El mantenimiento de los privilegios fiscales para las grandes empresas que operan en nuestro país constituye un factor político a considerar en un contexto de polarización social creciente y desempleo rampante. La discusión en el Congreso con respecto al presupuesto federal ha mostrado algunas diferencias entre las elites políticas y económicas, llevando incluso a que Calderón cometa deslices poco frecuentes entre los gobernantes al acusar a las grandes empresas de no pagar sus impuestos. Sobra decir que al otro día reculó y las cosas quedaron igual.
Para nadie es un secreto que la política fiscal del gobierno mexicano está orientada a promover los regímenes especiales con el argumento de que sólo así se puede atraer la inversión y generar empleos y bienestar. Pero que dichas políticas se exhiban y discutan sin tapujos en la prensa nacional, dadas las circunstancias, no parece recomendable para los dueños del dinero y sus representantes en el seno del estado.
Habrá que recordar que uno de los factores que alentó la revolución francesa en 1789 fue la crisis económica por la que atravesaba Francia y el cinismo de los grupos dominantes, lo cual tuvo enorme repercusión entre las clases medias y bajas, quienes entre otras demandas exigían el cobro de impuestos a la nobleza, que gozaba de una exención del pago de impuestos, a diferencia de la mayoría de los franceses.
El que en nuestro país exista un impuesto sobre la renta para profesionistas y trabajadores cercano a un 30% de sus ingresos mientras que las grandes corporaciones paguen sólo el 1.5% nos demuestra que no hemos avanzado mucho en política fiscal desde el siglo XVIII. Seguimos viviendo en un sistema económico que se sostiene gracias a la sistemática intervención del estado para favorecer a los dueños del dinero.
Me parece que esta exposición de los privilegios fiscales que disfrutan unos cuantos abona en el proceso de politización del malestar social que vivimos. Lo hace porque nos muestra la verdadera naturaleza del estado contemporáneo, su visión y su misión, que no es otra que el mantenimiento de las mejores condiciones para la acumulación de riqueza en pocas manos. En este contexto, que un secretario de estado declare que existe riesgo de un estallido social parece un chiste de mal gusto o más bien una estrategia para fomentar el miedo y seguir como si nada. Pero de reformar la política fiscal y establecer un equilibrio duradero en las finanzas públicas nada. Sería como escupir al cielo, diría cualquier político experimentado.
Para nadie es un secreto que la política fiscal del gobierno mexicano está orientada a promover los regímenes especiales con el argumento de que sólo así se puede atraer la inversión y generar empleos y bienestar. Pero que dichas políticas se exhiban y discutan sin tapujos en la prensa nacional, dadas las circunstancias, no parece recomendable para los dueños del dinero y sus representantes en el seno del estado.
Habrá que recordar que uno de los factores que alentó la revolución francesa en 1789 fue la crisis económica por la que atravesaba Francia y el cinismo de los grupos dominantes, lo cual tuvo enorme repercusión entre las clases medias y bajas, quienes entre otras demandas exigían el cobro de impuestos a la nobleza, que gozaba de una exención del pago de impuestos, a diferencia de la mayoría de los franceses.
El que en nuestro país exista un impuesto sobre la renta para profesionistas y trabajadores cercano a un 30% de sus ingresos mientras que las grandes corporaciones paguen sólo el 1.5% nos demuestra que no hemos avanzado mucho en política fiscal desde el siglo XVIII. Seguimos viviendo en un sistema económico que se sostiene gracias a la sistemática intervención del estado para favorecer a los dueños del dinero.
Me parece que esta exposición de los privilegios fiscales que disfrutan unos cuantos abona en el proceso de politización del malestar social que vivimos. Lo hace porque nos muestra la verdadera naturaleza del estado contemporáneo, su visión y su misión, que no es otra que el mantenimiento de las mejores condiciones para la acumulación de riqueza en pocas manos. En este contexto, que un secretario de estado declare que existe riesgo de un estallido social parece un chiste de mal gusto o más bien una estrategia para fomentar el miedo y seguir como si nada. Pero de reformar la política fiscal y establecer un equilibrio duradero en las finanzas públicas nada. Sería como escupir al cielo, diría cualquier político experimentado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario