lunes, 17 de agosto de 2009

La justicia es ciega

¡Que sería de nosotros sin la Suprema Corte! Por fin, tan sólo 12 años después de los hechos, la mayoría de los indígenas apresados injustamente por su presunta participación en la matanza de Acteal han sido liberados.

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por un grupo paramilitar conocido como Máscara Roja. 26 indígenas fueron señalados por la PGR como responsables, después de fabricar la evidencia necesaria para poder encerralos.

Ojalá y solo pasaran otros 12 para que los auténticos responsables de los hechos sean enjuiciados, pero sabemos que no es el caso.

Los verdaderos culpables de la matanza de 45 personas (52 según los detractores del aborto) jamás serán encontrados. Aquellos que crearon, entrenaron y armaron a los grupos paramilitares, aquellos que ordenaron el ataque, aquellos que no querían al EZLN en Chiapas, “por el peligro que representaba a la vida democrática e institucional” que tanto bien ha hecho a México.

Ni siquiera aquellos funcionarios que encerraron a 20 personas inocentes por más de una década. Estamos perfectamente consientes de que no pondrán pie en ninguna cárcel.

¡Pero no todo esta perdido! La misma benévola Suprema Corte ha aceptado investigar el caso de la guardería ABC y fincar así responsabilidades a quién sea necesario. Con un poco de suerte, los culpables no serán aquellos que destrozaron su camioneta para abrir un boquete en la pared y dejar salir así al resto de los niños, sino quienes permitieron que la guardería operara en las condiciones en las que lo hizo.

Hay que entender sin embargo, que la Corte estará bastante ocupada en este asunto, por lo que el fuero militar no se pondrá a discusión. El hecho de que sea completamente anticonstitucional (pone a los militares por encima de las leyes federales) no es suficiente para los jueces.

El informe presentado por Humans Rights Watch (una ONG internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos) presentado en abril del presente año señala 17 casos de irregularidades en la actividad militar durante el 2008, en los que nadie ha sido condenado. El único caso en el que los cuatro soldados implicados fueron hallados culpables, fue el único caso juzgado por autoridades civiles y no militares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra, de 2006 a la fecha, mil 203 denuncias.

Pero la prioridad en esta administración es el combate a las drogas, esa guerra que lleva ya más de 10 mil muertos, la mayoría de ellos inocentes.

¿Qué se necesita para hacer que el aparato judicial en México imparta verdadera justicia? La Corte reconoce que ha habido violaciones a los derechos humanos en Atenco, en Oaxaca, en Chiapas, pero nadie es señalado responsable, mas que algún chivo expiatorio de vez en cuando.

Tal parece que seguimos viviendo en los mejores tiempos del autoritarismo, aún cuando nos jactamos de tener las instituciones más democráticas en la historia. Los encargados de impartir justicia responden a todo (dinero, poder, conveniencia), menos al famosísimo bien común.

La justicia es ciega, dicen. También sorda y cojea un poco, digo yo.

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