Para los estudiosos
de la democracia, el pluralismo político es el concepto clave para cimentar la legitimidad del ícono político del estado
liberal. La democracia es el medio ideal, único dicen algunos, para regular la
convivencia en una sociedad moderna, diversa, conformada por mayorías y
minorías. Gracias a ella las élites, los grupos de interés y los partidos
políticos inciden en las decisiones que afectan a los intereses de sus
representados, estableciendo una sana regulación entre gobernantes y gobernados
que tiene como eje el bien común. Pero el pluralismo político oculta el hecho
de que, si bien se asume a la sociedad a partir de su diversidad, el pez grande
se come al chico. Efectivamente, el mar social está compuesto de grupos diversos
pero unos son muchos más poderosos que otros. Dicha asimetría rompe con la
posibilidad de que el diálogo y la negociación se dé entre iguales; por el
contrario, la negociación y la toma de decisiones la controlan los fuertes para
imponerla a los débiles. Eso sí, siempre reconociendo a la democracia como
marco regulador.
Un ejemplo de lo
anterior es lo que está pasando en México con la formulación de la ley
secundaria en materia de telecomunicaciones. Para empezar, los monopolios de la
comunicación son los actores preponderantes en las negociaciones. Son ellos los
que aceptando el proceso de reforma pretenden -a fuerza de cabildeo y amenazas,
que es más o menos lo mismo- que los cambios apunten a dejar todo igual, Y con
esto me refiero, no solo a Televisa y TV Azteca, sino al grupo de Carlos Slim y
de otras empresas que tiene el ojo puesto en contar con una generosa rebanada
del pastel.
Tanto el duopolio
televisivo como los actores emergentes tiene el mismo objetivo: controlar a la
opinión pública para proteger sus negocios, ampliar su poder político y
enriquecerse lo más que se pueda. Los emergentes no pretenden mejorar la
calidad de la información o democratizar su producción y distribución. Tampoco
creo que consideren fundamental ampliar la programación cultural o darle un
sentido más transparente a sus componendas con presidentes, gobernadores o
congresistas en tiempos de campañas y elecciones. En pocas palabras, la calidad
de la información que recibimos hoy del duopolio no necesariamente va a mejorar
porque existan otros actores en las telecomunicaciones mexicanas. El duopolio
no se rompe, sólo se adapta y se fortalece, pero ahora en un ambiente de ‘competencia’
virtual.
Por su parte, la
telefonía no va a bajar sus precios ni ampliar sus coberturas. Seguirá, al
igual que las televisoras, gozando de un monopolio de facto que le permitirá
manejar a su antojo el sector, afectando a la economía nacional y ampliando su
poder financiero para ampliar sus negocios. Seguirá la impunidad y el cobro
excesivo de sus servicios. Y además se extenderá al negocio televisivo para
aumentar su poder político y servir al mejor postor. Y todo ello a cambio de
burlar el derecho a la privacidad que es lo que menos les interesa a las
empresas. Sacrificar los derechos de los ciudadanos a cambio de concesiones y
licenicas será el pan de cada día.
Al mismo tiempo, el
endurecimiento contra las radios comunitarias y televisoras públicas sigue su
marcha. Por un lado, el acoso contra las radios de las comunidades indígenas o
de organizaciones de la sociedad civil ha cobrado tintes de represión sistemática
contra todo aquél que atente contra el monopolio real; por el otro, el
envilecimiento de las televisoras públicas las cuales, respetando el monopolio,
se convierten en las televisoras personales del gobernador en turno, renunciando
a su obligación legal que es dar voz a la diversidad política y cultural a la
ciudadanía. Tanto el obstruir la expresión diversa de una sociedad plural como
manipular la información desde los medios públicos representan claramente la
política de control social que apoyada por la militarización del país están
lejos de abonra al desarrollo de la democracia en México.
Esta política represora
del estado mexicano no sólo obedece a una lógica del capital sino también a una
lógica del poder político, que se basa en la idea de que el control de la
información es básico para el control social. El reparto de las concesiones y
licencias para el uso del espectro radioeléctrico tiene la finalidad de
mantener lealtades política e incluso ampliarlas con los actores emergentes. Al
igual que la energética o la política, la reforma en telecomunicaciones no es
más que la reconfiguración de un sector estratégico de la economía como
consecuencia del regreso del PRI a Los Pinos. Es más de lo mismo, pero
edulcorada con la idea de la pluralidad, del reconocimiento de la diversidad
social, del fin de los monopolios. En realidad la reforma pretende reducir la
posibilidad que los medios de comunicación sean un espacio de manifestación de
las diferencias, de la diversidad política y cultural de México. Al igual que
la política, representa un retroceso que se quiere vender como gran avance.
El derecho a la
información es a todas luces saboteado con el espíritu de la nueva ley de
telecomunicaciones, sin importar que surjan nuevas empresas. Y para aquéllos
preocupados por medir la calidad de la democracia basados en el pluralismo
político son malas noticias. Para el resto de los habitantes del país es
simplemente la confirmación de que el autoritarismo y exclusión son las divisas
del régimen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario