Palabras invisibles

¿Cómo decir lo que nadie quiere escuchar? ¿Cómo pensar en lo que nadie quiere pensar? ¿Cómo escribir lo que nadie quiere leer? El tamaño de horror es tan grande que nos aplasta día con día, aplasta la confianza en los otros: en nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros representantes. El temor se apodera de nosotros poco a poco, como el cáncer, sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tarde. Y entonces los sueños, los planes, la vida misma se acaba en el absurdo, en la oscuridad provocada por la ambición, el racismo y la discriminación.

Para nadie es un secreto que las guerras se articulan desde arriba, engatusando a los de abajo con grandes ideales y mundos paradisiacos, para que sean ellos los que paguen el precio con su vida, con sus sueños, garantizando así los privilegios de los que llevan la batuta. Sabemos también que las guerras no se ganan solamente con la fuerza de las armas sino sobre todo con la fuerza de las ideas. El convencer a los miembros de una nación de las virtudes de una guerra es el elemento central en la estrategia guerrera. Y para convencer, el miedo que no deja pensar, que obliga a actuar por instinto, resulta ser la táctica perfecta.

Para combatir el miedo, la mayoría de las personas se refugia en el consumismo, en la sensación de alivio que proporciona el comprar algo superfluo que servirá como placebo para seguir viviendo sin mirar el horror, el sufrimiento de miles de personas, la ambición desmedida, el cinismo cotidiano, la mentira sistemática. Incluso para las legiones de desposeídos y marginados, la sola idea de que en cualquier momento podrían acceder a los preciados vidrios y espejitos del mundo comercial tiene un efecto soporífero que permite que la tragedia siga su camino, que la alimenta.

Nunca antes la sentencia atribuida a Porfirio Díaz había tenido la fuerza simbólica que tiene hoy. El tan lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos cobra en estos días una dimensión inimaginable hace apenas una década. Ya ni quien proteste porque México ha sido saqueado por las corporaciones internacionales; por la actitud compulsiva para tomar cursos de inglés, punta de lanza del colonialismo cultural; por la imitación de la forma de vestir y comer, que ha disparado la diabetes y la obesidad, frente a la terrible realidad de servir como espacio de contención de la violencia, de teatro de muerte y sufrimiento para que el decrépito american way of life siga siendo el sueño de millones.

Los optimistas bien guardados atrás de sus riquezas consideran que México debe aprovechar esta crisis para dejar atrás los vicios de nuestra cultura tradicional y subirnos al tren de la modernidad; los pesimistas se empeñan en afirmar que no hay salida, que las cosas son como son y no hay remedio. Lo que queda claro es que lo que está en juego no es sólo el quebrantamiento de nuestra economía, de nuestra cultura, de las instituciones políticas sino de la viabilidad de la nación mexicana como un espacio basado en una identidad colectiva forjada a lo largo de los dos siglos anteriores. Porque la guerra que vivimos no tiene fin, no está planeada para que algún día termine, para que en algún momento un bando la gane o la pierda. Es simplemente una estrategia de control para mantener un orden mundial quebrantado, sin futuro, sostenido por la peregrina idea de que es mejor que el barco se hunda con todos a bordo que cederle a la sociedad en su conjunto la posibilidad de intervenir en los problemas sociales teniendo como eje el bien común. ¿Y quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere pensar en eso? ¿Quién quiere escribir de eso?

Diálogo de sordos

Como era de esperarse, el encuentro que tuvo lugar el jueves pasado entre Calderón y miembros de su gabinete con Javier Sicilia e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, terminó siendo lo que muchos temíamos: un diálogo de sordos en el que la administración calderonista buscó, con éxito, monopolizar el discurso y a través del mismo presentar las justificaciones necesarias para continuar con una guerra que tiene sumido al país en la más profunda violencia vivida en décadas.

Sicilia le entregó en bandeja de plata a Calderón la oportunidad de presentarse también como una víctima, obligado por las circunstancias a encabezar una guerra a la que nadie más estaba dispuesto a hacer frente, y de salir de Chapultepec fortalecido tras dar la impresión de estar dispuesto a mantener un diálogo abierto con la sociedad.

Quienes acudían al encuentro con la esperanza de encontrar un gobierno dispuesto a escuchar razones y a replantear una estrategia a todas luces fallida, se encontraron ante una insultante apología de los crímenes cometidos en contra de la sociedad mexicana en los últimos años, crímenes de los que el gobierno federal tiene un altísimo grado de responsabilidad.

Calderón y su gabinete se dedicaron, como si de informe de gobierno se tratase, a enumerar las cifras y supuestos logros conseguidos en la lucha contra el crimen organizado; en pocas palabras, a repetir una y otra vez que la guerra se está ganando. En el mejor de los casos, la afirmación demuestra una retorcida percepción de la realidad; en el peor, un grado de cinismo tal que no permite vislumbrar la salida ante la situación que vivimos actualmente. No, al menos, por parte de la presente administración.

Es de esto de lo que Sicilia y quienes lideran el movimiento deben darse cuenta: hablar con el gobierno federal en estas instancias es hablar con sordos. Calderón aprovechó el circo montado el jueves pasado en Chapultepec para dejar bien en claro que no tiene problema alguno en cargar con el costo moral que las decenas de miles de muertes representan y que, desde su punto de vista (bastante cercano al suelo), la responsabilidad recae exclusivamente en la delincuencia organizada, misma que él y sólo él tiene el valor de enfrentar. La propia elección de la sede del encuentro, cambiado de último minuto, dice mucho: desde un lugar reconocido históricamente como un sitio de defensa nacional, Calderón defendió su absurda guerra. La sola presencia de García Luna, cuya renuncia había sido exigida en algún momento del movimiento, mandaba un mensaje bien claro: nada va a cambiar.

Sin decirlo explícitamente, Calderón prometió lo mismo que viene prometiendo desde hace meses: que la guerra va a continuar. Los asesinatos, las desapariciones, los daños colaterales, todas las formas de violencia a las que cada vez hacemos frente de manera más cotidiana, van a continuar.

Mediante un ejercicio de apariencia democrática, el gobierno de Calderón muestra su faceta más autoritaria: aquella en la que hace oídos sordos a las demandas de la sociedad, aquella faceta para la cual las víctimas de la guerra son sólo un número, y que anuncia continuará con su política de guerra sin mirar atrás y darse cuenta de los errores cometidos.

Lejos quedó el Sicilia que ponía letra a su dolor y reclamaba la renuncia de Calderón. Del “estamos hasta la madre” pasó a un discurso conciliador, que ya no exige sino que pide por favor, si no es mucha molestia. De nada sirve este diálogo cuando no hay un interlocutor real.

Por el contrario, Calderón aprovechó para fortalecer su discurso, al pretender compartir el sufrimiento de quienes han perdido a alguien cercano y al mismo tiempo, presentar su guerra como la única alternativa posible, justa y necesaria.

Plumas reconocidas, en este medio y otros, se dedicaron a elogiar las actitudes tanto de Sicilia como de Calderón: que se abre una nueva etapa de diálogo, que se trató de un verdadero debate en el mejor ánimo de reconstruir un país devastado por la violencia, etcétera. La realidad es bastante diferente: se trató de la afirmación autoritaria de un presidente dispuesto a llevar una guerra, dictada por intereses ajenos, a sus últimas consecuencias, así los muertos se cuenten por decenas de miles.

Se trató de poner bien en claro que, en lo que a Calderón y su gobierno concierne, el país seguirá por el mismo rumbo.

Para una crítica de la violencia nacional III

En uno de sus textos, el escritor Sergio Pitol se refirió a su amigo Carlos Monsiváis como “documentador de la fecundísima gama de nuestra imbecilidad nacional”. Siguiendo el tenor de la implacable autocrítica del difunto –aunque inmortal– cronista mexicano, reanudemos el escrutinio crítico referente a la violencia nacional.

José Saramago solía decir: “Si no nos movemos hacia donde está el dolor y la indignación, si no nos movemos hacia donde está la protesta, no estamos vivos, estamos muertos”. Al leer esto, uno se remite casi obligadamente a la Caravana por la Paz cuya trayectoria unificó el duelo nacional al compartir “el dolor y la indignación” con los deudos de las víctimas de “nuestra imbecilidad nacional” (personificada en la “guerra antinarco”, cuya brutalidad ejecutora es sólo comparable a la época de los suplicios medievales).

Parece no tener fin el fúnebre capítulo nacional en curso, máxime cuando uno descubre que todo cuanto brota de la extensa miscelánea de innovaciones atribuidas al sacrosanto Progreso trae aparejado modalidades inequívocas de violencia. La modernización que descansa sobre la base del lucro universal arrastra niveles insospechados de alienación y violencia: mercantilización de la instrucción pedagógica, la salud, el trabajo, cosificación del universo humano, consagración de la discriminación, la xenofobia, el clasismo. Un pudrimiento ecuménico cuyo rostro más repulsivo se asoma en países y sociedades como la nuestra: eternamente a la sombra de las naciones y culturas hegemónicas. (Las múltiples castas políticas del México independiente, han expresado, acaso subrepticiamente, su irreductible menosprecio por la cultura y las raíces nacionales).

La adopción de un patrón civilizatorio extraño, impuesto a base de fuerza ciega, ha sido altamente costoso para la vida nacional: aspectos neocoloniales, étnicos, culturales, idiosincrásicos, se articulan atrozmente a la ancestral e irrefrenable lucha de clases. No obstante la verborrea oficial antinarco, la guerra vigente en México tiene visos de limpieza social: de uno u otro bando (aunque si se observa cuidadosamente se advertirá que se trata de una guerra unilateral), el grueso de los muertos son pobres, jurídicamente desprotegidos, política y culturalmente marginales. Noam Chomsky, intelectual estadounidense, advierte: “Para determinar los objetivos reales, podemos adoptar el principio jurídico de que las consecuencias previsibles constituyen prueba de intención. Y las consecuencias no son oscuras: subyace en los programas [antinarco] una contrainsurgencia… y una forma de limpieza social”.

No se requiere de una perspicacia generosa para adivinar un aumento sostenido de la violencia frente a políticas oficiales que lejos de resolver la honda problemática, se proponen negarla, suprimiéndole con recursos apreciablemente violentos. Walter Benjamin, filósofo alemán, observa: “El militarismo es el impulso de utilizar de forma generalizada la violencia como medio para los fines del Estado”.

En efecto, el Estado procede no en función de la sociedad que alberga, sino a pesar de ella. En este sentido, el despliegue del ejército nacional es análogo –en forma y fondo– a una ocupación extranjera: una suerte de autoinvasión rige de facto en México, auspiciada logística y materialmente por un complejo militar industrial foráneo.

El proyecto nacional de las elites que administran el país (anexión a Estados Unidos, modernización con base en un canon expoliador etc.), requiere la eliminación física y espiritual de una parte importante de la nación mexicana. No existe tal cosa como “estrategia fallida”: se trata de una táctica perfectamente instrumentada y calculada.

Un programa ejemplar de filosofía en la UACM

Enrique Dussell

Por lo general, los programas de la licenciatura o bachillerato de filosofía tienen, tanto en Europa como en América Latina, pero especialmente en Estados Unidos, dos limitaciones fundamentales.

En primer lugar, una visión eurocéntrica de la historia y de los problemas filosóficos, que lleva, por ejemplo, a pensar que la evolución de las filosofías griega y romana pasan directamente a la Edad Media latina, y rematan en la modernidad europea. Una línea recta pasaría de la antigüedad, por la dicha Europa medieval hacia la modernidad. Esto lleva a despreciar, entre otros aspectos, a la filosofía que se ha practicado y practica en América Latina. Recuérdese que el profesor Antonio Rubio de la Universidad de México a finales del siglo XVI editó la Lógica en la que estudió René Descartes esa materia en 1612 en La Flèche.

El otro defecto, en segundo lugar, que se encuentra frecuentemente en las escuelas filosóficas es que un estilo filosófico (por ejemplo, el analítico en Estados Unidos o en la Facultad de Filosofía de la UNAM) domina sobre otros estilos (como el llamado despectivamente continental: corrientes filosóficas tales como la fenomenología, la ontología existencial, el estructuralismo, el marxismo, etcétera). Y bien, ambos aspectos limitantes se intentan superar en el programa de filosofía de la UACM, avanzándose en este aspecto en decenios a otras facultades o colegios de filosofía.

La UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) tiene un programa de filosofía que se propone dejar atrás al eurocentrismo. Así, en la Historia de la Filosofía, desde el primer semestre, se estudian los primeros grandes filósofos de la humanidad (de China, India, los presocráticos y algunos filósofos de nuestros pueblos originarios). Esto supone, ciertamente, una definición de la filosofía no eurocéntrica (ni meramente moderno europea). Si filo-sofía es amor a la sabiduría un Nezahualcoyotl o un Tlacaelel (como lo ha enseñado Miguel León-Portilla)² pueden incluírselos entre ellos, ya que fueron sabios o tlamatini, en el primer caso rey y en el otro consultor de los primeros reyes aztecas. En un segundo semestre, se abordan las grandes ontologías (el taoísmo, confucionismo, filósofos clásicos hindúes, Platón, Aristóteles, el neoplatonismo y los filósofos romanos). En un tercer semestre, se estudian las filosofías que se conectaron por la ruta de la seda, desde las china e hindú, la bizantina, muy especialmente la árabe y su prolongación en la Europa latina (muy posterior esta última, ya que accede por ejemplo a Aristóteles por Avicena, Alfarabi o Averroes). Y así en los otros semestres. Es decir, el alumno puede tener una visión planetaria de la filosofía de la humanidad en estos tiempos de globalización, y no sólo del mundo Mediterráneo o de la Europa latino-germánica.

En segundo lugar, el gran defecto de que una escuela filosófica practique sólo un estilo filosófico, no es sólo una limitación del claustro de profesores, sino, y es lo peor, no ofrece a los estudiantes la posibilidad de seguir su propia vocación filosófica. ¿Para qué le sirve a un estudiante, que quiere especializarse en filosofía estética, seguir largos cursos especializados de lógica, filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, filosofía de la argumentación, etcétera (de las que debe tener ciertamente los instrumentos mínimos necesarios para una formación general, pero cuando no piensa especializarse en lógica y epistemología, por ejemplo)? ¿Cómo evitar intentar enseñar a todos los alumnos todas las especialidades (lo que es imposible), o pretender instruir en una sola especialización a todos (lo que desalienta a los que no les interesa esa especialidad)? La UACM intenta solucionar esa aparente aporía.

En efecto, se dictan cursos de estudios generales y se exige al alumno que cumpla con un currículo mínimo necesario para poder obtener la licenciatura o bachillerato en filosofía, pero la mayor parte de la formación se hace por especialidades, que son de libre elección por parte del alumno en cuatro niveles: los que prefieren 1) historia de la filosofía, 2) lógica y epistemología, 3) filosofías prácticas (de la economía, de la política, de la teoría crítica, etcétera), o 4) los tratados clásicos filosóficos (ontología, antropología filosófica, etcétera). De esta manera el alumno tiene una formación general filosófica, pero al mismo tiempo comienza una especialización en un ámbito filosófico que ha podido elegir según su vocación, y que le abrirá el camino a la maestría y doctorado en los mismos niveles, llegando a una adecuada formación.

Además, la filosofía mexicana y latinoamericana ocupa un lugar especial desde el origen de la formación del estudiante, para permitirle poder saber situarse en su propia realidad histórica, y conocer los problemas y los filósofos de su propia cultura (evitando nuevamente un eurocentrismo de nocivos efectos alienantes).

Este programa es el primero en su género en América Latina (y uno de los primeros en el mundo), evitando también lo que acontece frecuentemente en el así llamado Oriente (vengo de dictar una cátedra de filosofía en la Universidad Nacional de Corea, en Seúl) de simplemente yuxtaponer la filosofía moderna europeo-estadunidense con la filosofía tradicional oriental, sin articularlas adecuadamente.

El programa de filosofía de la UACM es, en este caso, pionero con respecto a las grandes universidades de México, Brasil o Argentina, y a la de la mayoría de Europa y Estados Unidos. Una experiencia a ser valorada por su innovación, y por lo tanto merece ser apoyada y reconocida.

¹ Filósofo

² Véase de E. Dussel y otros, El pensamiento filosófico latinoamericano (1300-2000), Siglo XXI, 2da. Ed. 2011

La democracia directa y los bienes comunes en Italia

El referéndum celebrado en Italia los días 12 y 13 de junio ha sido un ejemplo de la capacidad de los mecanismos de democracia directa para proteger los bienes comunes de las políticas privatizadoras, impulsadas por los estados nacionales, a favor de los dueños del dinero en el mundo. También ha dejado claro que las y los italianos han cobrado conciencia de la importancia de defender los bienes sociales para detener el deterioro acelerado de su calidad de vida.

Fueron cuatro las cuestiones que integraron el referéndum: la derogación de los procedimientos de adjudicación y gestión de los servicios públicos locales de importancia económica a las empresas privadas; la derogación de la norma que establece que la tarifa del agua esté sujeta a los rendimientos esperados del capital privado; la derogación de una serie de normas que permiten la producción de energía eléctrica nuclear; y la derogación de las normas que impedían que el presidente del Consejo de Ministros y de los ministros a comparecer frente a la justicia penal. El triunfo de Si para todas las cuestiones superó el noventa por ciento de la votación, a pesar de la férrea oposición -con spots incluidos- del gobierno de Berlusconi.

Como se ve, lo que estuvo en juego fue la posibilidad de que los políticos pudieran seguir vendiendo los bienes comunes al mejor postor. Los servicios públicos locales, incluido el servicio de agua potable, así como la posibilidad de un renacimiento de la industria nuclear –que atenta contra el medio ambiente, bien común fundamental- giran alrededor de la premisa de que hay ciertos bienes que deben ser sustraídos del interés privado, de que debe evitarse convertirlos en simples mercancías, sujetas a los vaivenes inducidos de la oferta y la demanda. Pero además, se puso un límite a la impunidad de los políticos, quienes coincidentemente son los principales impulsores de la enajenación de los bienes comunes para lograr jugosas comisiones, por debajo de la mesa, y seguir financiando sus carreras políticas.

La experiencia italiana está estrechamente relacionada con las manifestaciones de hartazgo de la ciudadanía en Grecia, Egipto y España, por mencionar las más destacadas, con respecto a la gestión de la política institucional encabezada por los estados nacionales, los partidos políticos y las corporaciones y organismos internacionales. Demuestra claramente que las personas están sujetas a una enorme explotación -lo que ha debilitado enormemente sus posibilidades de vivir dignamente- por lo que no están dispuestas a seguir esperando a que esas instituciones y la democracia liberal resuelvan el problema.

El apostar a la privatización de los servicios públicos, del agua, del medio ambiente -a través de insistir en la producción de electricidad vía energía nuclear- aparece cada vez más como un suicidio colectivo, como una manera de cancelar el futuro de millones de personas en aras de la racionalidad instrumental o mejor dicho de la racionalidad psicópata, en donde los fines justifican los medios, en donde no importan las consecuencias siempre y cuando se satisfagan los fines.

Los mecanismos de la democracia directa no son ninguna panacea pero pueden servir como espacios de expresión para ampliar la participación política de la ciudadanía y detener la tendencia suicida que parece cada vez más fuerte. Ojalá que lo sucedido en Italia con el referéndum inspire a ciudadanos de otros países a considerar seriamente la posibilidad de participar en la vida política, más allá de las elecciones, para recuperar la dignidad que cada vez más nos niegan desde el poder.

Para una crítica de la violencia nacional II

Tal y como hemos insistido una y otra vez en este espacio, la violencia pluridimensional, proveniente de todos los flancos de la vida nacional, a todas luces conservadora del orden social y políticamente deseable para la cúspide de la pirámide nacional, profundiza su irrefrenable curso. Parece que todos en México tenemos una idea más o menos clara de los síntomas y el alcance –lingüístico, cultural, social, jurídico– de la sofocante violencia reinante que a no pocos ha arrebatado el aliento, el ánimo, la sonrisa. Y, no obstante, aún pudiendo situar en un terreno medianamente común los efectos de esta violencia, llama la atención que en lo tocante a las causas no se vislumbra un consenso de alcance siquiera mínimo. Empero, un escrutinio franco habrá de conducir a preguntas y respuestas que atajen y remitan a la problemática real, histórica y empírica. Sabedores de los prejuicios que esterilizan el análisis, evitemos remitirnos a ellos.

Hay una cuestión en la que urge poner especial atención: la violencia tiene múltiples fuentes –ejecutores– y manifestaciones. Lo que distingue a las distintas modalidades de violencia es el carácter legítimo o espurio que socialmente les conferimos. El derecho y las formas jurídicas son instrumentos que juzgan válido o improcedente un formato específico de violencia. Se trata de una suerte de pacto social, que, sin embargo, nunca renuncia a la violencia. En todo caso le asigna una naturaleza parcial, unilateral. Cuando este pacto provisional, históricamente condicionado, se desintegra, fruto de las circunstancias cambiantes del universo humano, la violencia, otrora monopólica y centralizada, se disemina y vigoriza a escala ampliada. Así, la violencia extrema, en su expresión más cruda y brutal, aparece cuando las convenciones no acuden a la resolución de un conflicto cuyo origen y alcance desborda la facultad sancionadora del orden establecido.

El gobierno mexicano y los estamentos privilegiados “adjuntos” (empresariado nacional etc.) han arrojado al olvido las fuerzas a las que deben su existencia (La Revolución Mexicana). El pacto político-social fue disuelto. Y la escandalosa violencia imperante es una muestra palpable de la caducidad de tal contrato-compromiso, y no de la supuesta eficacia “probada” de la estrategia implementada contra la delincuencia organizada, como han querido hacer creer inútilmente las autoridades y sus apéndices propagandísticos.

Si hablamos de transición a la democracia, es menester señalar que lo único que se ha democratizado en los últimos años, máxime a raíz de la aparición de estudios sobre este arcaico concepto (democracia), es la violencia multidimensional. La discriminación y el afán de sobajamiento –expresiones inequívocas de violencia– son la norma en las relaciones familiares, laborales, sociales. ¿No será acaso que esta violencia psicológica históricamente acumulada (patrón-obrero, rico-desposeído, mestizo-indio, hombre-mujer, adulto-joven, autoridad-subordinado) esté cobrando factura, con su cuota igualmente acumulada de ira y encono, en la presente era nacional?

Resulta francamente desconcertante que, no obstante la indecible barbarie que oprime al país, existan voces que, en lugar de aplaudir esfuerzos encaminados a resolver de fondo la violencia nacional, se dediquen a atropellar moral y políticamente el brío movilizador.

Este es tan solo un primer esfuerzo cuyo objetivo es ampliar el horizonte del análisis. Es hora de reflexionar colectivamente.

Enterrando el miedo y sembrando justicia.

La Caravana del Consuelo encabezada por Javier Sicilia, Julián Le Barón y el sacerdote Óscar Enríquez representa una de las críticas más precisas contra la guerra de exterminio que inició Calderón para afianzarse en el poder, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. La sencillez del discurso y la estrategia contra el miedo y la impunidad están motivando a las personas a salir a la calle y compartir su dolor.
La movilización pacifista tiene un objetivo muy claro: impedir que se olvide a las víctimas de la barbarie. En medio del caos que nos rodea puede parecer un objetivo simple y limitado -pues aparentemente no ataca el centro de las prácticas guerreristas del gobierno mexicano- pero una mirada más acuciosa y de cara al futuro echa por tierra semejante conclusión.
Abrir un espacio para la denuncia sistemática y organizada de todas las personas que han sido desaparecidas o asesinadas por la guerra civil no me parece un objetivo menor por varias razones. En primer lugar, es evidente que tanto para los narcotraficantes como para las instituciones del estado (presidente, diputados y senadores, gobernadores, partidos políticos y militares) es preferible que los muertos y desaparecidos caigan en el olvido, por distintas razones si usted quiere; los primeros para evadir a la justicia y los segundos para deshacerse de la obligación constitucional que les exige investigar y localizar a los responsables.
En segundo lugar, un ambiente de terror, de miedo, es el escenario perfecto para que los dos bandos en guerra sigan reproduciendo la barbarie con consecuencias manejables a corto plazo. A los narcoemprendedores les conviene que la sociedad tenga miedo pues les permite gozar de un mayor margen de maniobra debido al repliegue ciudadano de los espacios públicos; a los gobernantes, un escenario aterrador les sirve para seguir justificando la militarización del país, en consonancia con los planes de Obama y sus amigos.
Otra razón de peso está directamente relacionada con las posibilidades que la estrategia del consuelo puede tener en el futuro. Las Madres de Mayo -que en su momento se enfrentaron a la dictadura militar argentina sólo con su valor y con su dolor- siguen en pie de lucha y a lo largo de los últimos treinta años se han distinguido por poner en evidencia la impunidad de los culpables de la desaparición de sus hijos y la forma en que las instituciones del estado han cultivado esa impunidad. Han comprendido que los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no prescriben y con el tiempo cobran una dimensión distinta a la que tienen hoy.
El primer punto del acuerdo ciudadano firmado por Sicilia en ciudad Juárez va precisamente en el sentido de exigir verdad y justicia a las autoridades por todos los delitos que se han cometido en los últimos años, pero no es el único; el segundo punto es una consecuencia lógica del primero: acabar con esta guerra absurda y con la militarización concomitante de nuestra sociedad. Y sigue deshojando la margarita con el tercer y cuarto punto: combatir la impunidad y la corrupción así como atacar las bases económicas del crimen organizado, fuente de su poder y capacidad de fuego. Los puntos quinto y sexto tiene como objetivo empezar una serie de acciones para cambiar el rumbo de nuestras sociedades: invertir en la juventud en lugar de discriminarla y responsabilizarla de la situación en que nos encontramos y profundizar en las prácticas democráticas impulsando la participación política directa de la ciudadanía en lugar de seguir alimentando una representación corrupta y alejada de los intereses de la sociedad.
Los seis puntos pueden ser criticados en el sentido de que no señalan directamente al sistema capitalista que nos rige como el responsable principal de la barbarie pero sí señala a sus pilares centrales: la impunidad, la corrupción, la discrecionalidad de los bancos que protegen a los dueños del dinero, el contubernio de las autoridades con la producción y comercialización de sustancias prohibidas y no prohibidas pero lesivas para la salud privada y pública. Sin embargo el defender la dignidad de las personas, independientemente de su condición económica o política, significa mucho dadas las circunstancias actuales en las que la vida de las personas vale menos que la de muchas mercancías
¿Hacia dónde va la Caravana del Consuelo? ¿Cuál es su principal reto? El gran reto del movimiento es lograr la permanencia en el tiempo de las redes de ciudadanos que buscan justicia y articular las demandas dentro y fuera del espacio institucional. Dentro en los ministerios públicos y en los organismos defensores de derechos humanos para exigir una investigación permanente; fuera en el conjunto de la sociedad, informándola e invitándola a no tener miedo, a denunciar y compartir el dolor con otros que sufren de lo mismo. El futuro es de ellos si perseveran. El dolor de la pérdida será el motor de sus acciones y seguramente no desaparecerá de la noche a la mañana. Así las cosas, podría parecer que la Caravana del Consuelo no va a ninguna parte pero el tiempo está de su lado y nada es para siempre, mucho menos la impunidad. Si no me cree pregúnteselo a los militares argentinos golpistas que hoy se encuentran en la cárcel y que se creían dioses en los años setenta. ¿Quién iba a creer en el Chile de los setenta que a Pinochet lo iban a humillar deteniéndolo en un país extranjero, acusado de crímenes contra la humanidad?

Para una crítica de la violencia nacional

El día miércoles 8 de junio, cuya jornada de horror se ubica entre las tres más cruentas del actual sexenio, la violencia estructural –llámese organizada o colateral– dejó un saldo de 86 víctimas en diversas plazas de la geografía nacional. Llama la atención que esté feroz oleaje de sangre y odio haya irrumpido en un momento crucial en que el clamor nacional anti-violencia alcanza su expresión más álgida y estructurada: La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. El paso ininterrumpido de la brutalidad cotidiana ratifica el carácter indiscutiblemente legítimo de esta movilización.

¿Cómo interpretar y comprender en su justa y cabal dimensión la violencia que azota al país? La pregunta cobra un matiz más hondo en función de la progresiva descomposición político-social. Pareciera que no hay fórmula capaz de contener este sinuoso y barbárico curso. La frustración, terror e impotencia se apoderan del ánimo nacional. Si bien la movilización ciudadana referida arroja un rayo de luz en el centro de este obsceno teatro de guerra y muerte, lo cierto es que al final de cada jornada, en el cierre de edición de los diarios que dan cobertura a las noticias más destacadas (francamente lúgubres), la nota sobresaliente siempre es la misma: muerte. Y acaso lo más alarmante es que las víctimas de esta violencia estructural aparecen como cifras que, no pocas veces, se confunden con números y estadísticas que dan cuenta del desempeño de las finanzas. La división en secciones de los periódicos es puramente nominal: todo el contenido es nota roja. (El lenguaje economicista y su léxico insensible y atroz son, asimismo, expresiones de violencia). Es indudable que en el presente marco de muerte y violencia los medios de comunicación han actuado en condición de cómplices, aceptando condescendientemente el Estado de terror reinante, habituando al público a las imágenes y crónicas propias del género gore. Y, no obstante, es comprensible –aunque no justificable– la labor de los medios: la violencia es la norma en el presente estadio civilizatorio. Ya Voltaire nos advirtió: “La civilización no suprime la barbarie; la perfeccionó e hizo más cruel y bárbara”.

Pero, retomando el hilo, y procurando responder la pregunta que nos ocupa, es de vital importancia subrayar el papel del Estado y el giro intrínseco –la esencia real y empírica– de sus políticas. Primero, habrá que admitir que ningún gobierno en la historia del México moderno ha consagrado su gestión a la solución material e inmaterial del problema cardinal, acaso detonador superlativo de los desgarramientos nacionales: la marginación, la exclusión, la pobreza multidimensional. Esté lastre histórico, sumado a la sistemática sofocación de las demandas sociales (negación de la otredad, privación de las necesidades básicas), ha conducido a una cadena acumulativa de rencor. Con el advenimiento del “negocio de la guerra permanente” (empresa vital de un sistema socioeconómico en franca decrepitud), era natural que esta frustración y animadversión nacional, cuya expresión inequívoca es la transgresión del pacto social, se desencadenara escandalosa y bestialmente.

Por añadidura, y para que la cuña apriete, la presente economía de guerra exige que los Estados aborden todos los problemas, cualesquiera que sean las causas, con base en los criterios castrenses de seguridad nacional. En una palabra, combatir la violencia inducida con violencia oficial.

Para quienes insisten en criticar la postura de la actual movilización ciudadana en lo tocante a su postura anti-castrense, y por el contrario, dirigen sus plegarias hacia las fuerzas armadas, parece que sus explicaciones se irán disgregando conforme el artificio gubernamental se desmorone irremediablemente.

Ernesto Cordero y la realidad nacional

Gerardo Peláez Ramos
Rebelión

Allá por 1920 el pueblo de México llamaba a las necedades, tonterías y habladurías sin sentido bonilladas, para honrar a Ignacio Bonillas, candidato presidencial de Venustiano Carranza, que no era, naturalmente, ningún gallo frente a Álvaro Obregón, indiscutible gran militar vencedor de Pancho Villa y reconocido líder político que encabezó al ascendente Grupo de Sonora. Pese al éxito de que gozó, el término bonilladas no tuvo mucha duración y pronto pasó a ser cosa del pasado. En los días que corren, círculos crecientes de mexicanos se refieren a los cuentos de Foxilandia (¿o Calderonlandia?) con una palabreja de moda: corderadas, en honor a Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda.

No es para menos. El señor Ernesto Cordero se ha dado a la tarea de maquillar la situación económica nacional con afirmaciones falaces, fantasiosas y poco cuerdas que a nadie engañan. De todas sus ocurrencias, tres son las que destacan y sobre las cuales no sobra hacer algunos comentarios.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda: “Hay familias mexicanas que con ingresos de seis mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”. Esta afirmación está tan alejada de la realidad económica y social que vive México, que les hizo recordar a los mexicanos la famosa canción que interpretaba Pedro Infante, Oye Bartola, que decía a su esposa que con dos pesos pagara “la renta, el teléfono y la luz”.

Cordero está ni más ni menos que como el marido de Bartola: quiere que los ciudadanos de este país acepten ideas descabelladas acerca del poder adquisitivo de la moneda nacional. Para empezar, los trabajadores mexicanos, mayoritariamente, no ganan seis mil pesos, y ni de lejos esta cantidad tiene el poder de compra que le asigna el secretario de Hacienda del gobierno espurio de Felipe Calderón. Esta tesis “hacendaria” muestra en toda su crudeza el grado de divorcio del panismo y la realidad en que viven decenas de millones de trabajadores asalariados. Ernesto Cordero, que no destaca por sus conocimientos, su capacidad oratoria y su arrastre de masas, piensa posicionarse en la disputa interna del PAN por la obtención de la candidatura a la Presidencia de la República, mediante la adopción de mensajes que no aceptaría ni siquiera el famoso jefe del amarillismo informativo y destacado antimexicano William Randolph Hearst.

Tampoco cantan mal las rancheras los otros precandidatos del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, entre quienes sobresale el conocido porro y agente patronal, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social; sin embargo, según afirman muchos analistas políticos, el gallo de Calderón es el inefable Ernesto Cordero.

Posteriormente, ya encarrerado, Cordero sostuvo que "hace mucho tiempo que México dejó de ser pobre… es un país de renta media…” De nueva cuenta, gracias a esta tesis sacada de la manga, acaparó la atención de los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos, así como algunas críticas de dirigentes partidistas, diputados, senadores, periodistas y académicos.

Carlos Fernández-Vega, analista económico y político de gran prestigio, informa que en México sólo cuatro de cada 100 mexicanos ocupados ganan más de 17 mil 400 pesos mensuales (de 10 salarios mínimos para arriba) y 10 de cada cien entre esa cantidad y 8 mil 730 pesos (de cinco a 10 salarios mínimos). El 86 por ciento restante obtiene mucho menos de 291 pesos por día. En consecuencia, sólo 14 de cada 100 mexicanos ocupados constituirían el país de renta media propagado por el secretario de Hacienda calderonista, es decir, 6.7 millones serían clasemedieros mientras alrededor de 41 millones obtienen de 5 mil 400 pesos mensuales para abajo. De éstos, la mayoría, como cabe suponer, gana mucho menos.

Empero, la derecha en el poder no entiende de razones y sólo se especializa en sostener sandeces mayúsculas. Y Cordero no es la excepción. Por eso planteó con descaro inaudito: "Por primera vez en la historia reciente de México, el salario mínimo ha incrementado su poder adquisitivo, si quieren de manera muy modesta, pero al menos con un salario mínimo cada vez se pueden comprar más cosas y esto es por el control de la inflación y la estabilidad de los precios". De esta manera, salió a la luz otra magnífica corderada, la cual choca frontalmente con las condiciones en que viven los trabajadores asalariados.

No sin razón, SDP noticias lo desmintió en toda la línea: “Falso. En 2006 el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, y el Centro de Investigación Laboral (Cilas), dieron a conocer un estudio conjunto en el cual demostraron que el poder adquisitivo del salario mínimo en México se redujo 22% durante el sexenio de Vicente Fox. Peor: unos 30 millones de trabajadores en ese entonces recibían menos de un salario mínimo, convirtiendo a México en el país de América Latina donde hubo la reducción más drástica del salario”.

Líneas después, agrega la misma fuente : “entre 2006 y 2010 el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 47.1% , con lo cual alcanza para menos productos de la canasta básica, reveló un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM.

“ Es decir, una pérdida acumulada de casi 70% del poder adquisitivo del salario mínimo en una década, lo cual es peor que las pérdidas del poder adquisitivo que hubo con el PRI en los 80s (50%) y en los 90s (20%).

“ Hay más: en 2010 se redujeron los empleos con sueldos de más de 5 salarios mínimos y aumentaron los empleos de menos de 2 salarios mínimos. Es decir, disminuyó el salario de los mexicanos”.

Por más vueltas que Cordero le dé al asunto, los neoliberales panistas no pueden oscurecer los hechos con falsificaciones groseras de la coyuntura por la que atraviesa el país, y lo cierto es que han empeorado las condiciones de la nación en, prácticamente, todos los órdenes, pero de manera especial en el poder adquisitivo de los ingresos de los obreros, empleados, técnicos y profesionistas asalariados, los campesinos pobres y medios, los artesanos y los pueblos indígenas. La década de dominación panista constituye una auténtica pesadilla para el pueblo mexicano. Los beneficiarios del neoliberalismo son los grandes capitalistas nacionales y los inversores extranjeros.

Así, pues, el PAN es responsable, junto con el Partido Revolucionario Institucional, del desempleo y los salarios de hambre de los trabajadores mexicanos, del desmantelamiento y empeoramiento de la seguridad social, de la expulsión de mano de obra de México hacia Estados Unidos y de la baja en la calidad de la educación. Si a esto se agregan el crecimiento de la economía informal, la desnacionalización del aparato productivo, los retrocesos en la laicidad del Estado mexicano, la peor inseguridad en los últimos 80 años, el ascenso del narcotráfico y el crimen organizado, la proliferación de guardias blancas y grupos paramilitares, la existencia de cientos de presos políticos y el alineamiento internacional con Estados Unidos, se tiene que llegar a una conclusión: el Partido Acción Nacional está reprobado como partido al frente del gobierno y su lugar debe ser el de una modesta secta de oposición de la ultraderecha cavernícola. Se lo ha ganado a pulso. Las corderadas no pueden ocultar esta realidad.

Champion of the Earth

En la última novela de Elenita Poniatowska, Leonora (en la que narra la vida de la pintora y escritora –recién fallecida– Leonora Carrington), la autora sentencia sin rubor alguno: “Cuántos actos en contra de sí mismo comete este país [México]. Ahora todo es polvo”.

Esta es acaso la primera observación franca, sensata, atinada y prudente expuesta por una figura pública (cuya persona merece mi absoluto respeto) en relación con la situación nacional del presente. Sino véase la formidable y pujante espiral de desvaríos francamente irrisorios –aunque no por ello menos indignantes– que en toda oportunidad constatan las figuras distinguidas de la “cinco veces heroica” (recuérdese los cinco jinetes del Apocalipsis) nomenclatura mexicana.

El día diez del mes pasado (mayo), el Licenciado Calderón, tenaz combatiente de los males que aquejan al mundo, fue reconocido con el galardón Champions of the Earth (Campeón de la Tierra) por su “dedicación y acciones notables a favor del crecimiento verde global”. Por acción notable entiéndase lo que el propio Calderón sostuvo durante la entrega del reconocimiento: “estamos ayudando a las personas a reemplazar todos sus refrigeradores, sobre todo a familias de bajos ingresos en México… en un poco más de un año, pudimos reemplazar a más de un millón de refrigeradores antiguos en el país”.

Más allá de este evidente insulto a la inteligencia de cualquier mortal medianamente lúcido, es menester subrayar la inabarcable dimensión del carácter fraudulento de la condecoración. En Cherán, municipio de Michoacán (lugar de origen del “hijo obediente”) los habitantes han recurrido improvisadamente a la creación de grupos ciudadanos de autodefensa para frenar a los talamontes que operan en la región. A la fecha, estas bandas organizadas de taladores de madera han arrasado con 13 mil hectáreas de bosque. Según la información filtrada por los pobladores de la región purépecha, estas bandas (criminales) están protegidas por integrantes de La Familia y autoridades locales. A pesar de las insistentes denuncias interpuestas por los nativos, las autoridades de los tres niveles de gobierno han ignorado deliberadamente los reclamos. Los habitantes de Cherán aseguran que durante tres años los talamontes han saqueado sus bosques, con el explícito –escandaloso– consentimiento del gobierno.

Pero veamos lo que apuntó el Sr. Campeón de la Tierra, respecto a este asunto, en la recta final de su mensaje protocolario: “Más de 12 millones de personas en México son pueblos, son personas indígenas. La mayoría de ellos vivían en los bosques y en las selvas tropicales. Desde hace siglos todas estas familias no tenían otra alternativa más que destruir a las selvas tropicales y sus bosques con tal de tener ingresos. Pero, hoy día les estamos pagando por servicios ambientales a condición de que preserven los bosques y las selvas tropicales, estamos hablando con las comunidades y diciéndoles: podemos pagarle una cantidad de dinero cada mes a condición de que ustedes preserven los árboles y el ecosistema”.

Juzgue usted, lector.

También en México le otorgaremos al Licenciado Calderón, al término de su administración, un galardón cuyo nombre será idéntico al antes referido: Campeón de la Tierra. Pero en este caso no le será premiado por sus “acciones notables a favor del crecimiento verde global”, sino por las decenas de miles de cadáveres y cuerpos (léase daños colaterales) que yacen bajo tierra a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Adelantémonos a la mención honorífica: Sr. Calderón, es usted el único e indiscutido Campeón de la Tierra.

La militarización de las policías locales y el autogolpe de estado en México

El proceso de militarización que las autoridades federales han venido impulsando desde el inicio del sexenio empieza a ganar adeptos en los estados, en particular bajo la premisa de que una policía unificada responderá mejor a las demandas de seguridad que la ciudadanía ha venido enarbolando desde hace varios años. Sin embargo, la participación activa de los militares ha provocado un incremento en la violencia, lo que ha disparado el número de muertes, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden de cateo y en general en el debilitamiento de las libertades y los derechos civiles.

En este sentido, la desaparición de la policía intermunicipal en la capital de estado de Veracruz parece encaminada a centralizar los mandos policiacos, sometiéndolos a la lógica militar, con el argumento de que son las policías municipales parte del problema de seguridad y no su solución. Nadie ignora que las policías locales son el eslabón más fácilmente controlable por parte del crimen organizado, que las somete y pone a su servicio, convirtiéndolas en un problema más a considerar en las políticas de seguridad.

Sin embargo, desaparecerlas paulatinamente en los municipios del estado, como parece ser la estrategia del gobierno veracruzano, debe ser vista con reserva puesto que lo más probable es que sean sustituidos por militares, que se pondrán el uniforme de policía pero sin contar con los principios de una corporación civil. Su formación militar puede ser muy efectiva para aumentar la capacidad de respuesta al narcotráfico pero al mismo tiempo la ciudadanía tendrá que enfrentar atropellos sistemáticos a sus derechos como consecuencia de que la lógica militar ve a los demás como enemigos y no como conciudadanos.

El caso de Jorge Otilio Cantú Cantú, quien fue asesinado por policías militares en la ciudad de Monterrey es una muestra clara de los problemas que enfrenta una sociedad sin policía civil. El joven Cantú circulaba por una de las principales avenidas de la capital neolonesa cuando fue el blanco de más de cuarenta balazos disparados por ‘policías’ quienes consideraron sospechoso el vehículo en el que transitaba por el simple hecho de ser una camioneta Dodge Ram. Por si fuera poco, los ‘policías’ lo remataron con cuatro tiros en la cara, alteraron la escena del crimen, lo acusaron de ser narcotraficante y le robaron su celular y su cartera. A pesar de toda la evidencia en su contra, en el dictamen de la procuradoría se asentó que “El capitán Reynaldo Camacho refiere que sus tropas repelieron la agresión de un sujeto que iba en una camioneta Ram roja y lo ejecutaron”. (www.jornada.unam.mx/2011/05/29/politica/008n1po) Gracias a los esfuerzos del padre de la víctima se logró que una juez dictara auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y delitos contra la administración de la justicia pero el propio gobierno del estado de Nuevo León declaró que serían juzgados por la justicia militar.

Este es un caso típico de un asesinato calificado como ‘error de procedimiento’. Es una clara muestra de la forma de pensar de un militar disfrazado de policía, que gozando de impunidad se convierte en ministerio público y juez al mismo tiempo, decidiendo la vida y la muerte de un civil. Pero además en este caso es evidente el sometimiento del poder civil al militar pues no sólo el ministerio público se prestó al juego de manipular el expediente a favor de los asesinos sino que el propio gobierno del estado renunció a juzgarlos de acuerdo a las leyes civiles, cediéndole el privilegio al mando militar.

Es en mi opinión, un autogolpe de estado que tiene la intención de mantener aterrorizada a la población con un doble fin. Por un lado afinar la imagen de una clase política que está haciendo algo para enfrentar al narcotráfico pero en realidad con la intención de ocultar la problemática fundamental que incluso es la causa central de la violencia en que vivimos: la desigualdad rampante, el empobrecimiento generalizado, el enriquecimiento ilícito, grotesco, por parte de los empresarios pero también de los funcionarios públicos y los representantes ‘populares’. Por otro lado, la militarización de las policías locales se basa en la idea de que centralizar los mandos policiacos redundará en una mayor eficiencia y eficacia para enfrentar al crimen organizado, pero resulta difícil evitar pensar que a los únicos que les conviene la centralización es a los militares y los militaristas y sobre todo al Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos, que no sólo verán incrementada su capacidad de control sobre el territorio nacional sino que también ayudarán a la industria bélica para mejorar sus ingresos. Negocio redondo pues, al mismo tiempo, se fortalece el Plan Mérida y por el otro se beneficia al poderoso caballero, Don Dinero.

No extraña que debido a su debilidad, las oligarquías económicas y políticas mexicanas vean con buenos ojos ir desprendiéndose de sus responsabilidades formales, o sea el mantenimiento de la ley y el orden, con argumentos falsos y cínicos. Falsos porque quien puede pensar que sus acciones están inspiradas en el bien común; cínicos porque frente al aumento de la violencia y el fracaso de sus políticas de seguridad pública se apuran a responsabilizar a la propia ciudadanía -como sería el caso de los ninis, jóvenes marginados y discriminados pero que son considerados como la base de los ejércitos privados del crimen organizado.

La renuncia de los poderes civiles a someter al imperio de la ley a los militares en aras de una emergencia nacional me recuerda el dicho popular que dice: salió más caro el caldo que las albóndigas. Militarizar a las policías municipales puede parecer una buena solución a corto plazo –sobre todo para lograr alianzas de los gobernadores con el gobierno federal y quedar bien con el estado yanqui- pero en el mediano y largo plazo se abre el panorama para un autogolpe de estado, que no tiene otro objetivo que fortalecer la dominación y el sometimiento de la población para mejorar los rendimientos del capital.