El día de ayer por la tarde, diputados de todos los colores declaraban su disp
osición para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutiría la aprobación de una nueva reforma laboral integral, misma que, supuestamente, buscaría el establecimiento de mejores condiciones de trabajo para quienes laboran en este país.
Según la administración federal, las condiciones de vida en el país han mejorado considerablemente. Ernesto Cordero, secretario de Hacienda (en efecto, el mismo de los 6 mil pesos), afirmó que, salvo un pequeño bache (también conocido como catarrito o crisis financiera internacional) del que el gobierno no tuvo la culpa (yo no fui, fue teté), el país goza de una estabilidad financiera única, y que la reforma laboral es necesaria para mantener el ritmo de crecimiento del país. Lo que al señor secretario se le olvido mencionar, es que tras el pequeño bache una quinta parte de la población económicamente activa se encuentra sin empleo. Las cosas van bien, según Cordero, “les guste o no les guste a varios”: presume la creación de 170 mil empleos formales, sin mencionar que la mayor parte de estos son eventuales, y con salarios de hambre. En cuestiones de desigualdad, el avance en nuestro país en los últimos años ha sido notable, sólo que en detrimento de la mayoría: al día de hoy, aproximadamente 0.18% de la población mexicana se reparte el 42% del PIB, mientras que en sólo 2.5% de las cuentas de ahorro se encuentra el 75% de todo el capital depositado en el sector bancario.
Las reformas propuestas por el gobierno mexicano, entre las que destacan la laboral y la fiscal, no pretenden disminuir esta brecha de desigualdad, sino todo lo contrario.
En el transcurso de los últimos meses, los diputados de los partidos mayoritarios en el Congreso han enviado propuestas de reforma laboral que difieren en algunos aspectos adyacentes y de menor importancia. Sin embargo, el corazón de la reforma propuesta tanto por el PRI como por el PAN, y apoyada discretamente por sectores del PRD, es el mismo: establecer un nuevo marco legal en el país en materia laboral que proporcione al capital mayores condiciones de rentabilidad; en otras palabras, más para los empresarios, menos para los trabajadores.
La principal propuesta dentro de la reforma es la legalización del outsourcing o subcontratación, un excelente mecanismo propio de las “economías de mercado”, en el que se impide la generación de derechos laborales y de antigüedad por parte del trabajador. Al mismo tiempo, deja desprotegidos a los empleados, puesto que se les despoja de su derecho de aspirar a prestaciones, beneficios, y sobre todo a organizarse dentro de determinada empresa. La reforma laboral pretende otorgar a los patrones todas las prerrogativas para contratar y despedir empleados sin asumir costo alguno, todo con el pretexto de atraer inversión extranjera a nuestro territorio.
osición para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutiría la aprobación de una nueva reforma laboral integral, misma que, supuestamente, buscaría el establecimiento de mejores condiciones de trabajo para quienes laboran en este país.Según la administración federal, las condiciones de vida en el país han mejorado considerablemente. Ernesto Cordero, secretario de Hacienda (en efecto, el mismo de los 6 mil pesos), afirmó que, salvo un pequeño bache (también conocido como catarrito o crisis financiera internacional) del que el gobierno no tuvo la culpa (yo no fui, fue teté), el país goza de una estabilidad financiera única, y que la reforma laboral es necesaria para mantener el ritmo de crecimiento del país. Lo que al señor secretario se le olvido mencionar, es que tras el pequeño bache una quinta parte de la población económicamente activa se encuentra sin empleo. Las cosas van bien, según Cordero, “les guste o no les guste a varios”: presume la creación de 170 mil empleos formales, sin mencionar que la mayor parte de estos son eventuales, y con salarios de hambre. En cuestiones de desigualdad, el avance en nuestro país en los últimos años ha sido notable, sólo que en detrimento de la mayoría: al día de hoy, aproximadamente 0.18% de la población mexicana se reparte el 42% del PIB, mientras que en sólo 2.5% de las cuentas de ahorro se encuentra el 75% de todo el capital depositado en el sector bancario.
Las reformas propuestas por el gobierno mexicano, entre las que destacan la laboral y la fiscal, no pretenden disminuir esta brecha de desigualdad, sino todo lo contrario.
En el transcurso de los últimos meses, los diputados de los partidos mayoritarios en el Congreso han enviado propuestas de reforma laboral que difieren en algunos aspectos adyacentes y de menor importancia. Sin embargo, el corazón de la reforma propuesta tanto por el PRI como por el PAN, y apoyada discretamente por sectores del PRD, es el mismo: establecer un nuevo marco legal en el país en materia laboral que proporcione al capital mayores condiciones de rentabilidad; en otras palabras, más para los empresarios, menos para los trabajadores.
La principal propuesta dentro de la reforma es la legalización del outsourcing o subcontratación, un excelente mecanismo propio de las “economías de mercado”, en el que se impide la generación de derechos laborales y de antigüedad por parte del trabajador. Al mismo tiempo, deja desprotegidos a los empleados, puesto que se les despoja de su derecho de aspirar a prestaciones, beneficios, y sobre todo a organizarse dentro de determinada empresa. La reforma laboral pretende otorgar a los patrones todas las prerrogativas para contratar y despedir empleados sin asumir costo alguno, todo con el pretexto de atraer inversión extranjera a nuestro territorio.
Las deplorables condiciones en las que laboran miles y miles de mexicanos son por demás sabidas: ejemplo de ello son los recientes “accidentes de trabajo” en minas en todo el país, mismos que por cierto, a la fecha no tienen culpable alguno. La reforma laboral no busca proteger a los trabajadores, sino dejarlos a merced de sus empleadores, en especial del gran capital que se pretende atraer al ofrecer una mano de obra prácticamente esclava.
Nota informativa de último minuto: en el último de una serie impresionante de ridículos presidenciales y deslices mesiánicos, que van desde vestir uniformes militares talla extra-grande hasta afirmar que vamos ganando la guerra, a Calderón se le ocurrió compararse con quien fuera primer ministro de Gran Bretaña durante la segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Según él, tal como Churchill hizo frente a la amenaza que representaba el nazismo a mediados del siglo pasado, su administración heroicamente hace frente a las fuerzas del crimen organizado. La afición de Churchill por el alcohol no es un secreto para nadie, por lo que la comparación no extraña a nadie, y menos al escuchar a Calderón afirmar que se alzará con la Victoria al final de su guerra. Nos atrevemos a aventurar que también se alzará con la Modelo y la Corona. (Reitero aquí mi petición de implementar una prueba de alcoholímetro antes de que cualquier funcionario de la presente administración se presente en público).
Nota informativa de último minuto: en el último de una serie impresionante de ridículos presidenciales y deslices mesiánicos, que van desde vestir uniformes militares talla extra-grande hasta afirmar que vamos ganando la guerra, a Calderón se le ocurrió compararse con quien fuera primer ministro de Gran Bretaña durante la segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Según él, tal como Churchill hizo frente a la amenaza que representaba el nazismo a mediados del siglo pasado, su administración heroicamente hace frente a las fuerzas del crimen organizado. La afición de Churchill por el alcohol no es un secreto para nadie, por lo que la comparación no extraña a nadie, y menos al escuchar a Calderón afirmar que se alzará con la Victoria al final de su guerra. Nos atrevemos a aventurar que también se alzará con la Modelo y la Corona. (Reitero aquí mi petición de implementar una prueba de alcoholímetro antes de que cualquier funcionario de la presente administración se presente en público).
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