Ya pocos niegan que la transición democrática
en México fue una quimera o mejor dicho, una reconfiguración autoritaria del
sistema político para que el neoliberalismo sentara sus reales en el país.
Hasta los transitólogos más entusiastas de la farsa iniciada en los ochenta y
que tuvo como punto álgido el año de 1997, reconocen que en realidad no hubo
tal, o que sus resultados están muy lejos de cubrir las expectativas que generó
a finales del siglo pasado.
Fue precisamente en 1997 cuando culminó una etapa
del proceso que instaló el neo autoritarismo maquillado con institutos y
tribunales electorales. Después de décadas en la que los habitantes de la
ciudad de México fueron ciudadanos de segunda, cercenadas sus libertades
políticas gracias a la figura de la regencia, votaron para elegir en las urnas
al primer jefe de gobierno. Faltaba entonces otorgarle soberanía plena a la
ciudad más importante del país, dotándola de una constitución que expresara el
acuerdo político indispensable para arribar a la mayoría de edad como
territorio político.
Sin embargo, el triunfo arrollador del PRD en
aquéllos años fue el pretexto para que el PRI y el PAN se hicieran de la vista
gorda, manteniendo la conculcación de derechos políticos para los capitalinos.
Tuvo que llegar un arribista de la política al gobierno de la ciudad, como lo
es Miguel Mancera, para que las elites políticas abrieran la mano y votaran en
el congreso de la unión la reforma política para hacer posible la integración
de un constituyente que diera vida a un nuevo orden político en la ciudad de
México.
Gracias a la colaboración sin cortapisas con
la política y objetivos de la presidencia por parte de Mancera, los dueños del
congreso federal dieron luz verde para iniciar el proceso que culminó hace unos
cuantos días, definiendo las reglas del juego para la conformación del constituyente
capitalino en 2016. Pero desconfiados de la ciudadanía defeña, el cártel
partidista que mantiene el poder en las cámaras -incluido ahora el PRD- decidió dar un paso más para recordarnos la
naturaleza y el carácter de eso que se llamó transición democrática.
Frente a la fuerza de MORENA en el Distrito
Federal, el cártel partidista decidió minimizar la voluntad popular
estableciendo reglas de elección para conformar el constituyente que nos recuerdan que la tendencia a escamotearle
derechos políticos a los capitalinos sigue gozando de buena salud, a pesar de
que sus impulsores la señalen como una reforma histórica que… bla bla bla. Pero
por si esto fuera poco, el cártel en cuestión pretende relanzar al PRI en la
capital para recuperar lo que ha perdido en las urnas por décadas. Para ello
necesita reducir a su mínima expresión la voz de la oposición, violentando como
tantas veces el voto popular con maniobras legales y preparar el campo para el
regreso del dinosaurio.
Para empezar, el 60% de los diputados
constituyentes se obtendrán del resultado electoral pero no se incluirán a los
ganadores sino que se utilizará el método de la representación proporcional. Sobra
decir que la sobre representación será un factor importante en la conformación
del 60% de los constituyentes, burlando de manera burda el voto popular. El
porcentaje restante, o sea el 40%, será repartido entre los integrantes del
cártel partidista el cual, a falta de votos ganados en la urnas, los elegirá
por el célebre sistema del dedazo. La designación del resto se obtiene de la siguiente manera: 14 diputados
designados por la Cámara de Diputados; 14 por el Senado; 6 por el presidente de
la república; y 6 por el jefe de gobierno del D.F.
Si tomamos en cuenta el perverso mecanismo de
cuotas por medio del cual las cámaras designan a consejeros electorales,
magistrados y demás fauna sobra decir quiénes serán los favorecidos. Si a éstos se suman los designados por el
presidente y por el jefe de gobierno tendremos que prácticamente 40 diputados
estarán bajo el control de la presidencia; pero faltan los que ‘ganen’ por el
método de representación proporcional, que podrían superar los treinta; la suma
no deja lugar a dudas de quien será el que domine el congreso constituyente. El
presidente contará con setenta diputados y seguramente me quedo corto, tomando
en cuenta que Los Pinos desean contar con la mayoría calificada que le otorgue
el control absoluto, evitando polémicas y conflictos para planchar la
constitución en lo oscurito.
Así las cosas, el último eslabón de lo que se
conoció como la transición democrática, la soberanía política de la ciudad de
México, confirma que aquélla no fue más que un ajuste del sistema político para
reconfigurar el cártel partidista y mantener el poder autoritario para imponer
el neoliberalismo. La democracia liberal mexicana, haciendo gala de su
proverbial gatopardismo, culmina así un ciclo infame que ha sumido el país en
la miseria y la violencia. La reforma política de la ciudad de México es sin
duda la última vuelta de tuerca del neo autoritarismo mexicano. Que lo festejen
los integrantes del cártel político; los capitalinos no tiene nada que festejar
y el resto de los mexicanos menos.
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