Al
igual que con la derrota del PRI en las pasadas elecciones para
gobernador en Veracruz, la solicitud de licencia de Javier Duarte no
parece entusiasmar a nadie, sobre todo porque se da en un contexto de
violencia exacerbada por la disputa de los cárteles para ensanchar
sus territorios y rutas de influencia así como las protestas de
trabajadores del estado por falta de pago de salarios y prestaciones.
Y ese contexto -al que habría que agregarle la corrupción y la
impunidad sistemáticas- es consecuencia directa del vacío de poder
por la permanencia de un gobierno desahuciado que ahora, sin
dirección, si es que alguna vez la tuvo, profundizará la crisis
política por la que estamos atravesando.
Las
causas de la salida del gobernador tienen que ver con factores
internos y externos. Entre los primeros destaca la serie de
escándalos que permitieron calibrar el grado de corrupción del
gobierno duartista, dejando al descubierto la manera en la que se
operaba para desviar recursos públicos a los bolsillos de Duarte y
su grupo. Las consecuencias del saqueo provocaron en los últimos
días manifestaciones a lo ancho y largo del estado de Veracruz
-destacando el caso de Xalapa en donde empleados públicos de
diversas dependencias se vieron forzados a bloquear avenidas para
hacer visible su protesta por la falta de pagos de salarios y
prestaciones. Pero además, el incremento de levantones y asesinatos
así como de la localización de fosas clandestinas aumentaron la
presión que desembocó en solicitud de licencia del gobernador.
A
lo anterior hay que sumar la negativa del gobierno federal de asumir
el costo político que significó el encubrimiento de las corruptelas
del gobierno duartista, al grado de que la oficina de la presidencia
manipuló fotografías oficiales para evitar que apareciera el infame
gobernador en actos oficiales junto al presidente. La derrota
electoral del PRI en Veracruz fue la gota que derramó el vaso,
desencadenando una serie de acciones de la Auditoría Superior de la
Federación, la Procuraduría General de la República e incluso el
propio PRI y la cámara de diputados aunque con cautela, en espera
del banderazo oficial desde Los Pinos. De cara a los procesos
electorales de 2017 y 2018, el gobierno federal se ha montado, con el
oportunismo que lo caracteriza, en el creciente desprestigio de
Javier Duarte para lavarse la cara y recuperar en la medida de lo
posible la imagen positiva un presidente devaluado e inoperante,
dentro y fuera del país. ¿Habría pasado lo mismo si Duarte y el
PRI ganan las elecciones pasadas en Veracruz?
En
todo caso, la salida de Duarte del gobierno veracruzano no garantiza
que se logre hacerle pagar por los crímenes que cometió. Y no me
refiero sólo a las corruptelas y desfalcos en contra del erario
público sino sobre todo los crímenes de lesa humanidad -en
particular de desaparición forzada- que caracterizaron a su
gobierno. La impunidad es y ha sido la marca registrada del gobierno
de Peña, por lo que resulta difícil imaginar un proceso legal
apegado a la ley. Parece mas probable el montaje de un circo
mediático (encarcelar a figuras menores, etc.) sin consecuencias
penales para un gobernante que se dedicó con empeño a saquear el
estado no sólo en beneficio propio sino del presidente y su partido.
No es casual que Duarte niegue rotundamente que los desvíos se hayan
utilizado para financiar campañas políticas, empezando con la de
Peña así como de candidatos a gobiernos estatales abanderados por
el PRI o sus aliados. Fue gracias a eso que se ganó el afecto y
trato especial del presidente y los halagos que le prodigó por años
por su importante pero ilegal labor política.
Pero
además, la salida de Duarte tampoco garantiza el fin del quebranto
financiero del estado ni mucho menos la dinámica corrupta del
gobierno estatal. La corrupción no es un defecto del sistema y las
personas que lo dirigen. Es en realidad un componente estructural del
sistema político mexicano que le proporciona estabilidad y márgenes
de acción para refrendar lealtades y mantener la continuidad en la
dinámica gubernamental y el modelo económico. De la mano viene la
impunidad, que funciona como contraparte de la corrupción para
hacerla posible. La corrupción sin impunidad no es políticamente
rentable . Y luego está el tráfico de influencias, que mueve
incluso mayores cantidades de dinero que los desfalcos y desvíos,
lubricando la relación entre gobierno y empresas y aumentando el
poder económico de los gobiernos para mantenerse en el poder con
campañas sucias, compra de votos y una larga lista de mapacherías
tan caras a nuestra clase política.
Peor
aún, la violencia social que vivimos, alentada por la impunidad
prohijada desde el poder difícilmente disminuirá ya que forma parte
de un sistema económico dirigido a lograr mayores riquezas por
medio del despojo y el saqueo de recursos naturales y humanos. El
terror resulta una pieza clave para controlar el descontento y la
protesta social provocada por el empobrecimiento generalizado y la
pérdida de derechos y libertades. Por todo lo anterior y con
profundo pesar no queda más remedio que aceptar que Duarte se va...
pero la corrupción y la impunidad se quedan en Veracruz.
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