Dice la sabiduría
popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Baste
recordar la militarización de las labores de seguridad pública ejecutada por
Felipe Calderón en 2006 para tener una idea clara de lo anterior. Las buenas
intenciones en la formulación y desempeño de las políticas públicas no son
suficientes para resolver problemas complejos; es necesario tener una visión
amplia, horizontal y sujeta a evaluaciones permanentes por parte de actores e
instituciones independientes y autónomas del poder gubernamental, para evitar
que sólo sirvan a los fines provados de sus impulsores. Es el caso del nuevo
modelo educativo, lanzado con bombo y platillo la semana pasada por Aurelio
Nuño, secretario de educación del gabinete de Enrique Peña.
Las buenas
intenciones del modelo en cuestión se pueden resumir en los cinco ejes que
pretenden reorganizar la educación básica en México. Es innegable que dichos ejes
tienen sentido pero también lo que se oculta detrás de las buenas intenciones. La
reforma educativa tuvo un fondo laboral y político, alimentado por la obsesión
de los poderosos de eliminar a sus adversarios -particularmente a los maestros
agrupados en la CNTE- y a los que desde el propio sindicato oficial han
denunciado la verdad oculta bajo el velo de la reforma.
En este sentido, el
primer eje del modelo, los cambios en la currícula, tiene lógica ya que se
pretende dotar de mayor autonomía a las escuelas para adaptar los contenidos
educativos a las problemáticas del contexto que las rodean. Empero, el 80% de
los contenidos seguirán siendo dictados por la alta burocracia educativa y los
grupos de presión como Mexicanos Primero u organismos internacionales como la
OCDE. El 20% restante se deja, en teoría, a los docentes y autoridades del
plantel. El problema aquí es que el nuevo modelo asume una autonomía
inexistente en los hechos por parte de los maestros; y no solo de las
autoridades de la SEP sino del entorno social y las presiones de dirigentes
sindicales o de padres de familia con poder. Asimismo, las materias propuestas
se verán limitadas por la ausencia de recursos materiales e infraestructura
adecuada para impartirlas.
En el mismo tenor, el
segundo eje no tiene desperdicio por la dinámica simuladora de la burocracia
educativa: resulta que ahora la escuela será el centro del Sistema Educativo,
con una dinámica horizontal que acabe con el verticalismo tradicional. Quien
puede creer semejante afirmación cuando la propia reforma que ampara al nuevo
modelo fue un ejemplo del autoritarismo ejercido desde las altas esferas del
poder, amenazando, encarcelando e incluso asesinando a todo aquel que osara
oponerse sus designios. Para colmo se promoverá una mayor participación de
padres de familia, que bien puede interpretarse como un mayor control educativo
por parte de la infame Unión Nacional de Padres de Familia, opaca y corrupta,
que ocupa posiciones clave en buna parte de los planteles, cobrando cuotas
contrarias a la gratuidad de la educación consagrada en el texto constitucional
y promoviendo su propia agenda, que reconoce que está al servicio de la
educación pública sino de la familia, concebida ésta de acuerdo a las ideas de
grupos reaccionarios y fanáticos.
En el tercer eje,
dedicado a la formación y desarrollo docente, no queda más que recordar los
procesos de profesionalización llevados a cabo por la SEP desde el año pasado,
los cuales han demostrado su ineficiencia y violación flagrante de los derechos
básicos de los profesores. Pero además, la evidente intención de acabar con las
normales al abrir la puerta a cualquier persona que ostente un título
profesional para incorporarse a las
labores educativas, siempre y cuando apruebe las capacitaciones y evaluaciones
sistemáticas diseñadas por la alta burocracia con fines de control y
amedrentamiento de los maestros. El Servicio Profesional Docente es la punta de
lanza parta reconfigurar el sistema educativo en aras de un mayor control
político y laboral que no necesariamente redundaría en mayor calidad.
La inclusión y la
equidad representan el cuarto eje del
modelo educativ y, como los anteriores, resulta imposible negar la necesidad de
una escuela que abra sus puertas a todos independientemente de su nivel
económico o capacidades. Pero en un país en donde la discriminación y el
racismo son la clave de la dominación, difícilmente un oasis de tolerancia y
diversidad como lo sería la escuela pública podría tener impacto real en medio
de la desigualdad y la violencia que priva en el contexto que la rodea. De
hecho, lo que los acontecimientos recientes confirman, en términos de violencia
al interior de las escuelas, apuntan a confirmar que están condicionadas por la
tragedia humanitaria que caracteriza al país. Mientras la violencia social no
disminuya serán vanos los esfuerzos por educar para la paz y la cooperación.
Bastará salir de la escuela para integrarse a una dinámica opuesta a lo que se
pretende lograr en ella. Pero además cabe la pregunta con respecto a la equidad
¿Le darán más recursos a las escuelas de zonas más pobres y marginadas para
compensar su marginación? La tendencia parece ser lo opuesto: más recursos para
lo que más tienen,
Por último, el quinto
eje denominado la gobernanza del sistema educativo, insiste en la buena
intención de incorporar a todos los sectores involucrados en la educación a su
regulación y administración. Si, a esos a los que no se les consultó para
discutir el sentido y objetivos de la reforma educativa. En medio de un
autoritarismo rampante montado en un congreso y un poder judicial complaciente
con los dueños del dinero ¿Quién puede creer que ahora si se va a tomar en
cuenta a la sociedad en su conjunto?
No cabe duda de que las buenas intenciones
de la reforma educativa no son más que simple propaganda para imponer una
visión restringida y autoritaria de la educación pública por parte de un
gobierno debilitado y corrupto. Porque claro, para colmo, los resultados se
verán en una década, o dos o tres… como los de la reforma energética. Y mientras
tanto el infierno prevalece y las buenas intenciones también.
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