El conflicto entre la UV y el gobierno del
estado por el secuestro de recursos financieros no se reduce a un problema de
autonomía financiera. El problema es complejo y por lo tanto se impone la
necesidad de señalar la variedad de factores que intervienen, tanto históricos
como coyunturales para acercarnos a la comprensión de la situación en la que se
encuentra el sistema de educación superior en Veracruz y sus posibles
soluciones. Lo que está en riesgo en la coyuntura actual no es sólo la
viabilidad de la UV sino de todo el sistema de universidades públicas en el
país.
El contexto internacional resulta bastante
desfavorable para el futuro de la educación pública. Baste señalar que
actualmente existen conflictos alrededor del mundo que enfrentan los embates de
las recetas neoliberales relativas a la educación superior. En Europa el Plan
Bolonia sigue su marcha con la finalidad de acabar con el modelo de universidad
pública surgida en el seno del estado benefactor y transformar la educación en
simple mercancía. En el plano nacional las cosas no están mejor pues a la
dinámica anterior habría que agregar las consecuencias de la venta de los
principales activos del país, como PEMEX, lo que ya está provocando recortes al
presupuesto nacional. Varias universidades públicas están enfrentando una
situación similar a la de la UV por la falta de recursos, manipulados por los
gobiernos estatales para cubrir las abultadas deudas contraídas para financiar
campañas electorales y enriquecer al grupo gobernante. Tanto el contexto
internacional como el nacional operan en contra de la viabilidad de las
universidades públicas, las cuales han venido enfrentando desde los años
ochenta reformas encaminadas a reconfigurarlas de acuerdo al modelo neoliberal.
La disminución del presupuesto y de la matrícula de las universidades públicas
ha pavimentado el camino para el surgimiento de universidades privadas, las
cuales se han visto favorecidas por la política educativa del gobierno federal,
convirtiéndolas en actores privilegiados en el campo educativo nacional.
El contexto veracruzano, por su parte, está
enmarcado por el debilitamiento del gobernador del estado, el proceso electoral
para gubernatura y congreso local, la sucesión de la rectora en turno en 2017 y
por supuesto, la crisis humanitaria en el estado, lo que ha provocado que los
actores sociales reduzcan al mínimo sus protestas y movilizaciones. En el caso
del movimiento estudiantil, después del ataque del cinco de junio del año
pasado y los asesinatos de Nadia y Rubén, ha tomado una postura defensiva y de
franco reflujo lo que ha facilitado que las autoridades administren el
conflicto para inhibir manifestaciones masivas que podrían complicar el momento
electoral, a menos que estén convenientemente controladas y coordinadas desde
arriba.
Los actores involucrados en la crisis
universitaria pueden clasificarse en externos e internos. Entre los primeros destacan
el gobierno del estado, los partidos políticos y las organizaciones que agrupan
a las universidades públicas del país, como la ANUIES. Ésta última ha
respaldado a la rectora de la UV en su exigencia de que el gobierno del estado
cumpla sus obligaciones constitucionales pero la respuesta del Javier Duarte se
ha movido entre la negación y la promesa de negociación, entre la burla y la
mentira. Los candidatos para sucederlo han coincidido en defender a la
universidad pero sin precisar de qué manera lo harían una vez que llegaran a
gobernar; más bien procuran sacar algún beneficio defendiendo una causa justa.
En todo caso, el gobierno del estado ha mantenido por décadas una actitud
distante de la UV y no se ve que eso vaya a cambiar en el futuro cercano.
Fieles a las posturas neoliberales y ahora con la disminución de recursos
federales, los políticos locales mantendrán su distancia de la UV,
profundizando así la crisis por la que atraviesa, y fortaleciendo el modelo
privatizador.
Al interior de la UV la diversidad de
intereses no es menor. Pensar en la unidad como punto de partida para
defenderla pasa por alto la enorme brecha que existe entre la alta burocracia,
encabezada por la rectora, y el resto de la comunidad. Al grupo en el poder
habría que agregar a los académicos de tiempo completo y a los contratados por
horas, a los investigadores, a los estudiantes y al FESAPAUV. Éste último se ha
mantenido al margen del conflicto, en medio de la negociación para el aumento
salarial, dividido entre su lealtad al gobierno y sus obligaciones con los
profesores. No parece que su postura vaya a cambiar, a pesar de que la
incertidumbre con respecto al pago de los maestros es pan de cada quincena. Por
su parte, el sector académico será el más afectado en el corto plazo y es
probable que ante la falta de pagos salga a las calles pero en cuanto reciba su
cheque no dará un paso más. Ésa es tal vez la razón por la cual el sector más
dinámico de la universidad, el estudiantado, no ha tomado acciones: percibe el
conflicto como gremial y por tanto no ve con claridad cómo les afectaría. Sin
embargo, propia rectora ha deslizado la posibilidad -ante la falta del pago del
adeudo- de cobrar a los estudiantes una cuota para cubrir los huecos
financieros y mantener en funciones la universidad.
De lo anterior se desprende que el problema
sobre el que se desarrolla la crisis actual es un problema complejo y que
resolver una parte, la financiera, no resolvería la crisis en su totalidad. Aún
en el caso, poco probable, de que el gobierno del estado cubra el adeudo con la
UV la crisis prevalecerá. La situación en la que se encuentra la UV en nuestros
días viene de lejos y está estrechamente relacionada con su dependencia
histórica del gobierno del estado. A pesar de ser autónoma por ley, la UV ha
marchado casi siempre detrás de los gobiernos, ha sido la caja de resonancia de
la línea oficial. Gracias a ésta dependencia, la universidad pública ha sido
devaluada, saqueada y privatizada sin que se haya conformado una resistencia
eficaz para evitarlo. Sus autoridades han convenido con los gobiernos las
transformaciones privatizadoras y sólo en raras ocasiones han aparecido
públicamente las protestas. Estamos ahora frente a las consecuencias del
sometimiento. En esta coyuntura sería necesario preguntarse si es viable una
universidad con una autonomía sin adjetivos, una autonomía real del gobierno
del estado. Porque si no es posible entonces la UV está condenada a existir en
el papel, enroscada sobre sí misma, destinada a vivir en coma permanente,
gracias a los oficios de la receta neoliberal y del sometimiento de sus
autoridades.
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