La situación de violencia generalizada por la que atraviesa el país se hace manifiesta no sólo en los combates directos entre delincuentes (de todo tipo), sino que se vuelve palpable en todos los ámbitos de nuestra cotidianeidad como sociedad.
Uno de ellos que no debemos perder de vista es en lo que corresponde a la impartición de justicia. Ante la creciente violencia a la que debemos hacer frente cada día, gracias a las acertadas decisiones de nuestros gobernantes (uno de ellos en particular, empeñado en seguir con su cruzada personal así el número de “daños colaterales” llegue a cincuenta o cien mil), cobra una mayor relevancia de la que por sí misma tiene.
Para nadie es un secreto que en la materia el Estado mexicano se ha caracterizado por cometer un sinnúmero de atrocidades en contra de la sociedad, y que a través de los años la brutalidad del gobierno (y no me refiero a la brutalidad de ciertos personajes, que hacen más amena la tarea de escribir con sus atinadas declaraciones) se ha hecho manifiesta mediante el uso de la fuerza (policiaca y militar) en contra de determinados sectores de la sociedad.
Vale la pena reflexionar sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de restringir el fuero militar en “situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles”. Serán tribunales civiles y no instancias militares las que se encarguen de procesar dichos casos.
Se trata, sin lugar a dudas, de un avance significativo para la lucha de la sociedad civil en contra de la impunidad con la que se han cometido actos que violentan las garantías individuales de la ciudadanía por parte del gobierno mexicano, en particular por miembros del Ejército y las fuerzas armadas. No obstante, la resolución de la SCJN no puede ser vista de ninguna manera como una solución al problema.
Para empezar, en el terreno legislativo, nuestros representantes seguirán manejando los tiempos y las reformas a su conveniencia, partidista y electorera. El Código de Justicia Militar y el Código Penal federal necesitan ser reformados ante la resolución de la Corte, más nuestros trabajadores diputados han declarado que dichas modificaciones pueden esperar. No obstante, las negociaciones (nota: consultar con Elba Esther y Felipe el significado del término) entre los principales partidos en el poder para aprobar un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, en el que se aprobarían al vapor diversas leyes, entre ellas la famosa Ley de Seguridad Nacional requerida por Calderón para continuar con su guerrita.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en nuestro país han presentado un crecimiento significativo en los últimos años, y no se trata de ninguna coincidencia. La estrategia de militarización del país comenzada en el presente sexenio ha traído consigo el inevitable aumento de dichos crímenes.
He aquí otro punto importante, en el que se demuestra la completa falta de consistencia en la supuesta estrategia de Calderón: no hay ningún supuesto legal irrebatible que justifique la participación del Ejército mexicano en labores policiacas. Los mandos militares, ahora que se encuentran envueltos en una guerra interna (que no van ganando, por más que lo grite García Luna) por mandato presidencial, piden se legisle al respecto y se provea algún tipo de protección jurídica para los soldados y demás miembros del sector militar.
Ante esto, es ridículo que el gobierno federal se empecine en mantener una estrategia que, lejos de garantizar la seguridad pública, no ha hecho sino aumentar la violencia, que se traduce desafortunadamente en violaciones a los derechos humanos por parte de las propias fuerzas armadas.
Por último: la tarea del Poder Judicial en su conjunto no es el de prevenir delitos, sino el de impartir justicia. Por tanto, no podemos esperar que la resolución emitida por la Corte termine inmediatamente con este tipo de crímenes. El único camino a seguir es exigir del gobierno federal un replanteamiento de la estrategia de seguridad en el país, que dé marcha atrás con el proceso de militarización, reduzca la posibilidad de que se cometan este tipo de delitos, y busque un camino
diferente para combatir al crimen organizado, que no pase por poner en riesgo la vida y los derechos más básicos de todos y cada uno de los ciudadanos.
Uno de ellos que no debemos perder de vista es en lo que corresponde a la impartición de justicia. Ante la creciente violencia a la que debemos hacer frente cada día, gracias a las acertadas decisiones de nuestros gobernantes (uno de ellos en particular, empeñado en seguir con su cruzada personal así el número de “daños colaterales” llegue a cincuenta o cien mil), cobra una mayor relevancia de la que por sí misma tiene.
Para nadie es un secreto que en la materia el Estado mexicano se ha caracterizado por cometer un sinnúmero de atrocidades en contra de la sociedad, y que a través de los años la brutalidad del gobierno (y no me refiero a la brutalidad de ciertos personajes, que hacen más amena la tarea de escribir con sus atinadas declaraciones) se ha hecho manifiesta mediante el uso de la fuerza (policiaca y militar) en contra de determinados sectores de la sociedad.
Vale la pena reflexionar sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de restringir el fuero militar en “situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles”. Serán tribunales civiles y no instancias militares las que se encarguen de procesar dichos casos.
Se trata, sin lugar a dudas, de un avance significativo para la lucha de la sociedad civil en contra de la impunidad con la que se han cometido actos que violentan las garantías individuales de la ciudadanía por parte del gobierno mexicano, en particular por miembros del Ejército y las fuerzas armadas. No obstante, la resolución de la SCJN no puede ser vista de ninguna manera como una solución al problema.
Para empezar, en el terreno legislativo, nuestros representantes seguirán manejando los tiempos y las reformas a su conveniencia, partidista y electorera. El Código de Justicia Militar y el Código Penal federal necesitan ser reformados ante la resolución de la Corte, más nuestros trabajadores diputados han declarado que dichas modificaciones pueden esperar. No obstante, las negociaciones (nota: consultar con Elba Esther y Felipe el significado del término) entre los principales partidos en el poder para aprobar un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, en el que se aprobarían al vapor diversas leyes, entre ellas la famosa Ley de Seguridad Nacional requerida por Calderón para continuar con su guerrita.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en nuestro país han presentado un crecimiento significativo en los últimos años, y no se trata de ninguna coincidencia. La estrategia de militarización del país comenzada en el presente sexenio ha traído consigo el inevitable aumento de dichos crímenes.
He aquí otro punto importante, en el que se demuestra la completa falta de consistencia en la supuesta estrategia de Calderón: no hay ningún supuesto legal irrebatible que justifique la participación del Ejército mexicano en labores policiacas. Los mandos militares, ahora que se encuentran envueltos en una guerra interna (que no van ganando, por más que lo grite García Luna) por mandato presidencial, piden se legisle al respecto y se provea algún tipo de protección jurídica para los soldados y demás miembros del sector militar.
Ante esto, es ridículo que el gobierno federal se empecine en mantener una estrategia que, lejos de garantizar la seguridad pública, no ha hecho sino aumentar la violencia, que se traduce desafortunadamente en violaciones a los derechos humanos por parte de las propias fuerzas armadas.
Por último: la tarea del Poder Judicial en su conjunto no es el de prevenir delitos, sino el de impartir justicia. Por tanto, no podemos esperar que la resolución emitida por la Corte termine inmediatamente con este tipo de crímenes. El único camino a seguir es exigir del gobierno federal un replanteamiento de la estrategia de seguridad en el país, que dé marcha atrás con el proceso de militarización, reduzca la posibilidad de que se cometan este tipo de delitos, y busque un camino
diferente para combatir al crimen organizado, que no pase por poner en riesgo la vida y los derechos más básicos de todos y cada uno de los ciudadanos.
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