En estos tiempos en los que la democracia representativa sigue perdiendo legitimidad entre la ciudadanía, los académicos y políticos están modificando su discurso para probar nuevas aguas y seguir viviendo del trabajo ajeno. Los primeros, que pregonaron sin cansancio las virtudes de la supuesta transición a la democracia hoy cambian de camiseta y hablan de la calidad de la democracia -dando por sentado que la transición se ha consumado y que la democracia es una realidad que nadie en su sano juicio pondría en duda; mientras que los segundos pregonan las ventajas de la democracia participativa, de la ampliación de la democracia, para poder seguir engatusando a los votantes y mantenerse en el poder.
En efecto, el discurso político de nuestros días procura sobrevivir tratando de voltear a su favor el enorme desprestigio de los procesos electorales, de los congresos y los gobiernos, con la idea de ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la política y la economía de nuestro país. Que mejor ejemplo que la rendición de cuentas y la transparencia -que junto con la calidad de la democracia comienza a cobrar vida en las investigaciones académicas- para demostrar lo anterior. ¿Cuál de nuestros gobernantes y demás fauna se atrevería a negar la importancia de que los gobiernos sean transparentes y rindan cuentas a sus representados? Ninguno.
Sin embargo, a la hora de la hora ninguno de esos adalides de la justicia agarra el toro por los cuernos y mejor se apegan a la opacidad que oculta todas sus corruptelas y transferencias de riqueza a sus patrones y mecenas en sus campañas políticas, los dueños del dinero.
Todo esto viene a cuento por la resistencia encarnizada de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) les exigió que proporcionaron los nombres de las personas que en 2007 se vieron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, por un monto total de 74 mil millones de pesos, así como las razones para gozar de semejante beneficio, se ampararon, alegando que si proporcionaban la información requerida violarían el secreto fiscal, que junto con el secreto bancario, son la clave para seguir beneficiando con dinero público los intereses de unos cuantos .
El jueves pasado les fueron revocados los amparos pero ello no fue obstáculo para que se sigan negando a cumplir con un deber constitucional. El jefe de todos ellos, Felipe Calderón, se hace el occiso, pues resulta evidente que esa cancelación del pago de impuestos benefició a los grupos y ciudadanos poderosos que lo apoyaron en la campaña de 2006 para llegar a la presidencia de la república. Y como dinero mata a cualquier ley, no se diga a cualquier idea de democracia, pues ya vendrá una mejor ocasión para mejorar la ‘calidad’ de la democracia. Mientras tanto, a seguirle como el compadre Gatica, que predica pero no practica.
En efecto, el discurso político de nuestros días procura sobrevivir tratando de voltear a su favor el enorme desprestigio de los procesos electorales, de los congresos y los gobiernos, con la idea de ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la política y la economía de nuestro país. Que mejor ejemplo que la rendición de cuentas y la transparencia -que junto con la calidad de la democracia comienza a cobrar vida en las investigaciones académicas- para demostrar lo anterior. ¿Cuál de nuestros gobernantes y demás fauna se atrevería a negar la importancia de que los gobiernos sean transparentes y rindan cuentas a sus representados? Ninguno.
Sin embargo, a la hora de la hora ninguno de esos adalides de la justicia agarra el toro por los cuernos y mejor se apegan a la opacidad que oculta todas sus corruptelas y transferencias de riqueza a sus patrones y mecenas en sus campañas políticas, los dueños del dinero.
Todo esto viene a cuento por la resistencia encarnizada de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) les exigió que proporcionaron los nombres de las personas que en 2007 se vieron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, por un monto total de 74 mil millones de pesos, así como las razones para gozar de semejante beneficio, se ampararon, alegando que si proporcionaban la información requerida violarían el secreto fiscal, que junto con el secreto bancario, son la clave para seguir beneficiando con dinero público los intereses de unos cuantos .
El jueves pasado les fueron revocados los amparos pero ello no fue obstáculo para que se sigan negando a cumplir con un deber constitucional. El jefe de todos ellos, Felipe Calderón, se hace el occiso, pues resulta evidente que esa cancelación del pago de impuestos benefició a los grupos y ciudadanos poderosos que lo apoyaron en la campaña de 2006 para llegar a la presidencia de la república. Y como dinero mata a cualquier ley, no se diga a cualquier idea de democracia, pues ya vendrá una mejor ocasión para mejorar la ‘calidad’ de la democracia. Mientras tanto, a seguirle como el compadre Gatica, que predica pero no practica.
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