No tenga usted ninguna duda: la guerra emprendida por Calderón está funcionando. El grado de violencia que se está viviendo en México no es sino “señal del éxito de las autoridades nacionales en su combate al narcotráfico”, declaró la directora de la agencia antidrogas estadounidense (DEA). El argumento es que la presión ejercida por las “fuerzas del orden” mexicanas ha llevado a los criminales a matarse entre ellos. Difícil calificar dicha tesis: se trata de un completo desconocimiento del caso mexicano, de simple estupidez o del cinismo característico de las instituciones gubernamentales, en particular las norteamericanas.
Por su parte, Calderón insiste en que la violencia, que se ha convertido en una cuestión cotidiana para todos nosotros, proviene única y exclusivamente de los cárteles y de la delincuencia organizada (cabe aclarar que la manera de percibir la realidad puede ser alterada por el consumo periódico de bebidas embriagantes).
La situación en el país ha rebasado por mucho el simple accionar del crimen organizado: es prácticamente a diario que nos enteramos del involucramiento de policías municipales, de elementos del ejército o de funcionarios públicos participando activamente en la comisión de actos ilícitos. Por otra parte, no son sólo elementos de seguridad ni miembros de los cárteles los que han llevado a cerca de 40 mil el número de muertos: las muertes de civiles, a las que se les llama “daños colaterales” (como si no fuesen una consecuencia directa del grado de militarización del país, y cómo si no se pudiese o debiese siquiera señalar a los responsables), han ido en constante aumento.
El número de delitos del fuero común ha crecido también exponencialmente. Tan sólo en Chihuahua, una de las entidades más afectadas por la situación y con mayor presencia militar en el país, los datos son alarmantes. En 2007, previo a la implementación del operativo militar, el número de delitos cometidos fue de 35 mil. Tres años después, ya con militares en las calles, el número prácticamente se duplicó. 66 mil crímenes denunciados, más todos aquellos que no se denuncian por temor, una forma más de violencia que toma forma en nuestro país. La tasa de homicidios en esa entidad se multiplicó por 10 desde la entrada de las fuerzas militares; el robo de vehículos aumentó en un 224%.
Aún más: decenas de miles de mexicanos se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar residencia en otro lado. Tan sólo 230 mil residentes de Ciudad Juárez han dejado la ciudad fronteriza en lo que va del sexenio. ¿Es esta forma de violencia también una muestra del éxito obtenido en la guerra contra el narcotráfico?
La violencia genera más violencia. Resulta estúpido decir que en medida que la violencia aumente los carteles quedarán diezmados, y la situación en el país volverá a la normalidad una vez que el gobierno logre desmantelar sus operaciones. La estrategia del gobierno es equívoca por una sencilla razón: esta “guerra” no se puede ganar. No mientras las armas con las que se pelea sigan entrando libremente por la frontera más peligrosa para México, la del norte, abasteciendo a ambos bandos. No se puede ganar mientras la ilegalidad en el consumo de drogas convierta al tráfico de las mismas en una mina de oro, especialmente una vez que entran a los Estados Unidos (un mercado de 8.7 mil millones de dólares). No se puede ganar mientras se siga pensando que se trata de una cuestión única y exclusivamente de seguridad pública, cuando la realidad es que el desgarre en el tejido social tiene causas mucho más profundas que el narcotráfico.
A todos aquellos que pensamos que la violencia en el país no puede ser solucionada mediante las armas, y que la militarización del territorio es un verdadero peligro para México, nuestro valiente presidente nos acusa de ingenuos, y su secretario de Seguridad Pública nos promete siete años más de guerra y violencia. Siete años más en los que por cada detención realizada por el gobierno federal mueren miles, y por cada tonelada de cocaína decomisada hay cientos de secuestros, extorsiones y “desapariciones forzadas”.
Es urgente exigir de las autoridades un completo replanteamiento en la estrategia, que empiece por mandar al Ejército de vuelta a los cuarteles, si no queremos estar preguntándonos en siete años en qué momento se nos escapó el problema de las manos.
Por su parte, Calderón insiste en que la violencia, que se ha convertido en una cuestión cotidiana para todos nosotros, proviene única y exclusivamente de los cárteles y de la delincuencia organizada (cabe aclarar que la manera de percibir la realidad puede ser alterada por el consumo periódico de bebidas embriagantes).
La situación en el país ha rebasado por mucho el simple accionar del crimen organizado: es prácticamente a diario que nos enteramos del involucramiento de policías municipales, de elementos del ejército o de funcionarios públicos participando activamente en la comisión de actos ilícitos. Por otra parte, no son sólo elementos de seguridad ni miembros de los cárteles los que han llevado a cerca de 40 mil el número de muertos: las muertes de civiles, a las que se les llama “daños colaterales” (como si no fuesen una consecuencia directa del grado de militarización del país, y cómo si no se pudiese o debiese siquiera señalar a los responsables), han ido en constante aumento.
El número de delitos del fuero común ha crecido también exponencialmente. Tan sólo en Chihuahua, una de las entidades más afectadas por la situación y con mayor presencia militar en el país, los datos son alarmantes. En 2007, previo a la implementación del operativo militar, el número de delitos cometidos fue de 35 mil. Tres años después, ya con militares en las calles, el número prácticamente se duplicó. 66 mil crímenes denunciados, más todos aquellos que no se denuncian por temor, una forma más de violencia que toma forma en nuestro país. La tasa de homicidios en esa entidad se multiplicó por 10 desde la entrada de las fuerzas militares; el robo de vehículos aumentó en un 224%.
Aún más: decenas de miles de mexicanos se han visto obligados a abandonar sus hogares y buscar residencia en otro lado. Tan sólo 230 mil residentes de Ciudad Juárez han dejado la ciudad fronteriza en lo que va del sexenio. ¿Es esta forma de violencia también una muestra del éxito obtenido en la guerra contra el narcotráfico?
La violencia genera más violencia. Resulta estúpido decir que en medida que la violencia aumente los carteles quedarán diezmados, y la situación en el país volverá a la normalidad una vez que el gobierno logre desmantelar sus operaciones. La estrategia del gobierno es equívoca por una sencilla razón: esta “guerra” no se puede ganar. No mientras las armas con las que se pelea sigan entrando libremente por la frontera más peligrosa para México, la del norte, abasteciendo a ambos bandos. No se puede ganar mientras la ilegalidad en el consumo de drogas convierta al tráfico de las mismas en una mina de oro, especialmente una vez que entran a los Estados Unidos (un mercado de 8.7 mil millones de dólares). No se puede ganar mientras se siga pensando que se trata de una cuestión única y exclusivamente de seguridad pública, cuando la realidad es que el desgarre en el tejido social tiene causas mucho más profundas que el narcotráfico.
A todos aquellos que pensamos que la violencia en el país no puede ser solucionada mediante las armas, y que la militarización del territorio es un verdadero peligro para México, nuestro valiente presidente nos acusa de ingenuos, y su secretario de Seguridad Pública nos promete siete años más de guerra y violencia. Siete años más en los que por cada detención realizada por el gobierno federal mueren miles, y por cada tonelada de cocaína decomisada hay cientos de secuestros, extorsiones y “desapariciones forzadas”.
Es urgente exigir de las autoridades un completo replanteamiento en la estrategia, que empiece por mandar al Ejército de vuelta a los cuarteles, si no queremos estar preguntándonos en siete años en qué momento se nos escapó el problema de las manos.
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