¿Lucha contra el crimen o crimen contra la lucha?

El crimen constitucionalmente organizado lanzó recién una amenaza más, naturalmente dirigida contra la indefensa sociedad: “El gobierno de la república explora todas las alternativas (sic) para proceder legalmente en contra de quienes las realizan [imputaciones a las autoridades] en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”. Más de una voz secundó esta declaración intimidatoria. A los 23 mil ciudadanos que interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad, el señor Ernesto Cordero, haciéndole honores a su apellido, repitióles el ultimátum: “Eso es lo que son, unos calumniadores, no veo por qué sea desmedida esta acción, son calumniadores, así hay que tratarlos y así hay que proceder”. ¿También embestirán a los “calumniadores” con la Marina y el Ejército?

Solo cabe esperar que a los ciudadanos denunciantes, cuyas razones son perfectamente legítimas, no les apliquen la ley de hierro panista, a saber: “Quienes actúan mal frente a la justicia tienen que pagar sus consecuencias, terminar en la cárcel; son los criminales los que han envenenado a miles de mexicanos”. (¿Podría ser más obtuso, anti didáctico, torpemente incendiario e intolerante el discurso de un régimen?)

En todo caso, si hay algo que irrita al Estado, además de las denuncias en instancias internacionales, es la tentativa de ciertas bandas criminales –las menos– de arrebatarle el monopolio de la violencia “legítima”. Véase la siguiente confesión involuntaria: “Son ellas [las bandas delincuenciales] las que pretenden suplantar la actividad de los gobiernos (¡autogol!), tener su propia fuerza armada, cobrar sus propias contribuciones a través de las extorsiones forzadas a los ciudadanos e imponer su propia ley”. Para beneplácito del lector, traducimos en lenguaje descodificado la anterior aserción: “Bajo ninguna circunstancia, el crimen constitucionalmente organizado va a consentir que la Secretaría de Seguridad Nacional, la Marina, el Ejército, la Secretaría de Hacienda, la Suprema Corte y los Tribunales, enfrenten escenarios de competencia leal o desleal”.

En fin. La actitud irascible del gobierno frente a la demanda internacional pone al descubierto su más profundo temor: el colapso del circo ideológico guerrerista, y el consiguiente develamiento del carnaval de corrupción gubernamental.

Si bien las “voces más autorizadas en la materia” han sugerido que la acusación es improcedente, cabe advertir que, no obstante el dictamen de la Corte, la guerra es, aquí sí incontrovertiblemente, una política deliberada de Estado cuyo fin es frenar, mediante la criminalización ciudadana, el exterminio aleatorio, la transformación de las estructuras políticas, con la excusa de combatir un enemigo prefabricado, concebido en tierras extrañas: el narcotráfico transnacional. (“Los EU carecen del pretexto anticomunista –aunque buscarán otros: las drogas, en primer término– para intervenir”. –Carlos Fuentes).

Eduardo Galeano denuncia el fondo oscuro de la lucha antinarco: “La guerra contra las drogas es una máscara de la guerra social… En América Latina, donde los delincuentes pobres son el nuevo enemigo interno de la seguridad nacional, la guerra contra las drogas apunta al objetivo que Nilo Batista describe en Brasil: ‘El adolescente negro de las favelas, que vende drogas a otros adolescentes bien nacidos’. ¿Un asunto de farmacia o una afirmación de poder social y racial? En Brasil, y en todas partes, los muertos por la guerra contra las drogas son mucho más numerosos que los muertos por sobredosis de drogas”.

Es natural que el poder se agazape cuando la sociedad, en pie de lucha, denuncia el crimen soberanamente organizado: el Estado.