El alcance político
de las revelaciones de Edward Snowden gira alrededor de la obligación del
estado para transparentar sus acciones y del derecho del ciudadano a su vida
privada. El sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en
inglés) fue denunciado precisamente por intervenir todo tipo de comunicaciones
privadas mientras que se mantiene en las cárceles clandestinas a decenas de personas
sin acusaciones formales y ajenas al escrutinio público.
En un momento en el
que se discuten las características de una nueva Ley de Transparencia y de la
Ley General para la Protección de Datos Personales en México habrá que
tener muy presente las tendencias de los estados nacionales a espiar a sus
gobernados y a ocultar lo mejor que puedan buena parte de sus actividades. De
no hacerlo será muy difícil garantizar el disfrute de los derechos
fundamentales. Los límites tienen que estar contemplados en las leyes
mencionadas y antes habrá que incluirlos como puntos de discusión en foros y coloquios.
La seguridad nacional como elemento central para justificar la opacidad del
poder político y económico y, al mismo tiempo, permitirles que exijan al
ciudadano transparencia absoluta es inadmisible.
Si bien es cierto que
el estado liberal como construcción histórica surge en un ambiente impregnado
por la defensa de los derechos, no es menos cierto que en la actualidad las
tendencias apuntan a debilitarlos para fortalecer la recuperación del modelo
económico. El contexto mundial, al reconfigurarse en términos económicos, ha
provocado gran incertidumbre entre los estados nacionales, lo que ha provocado
intensas protestas por parte de la sociedad así como conflictos entre sus
élites. En su afán por mantener el modelo económico, los gobiernos han echado
mano del espionaje interno, procurando ganar control en el ciberespacio y
limitando su uso a los ciudadanos.
Pero además, crece
exponencialmente la tendencia a clasificar información pública alentada por la
necesidad de ocultarle al ciudadano datos que pueden impulsar las protestas o
que simplemente son considerados estratégicos para la seguridad del estado, o
que –como se ha venido argumentando recientemente- violan la privacidad de altos
funcionarios. La protección de los datos personales se ha convertido en un arma
de doble filo que por un lado protege a los fuertes y deja en el desamparo a
los débiles. La mayoría de los últimos están sujetos, por ejemplo, a que la
información que proporcionan a las instituciones privadas y públicas sea
vendida al mejor postor y que no tengan elementos legales para evitarlo o
sancionar a los que lucran con ella.
Legislar sin tener en
cuenta el contexto y las tendencias negativas relacionadas con la transparencia
y la protección de la privacidad sólo las fortalecerá. La sociedad requiere un
debate de altura que ponga en la balanza a la seguridad nacional y a los
derechos humanos. Sin pretender negar la necesidad de prevenir agresiones a la
paz pública es indispensable poner en primer lugar a los derechos, partir de
ellos para ponerlos en su justa relación. Una sociedad vigilada y un estado
opaco son una gran amenaza para la seguridad nacional, entendida ésta como la
destinada a garantizar condiciones de vida digna a la población. La seguridad
nacional no puede ser entendida en términos de la capacidad del estado para defenderse
de sus ciudadanos, para ocultarle, en aras de la protección de la nación, que
existe un sistema que lo vigila violando sistemáticamente su derecho a la
privacidad.
La seguridad nacional
después de la Segunda Guerra mundial estuvo enmarcada en el conflicto entre la
desaparecida Unión Soviética y los EE. UU. y tuvo como eje la protección del
enemigo externo. Hoy por hoy, finiquitada la primera Guerra Fría, la seguridad
nacional en México ha desplazado su foco hacia los conflictos internos que
puedan amenazar a las instituciones democráticas. Resulta contradictorio que
teniendo como valor republicano fundamental a la democracia se violen los derechos
que le dan vida.
El conflicto no es
menor ya que de acuerdo con Samuel Huntington, el “…poder
se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a
evaporarse.” Así las cosas, no será el estado quien el actor principal que
promueva la el derecho a la información y el respeto a la privacidad sino la sociedad en su conjunto, quien además
está obligada a defender su derecho a la privacidad para enfrentar ésa batalla
que viene, una vez que se consume la privatización de nuestros recursos
naturales. Y dadas las circunstancias no será una batalla menor.
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