Una de las consecuencias
más evidentes del paso del Partido Acción Nacional (PAN) por Los Pinos será sin
duda la reedición de un viejo conflicto que marcó el nacimiento del estado
liberal en México: la pugna entre el estado confesional y el estado laico. A lo
largo del siglo XIX, la lucha entre conservadores y liberales sacudió a la
naciente república marcando para siempre la memoria histórica de sus habitantes.
Se podría decir sin exagerar que este país nació precisamente como consecuencia
de la derrota conservadora, sin la cual hubiera sido imposible el surgimiento
de la nación. En términos geopolíticos, para México hubiera sido prácticamente
imposible mantenerse independiente como un imperio y alineado a la Europa
católica y monárquica, justo al sur de la frontera de los Estados Unidos. El
estatus de estadista del que goza Benito Juárez radica precisamente en la
comprensión de este hecho, a pesar de sus creencias religiosas. Su visión de un
estado laico fue el resultado de la necesidad histórica: tuvo que elegir un
camino intermedio que sin atacar las creencias de la mayoría de la población
–que el mismo profesaba en su fuero interno- garantizara la existencia de la
libertad de creencias, evitando así la posibilidad de una nueva invasión yanqui
y por ende el fin de la nación. La idea costó muchas vidas pues tuvo que serle
impuesta a punta de balazos a buena parte de la clase dominante mexicana, la cual
retrocedió ante la caída del imperio de Maximiliano pero se mantuvo a la espera
de mejores condiciones para revivir su proyecto de instituir un estado
confesional.
La revolución
mexicana le dio un nuevo impulso al estado laico, sobre todo por la aparición
del artículo tercero constitucional que lo obliga a impartir educación laica,
gratuita y obligatoria. Su aprobación en Querétaro en 1917 provocó uno de los
debates más encendidos de todo el proceso, enfrentando la oposición del grupo
carrancista y de los diputados conservadores quienes arguyeron que se violaba
la libertad de los padres de familia para elegir la educación que consideraran
más conveniente para sus hijos. Casi al mismo tiempo la iglesia católica desde
el Vaticano instruyó a sus representantes en México para articular lo que
después se conoció como la guerra cristera, tratando de revivir el viejo
proyecto de estado confesional, tan caro a la clase dominante de buena parte
del país… hasta la fecha. A pesar de ser derrotados, los conservadores
obligaron al estado posrevolucionario a negociar para mantener su presencia y
derecho de veto virtual que se manifestó por ejemplo en su oposición al libro
de texto gratuito en los años sesentas y posteriormente a la planeación
familiar y los métodos anticonceptivos así como al aborto y el reconocimiento a
la diversidad en la manifestación de la sexualidad.
Con la llegada de
la derecha partidista al gobierno federal, la vieja lucha entre conservadores y
liberales cobró fuerza sobre todo porque congregaciones como los Legionarios de
Cristo y organizaciones fascistas como El Yunque se convirtieron en minorías influyentes al
interior del PAN y del gobierno federal. Fue así como en el Congreso de la
Unión aparecieron varias reformas impulsadas por estas facciones[i] entre las que destaca la
propuesta para reformar el artículo 24 constitucional.
Irónicamente la
propuesta de reforma fue impulsada por un diputado priísta de Durango, José
Ricardo López Pescador -lo que más que ocultar al verdadero beneficiario, la
iglesia católica, evidencia la profunda derechización de un partido otrora
defensor del estado laico. Incluso el presidente electo en las recientes
elecciones, Enrique Peña Nieta, egresó de la Universidad Panamericana, fundada
por el Opus Dei. En todo caso, el cabildeo para impulsar la reforma ha sido
llevado a cabo fundamentalmente por los jerarcas de la iglesia católica en
México y corresponde fielmente al proyecto promovido desde el Vaticano, a
través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, punta de lanza
transnacional para impulsar a los estados confesionales en todo el mundo.
De acuerdo con el documento “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”, el voto de un buen católico en cualquier elección deberá considerar siete puntos: Respeto a la vida, y la clara oposición al aborto y a la eutanasia; la tutela y la promoción de la familia fundada en el matrimonio monógamo entre personas de sexo opuesto; la libertad de los padres en la educación de sus hijos; la tutela de los menores y la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud; el derecho a la libertad religiosa; el tema de la paz y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común.
La reforma[ii]
objeto de éstas líneas tiene como finalidad el reconocimiento explícito de la
libertad religiosa y ha sido objeto de fuertes críticas, incluso por dirigentes
de otros cultos religiosos que compiten en el mercado de la fe. Como la misma iglesia católica reconoce: “Cuando se hace un
cambio de ley nunca se hace en beneficio de uno solo, no se hace pensando, esto
es el beneficio de la Iglesia católica, se hace en beneficio de cualquier
agrupación religiosa. Evidentemente que
por el tamaño, la iglesia (católica) se ve beneficiada pero igual que en su
proporción cada una de las iglesias” De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir al Discriminación
(CONAPRED) 15.6 % de la población profesa una religión diferente a la católica.
Más allá de que la reforma sea la primera parte de un
proyecto más amplio, como se señala arriba, las críticas centrales a la reforma,
según el desplegado dirigido a la Cámara de Senadores por
el Foro Cívico México Laico y un gran número de académicos, investigadores y
organizaciones mexicanas se concentran en dos cuestiones: la primera es que la
libertad de convicciones éticas supone que las no éticas serán ilegales; pero
el problema de fondo tiene que ver con quién y cómo se establecerá cuáles son
las creencias éticas y cuáles no?
Si bien en nuestros días se habla de códigos de ética para
las instituciones del estado mexicano –que más bien parecen patadas de ahogado,
dada la creciente descomposición que experimentan- la ética es, a diferencia de
la moral, una cuestión personalísima que obliga al individuo a elegir al margen
de ideologías, religiones o incluso leyes. La elección de argumentos para la
acción es siempre un dilema ético, que si bien tiene como referencia el espacio
social en la que se desenvuelve el individuo, recae al final en su fuero
interno. En este sentido se justifica la pregunta: ¿Quién y cómo decidirá cuáles
convicciones son éticas y cuáles no? Porque precisamente una de las
características del estado confesional es su capacidad para definir cuáles son
las creencias aceptadas, cuáles son las convicciones correctas. El estado laico
define los límites entre lo jurídico y lo antijurídico pero le deja al
individuo la libertad para definir sus convicciones, sus principios, al margen
de la legalidad. Sobra decir que si determinada convicción cobra vida a través
de una acción que viola la ley, el responsable estará sujeto a las sanciones
correspondientes. Sin embargo, en última instancia será la conciencia del
individuo la que elija y no el estado. El control de las conciencias es un
viejo proyecto conservador -impulsado tradicionalmente por la iglesia católica
y al que se han sumado los medios de comunicación- que se basa en la idea de
que la mejor forma de control del ser humano es a través de la interiorización
de valores, aunque vayan en contra de su capacidad para elegir en libertad, o
mejor dicho, que la anule, la desaparezca del mapa de las posibilidades
humanas.
La reforma ha sido aprobada por El Congreso de la Unión con
el voto de las bancadas del PRI y el PAN, pero para que se integre al texto
constitucional tiene que ser aprobada por dos terceras partes de las
legislaturas de los estados de la república. Hasta el momento las legislaturas
de Baja California, Oaxaca, Michoacán y Morelos la han rechazado mientras que
el estado de México y Durango la han aprobado. Las recientes elecciones
federales fueron un obstáculo para su discusión en la mayoría de los estados por
la sencilla razón de que los partidos
políticos no querían cargar con el probable costo político, pero en los
próximos meses deberán pronunciarse al respecto. Por su parte la sociedad civil
ha manifestado su rechazo en varios estados de la república
aglutinando a diversos sectores que apoyados en el espíritu laico de la Carta
Magna se oponen radicalmente a cualquier intento de modificarlo o pervertirlo.
Muchos de ellos son católicos pero conciben a la educación religiosa como una
responsabilidad familiar y no estatal. Y a pesar de casarse por la iglesia y
bautizar a sus hijos desconfían bastante del clero, de su ambición de poder y
de su impunidad, sobre todo a la luz de los recientes escándalos como el de Los
Legionarios de Cristo y su fundador, Marcial Maciel.
Las opiniones críticas a la reforma constitucional del art.
24 coinciden en señalar que, si bien sus alcances son limitados no puede ser
ignorado el hecho de que la iglesia católica no se va a conformar sólo con esta
reforma sino que seguirá abogando por incrementar su capacidad para impulsar el
regreso de un estado confesional pero ocultándolo con el velo de la promoción
de los derechos humanos. Su eventual aprobación
detonaría un efecto dominó que obligaría a reformar otros artículos, como se
reconoce incluso en el dictamen de la Cámara de Diputados cuando se especifica
que “…a la luz de él [art.24 reformado] se requerirá
tanto la revisión de los artículos 3o., 5o., 27 y 130 como de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público… [y] el Reglamento de Asociaciones Religiosas
y Culto Público… Sin embargo, por el
momento, sólo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24
de la Constitución.” Por
su parte, en el dictamen del Senado se niega la posibilidad de que se revisen
los artículos mencionados, pero dicha declaración no elimina la posibilidad de
que en el futuro se modifiquen dichos artículos. Máxime cuando el eventual
arribo de Peña Nieto a la presidencia fortalecerá inevitablemente la influencia
de la iglesia en la política institucional. No se puede olvidar que el
candidato del PRI, como parte de su larga precampaña a la presidencia, viajó al
Vaticano para comunicarle a Ratzinger sus intenciones de volver a contraer
matrimonio. Más allá de formar parte de su plan de mercadotecnia política, sin
mucho esfuerzo se podría inferir que Peña Nieto simpatiza abiertamente con la
idea de debilitar el estado laico a cambio del apoyo de un aliado poderoso. Esto sin mencionar la
reciente visita de Ratzinger a México, que se dio precisamente después de la
aprobación de la reforma del 24 constitucional y que fue vista por muchos como
un regalo al Vaticano.
En todo
caso, las terribles condiciones por las que atraviesa el país, marcadas por la
polarización social y política, la militarización y el empobrecimiento
generalizado de la población, se verían profundizadas por un proyecto caduco
que en nada contribuye a la armonía social. La moneda está en el aire y aunque
la reforma sea rechazada por las legislaturas locales sólo se habrá ganado una
batalla pero el conflicto permanecerá, ya que la iglesia católica seguirá
soñando con el regreso de un estado confesional y no faltarán partidos
políticos y camarillas que lucren con la posibilidad para obtener beneficios a
corto plazo. Lo que está en juego no son los derechos humanos sino los
beneficios políticos y económicos que implican el fin del estado laico.Lo que está en juego es simplemente la existencia de la nación.
[i]
Digo facciones porque a diferencia
de las fracciones, que se distinguen por mantener principios comunes con todos
los miembros del partido, las facciones no reconocen más principios y más
objetivos que los suyos.
[ii] Actualmente, el artículo 24 señala:
“Todo hombre es libre para profesar la
creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias,
devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o
falta penados por la ley”.
Según la iniciativa de reforma, quedaría:
“Todo persona tiene derecho a la libertad
de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su
caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar,
individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias,
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o
falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión
de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
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