómenos desde una óptica meramente técnica, considerando de facto, por ejemplo, que las leyes del capital y el neoliberalismo le pertenecen a su ciencia de manera esencial, es decir, como si ésta por naturaleza sólo pudiese ser pensada a través de dicha postura. La economía, en este sentido, no se piensa y reconfigura, no se re-objetiva. En el ámbito del derecho, los abogados despliegan y aplican técnicamente su conocimiento en las leyes, ignorando los momentos fundamentales que las posibilitan y que se dan en un ámbito que rebasa y es anterior a su aplicación. El fundamento es filosófico y en este caso se da a través de la voluntad que emana de cada individuo para consolidar el contrato social sobre el cual toda ley es instituida. 

La ciencia política no es la excepción, pues tampoco se piensa a sí misma, en la búsqueda de su re-definición y re-objetivación; en cambio y acorde al proceder técnico de la ciencia, considera que su región objetiva de estudio está esencialmente terminada. Por ello no busca entender y llevar a concepto los fenómenos que le son propios sino a través de la instauración de políticas públicas. El resultado es que la posibilidad de establecer una postura crítica en materia de ciencias sociales resulta imposible. 

La teorización y la especulación, propias de un ejercicio de pensamiento que sí piensa y no sólo reproduce resulta relegado de estos ámbitos, pero no deja de ser el campo propio en el cual se gestan los conceptos mismos que han de servir a un posterior despliegue y uso técnico del conocimiento. 

Los investigadores y “expertos” de los institutos de ciencias sociales en la actualidad se rehúsan a entrar en debates de esta naturaleza por ignorancia, porque no son pensadores sino tecnócratas. Hoy, a mi querido amigo maestrando le es impedido realizar una investigación teórica sobre el concepto de Estado porque en su proyecto no hay referencias empíricas, ni variables que puedan ser cuantificadas. ¡Cuánta pobreza y miopía! 

Mientras tanto, es desde la ignorancia y el dogma científico de la tecnocracia desde donde se pretenden instaurar reformas y “políticas públicas” en nuestro país, dejando de lado la complejidad de una dolorosa realidad que no puede ser retratada y definida desde marcos tan pobres.

Algunas reflexiones en torno a la independencia

Camilo González 

De las influencias que han marcado históricamente al sistema político en México sobresalen los gobiernos teocráticos indígenas y los gobiernos centralistas españoles de la Conquista. Luego las reformas borbónicas y las propias cortes de Cádiz estaban ya inspiradas bajo el orden liberal, y por más conservadoras que fueron, lo fueron dentro del liberalismo. 

Este carácter centralista de los gobiernos pre-nacionales se asemejaría pronto al de la extracción de riquezas, que se acentuaría con la hacienda como modo de producción, y el resto de los mecanismos de poder seguirían la misma ruta centralista y vertical hacia España en lo político, y hacia el sistema europeo capitalista en lo económico. Cabe resaltar que el capitalismo inspiró una especie de anarquía, al desvincular la producción económica de los alcances del gobierno. Todo para someter tanto las materias primas, como a la mano de obra (considerada materia prima en la época).

Durante los últimos años del s. XVIII comenzaron a llegar nuevas influencias con las ideas libertarias de la América del sur y evidentemente, con mucho más peso, de la del norte y la ilustración europea comenzaba a modificar sustancialmente a los gobiernos en todo el mundo... 

En México la historia oficial nos instruye sobre el conflicto entre liberales y conservadores. Durante todo el s. XIX esta pugna será prolífica: guerra civil, numerosas constituciones, la guerra con Estados Unidos, intromisión francesa e inglesa, además de la habitual árabe-española-alemana; tres emperadores por lo menos, varios jefes militares, y como cereza del pastel, la fundación de los primeros partidos políticos. 

“Las condiciones de la independencia mexicana -nos dice C. Gibson en Los aztecas bajo el dominio español- fueron sólo superficialmente consideradas como oportunidades para el resurgimiento de los valores indigenistas. Un descendiente de Montezuma que trató de sacar ventajas personales de la independencia fue investido como Emperador mexicano en un cuarto de hotel en París -así se dijo, al menos- pero en México sus pretensiones fueron ridiculizadas” según Alamán y Teresa de Mier. 

El reconocimiento político de la nación sin lugar a dudas fue un hueso duro de roer: “no podemos dejar de ver que la debilidad del Estado naciente, producto entre otras cosas de las propias disensiones internas (borbonistas, iturbidistas, centralistas, federalistas, federalistas diferidos, etcétera), a la que debemos sumar los problemas del erario, influyeron sin duda en la posición de desventaja en medio de la cual nuestro país buscó asentar su legitimidad. México no surgió como una nación fuerte cuya organización política hablara de la unidad y claridad de su proyecto político, ni qué decir de sus penalidades económicas y de la ausencia de un programa hacendario eficaz que mantuviera las arcas nacionales colmadas. Desde un principio, la actitud de México fue defensiva; su debilidad lo llevó a acogerse a la fuerza del derecho internacional sin considerar la Realpolitik. Sin duda, todo esto influyó en el penoso proceso que hubo de seguir para lograr el reconocimiento anhelado. En esa medida, la labor de los enviados mexicanos resulta aún más digna de encomio” (Marcela Terrazas y Basante, http://bit.ly/14aqge6). 

A principios del siglo veinte nos encontramos con la primera revolución moderna y la enfrentamos con la mitad del territorio que teníamos antes de la independencia y con empresas extranjeras asentadas en el país, extrayendo metales, petróleo y muchos otros recursos. 

Ahora a principios del siglo XXI podemos rastrear la manera en que el mundo contemporáneo tuvo influencia en nuestro sistema de gobierno: ¿Qué tan cierta es nuestra independencia? ¿No existen potencias extranjeras que influyen en las decisiones de los últimos gobiernos nacionales? ¿Éstos son capaces -o al menos tienen la intención- de contener los intereses de las grandes potencias o esos son temas que hace dos siglos quedaron saldados con la Doctrina Monroe? Y si así fuera, ¿no es el momento para discutirla?

El ABC de la reforma educativa: la ruina de la educación

La reforma educativa es una reforma tripartita: esto es, administrativa, laboral y pedagógica. Pero esta triple dimensión no se aprecia en la observación directa e inmediata, y menos cuando el canturreo mediático que envuelve a la controversia aspira a nublar los sentidos y la razón (por cierto, la misma aspiración que persigue la reforma). No basta con responder o desmentir los improperios de la prensa libertina, que miente, manipula, deforma, la naturaleza de la irrupción insurgente magisterial. Es necesario conocer el fondo oscuro de la reforma: sin un diagnóstico adecuado e integral, el paciente –la educación, el trabajador de la educación– se privará de recursos de solución acertados para enfrentar una iniciativa maquinada e impulsada desde los círculos económicamente más poderosos. Y esta es una cuestión que no debe desatenderse u omitirse: las fuerzas que actúan en la dirección de la iniciativa reformista tienen tanto poder que, allí donde la resistencia carezca de radicalidad, podrán imponer cómodamente intereses privados a expensas del derecho o el interés público. 

Pero abordemos detalladamente, una por una, las tres dimensiones de la reforma, así como los actores e intereses que intervienen o intervendrían en el nuevo marco administrativo-laboral-pedagógico. Cabe advertir que la crispación ha escalado precisamente a causa de la insistencia del Estado en presentar las modificaciones a la ley como algo diametralmente opuesto a lo que real y empíricamente son: a saber, el encumbramiento del empresariado en el sistema educativo nacional, y la infracción del estatuto laboral de los trabajadores de la educación. 

Dimensión administrativa 

Si bien pareciera la consagración de un anhelo largamente incubado en el ámbito educativo nacional, la llamada “autonomía de gestión escolar” no es más que una sutileza lingüística con fines exactamente opuestos a los declarados. La propaganda oficial insiste en anunciar la recuperación de la rectoría en la educación. Pero si se observa cuidadosamente, se advertirá que en realidad la reforma entraña la renuncia casi total del Estado en el control-administración de la educación. El transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 constitucional establece: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. En lenguaje desencriptado, esta adecuación jurídica tiene tres implicaciones fundamentales: 1) formalización del cobro de cuotas a padres de familia (privatización en germen); 2) abdicación del Estado en las tareas de financiamiento y gestoría de la educación, y la consiguiente apertura de ocasiones para la intervención de la iniciativa privada (privatización cucaracha) y; 3) profundización de las asimetrías en el ámbito socioeducativo, condenando a los centros escolares en zonas vulnerables o marginales al eterno rezago infraestructural, presupuestal e instructivo (segregación socioespacial prematura). 

Un autonomía de gestión auténtica involucraría el financiamiento estatal de los centros escolares, delegando a éstos la facultad de administrar los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela o comunidad. La reforma enuncia explícita o tácitamente la renuncia del Estado en este renglón crucial, es decir, el administrativo-presupuestario, y en cambio anticipa la intervención del Estado allí donde no debiera intervenir, o intervenir sólo coligadamente con la institución escolar: a saber, en la elaboración de planes de estudio. En suma, la autonomía de gestión entraña un doble atropello: el abandono presupuestario de la educación pública, y la cancelación de la autogestión pedagógica en las escuelas. 

Dimensión laboral 

Otra modificación que en la letra (sin la pertinente exégesis) tiene visos de saneamiento, pero que en la práctica significa una profundización de la crisis laboral (invalidación de la estabilidad profesional-salarial), es la referente al artículo 3º constitucional, fracción III, que señala: “…Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan… La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional…” 

Traducido al cristiano, esta modificación implica la transferencia del poder decisor –en materia laboral– a un conciliábulo estatal externo a la actual estructura de trabajadores de la educación. En México esto significa el control monopólico del servicio docente, en manos de un órgano con tintes patronales, altamente centralizado, que redunda en una licencia a funcionarios educativos para decretar discrecionalmente la contratación-despido de los maestros. Esta dimensión laboral de la reforma tiene dos aristas: 1) el desplazamiento de los maestros en la disposición de criterios para la evaluación magisterial (¡sic!), ahora prerrogativa exclusiva de un elefante blanco supeditado a organismos nacionales e internacionales con filiaciones empresariales-patronales y; 2) el condicionamiento de la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, a los caprichos y veleidades de funcionarios previsiblemente corruptos, gobiernos estatales sabidamente corruptos, y marcos jurídicos irrenunciablemente corruptos.

¿Qué implica, resumidamente, esta reforma? Respuesta: la derogación por decreto de derechos laborales históricamente adquiridos. 

Dimensión pedagógica 

La dimensión pedagógica de la reforma se advierte, aunque nebulosa e imprecisamente, en la adición al artículo 3º constitucional, fracción IX, a saber: “Corresponderá al Instituto [para la Evaluación de la Educación] evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y; c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación…” 

Pero esta adición sólo refiere a la parte operativa de la reforma. Ahora, si se quiere conocer el contenido pedagógico de la iniciativa, es preciso mirar la baraja de agrupaciones que impulsan los “lineamientos”, “medidas”, “directrices” y ¨criterios de evaluación” de la “transformación educacional” (sic). La revista Proceso documenta: “Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México (2010)… Getting it right: una agenda estratégica para las reformas en México (2012)… así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2014, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal”. El artículo de Proceso también desvela la identidad de este cónclave patronal –Mexicanos Primero: “Los patronos del organismo son… Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa; Claudio X. González, ex vicepresidente corporativo de la fundación de esa mismo empresa… Carlos Hank González, director general del Grupo Financiero Interacciones, nieto y homónimo del ex gobernador priista del Estado de México… Carlos Fernández González, presidente de Grupo Modelo, Eduardo Haro Tricio, presidente de Grupo Lala, y miembro del Consejo de Administración de Televisa… Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis… Daniel Servitje Montull, presidente de Bimbo… Ignacio Deschamps González, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander… José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA…” 

La dimensión pedagógica de la reforma tiene, en suma, dos vértices: 1) la incautación de la instrucción académica, ahora en manos de organismos empresariales y; 2) la conversión de la educación pública en centros de transmisión de “valores” técnico-empresariales y capacitación de la fuerza laboral. 

En síntesis, la defunción de la educación. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130913_042436_533

Las “competencias” de nuestro Secretario de Hacienda

Andrés Zamudio Juárez

Resulta alarmante la pobreza argumentativa de quienes hoy plantean reformas a las leyes e instituciones de este país. Después de que la diputada de Movimiento Ciu

dadano Luisa Alcalde cuestionara al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre sus nexos con Pedro Aspe y Emilio Lozoya Austin -actual director de Pemex y especialista en inversiones de capital privado a nivel global (figúrense nadamás el perfil del director de una empresa paraestatal)- sobre los beneficios que traería y ha traído a las empresas ligadas a estos actores políticos la mentada Reforma energética (Ienova y Protec, entre otras), el Secretario de Hacienda toma el micrófono para repetir el anuncio que Televisa transmite todos los días para impulsar la reforma. Ni una sola razón, ni un argumento o explicación que dé cuenta bajo qué lógica económica y cómo es qué ha de ser rentable a la sociedad el movimiento reformista, ni siquiera algo que trate de desmentir o maquillar los señalamientos de la diputada. 

Ante estas situaciones, no sirven de nada las decorosas trayectorias académicas de nuestros funcionarios que van desde del ITAM, el MIT hasta Harvard. O es que quizá el señor Videgaray tomó preferentemente, durante dicha trayectoria, cursos optativos sobre actuación y publicidad televisiva. 

En otro despliegue de habilidades retóricas y argumentativas y con derroche de un pleno y profundo conocimiento del tema educativo en México, el honorable empresario Carlos Slim dijo que "es necesario dejar el modelo aburrido basado en la memorización y no en el razonamiento" y además que "lo que se requiere es transformar la educación, se requiere modernizarla, entrar a la educación digital". Idea que no suena descabellada si pensamos en que común es ver en las zonas rurales casas de cartón con antenas de Dish y Sky, ¿qué más daría tener escuelas de cartón y alumnos con panza de farol sentados en el suelo, pero eso sí, con su moderna tablet en mano tomando nota? 

Mientras tanto, al gobierno federal sigue sin apurarle el caos y el desastre en que se ha convertido la ciudad de México. Al cabo que sólo es culpa de Miguel Ángel Mancera.

Qué se juega en la lucha magisterial

Andrés Zamudio Juárez

Resulta sumamente curioso considerar que hace aproximadamente un año, en el preámbulo de la elección presidencial y durante la coyuntura social dada a partir de los movimientos estudiantiles encabezada por el Yosoy132, que manifestaba su repudio hacia la posible llegada de EPN a la silla presidencial, la base del magisterio se encontrara en los mítines de campaña de dicho candidato. Por supuesto, esto no significó la abierta simpatía de cada uno de los maestros hacia el hoy presidente de nuestro país, ni siquiera que su voto declinara a su favor en las urnas, pero cabe recordar lo que muchos líderes decían al gremio con respecto a que, más allá de las filias partidistas, el PRI era lo que convenía a los maestros. La base magisterial no tenía sino que ceder al chantaje en la búsqueda de preservar el pequeño espacio de confort que le brindaban sus plazas con todos sus derechos y prestaciones. Hoy los maestros sienten que ese confort se les escapa de las manos y que el régimen al cual brindaron su apoyo (Convencidos o no) les da una patada en el trasero, ante la mirada abúlica y apática de quienes supuestamente los lideran. 

No obstante, los líderes, los medios de comunicación y un sector de la sociedad civil (sociedad mediatizada), señalan que los maestros hoy son presa de la desinformación y de aquellos que no quieren perder privilegios como el control de plazas y otros cotos de poder, son ellos quienes manipulan al grueso del gremio, se señala; sin embargo, son justamente los líderes -aquellos que siempre han gozado del poder y de los privilegios por los cuales hoy se estigmatiza a los maestros que marchan en las calles- quienes hoy callan. 

La insurrección magisterial cobra relevante e histórica importancia en esta coyuntura social que se abre, pues pone en tela de juicio no sólo su relación con los poderes gubernamentales sino que cuestiona la unidad misma de su estructura al desconocer, en muchos de los casos, a sus líderes. El fenómeno social expone a flor de piel una constante de las estructuras institucionales y políticas de todo el país y a todos sus niveles, y ésta no es otra que la carencia de representatividad. Fácticamente, toda estructura social carece de ella, desde los sindicatos, hasta los congresos locales y el Congreso de la Unión. 

Desde esta óptica, la demanda de participación con respecto al establecimiento de los criterios para la evaluación que se plantea en la Ley General del Servicio Profesional Docente es más que legítima, y eso sin observar que el facultar a un organismo independiente a la estructura sindical para realizar movimientos o despidos a sus agremiados sí representa una amenaza para las conquistas sindicales y los derechos laborales (http://www.jornada.unam.mx/2013/09/06/opinion/023a2pol). El planteamiento de la iniciativa de dicha ley no promueve el saneamiento ni el combate a la corrupción en el sindicato, sino su debilitamiento. 

Por otra parte, la discusión sobre los criterios de evaluación cobra relevante importancia con respecto al papel que jugarán las nociones de ciencia y conocimiento sobre las cuales se fundamenten dichas evaluaciones. La participación de expertos académicos debiera ser imprescindible en esta materia, pues es absurdo pensar que la élite burócrata de nuestro país esté capacitada para decidir con respecto a estos asuntos, pero este tema amerita para sí mismo un espacio más grande y profundo de análisis. 

En general, la cuestión de la participación ciudadana, como exigencia y derecho, es lo que se abre de nueva cuenta con el conflicto magisterial, ésta excederá al mismo, sobre todo con la llegada de las reformas que se han anunciado, significando para las autoridades el termómetro con el cual ha de medirse la reacción social. 

Las reformas que están en camino impactarán en diversos sectores de la sociedad. Lo que se expone y se juega con la lucha que abre el magisterio es el derecho mismo a ser parte del diálogo que hace la política de éste país; de otra manera, se aceptaría el paternalismo tan repudiado por muchos, resignándonos a que siempre han de ser los de arriba quienes tomen las decisiones, como si sólo ellos pudiesen saber lo que es bueno para todos. El propio magisterio ya dejó pasar una coyuntura social importante, en la salvaguarda del propio confort. Ahora son ellos quienes al verse amenazados la encabezan mientras el resto de la sociedad expecta e incluso condena, ¿se comportarán así incluso cuando les toque el turno de que les pateen el pesebre?

Reformas y crecimiento económico

Camilo González

Las reformas trascendentales apresuradas, fast track, no son nuevas en la legislación nacional de cualquier país, y aunque suene a redundancia, no lo es. 

En todos los países de latinoamericanos, sobre todos los demás, se han creado ex profeso los bancos centrales independientes, los centros de inteligencia, muchas zonas militares, las bases de datos unificadas, los comandos especiales que rinden cuentas a las agencias internacionales, sean de los Vecinos del Norte o de los ilustres europeos. Rapidentamente (saludos Mar y sic) se “analizan”, se “discuten”, se “ventilan” y se aprueban las reformas urgentes y las acciones que tomar. 

(Me encuentro en un texto firmado por la redacción de un medio nacional en internet (http://bit.ly/1576Qrl) que menciona específicamente el punto que sobre el IVA fue modificado en la XXI asamblea que al PRI nacional tanto beneplácito le ha causado. Dice la nota textual: “Se eliminó el punto 154 del Programa de Acción del PRI que a la letra decía: -Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria. El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas-. Y pasó a ser el punto 199 con esta redacción: -Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria, y así contribuir con la defensa de la economía familiar-.”) 

Ahora vemos que la propuesta de reforma hacendaria no prevé modificaciones en el IVA a alimentos y medicinas y se apresura, junto con la energética, a recorrer el camino que la Constitución requiere para ser cambiada en la letra, y así justificar los hechos... 

Porque el derecho reformista que me parece se han planteado desde la Federación es congruente a un modelo de desarrollo liberal obsoleto: la privatización en los hechos, aunque no en las palabras. Y aquí es donde a nadie debe sorprender que se aprueben fast track las reformas planteadas. Qué extraño que encuentren voces críticas internas (los profesores, los de Morena, los estudiantes del 132 y todos aquellos que se movilizan para defender alguna causa) y ninguna externa, salvo las que acusan a la reforma energética, como los periódicos de la capital norteamericana, de ser conservadora. 

Cuando una reforma interna no encuentra oposición extranjera, sobre todo en México con la distinguida atención que tienen los yankis de espiar hasta al Presidente y su señora esposa, quiere decir que no afecta a los intereses extranjeros. Cuando al contrario, una reforma interna -por ejemplo, la nacionalización del banco central argentino- encuentra oposición en el extranjero, es porque afecta directamente a los intereses del extranjero en la nación que reforma. 

Existe una relación directa, entonces, entre los procedimientos fast track que afectan o no a los intereses extranjeros, que al parecer son más importantes que los internos, pues ambas reformas -la hacendaria y energética- fueron promovidas primero fuera de nuestras fronteras. 

Dudo mucho que a la discusión y aprobación de lascandidaturas independientes en el Senado le pudiéramos llamar fast track... 

También se ha procurado que las manifestaciones se mantengan en el ámbito social, es decir, en los grupos civiles organizados y medio organizados, y nunca en los patronales o de inversionistas locales o no. Es más, podría sonar exagerado, pero pienso que se ha intentado incluso tener primero el visto bueno de los sectores industriales y de accionistas, para presentar las reformas constitucionales, y se ha dejado fuera de la negociación a los grupos de la sociedad no tan civil. Esto también me llevaría a pensar que justamente por esa razón ahora los profesores se manifiestan, porque no fueron invitados a la reunión donde se redactaron las tres leyes secundarias que presentó el Presidente. 

Pero llegar a eso sería demasiado. Las marchas ni se ven ni se oyen parecen decir desde la oficina del legislador 501 y lo más importante es continuar con la agenda de cambios trascendentales porque dice la fórmula que estas reformas harán resurgir el crecimiento económico, pues generaran empleos nuevos, darán certidumbre tributaria, incorporarán al sector formal a medio país que produce fuera del sector formal. También se le quitará poco a poco el lastre que derraman las ganancias de Pemex al sector hacendario, y llegarán a su destino fundamental: los corporativos extranjeros. 

Basta de catastrofismos. Esta LXII legislatura federal en San Lázaro, compuesta por lo mejor de México, nos devuelve la confianza en las instituciones. Los diputados federales todos son probos, con altas miras e ínfulas. 

No será al nuevo congreso local al que le toque aprobar esta reforma urgente en el capítulo Veracruz, pero imagino que tendrán pronto la oportunidad de aportar con su voto un grano de arena a la causa reformista. 

Al tiempo...

Movimiento magisterial: resistencia civil enérgica

Resistencia civil enérgica. Es acaso la expresión más alentadora que se escucha o lee en la prensa alternativa, en las arengas de las cabezas visibles del movimiento magisterial, en la coyuntura de reconstitución de la vetusta dictadura cleptocrática. Expresión que además difiere radicalmente con el unívoco triunfalismo de la clase política, entrampada en un festín de autocomplacencia apoteósica. No son pocos los que aún consideran inocentemente que la reforma en materia educativa responde a la necesidad de optimizar la calidad de la educación. Al igual que el cacofónico discurso de la “calidad de la democracia”, el facsímil verborreico de la “calidad de la educación” aspira a abolir la discusión en torno a la cuestión educativa, y a extraviar la atención ciudadana en lo referente a los aspectos que la semiósfera reformista no atiende, o que atiende sólo colateralmente: a saber, el sentido-valor de la educación, la función social de la instrucción, la condición del educador en relación con el educando. Todas estas aristas cruciales quedan invalidadas cuando el oficialismo invoca artificiosamente la “calidad de la educación”. Aquí el término “calidad” no refiere a un “conjunto de propiedades”; más bien encierra una connotación consustancial con el lexicón empresarial anglosajón: a saber, “no-inferioridad” o “superioridad”. De esta forma, los impulsores de la reforma blindan e impermeabilizan la iniciativa, confiriéndole un valor a priori a la nueva política educativa –hipotéticamente superior–, e inescapablemente implicando a los opositores de la reforma en una trama en la que figuran como “enemigos de la calidad” o el progreso educacional. Eficaz estrategia de satanización de la disidencia: demoniza infraganti a todo el que no comulga con la reforma. En este ardid lingüístico se incuba la represión. 

Tras la reciente aprobación de la ley del servicio profesional docente, los medios de comunicación han priorizado la cobertura de entrevistas selectivas, insistentemente dando voz a los ciudadanos que respaldan la versión presuntamente “retrógrada” de la oposición. A menudo se escucha decir que el maestro sabotea la iniciativa gubernamental por temor a perder sus privilegios-canonjías sindicales, y que el sentido “modernizador” de la reforma felizmente contraviene el interés egoísta-conformista-inferior del gremio. Adviértase como la prensa dispone el terreno para la represión, previendo acaso un eventual fracaso en la administración del conflicto. En este truculento metarrelato, el maestro no es maestro: es un enemigo de la calidad-superioridad de la educación. Si la sed de represión contra el magisterio se llegara a efectuar, se dirá que el estado actuó no contra el gremio magisterial, sino contra una horda de saboteadores del progreso educativo. 

La “calidad” es tan sólo el correlato de la “tolerancia” que en 2012 predicaran los órganos electorales. Quien disiente con la política electoral es un “intolerante”; quien se opone a la lesiva reforma educativa, un “enemigo de la calidad”. 

Fast track: política al vapor, gobierno corruptor 

En relación con la reforma, y tras el desahogo expedito del procedimiento legislativo, Manuel Bartlett apuntó: Ni el dictador chileno Augusto Pinochet “legislaba tan rápido”. Tal y como lo habíamos anticipado, el pleno senatorial aprobó la reforma con un mayoría avasallante: 102 votos a favor (entre los que destacan cinco senadores de la fantasmal oposición) y solo 22 en contra. 

En medio de un aparatoso dispositivo policiaco, y bajo un sitio comunicacional con vocación falsaria, los representantes de la OCDE, el FMI, la Coparmex, las bancas nacionales e internacionales, aprobaron casi unánimemente la reforma educativa. Afuera de la sede parlamentaria, en calidad de ostracismo político, los recipientes-destinatarios de la reforma dialogaban con las vallas metálicas que impedirían su participación en el proceso decisor. Un proceso que a juicio de no pocos analistas hace retroceder más de medio siglo la rueda de las conquistas laborales en México. 

Ahora, con la aprobación de la reforma, se dice que el estado podrá evaluar a los maestros conforme a los criterios que, presumimos, rigieron la deficitaria educación del actual ocupante de los pinos, inaugurando, según los panegiristas de la reforma, la transformación educacional que apunta a la calidad (sic) u optimización de la instrucción escolar. La calidad, como los méritos, sólo se reclama a los eslabones más vulnerables de la sociedad. Cabe preguntarse cuando se inaugurarán mecanismos para la evaluación-medición de los funcionarios públicos. En este rubro, no obstante, la propuesta de solución oficialista es la incorporación de la figura de reelección (que múltiples facciones partidarias impulsan), nunca la evaluación punitiva. El gran corruptor, con sed de perpetuidad, se auto confiere la facultad de perseguir la corrupción menor-colateral que éste mismo engendra y reproduce. 

Emilio Chuayffet o la educación 

La recién aprobada ley del servicio profesional docente es tan sólo complementaria con la reforma suscrita el pasado 7 de febrero de 2013 (un día antes del levantón de La maestra, Esther Gordillo) En aquella oportunidad esbozamos una interpretación de la reforma que ahora cobra mayor proximidad y verosimilitud, y que vale la pena recordar, pues allí se condensa el sentido de la nueva política educativa y las razones efectivas e históricas de la iniciativa reformista: 

La reforma educativa busca retirar a los maestros la prerrogativa de elaborar programas o planes de estudio e imponer un ethos consustancial con las demandas del mercado, donde el sentido ético de la educación someta a ésta a condición de medio para perseguir un fin, aquel de facilitar la ganancia de un individuo o sostenedor. Las pruebas estandarizadas de evaluación magisterial, usurpan la libertad de cátedra, reduciendo al profesorado a una mera “correa de transmisión”: su labor se limita a proveer respuestas para los exámenes, ya no preguntas referentes a la vida o realidad del alumno: fórmula integral para la formación de ciudadanos complacientes e imbéciles consumidores. En la llamada “autonomía de gestión” se incuba la privatización, por un lado, y la guetificación, por otro, de la educación. Esta “autonomía” frente a ciertos órganos gubernamentales aspira a incrementar la participación de “organizaciones sociales y privadas”. Para el caso de México, donde “organizaciones sociales y privadas” equivale a “empresarios”, la autonomía presupone la progresiva privatización de las instituciones educativas. Además, el desplazo de un órgano central que regule universalmente el comportamiento infraestructural de las escuelas (en esto consiste la “autonomía de gestión”), conducirá al agudizamiento de las desproporciones materiales, presupuestarias e instructivas, ya de por sí profundas, entre los centros educativos a los que asisten los hijos de pudientes y los guettos-escuelas a los que asisten los hijos de las familias más pobres. Como en Estados Unidos, la segregación socioespacial en los recintos académicos alcanzará niveles inéditos. 

Resistencia civil enérgica 

El conflicto magisterial va a escalar. Y va a escalar porque ya no es sólo un asunto entre maestros inconformes y autoridades. A la movilización magisterial encabezada por la CNTE y una vasta gama de organizaciones sindicales, se han sumado los trabajadores en paro de Mexicana de Aviación, los más de 16 mil electricistas pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas que no han sido liquidados, miles de jóvenes integrantes del M-132, el movimiento en defensa del petróleo, múltiples colectivos, asociaciones civiles y ciudadanos independientes que advierten el amplio alcance de la reforma en cuestión, así como la necesidad de configurar una resistencia civil enérgica que frene la política de desmantelamiento de derechos, que tarde o temprano a todos va a alcanzar. 

Martin Niemoller, pastor protestante, alguna vez lamentó: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”. 

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