Ayotzinapa y la militarización en México

Las movilizaciones estudiantiles en Latinoamérica han sacudido a la opinión pública y han logrado visibilizar la problemática provocada por la privatización de la educación. En Chile y Colombia, el movimiento estudiantil ha cobrado fuerza y simpatía de cara a la población al grado de que Camila Vallejo supera al presidente chileno en popularidad y en Colombia los jóvenes lograron desarticular una propuesta de reforma educativa promovida por el presidente Santos con la intención de iniciar poco a poco la privatización de la enseñanza.

En este contexto, las movilizaciones de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se inscriben plenamente en esta ola de protestas, provocando una reacción violenta por parte de las autoridades locales y federales que dejó un saldo trágico y que demostró, una vez más, que la militarización del país ha generado un clima de represión y satanización de los movimientos sociales.

Las demandas principales de los estudiantes normalistas que bloquearon la carretera en Chilpancingo son: ampliación de la matrícula, profesores de carrera o aumento de la plantilla de profesores y audiencia con Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero. Las dos primeras resumen claramente las necesidades más urgentes para los estudiantes. Por un lado y frente a la paulatina desaparición de las normales rurales en México (llegaron a ser 36 y hoy sólo funcionan 16) llevada a cabo por las autoridades educativas, las posibilidades de que los hijos de los campesinos puedan tener acceso a la educación media y superior se han reducido brutalmente. Es por ello que los estudiantes normalistas exijan ampliar la cantidad de estudiantes matriculados. Por el otro, la demanda de ofrecer mejores condiciones laborales para los profesores o de ampliar su número aparece como un antídoto a la estrategia gubernamental de asfixiar a las normales rurales contratando profesores por horas y sobrecargándolos de trabajo.

Dada la naturaleza de las demandas, la reacción de las autoridades estatales resulta a todas luces desproporcionada y muy sintomática de la manera en que los gobiernos pretenden resolver las demandas sociales. En lugar de privilegiar el diálogo y la negociación a partir del reconocimiento de los derechos, el gobernador y sus representantes optaron por la represión y la mentira, echando mano de fuerzas policiales dedicadas al combate al narcotráfico. La renuncia de algunos de sus colaboradores -después de haber intentado a través de los medios de comunicación de responsabilizar a los estudiantes por los hechos- no pretende cambiar la dinámica represiva sino salvar la cabeza del gobernador, que de haber hecho su trabajo recibiendo en audiencia a los representantes estudiantiles no estaría ahora en el centro del huracán.

La muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Édgar David Espíritu es entonces responsabilidad exclusiva del gobernador Aguirre quien, a pesar de contar con el apoyo del gobierno federal y de fracciones de la ‘izquierda’ partidista, tendrá que hacer frente a las movilizaciones estudiantiles que seguramente se radicalizarán y cobrarán un nuevo impulso. Los estudiantes normalistas cuentan con una larga tradición de lucha por lo que no se van a replegar fácilmente. A las demandas originales se habrán de agregar la detención de los responsables de los asesinatos y el esclarecimiento de los hechos. Así, un conflicto que defendía intereses predominantemente estudiantiles se ha convertido, gracias a la torpeza y soberbia gubernamental, en un conflicto político que puede detonar protestas en otros lugares del país. La militarización en México está empezando a rendir sus podridos frutos.