Mitos y opinomanía

(segunda parte)

 

Reanudemos la recapitulación de las mentiras, falacias y mitos que dotan de legitimidad, aunque frágilmente, el (des)orden impuesto. 

Mito #6: Asistimos al adelgazamiento del Estado. 

Sueño húmedo de neoliberales recalcitrantes, el “adelgazamiento” del Estado es la expresión eufemística de la consolidación del poder corporativo, y el telón ideológico tras el cual se oculta un proceso exactamente opuesto al anunciado: el robustecimiento del Estado, fincado en una creciente asignación de recursos a los ejércitos y cuerpos policiales (seguridad pública, defensa nacional), y en la depuración de las funciones estatales primarias, a saber: el control, la vigilancia, la represión. Si bien la aplicación de la violencia a gran escala es un síntoma de salud deficitaria, cabe apuntar que la configuración de esta modalidad de Estado “mínimo”, que reemplaza el asistencialismo con militarismo, es el proyecto de una clase social que preconiza la guerra nuclear como salida a los problemas que encara la sociedad, sugiriendo, acaso subrepticiamente, que prefiere el apocalipsis, la autodestrucción, que la abdicación al poder. En este designio, el Estado es su personero más firme. Adviértase, no sin alarma, que la inversión en ciencia militar ha arrojado resultados positivos para la causa de las élites: actualmente cuentan con un arsenal suficiente para la aniquilación de la especie. 

Mito # 7: El Estado –un lastre para los circuitos económicos– interviene cada vez menos en la vida del individuo y el cuerpo social. 

Este mito va de la mano con el anterior. Hemos dicho que el Estado más que reducir sus funciones a una mínima expresión, sencillamente mudó el acento de su intervención a las áreas prioritarias de un poder anónimo –el capital multinacional. Este capital, no obstante, atraviesa por una crisis estructural en donde debe valerse de los Estados para resarcir los desequilibrios y restaurar el comportamiento ascendente de la tasa de ganancia. Aquí la función del Estado es clave, determinante para la vida de los individuos y el cuerpo social. Véase la fórmula truculenta de atraco discrecional: El capital responde al requerimiento de la ganancia irrestricta. Precisa un consumo masivo para una producción igualmente masiva. El consumo a gran escala sólo puede sostenerse con base en deuda; esto es, mediante la creación de dinero ficticio-diferido (créditos). Se inicia el tránsito de una economía basada en la producción e industria a una economía controlada por las esferas financieras. El capital especula con estos créditos, creando una economía de casino, altamente volátil. Cuando gana, se apropia de los beneficios; cuando pierde, pasa la factura al Estado (recuérdese FOBAPROA). El Estado instrumenta una política de conversión de deuda privada en deuda pública. La situación económica nacional se precariza. El Estado solicita línea de crédito a los organismos financieros internacionales –actores centrales en la trama de la crisis– sólo para contribuir al pago de la deuda que estos mismos provocaron. Este “préstamo”, no obstante, está condicionado. Le llaman ajustes estructurales. Consiste en renunciar a la vocación asistencial del Estado e implementar una política de “austeridad”, a fin de reorientar estos recursos para el subsidio del capital multinacional. ¡Sí, el mismo que provoca la crisis! El Estado aplica recortes presupuestales a la asistencia social, educación, salud, extermina organizaciones obreras, desmantela la industria nacional (recuérdese Luz y Fuerza del Centro, Mexicana de Aviación) y cede recursos por partida doble al capital –vía monetaria y patrimonial. La sociedad se indigna, asiste a las urnas; se organiza, toma las calles. El Estado responde, violenta las urnas; frena el cambio, militariza las calles…