El día miércoles se efectuaron manifestaciones en 28 entidades del territorio nacional, a las que se sumaron protestas en ocho países (EU, España, Francia, entre otros), para exigir a las autoridades cese a la violencia en México. Es francamente alentador descubrir que esta movilización colectiva cuenta con demandas cada vez mas acotadas y concretas, a pesar de la sutil campaña mediática que procura desacreditar el ánimo insumiso de los manifestantes. En relación con esto último, el columnista de un diario nacional, cuyo nombre omitiré por razones ‘diplomáticas’, explicó a sus lectores en un artículo el motivo por el cual había renunciado a participar en la movilización contra la violencia, con sede en la ciudad de México. Véase los argumentos esgrimidos:
“No estoy de acuerdo en que un acto que se anunciaba como realizable a favor de la paz y por solidaridad con las familias de los asesinados en Temixco, lo aprovechen los profesionales del resentimiento… el mero hecho de permanecer en la manifestación me convertiría en un borrego cómplice de la politiquería mas fanática, baja y sucia.”
Si bien resultan auto-censurables los argumentos citados, consideré oportuno rescatarlos a modo de ilustración, pues parecen generosamente útiles para arribar al punto que deseo exponer. Lo que realmente indignó al colega “enemigo del resentimiento”, fueron las consignas contra el gobierno federal, y en concreto, los gritos de “¡Juicio político a Calderón!” Y en efecto, una de las demandas que ha adquirido mayor ímpetu desde las primeras marchas contra la violencia efectuadas a escala nacional, ha sido la de la remoción de Felipe Calderón del cargo que incumple (insisto, “incumple”). Inclusive se ha propuesto someterle –tal y como exigen los manifestantes– a juicio político.
Al grano: Me parecen no solo perfectamente legítimas, sino incluso impostergables las demandas referidas. Basta de marchas y protestas tibias. Hemos visto hasta el hastío que un acto “a favor de la paz y la solidaridad” no resuelve absolutamente nada (recuérdese José Martí). En un país azotado por una violencia demencial, propiciada por acción y omisión gubernamental, y cuyo trasfondo nos remite a la histórica injerencia violatoria de Estados Unidos, efectuar marchas esporádicas “a favor de la paz y la solidaridad” (demanda extraordinariamente abstracta), como si se tratara de un anhelo de Miss Universo, no conduce a ningún hecho o decreto concreto que atienda el clamor nacional: ¡No más sangre!
El actual gobierno atiende una sola orden: la que se emite desde la matriz del alicaído imperio: Washington. Allí se configuró la agenda de la administración en turno (véase los cables de Wikileaks referentes a este asunto). Acaso esto explica, que un problema civil y de salud pública, como lo es el consumo de drogas (recuérdese el slogan federal concerniente a la lucha anti-narco: “Para que la droga no llegue a tus hijos”), se declare por capricho gubernamental asunto de seguridad nacional y se combata con el ejercito.
En suma: ante la radicalización de la violencia y la pertinaz negligencia gubernamental, se antoja admisible e inaplazable la radicalización de las demandas civiles.
Así que allí donde ciertos colegas ven “politiquería fanática, baja y sucia”, otros vemos dignidad a prueba de balas, indignación y dolor insondables, y el fragor de una sentencia legítima: “¡Cuando uno manda a chingar a su madre a alguien, hay que asegurarse de que vaya! (Javier Sicilia).”
Sr. Hinojosa, ¿no oye usted los pasos insurrectos del pueblo en los tejados de sus Pinos?
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