Los dimes y diretes
entre los equipos de campaña de los candidatos presidenciales por presentarse
a más debates que los establecidos por la autoridad electoral han sido
opacados por el anuncio de TV Azteca de transmitir, en el mismo horario
que el debate del domingo, un partido de futbol. La maniobra muestra
claramente el desprecio por el interés público que ha caracterizado
al infame Ricardo Salinas Pliego, manifestado por los sistemáticos
enfrentamientos con la autoridad dizque para defender la libertad de
expresión.
Viene a la memoria la
campaña de desprestigio que montó Salinas Pliego contra el jefe
de gobierno del Distrito Federal, cuando fue asesinado Paco Stanley,
con la intención de desconocer y poner en aprietos a un representante
popular elegido en 1997. Con el mayor cinismo, el dueño de la televisora
del Ajusco acusó a Cuauhtémoc Cárdenas y a su gobierno de ser los
responsables. Después salió a la luz la verdadera causa del crimen
pero no por ello hubo una disculpa pública ni mucho menos. Desde entonces
a la fecha, las televisoras se han envalentonado contra las instituciones
públicas sobre todo porque se han vuelto más poderosas y porque
los políticos son cada vez más dependientes del duopolio televisivo.
La sugerencia de Salinas
Pliego fue que si la gente quería ver el debate lo hiciera en el canal
de la competencia lo que obligó a Televisa a seguirle los pasos, desplazando
la transmisión del debate a un canal menor para mantener en el canal
de las ‘estrellas’ su programa estelar. El resultado será entonces
que el debate tendrá una cobertura limitada, lo que seguramente debilitará
el probable impacto del acto electoral por excelencia, en el ánimo
de los votantes.
Estas maniobras demuestran
claramente que las televisoras privilegian el interés privado, o sea
las ganancias, en detrimento del público con la mano en la cintura
y con altas probabilidades de salirse con la suya. Es un desafío evidente
a la autoridad pública, en particular a la electoral aunque también
a la del gobierno federal, y una muestra clara de desprecio por los
votantes y su derecho a la información. La respuesta del consejero
presidente del IFE, Leonardo Valdéz fue bastante tibia y la secretaría
de Gobernación no parece muy decidida a intervenir aunque podría.
La declaración de Salinas
Pliego en su cuenta de twitter confirma lo anterior al escribir, en respuesta a los
críticos de la medida, "¡Éste sí es un debate! Entre un grupito
de twitteros autoritarios y los ciudadanos libres de votar por lo que
quieren ver." Vaya manera de invertir el problema pues ahora resulta
que serán los ciudadanos y no él -y su evidente desprecio por el interés
público- los que ‘eligirán’ sustituir el debate por una escaramuza
futbolera.
El sonsejero (súper
sic) estrellita del IFE, Lorenzo Córdoba, declaró en su cuenta de twitter que:
"El tema de la transmisión de los debates presidenciales pone
a prueba la vocación democrática de las televisoras y radiodifusoras
privadas". No señor consejero, el tema pone a prueba la solidez
y capacidad de nuestras instituciones públicas para meter en cintura
a los empresarios que, como Salinas Pliego y Azcárraga, han desafiado
sistemáticamente las leyes y los principios republicanos. El problema
detrás de todo este sainete es el contubernio entre la clase política
-sobre todo la que está en el poder- y los empresarios nacionales y
extranjeros para seguir llenándose los bolsillos a costa del interés
público que se supone los primeros están encargados de defender.
¿Puede la autoridad
enfrentar semejante desafío? Claro que puede pero ¿acaso la experiencia
nos permitiría suponer que lo va a hacer?
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