Desde el quince de enero la PGR comenzó a investigar a Greg Sánchez -gracias a una denuncia anónima- y detectó diferencias significativas entre lo que declaró como ingreso y lo que retiró de sus cuentas bancarias. Por esa razón ejerció acción penal en su contra, sacándolo de la contienda electoral en Quintana Roo, con todas las consecuencias del caso pero sobre todo interviniendo de manera directa en el futuro de la representación política del estado.
Muchos se preguntan porque no le impidieron registrarse en los órganos electorales cuando lo solicitó. Se podría exigir más tacto político al jefe del procurador general, pero las circunstancias apuntan más bien al uso discrecional de información para medrar con ella, con la intención de lograr algo más que el cumplimiento estricto de la ley.
Puede que Sánchez se beneficie electoralmente -si puede salir antes del día de la elección- por un voto de castigo hacia el partido del presidente; pero puede que la detención desarticule la campaña, extinguiéndose la posibilidad, no ya de ganar sino de competir. Esas parecen ser las consecuencias más inmediatas del hecho ‘judicial’ pero sobre todo político.
Y esto porque, por una parte utiliza, el argumento de la seguridad nacional para legalizar la intervención -poderoso argumento jurídico en manos del ejecutivo. Involucra al tema del narcotráfico, magnificando el impacto mediático y desactivando a la que parecía ser, hasta la detención de su candidato, una opción política que aspiraba a liderar la futura representación política en Quintana Roo. Difícil labor del vocero de la dependencia, que niega rotundamente el cálculo político en la aplicación de la ley.
Pero también porque el ejecutivo golpea a los órganos y procesos electorales, a los mecanismos de la representación democrática, exponiéndolas frente a la ciudadanía. La acción judicial minimizó las consecuencias de su intervención en las campañas e ignoró sin miramientos los tiempos electorales. Es evidente que la PGR pudo haberle comunicado al órgano electoral sus sospechas de Sánchez. Pero no lo hizo por lo que parece decirnos: lo importante es la aplicación estricta de la ley, no los procedimientos para elegir representantes ciudadanos, los partidos políticos y los votantes.
Por lo tanto, es cierto que el crimen organizado interviene en las elecciones pero eso no quiere decir que la PGR y el presidente de la república ignoren las consecuencias políticas de sus acciones. Si no lo hicieron, entonces tienen el objetivo evidente de modificar la dinámica electoral de Quintana Roo con el pretexto de preservar la seguridad nacional. ¿Quién sigue?
