En esta ocasión, el circo de la democracia nos hizo un favor: el teatro en el que está convertido nuestro honorable Congreso de la Unión, las luchas internas entre los clubes políticos y la búsqueda incesante de apoyo popular con miras a las elecciones del año entrante logró frenar reformas que parecen ser inminentes, tomando en cuenta el contexto de crisis económica y de seguridad que nuestro país atraviesa.
Nuestros dignos representantes electos concluyeron el día viernes el segundo periodo ordinario de sesiones, sin lograr consenso alguno en cuanto a la aprobación de las reformas en materia de seguridad nacional, política o laboral.
Ojo: no por que no sea la intención pasarlas, sino por que asumir el costo político a escasos meses de elecciones nacionales sería contraproducente frente a las aspiraciones electorales de los involucrados.
Desde el punto de vista de Calderón, Washington y todos aquellos empecinados en llevar esta absurda guerra a sus últimas consecuencias, la reforma en materia de seguridad nacional es de crucial importancia: dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias en el asunto, y lograr una completa militarización del país, apoyados siempre por las gloriosas fuerzas intervencionistas estadounidenses y el capital proveniente de Washington, es esencial para el “éxito” de la “estrategia”.
En un país cuya sociedad se encuentra cada vez más desgarrada ante el incesante aumento de la violencia en todos los sentidos de la palabra, parece ser que la solución de nuestros sesudos gobernantes es llevar la violencia al extremo, al punto que se extermine alguno de los dos bandos supuestamente enfrentados, o simplemente no quede país alguno al cuál Calderón sienta la cruda obligación de defender a capa y espada.
Violencia que se ve reflejada en nuestras vidas de manera cotidiana, y no solamente por parte del crimen organizado, como se nos pretende hacer creer, sino en toda una estructura social que se resquebraja ante la amenaza a los derechos más básicos del hombre. Violencia que no pasa solo por el temor a salir a las calles, sino también por la indiferencia ante la magnitud del problema. La solución al problema, por tanto, no pasa por la vía de las armas, sino por la modificación misma de esas estructuras sociales que han hecho del crimen organizado una forma de vida. El uso desmedido y sin razón de las fuerzas armadas en un conflicto de esta naturaleza no hace sino exacerbar la problemática.
Desafortunadamente, decenas de muertos día tras día no aparentan ser razón suficiente para que se reconsidere la estrategia utilizada hasta el momento; todo lo contrario: Calderón insiste en mantener y aumentar la presencia militar por el resto del sexenio, y ni por equivocación los aspirantes a la Presidencia el año que viene sugieren se retire al Ejército de las calles. Por otro lado, la presencia militar y financiera de los Estados Unidos en el supuesto combate al narcotráfico se hace cada vez más tangible y por ende, cada vez mas irreversible: 500 millones de dólares serán entregados al gobierno mexicano antes de terminar el presente año, sumados a los 400 millones entregados en “equipo y entrenamiento” (queda investigar si las armas que formaron parte del operativo Rápido y Furioso son parte del paquete o se venden por separado). En otras palabras, es el precio que pone la administración de Calderón para poner en riesgo la seguridad de un país entero. Peleamos así una guerra que no nos corresponde, pero quedamos bien con los gringos. Mejor trato, imposible, ¿no?
El asunto de seguridad nacional debe ponerse en el centro de la discusión, mas no para aprobar o no una reforma que faculte al Presidente de hacer lo que se le dé la gana con el Ejército, sino para exigir que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad de una estrategia fallida por donde se le vea, y se plantee la necesidad de un cambio en la misma.
De no ser así, las elecciones del año que viene servirán, como todas las anteriores, para no cambiar absolutamente nada gane quien gane. Lo cual, en la situación que nos encontramos como país, no suena nada bien.
Nuestros dignos representantes electos concluyeron el día viernes el segundo periodo ordinario de sesiones, sin lograr consenso alguno en cuanto a la aprobación de las reformas en materia de seguridad nacional, política o laboral.
Ojo: no por que no sea la intención pasarlas, sino por que asumir el costo político a escasos meses de elecciones nacionales sería contraproducente frente a las aspiraciones electorales de los involucrados.
Desde el punto de vista de Calderón, Washington y todos aquellos empecinados en llevar esta absurda guerra a sus últimas consecuencias, la reforma en materia de seguridad nacional es de crucial importancia: dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias en el asunto, y lograr una completa militarización del país, apoyados siempre por las gloriosas fuerzas intervencionistas estadounidenses y el capital proveniente de Washington, es esencial para el “éxito” de la “estrategia”.
En un país cuya sociedad se encuentra cada vez más desgarrada ante el incesante aumento de la violencia en todos los sentidos de la palabra, parece ser que la solución de nuestros sesudos gobernantes es llevar la violencia al extremo, al punto que se extermine alguno de los dos bandos supuestamente enfrentados, o simplemente no quede país alguno al cuál Calderón sienta la cruda obligación de defender a capa y espada.
Violencia que se ve reflejada en nuestras vidas de manera cotidiana, y no solamente por parte del crimen organizado, como se nos pretende hacer creer, sino en toda una estructura social que se resquebraja ante la amenaza a los derechos más básicos del hombre. Violencia que no pasa solo por el temor a salir a las calles, sino también por la indiferencia ante la magnitud del problema. La solución al problema, por tanto, no pasa por la vía de las armas, sino por la modificación misma de esas estructuras sociales que han hecho del crimen organizado una forma de vida. El uso desmedido y sin razón de las fuerzas armadas en un conflicto de esta naturaleza no hace sino exacerbar la problemática.
Desafortunadamente, decenas de muertos día tras día no aparentan ser razón suficiente para que se reconsidere la estrategia utilizada hasta el momento; todo lo contrario: Calderón insiste en mantener y aumentar la presencia militar por el resto del sexenio, y ni por equivocación los aspirantes a la Presidencia el año que viene sugieren se retire al Ejército de las calles. Por otro lado, la presencia militar y financiera de los Estados Unidos en el supuesto combate al narcotráfico se hace cada vez más tangible y por ende, cada vez mas irreversible: 500 millones de dólares serán entregados al gobierno mexicano antes de terminar el presente año, sumados a los 400 millones entregados en “equipo y entrenamiento” (queda investigar si las armas que formaron parte del operativo Rápido y Furioso son parte del paquete o se venden por separado). En otras palabras, es el precio que pone la administración de Calderón para poner en riesgo la seguridad de un país entero. Peleamos así una guerra que no nos corresponde, pero quedamos bien con los gringos. Mejor trato, imposible, ¿no?
El asunto de seguridad nacional debe ponerse en el centro de la discusión, mas no para aprobar o no una reforma que faculte al Presidente de hacer lo que se le dé la gana con el Ejército, sino para exigir que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad de una estrategia fallida por donde se le vea, y se plantee la necesidad de un cambio en la misma.
De no ser así, las elecciones del año que viene servirán, como todas las anteriores, para no cambiar absolutamente nada gane quien gane. Lo cual, en la situación que nos encontramos como país, no suena nada bien.
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