n la historia del derecho mexicano. Lamentablemente surge en un contexto de violación sistemática de tales derechos por parte del estado mexicano. Su eminente promulgación se dará después de que 23 mil ciudadanos han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) considerar la posibilidad de iniciar una investigación para corroborar la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en nuestro país. Junto con el delito de genocidio, son los únicos que la CPI puede castigar. Y si bien el delito de genocidio no aplica estrictamente a la realidad nacional, los otros dos son en los que se enfoca la demanda. Las desapariciones forzadas y la tortura son los típicos delitos de lesa humanidad mientras que los crímenes de guerra son mencionados por los demandantes quienes consideran que vivimos una guerra civil durante la cual se han cometido delitos amparados por la visión militarista del estado mexicano.
La reacción del generalísimo no se hizo esperar, reiterando sin ambages el desprecio que siente por la opinión de sus representados, llegando incluso a comparar su persona con la Nación: si me acusan a mi perjudican a México, declaró con su acostumbrada soberbia. Repite la cantinela de que el jefe del poder ejecutivo está obligado a enfrentar el crimen organizado, cosa que nadie discute; el problema es la forma en que se está enfrentando el problema. Y es ahí en donde toma consistencia la denuncia ante la CPI.
En efecto, nadie puede negar que es indispensable enfrentar al narcotráfico. El problema está en la manera de hacerlo. El señor de los vinos y sus aliados insisten en la militarización como remedio, llamando daños colaterales a la práctica sistemática de la tortura, las desapariciones forzadas y la conculcación de derechos civiles. La ciudadanía insiste en que ningún estado nacional puede reducir o desaparecer las libertades públicas o violar los derechos humanos para enfrentar amenazas contra la Nación.
Los defensores de la militarización han calificado la demanda como una ilusión perversa y aseguran, al igual que su comandante, que la CPI la descartará. Además dicen que el sistema judicial mexicano está preparado para resolver todas las quejas que presente la ciudadanía. Sin embargo, y a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura no están tipificados como delitos en nuestras leyes por lo que se impone la necesidad de acudir a cortes internacionales para obtener justicia ya que aquí no hay como.
Uno de los elementos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos es que se inspira en los avances del derecho internacional y promueve la idea de que es necesario utilizarlos para mejorar la procuración de justicia en México. Pero nuestros representantes parecen no darse cuenta de lo que eso significa y ponen el grito en el cielo cuando son enderezados en su contra. En esta columna dijimos hace tiempo que los crímenes cometidos por las instituciones encargadas de la seguridad pública no preescriben y que, si no ahora, en el futuro existía la posibilidad de que fueran juzgados los responsables de la tortura y la desaparición forzada. Parece que esos 23 mil ciudadanos han decidió actuar inmediatamente, en lugar de esperar a que las autoridades rectifiquen. Resulta trágico que mientras nos felicitamos por las reformas constitucionales en materia de derechos humanos el estado mexicano enfrente acusaciones en una corte internacional. Así están las cosas.
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